Por
Christian Wiener
“Las políticas culturales, en tanto
que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear
condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios
culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de
medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe,
respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y
aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados,
ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados”.
Hace
algunos días, representantes de diferentes gremios cinematográficos hicieron
pública una carta dirigida al Ministro de Cultura, donde le solicitaban que a
un año de haber culminado sus labores el Grupo
de Trabajo convocado para elaborar el proyecto de una nueva ley de
cinematografía, se informará
públicamente del estado actual del anteproyecto, para conocer la versión
definitiva sobre la propuesta por parte del Ministerio de Cultura.
Es
bueno recordar que el Grupo de Trabajo estaba integrado por representantes de
la Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú (ACRIP), la
Asociación de Documentalistas del Perú (ADP), la Asociación de Productores
Cinematográficos del Perú (APCP), la Asociación Peruana de Prensa
Cinematográfica (APRECI), el Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú
(SAIP) y la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), que a invitación de la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes y la Dirección de Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura, participaron en un esfuerzo conjunto de
casi seis meses por sacar adelante un texto consensuado que plantee un nuevo
derrotero para el cine nacional.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvvMTf5YkqjMhpztII9bna7XFjyjM6g8xqYVehiLGKbURPsTqOeT_AzzXltAa9fPX6QX3Sk0K5mEwmYGMOzonOX2ezMrnvLhCuQFpgf1VSKLLvNovDef7mPD0gIl1M0ofjHKuMt0SOWM/s200/Carta+de+Grupo+de+Trabajo+a+Luis+Peirano+25032013+pagina+2.jpg)
TRABAJO CONJUNTO
Lo
primero que hay que resaltar es la labor en común de los diversos gremios de
cineastas durante todo este tiempo, teniendo en cuenta los recelos y
resquemores luego de la malhadada experiencia de la llamada “Ley Raffo” en el
Congreso durante el gobierno pasado. No fue un acuerdo fácil, porque todos los grupos
debieron ceder en sus diferentes posiciones e intereses, acercándose a
consolidar una propuesta común y satisfactoria para el conjunto de los
integrantes del Grupo de Trabajo, y al mismo tiempo viable, en consonancia con
las legislaciones cinematográficas de otros países de la región.
Durante todo ese tiempo, el equipo revisó las leyes de
cine iberoamericanas, y sus diversos mecanismos de promoción, regulación y
gestión que disponen, escuchando el testimonio de productores y especialistas
de otros países. Asimismo, se mantuvieron reuniones con representantes de
organismos del Estado peruano, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), además
del propio Ministerio de Cultura, que sirvieron para aterrizar una propuesta
más ajustada a la normativa legal vigente en el país y de manejo más práctico,
a pesar de las previsibles reticencias en ciertos asuntos de algunos
funcionarios públicos formados en el discurso del ‘laissez faire, laissez passer’ del Estado peruano en los últimos años.
Luego de publicado el proyecto, se
recogieron alcances e iniciativas por el correo, publicándose notas a favor y
en contra en los medios y la web. Estas últimas fueron de abogados, economistas y periodistas
neoliberales, para quienes temas como la generación de un fondo de
financiamiento estatal o la llamada ‘cuota de pantalla’ les sonaban a sacrilegios
y herejías a su ortodoxa fe en el mercado. Pero las objeciones más importantes
vinieron, como era de esperarse, de los representantes de las empresas
exhibidoras y distribuidoras de cine, quienes alegaron que algunas de las
proposiciones del anteproyecto resultaban discriminatorias e intervencionistas
en sus boyantes negocios. Por esta razón, se produjeron en el Ministerio de
Cultura varias reuniones con ambos gremios y sus abogados, a fin de concordar
puntos de vista en diversos aspectos, limándose algunos y quedando otros donde,
pese al esfuerzo de acercamiento de ambas partes, las posiciones resultaban
irreconciliables. Esto último, dicho sea de paso, refuta el argumento de quienes afirmaron que no se convocó a esos sectores, que indudablemente forman parte de la cadena productiva del cine peruano, aunque algunas de sus empresas
respondan más a intereses trasnacionales.
Terminado este proceso, el
anteproyecto y las observaciones y sugerencias recibidas, incluidas las que
demandaban la incorporación de un régimen de sanciones en el texto legal,
pasaron a ser evaluadas por diversas instancias del Ministerio de Cultura hasta
el presente, esperándose que el texto resultante respete el espíritu de trabajo
democrático y consensual como se llevó adelante este proceso con los gremios
participantes, inusual en la administración pública y el propio ámbito
legislativo.
UNA
PROPUESTA INTEGRAL
El
primer artículo del Anteproyecto de Ley es una declaración de principios que
resume todo el sentido del texto, manifestando que:
“El Estado Peruano reconoce la importancia fundamental
de la cinematografía y el audiovisual para el desarrollo de la cultura y la creación de la identidad nacional, en su
diversidad. Por lo tanto, proclama el Derecho
al cine propio como un derecho inalienable de sus ciudadanos, y que
consiste en garantizar la libertad de cada uno de ellos para crear, realizar,
producir y difundir obras cinematográficas y audiovisuales en cualquier medio o
sistema, creado o por crearse. Con este fin, el Estado establece políticas
culturales para el desarrollo y promoción de este arte e industria a nivel
nacional e internacional.”
Con ello se
reafirma el concepto del cine como industria cultural, en sus dimensiones tanto
comercial como cultural, fijando el deber del Estado de establecer políticas
que permitan el acceso de los ciudadanos a este arte y medio de expresión,
tanto a nivel de la creación y producción como de la difusión. Esto está
amparado en la Constitución Política, como en la Convención por la Diversidad Cultural propiciada por la
UNESCO el 2005, y suscrito por decenas de países, entre los cuales se encuentra
el Perú, donde se reconoce que los Estados pueden adoptar medidas para proteger
y promover la diversidad de sus expresiones culturales, promoviendo sus
industrias culturales para tener un acceso efectivo a los medios de producción,
difusión y distribución de bienes y servicios culturales.
En este
sentido, el anteproyecto de la Ley de la
Cinematografía y el Audiovisual Peruano se propone como una visión integral y
amplía de la cinematografía peruana, a diferencia de la ley vigente así como de
los últimos proyectos de modificación discutidos en el Legislativo, abarcando
este medio en sus múltiples dimensiones: expresión artística, medio de
comunicación, patrimonio cultural, proceso industrial, actividad comercial,
elemento de identidad local y nacional, entre otros. Para este propósito, el
anteproyecto consta de cinco propuestas centrales:
1.- Ampliar el
ámbito promocional, ya no sólo a través de concursos con premios no
reembolsables, sino con préstamos, créditos fiscales, exoneraciones, adelantos
y otros mecanismos de apoyo económico a diversos proyectos, etapas e instancias
del quehacer cinematográfico, que abarque el campo cultural como comercial,
incluyendo toda la cadena productiva desde la creación hasta la infraestructura
para la exhibición y la proyección al extranjero, buscando generar una sinergia
de capital con la inversión privada y otras fuentes de financiamiento
nacionales (a nivel local o regional) o internacionales. Para este fin, se
requiere que la Ley no dependa, como hasta ahora, del presupuesto central del
Estado, siempre precario e incierto, sino que sus recursos provengan como en
otras legislaciones, de la propia actividad cinematográfica, en este caso principalmente
vía la reducción a cero del
actual impuesto a los
espectáculos públicos no deportivos aplicado al boleto cinematográfico,
creándose en su reemplazo un Impuesto Extraordinario para la Promoción del Cine
Peruano, del diez por ciento del valor de la entrada a una función de cine, que
será consignado en el boleto y formará parte de la base imponible del Impuesto
General a las Ventas, y cuya recaudación será destinada para el Fondo para la Promoción, Preservación
y Desarrollo de la Cinematografía Nacional. Quienes
arguyen que esto es inconstitucional, deberían revisar la sentencia del
Tribunal Constitucional (Exp.
0042-2004-AI/TC) que precisa que la promoción de la cultura también
constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, y
agrega que “el Estado puede promover las
manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad
tributaria; por cuanto los fines económico, sociales, políticos y culturales
son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su
exoneración”. De esta manera, se podrá contar con un capital de cerca de treinta
millones de soles al año (según cifras de las empresas exhibidoras) para
estimular en conjunto a toda la actividad audiovisual, las mismas que están en
el promedio de lo que mueve anualmente la Ley de cine en Colombia y Chile, y
muy por debajo de las cifras de México, Argentina y Brasil.
2.- Un segundo aspecto está referido al acceso al
mercado, porque de nada sirven que se produzcan más películas en el país si
ellas no llegan a su destinatario natural que es el público peruano. Para este
fin se proponen varias medidas, una de las cuales es la potestad de aplicar la ‘cuota
de pantalla’ teniendo en cuenta “la
infraestructura de las salas de exhibición cinematográfica existentes en el
país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras
cinematográficas nacionales por año” no pudiendo superar esta cuota el 20%,
que es un porcentaje expresamente señalado en el Anexo 2 de las Medidas Disconformes sobre
Inversiones y Comercio Transfronterizo del Tratado de Libre Comercio del Perú
con los Estados Unidos. Ya en otro post me he referido a la “cuota de pantalla”de forma amplia y porque es necesaria en un mercado tan desigual y controlado por una sola oferta comercial, lo que ya se aplica en otros países y se busca ampliar a otros, y en un artículo del blog de Ricardo Bedoya se consignan argumentos bastante solidos al respecto. Sin
embargo esta medida no es la única consignada en el anteproyecto sobre este
asunto, ya que se complementa con el ‘mínimo de
mantenimiento’, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un
mínimo de espectadores preestablecido en una pantalla durante una semana, no
sea retirada arbitrariamente de cartelera por presión de los “blockbusters” y
los tanques de Hollywood, como habitualmente sucede hasta el presente. Por
otro lado, y para promover la difusión de nuestra cinematografía, las empresas
de producción, distribución y exhibición nacionales, que obtengan mejor
rendimiento comercial en la difusión de obras cinematográficas peruanas, podrán
recibir estímulos pecuniarios; extendiéndose estos beneficios a las
asociaciones e instituciones dedicadas a exhibir audiovisuales. Por último, se
ha buscado formalizar y recuperar el rol del Estado en el negocio
cinematográfico, totalmente desregulado desde la década de los 90,
estableciendo un registro de todas las obras estrenadas en el país, e
información estadística periódica de la actividad comercial, imprescindible
para operar en ella, evitar la piratería y evaluar el impacto de las políticas
públicas en el sector. Como parte de ello, y como sucede en casi todo el mundo,
se propuso que la recomendación de
calificación mínima de las obras por franjas de edad debe volver recaer en
manos del Estado para que no sea, como en el presente, el gato del despensero
de las empresas distribuidoras y exhibidoras los que la apliquen, pensando en
su conveniencia comercial antes que en los intereses de los espectadores.
3.-
Otra proposición importante que propone el texto es incentivar un crecimiento
del sector como industria sustentable, contando para ello con la participación
extranjera a través de una “Comisión Fílmica” que es una institución que en diversas
partes del mundo fomenta la filmación en el territorio nacional, promoviendo la
imagen del país y sus locaciones naturales y construidas. De esta manera se
impulsa, además del turismo y negocios conexos, la industria cinematográfica y
audiovisual, ya que se propicia la participación preferente de empresas y
técnicos cinematográficos nacionales al lado de los internacionales. Ello sirve
también para ordenar el trabajo audiovisual de forma descentralizada, en
coordinación con los gobiernos regionales y locales, para dar seguridades y
asegurar el control, vía licencias, de las producciones cinematográficas y
audiovisuales para todo medio o formato; evitando que se presenten situaciones
que lejos de estimular el rodaje internacional en el Perú, terminen
ahuyentándolo. Nuestro país, con su rico patrimonio arqueológico e histórico y
sus diversos ecosistemas, es un lugar privilegiado para la realización
audiovisual. Sin embargo, al carecer de normas y una instancia que de
oportunidades y promueva la producción, pierde muchas posibilidades de
inversión, que se desplazan a países vecinos que cuentan con activas Comisiones
Fílmicas, tanto nacionales como metropolitanas, con normativas reguladoras que
promueven e incentivan, incluso con beneficios fiscales, el trabajo profesional
en sus localidades. Lo que se busca con la creación de esta importante
instancia promotora y regulatoria, es empezar a revertir esta situación.
4.- La dimensión cultural de la cinematografía es
un elemento esencial del anteproyecto, que está en la base de toda la
propuesta, y que permite entender que lo cinematográfico no se limita a la
producción de películas, sino que incluye también otros ámbitos conexos y
complementarios, que nos dan trascendencia e identidad como nación. Esto abarca,
de una parte, la preservación patrimonial, con la constitución de una
Cinemateca Nacional, como en muchos otros países de América Latina,
que rescate la memoria del país y su gente en lo audiovisual. Ya en 1980,
la 21º Conferencia
General de la UNESCO consideró que las imágenes en movimiento son “una expresión de la personalidad cultural de
los pueblos y debido a su valor educativo, cultural, artístico, científico e
histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación”.
Y aprueba en esta reunión las ‘Recomendaciones sobre la Salvaguardia y la
Conservación de las Imágenes en Movimiento’, invitando a los Estados Miembros,
entre los que se encuentra el Perú, a “tomar
las medidas necesarias para impedir la pérdida, la eliminación injustificada o
el deterioro de cualquiera de los elementos del patrimonio de imagines en
movimiento”. De otra parte, se promueve la exhibición cultural, enormemente
simplificada en estos tiempos de nuevas tecnologías digitales, apoyando tanto actividades
y eventos como los festivales y muestras, así como el establecimiento de
cineclubs y salas de arte y ensayo que sean ventanas permanentes para la
difusión del cine peruano, latinoamericano e internacional de interés cultural
y artístico, y que no tiene, en la mayoría de casos, acceso a los circuitos
comerciales de exhibición. Igualmente, y de forma complementaria, estimular
estos espacios y otros, para la formación de público en el lenguaje audiovisual
y su apreciación crítica, con especial incidencia en niños y jóvenes, y como
parte del currículo escolar, esencial en estos tiempos de aplastante predominio
de la imagen audiovisual en los diferentes medios. En el anteproyecto también
se contempla la permanente capacitación profesional
cinematográfica de nivel superior, prestando especial atención a los nuevos
realizadores y a los diversos oficios artísticos y técnicos, así como el
estímulo a la investigación y el estudio crítico de la cinematografía en toda
su diversidad y complejidad, promoviendo la publicación de libros y otros
soportes; entre otros campos del quehacer cultural.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhySxYZOe0TXWRiSNKKxTNBKUEZfYR2ltIGXohv33sOcQA8EY0wCn3624R_3_9o370kymxsxNiG8BMHX8ZTmbfbfteYh1O8bVjN_8TnRd3_MWoxDRYxIDP0lyrW2A6DWxjXn9IF7t02R1g/s200/magaly-solier-en-fenaco-perc3ba-2012.jpg)
Estos son, en resumidas cuentas, las líneas centrales
del el anteproyecto de la Ley de la Cinematografía
y el Audiovisual Peruano que fue consensuado en el Grupo de Trabajo de los
gremios cinematográficos con el Ministerio de Cultura, faltando agregar un
breve pero contundente artículo para cautelar los derechos de los trabajadores
audiovisuales, también la promoción cultural y comercial del cine peruano en el
exterior, y otras disposiciones que propician la descentralización en el uso de
los recursos en todas las instancias y alcances a que hace referencia el texto.
Resta por conocer ahora los ajustes y
modificaciones que propondrá al mismo el Ministerio de Cultura, luego de todo
el tiempo que se han tomado para revisarlo, y si implicarán cambios de fondo o
solo superficiales al sentido de la propuesta. Confiados en que será lo
segundo, habrá que insistir sobre el derrotero posterior de esta proyecto de Ley
en el Ejecutivo para que pueda llegar, antes que acabe este gobierno, a ser
debatido y eventualmente aprobado por el Legislativo.
El Ministro de Cultura ha manifestado,en reiteradas oportunidades, el interés y compromiso del mandatario por apoyar al cine nacional, señalando expresamente su deseo que las películas peruanas se vean en los multicines en igualdad de condiciones que las norteamericanas. Y debe reconocerse que
en este gobierno se ha cumplido, por primera vez, con asignar la totalidad de
los fondos establecidos en la Ley 26370, y que se pudo ‘aggiornar’ la norma
legal, con la dación de la Ley 29919, para permitir que los recursos asignados anualmente
se puedan aplicar de manera más amplia y diversificada en favor de la
producción nacional. Y es que en países poco institucionalizados como los
nuestros, el apoyo a la cultura nacional depende mucho de la voluntad política
de los gobernantes, y de su convencimiento de la importancia del cine como elemento
de identidad, porque apostar por la cultura no es un favor del Estado sino un deber para con la
sociedad y sus conciudadanos. Porque como
bien dice en la exposición de motivos del anteproyecto
de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano, “la
imagen no es un lujo de país rico, es una necesidad de toda nación que pretenda
insertarse en el mundo moderno, globalizado e interdependiente de los grandes
medios de comunicación.”
Es lamentable saber que esta ley fue retirada tratándose de una alternativa favorable a la industria cinematográfica; sin embargo, ¿cabe la posibilidad de ser nuevamente puesta en marcha? te agradecería puedas explicarme la existencia de esa posibilidad.
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