Por Christian Wiener Fresco
“La nueva Ley no solamente habla
de la cinemateca, sino también habla de incentivos tributarios a la industria
del cine comercial. Cosa que es la primera vez que se habla en la
historia del Perú. Además, ya no se habla solo del fondo concursable para el
cine de autor, sino también se habla del nuevo cine comercial peruano, que es
el que está dando trabajo a tanta gente” dice el Ministro de Cultura Francesco Petrozzi en una entrevista dada a la revista Lima Gris.
El titular de la cartera, antes congresista fujimorista y después de la
bancada liberal ha descubierto una nueva categoría en el cine peruano y
posiblemente universal, la del “cine comercial”, para mayor señas diferenciada
del “cine de autor” según el ilustrísimo funcionario. Suponemos que la primera
son las películas que estarían orientadas a hacer negocio y dar dividendos
económicos jugosos a sus productores, mientras los segundos, las “obras
artísticas” solo a dar prestigio y premios en festivales, además de capturar
los elogios de los críticos. ¿En qué categoría se ubicaría entonces, tomando
como base la clasificación ministerial, una cinta como la coreana “Parasito” de Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes
de este año y fue un suceso arrollador de la taquilla en el estreno en su país?
¿O “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón,
que obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia del 2018 y tuvo un rutilante
éxito en su difusión internacional por Netflix? ¿Y también “Tropa de elite” de José Padilha que fue
un fenómeno de público en Brasil (al punto que tuvo secuela) y se alzó con el
Oso de Oro del Festival de Berlín el 2008?
Eso pasa
cuando se siguen manejando conceptos trasnochados y prejuiciosos para etiquetar
el cine. Se supone que todo cineasta aspira a que la mayor cantidad de público
pueda ver y juzgar su obra, y que ello, con toda justicia, le genere un ingreso
que le permita recuperar lo invertido y obtener una ganancia. Salvo casos
especiales, y muy puntuales, nadie hace cine para restringir su visión, aunque
se puede reconocer que determinados productos no sean tan fácilmente accesibles
a todo tipo de público. Lo que llama “cine de autor”, supongo en referencia a
la mayoría de obras premiadas por los concursos organizados por el CONACINE
primero, y ahora el Ministerio de Cultura, no necesariamente son producciones
de difícil acceso popular. Ahí está el ejemplo reciente de “La revolución y la tierra” (donde el ministro tiene al inicio una
participación estelar) que siendo documental ha logrado a la fecha más de
50,000 espectadores, y sin contar con las mejores condiciones de estreno en
cuanto a horario y distribución de salas en Lima y todo el país.
Y es que no
siempre el éxito comercial de una película depende de la intencionalidad de la
misma, o de su calidad y promoción. Están los factores que rodean a su estreno,
en manos de los dueños del negocio de la exhibición, desde la fecha de estreno,
capacidad de difusión, números y tipos de salas, y horarios disponibles. Temas que si deberían estar presentes en el proyecto de ley de cine, como la cuota de pantalla y el mínimo de mantenimiento, pero que no son abordados ni parecen importarles al ministro y sus asesores, para no tocar los poderosos callos de las Major´s de Hollywood.
No se trata
de oponerse al incremento de los recursos para la producción cinematográfica
con la posibilidad de inversión económica de las empresas, vía exoneración
tributaria. ¿Pero por qué dirigidas en exclusividad al “cine comercial”? ¿Las obras de “autor” no
podrían tener acceso a ellas? Que se sepa la Ley actual en cuanto a los premios
no distingue entre cine comercial y de autor, o de otra índole. El único
barómetro establecido, y aceptable, según la misma Ley es la calidad, que
corresponde a un jurado determinarlo, con todo lo subjetivo y arbitrario que
eso pueda ser. Hay sobrados ejemplos en todo el mundo de películas dirigidas al
gran público que no renuncian a una exigencia de calidad y proyección
internacional, como “Gilda” de
Argentina, “Miss Bala” de México, “Ciudad de Dios” de Brasil o “Los 33” de Chile, por citar casos de la
región.
Quiero
creer que el deseo del Ministro no es fomentar la mediocridad disfrazada de populismo, lo que sería igual
de terrible si la trasladáramos al ámbito de la Ley del Libro o del fomento a
la música por parte de su despacho. Lamentablemente hay que decir que buena
parte de las producciones nacionales de lo que llaman “comercial” dejan
bastante que desear, salvo algunas contadas y meritorias excepciones. No tanto
por falta de recursos, más si por una pobre exigencia y apelación a recursos fáciles
y clichés gastados. ¿Debiera ser una preocupación central del Estado la
promoción de este cine?
Por supuesto
que en una industria deben caber todas las expresiones y producciones, nos
gusten o no, pero en tal caso debería contemplarse otros mecanismos centrales como
un fondo propio y estable, y no dependiente del siempre precario presupuesto
del Estado, un mercado para el cine nacional, y no enfeudado a la distribución
norteamericana, y reconocimiento de los derechos de los trabajadores, técnicos
y artistas, como parte central de la cadena productiva, y no recortados ni ninguneados como sucede con el proyecto de Ley de Cine. Por cierto, si se trata
de dar trabajo a la gente, ¿Por qué no impulsar de una vez en la Ley la Film
Commission, que fomenta la producción extranjera en el país, dando trabajo a
los peruanos?
De otro
lado, y para aclararle al Ministro, lo que se habla de Cinemateca en el
proyecto de Ley es totalmente
decorativo, por decirlo de la manera más amable, y se limita a decir que el
Ministerio de Cultura “cuenta con un archivo destinado a la custodia de obras
cinematográficas y audiovisuales peruanas denominado ‘Cinemateca Peruana’”. No
se cómo cambiar de nombre a un archivo ya existente, aunque desperdigado,
constituye algo tan complejo como una Cinemateca. Lo más curioso es que el
ministro no hace ninguna mención al proyecto de la Cinemateca Peruana que se viene trabajando en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como obra emblemática por el bicentenario. No sé
si porque no lo conoce o no le interesa, pero por lo menos debería informarse
de ello, o consultar con sus asesores.
Para
terminar, es una lástima que no se le preguntara sobre el párrafo censor para las obras peruanas que supuestamente pudieran infringir el ordenamiento legal, incluido en el proyecto. Hubiera sido interesante saber si el ministro, como
dicen, fue uno de los impulsores de su redacción, o más bien de los
sorprendidos con su inclusión, que tomó nota de ese cambio a última hora. Ello también nos serviría para
dilucidar, con meridiana claridad, cual es la posición del gobierno actual al
respecto de este delicado asunto, que no es poca cosa.
