Hubo una vez

 Por Christian Wiener Fresco

A la memoria de Javier Diez Canseco, en la lucha por el pan y la belleza
En recuerdo de Manuel Celis, que me acompañó ese día en el Congreso.

En estos días que se habla de la posibilidad de una nueva ley de cine en el Congreso me permito recordar lo que paso hace cinco años, cuando se aprobó la ley 29919, que modificó todo lo referente a los concursos de cinematografía de la 26370 para permitir la asignación de todos los recursos estipulados originalmente en la norma, y que en general es poco conocido en el gremio y más allá, pese a todo el tiempo transcurrido.

Corríael año 2012 y en el Ministerio de Cultura estábamos abocados con los gremios cinematográficos a la redacción de una ambiciosa nueva legislación de la cinematografía y el audiovisual peruano que contemplará no solamente la creación del fondo para el financiamiento de la actividad, sino otros aspectos medulares como la cuota de pantalla, mínimo de mantenimiento, descentralización, cautela de los derechos de los trabajadores del sector, cinemateca nacional, film commission, educación cinematográfica, creación depúblico, incentivo al cine cultural y articulación con los otros medios audiovisuales, entre otros temas que aspiraban a dotar a nuestro país de una legislación integral y moderna, acorde a los estándares de otras cinematografías en la región.

Paralelamente se estaban haciendo las gestiones para conseguir que la partida presupuestal para los concursos establecido en la ley actual se hiciera efectivo como la norma lo señalaba, monto que hasta ese momento y desde la entrada en vigencia en la Ley, en 1996, nunca los sucesivos gobiernos habían cumplido con entregarlo en su integridad.  Pero para dar esa cantidad la gente del MEF había puesto como condición que se modificara el texto de la Ley 26370, o de lo contrario se ejecutara tal como figuraba en su versión original del 94.

Resulta que en un principio la ley establecía que cada año se debían realizar dos concursos de largometrajes y cuatro de cortometrajes en los que podía premiar hasta tres obras en el primer caso y doce en el segundo, con un cantidad total que alcanzaba las 2008 UIT.  Sin embargo el Estado incumplió permanentemente en dar todos los fondos (se calcula que en dieciséis años solo se había asignado poco más del 28% de todo el dinero que correspondía por ley). Esta situación motivó que se redujeran los montos de los premios para los proyectos y obras establecidos en el texto legal, instaurándose los llamados “concursos extraordinarios”, como una forma más o menos informal para atender otros tipos de formatos y posibilidades no previstas en la legislación original, que se limitaba a cortos y largometrajes (cine regional, documentales, postproducción, distribución, etc.)

Habría que agregar además que las nuevas tecnologías de la producción y exhibición digital que ya se habían generalizado en ese momento volvían obsoletas algunos puntos muy restringidos en el texto de los años 90, dominado todavía por el celuloide tradicional.

Por tal motivo nos abocamos a redactar una modificatoria de la 26370 que permitiera poder seguir realizando e incluso incrementar las distintas categorías de los concursos, así como ajustar los requisitos y organización a los nuevos tiempos. Se esperaba que el texto no tuviera mayor objeción en el Ejecutivo por cuanto lo único que buscaba es la aplicación de la ley vigente, sin añadir un sol al presupuesto. No obstante ello, otra vez la gente del MEF busco aguar la fiesta y en una tensa reunión casi nos conminaron a que si queríamos sacar esa ley sin problemas debíamos retirar la mención a las 2008 UIT (que era la suma de todos los montos señalados en la 26370) en el proyecto para enunciar simplemente que el Ministerio de Economía y Finanzas proveerá cada año de los recursos económicos para la realización de los concursos, sin precisar ninguna cifra. Aunque éramos conscientes de lo que eso podría significar en el futuro, optamos por no hacer cuestión de estado en ese momento y esperar una mejor oportunidad, tal vez en el Congreso.

De esta manera, a los pocos días el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de modificatoria de la Ley, que con la firma del presidente Humala y el entonces primer ministro Óscar Valdez es enviado al Legislativo a inicios de mayo con carácter de urgencia. Allí se buscó recuperar la mención a los 2008 del presupuesto en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, pero por el afán de figuración y escasa capacidad de diálogo del presidente de la misma, el pastor Rosas, fue casi imposible. Tuvimos que esperar varias semanas y la siguiente legislatura hasta que por fin se incluyó en la agenda del Pleno para el 23 de agosto.

Ese día empezó temprano el debate del proyecto de modificatoria de la ley de cinematografía 26370 con una deslucida presentación del nuevo presidente de la Comisión, pero en el ínterin tomamos contacto con Javier Diez Canseco, ya separado de la bancada nacionalista, quien inmediatamente me preguntó qué era lo más urgente y yo le dije asegurar un monto de presupuesto, de forma explícita, y que debía ser lo que ya la ley contemplaba, es decir 2008 UIT.  Con la elocuencia y brillantez que lo caracterizaba, JDC planteó añadir la cifra al dictamen para que no quedara dudas de la obligación del Estado al respecto, recordando que en todo estetiempo los sucesivos gobiernos habían incumplido con entregar ese monto a pesar de estar estipulado en la norma del 94. El resto de intervenciones parlamentarias no cuestionaron esa propuesta, dedicándose a proponer agregados o correcciones, cuando no aprovechar para echarse un discurso en un tema siempre mediático, que revelaba, faltaba más, que salvo contadas excepciones, la mayoría de nuestros congresistas poco o nada sabían sobre la materia.  Al final se sometió a votación el dictamen con el agregado de los 2008 UIT y fue respaldado de manera casi unánime, con la solitaria excepción de Martín Belaúnde de

Solidaridad, que se abstuvo sin explicar porque. Todo parecía listo para que saliera de una vez al Ejecutivo, pero Martha Chávez hizo cuestión de estado sobre la necesidad de una segunda votación, lo que obligó a postergar su aprobación otras dos semanas, cuando por fin se votó de manera definitiva, ya sin mayor discusión.

Entre tanto, nos llegaban al Ministerio de Cultura rumores que algunos funcionarios del MEF no les había caído nada bien los cambios al proyecto original, que según algunos era lo que habíamos “acordado”, que es el eufemismo que usan cuando imponen sus decisiones solo por el poder de su chequera. Incluso se mencionó que podrían sugerir al presidente la observación de la Ley, lo que parecía sin embargo poco probable dado el consenso en las diferentes bancadas que había obtenido. Finalmente el 28 de septiembre salió publicado en el diario El Peruano el texto de la 29919 bajo el título de “Ley que modifica diversos artículos de la ley 26370, ley de la cinematografía peruana”, que incluía en su artículo 17:“el apoyo económico que acompaña a los premios es de un mínimo de 2008 (UIT) y se distribuye por el ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la República de cada año.”

Todas estas cosas me vienen a recuerdo ahora que se vuelve a discutir sobre la Ley de Cinematografía, y donde nuevamente el MEF resulta el gran decidor del país, y los gremios del sector parecen resignados a su poder y ortodoxia, diciendo incluso que “es la ley por la que han luchado tanto años los cineastas”, lo que saben que no es cierto porque de tantas supresiones, reducciones y eliminaciones, ha resultado un texto casi irreconocible, a no ser por contar con más presupuesto. No pretendo ponerlo como ejemplo o precedente, soy consciente que los momentos y circunstancias son diferentes, con otra propuesta, actores (en esos momentos la primera mayoría congresal seguía siendo del gobierno) y sin tanta visibilidad mediática.  Pero es bueno recordar la historia, en todas sus facetas, porque el esfuerzo por una verdadera ley de cinematografía no es de ahora sino de hace mucho. Para ello se requiere decisión de lucha y convicción de su necesidad y justicia, y no como un favor, donde no le debemos nada a nadie, y frente al cual no tenemos por qué aceptar como algo fatal que nos quieran imponer –sin siquiera discutir- nuestro futuro. ¿O es mucho pedir?