Apología del terruqueo

Hace unos días un grupo de congresistas fujimoristas presentaron un nuevo proyecto de ley sobre cine en el Perú denominado “Ley para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual peruano”, inscrita como el proyecto N° 2987-2017. El asunto no habría pasado de lo anecdótico, porque ya son varias las propuestas al respecto en el Legislativo, además de la que presentó el Ejecutivo el año pasado. Lo singular en el texto que encabeza la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, María Melgarejo, es haber incluido, como quien no quiere la cosa, un nada inocente ni casual censura que hizo saltar las alarmas en el gremio cinematográfico y buena parte de la sociedad civil.

Nos referimos al comentado artículo cuarto del proyecto legal que propone  que “(…) Los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano“. Una proposición inaceptable, que pretende instaurar de facto la censura previa del Estado a los proyectos audiovisuales que sean contrarios al discurso oficial negacionista bajo acusaciones tan gaseosas y macartistas como las que esgrimen los fujimoristas “terruqueadores” en los últimos años. 

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que esta iniciativa no es un exabrupto ni fruto de la casualidad, sino parte de la ofensiva por reescribir la historia de un solo lado, y apropiarse de la memoria en la que está empeñada la bancada mayoritaria en el Congreso, y que ya tuvo otras expresiones como los ataques a los artesanos de Sarhua, a la obra de teatro ‘La Cautiva’, la película ‘La Casa Rosada’ y más recientemente a las exposiciones en el LUM y el Museo de la Memoria en Ayacucho. Al cine peruano hace rato lo tenían en la mira, y no solo por sus títulos de ficción más conocidos sino por los documentales que han registrado desde diversos ángulos las huellas aun latentes del conflicto armado interno que ensangrentó al país en las últimas décadas del siglo XX.

Pero sería ingenuo suponer que retirado el artículo de marras se aleja la sombra censora. El problema sigue vivo mientras se mantenga vigente la Ley 30610 sobre delito de apología del terrorismo, aprobada por casi todas las bancadas del Congreso (con excepción dela izquierda) y promulgada por el todavía presidente PPK hace un año. La determinación de cuando se transgrede la delgada línea que separa la información de la supuesta justificación del acto terrorista es altamente subjetiva y con mucho peligro de manipulación, sea de jueces, periodistas o también jurados. Y como han demostrado sobradamente los fujimoristas y sus aliados de facto, en este tema ellos siempre irán por más, es decir por mayores recortes y limitaciones a cualquier tipo de libertad que les resulte incomoda a su proyecto político.

Los cineastas no pueden seguir creyendo que son una isla, y que la realidad exterior, social y política, solo los afecta en la medida que se inmiscuyan con ellos y su ley. Por el contrario, esta experiencia revela que la aplanadora naranja no tiene escrúpulos en arrasar con todo, como lo hicieron en los noventa, donde dejaron a los cineastas sin ley. Tal vez esto deje en claro para muchos escépticos la importancia y necesidad urgente de la Cinemateca Nacional, dejada de lado de lado por el proyecto del Ejecutivo, para preservar y difundir nuestra memoria, ahora tan amenazada por fuerzas oscuras y retardatarias.

Por lo demás, el proyecto 2987 es un despropósito, mal ensamblado y construido como un Frankenstein de otras propuestas, pero olvidándose del factor principal, es decir los fondos con que se financiaría las actividades y concursos, ya que no se habla si estos vendrán del presupuesto público (y en qué cantidad) o del fondo de la taquilla, como propusieron en un inicio los cineastas. Y lo peor es que eso se acompaña con la derogatoria de la 26370, es decir ni siquiera asegura la continuación de los 2008  UIT que el cine peruano recibe por la Ley actual.

Algunos puntos como las propuestas de descentralización, los referidos a los porcentajes de profesionales nacionales para determinar las películas peruanas, o el mínimo de mantenimiento para la exhibición de las películas peruanas en salas comerciales pueden ser atendibles para debatirse en un proyecto mayor, e incluso la creación de un Archivo Nacional Cinematográfico y Audiovisual, pero como una entidad autónoma y no dependiente del Archivo General de la Nación como figura en el proyecto, lo que es un absurdo por cuanto esta institución tiene finalidades muy precisas de resguardo de la memoria oficial documentaria del país, y carece de presupuesto para asumir una tarea completamente diferente y especializada que en todas partes del mundo es asumida por una institución dedicada a la materia. 

Y el capítulo inicial, que define el ámbito de la Ley y su objetivo, lleno de conceptos aparentemente altruistas como “democracia cultural”, “descentralización” e “inclusión”;  no se condice sin embargo con su posterior redacción y los afanes censores y de control, más que de promoción abierta e independiente que debiera ser el rol del Estado en el campo de la cultura y la libre expresión.

En fin, un proyecto que revela, faltaba más, el talante autoritario y desaprensivo conque los fujimoristas manejan las leyes, en especial en temas de cultura y educación. Y el doble discurso, porque fue esta misma parlamentaria la que apoyó el proyecto de ley de cine del Ministerio de Cultura en la Comisión de Cultura el año pasado, aprobándolo con algunas leves modificaciones. Para no seguir en estos dimes y diretes, que postergan el presente y futuro del cine peruano, lo mejor sería que se discuta realmente, de forma abierta y descentralizada, sobre la ley y lo que se necesita de forma integral, y sin manipulación ni contrabandos de los políticos. Y asegurando, como principio fundamental, la libertad de crear y expresar para todos, base de todo arte y comunicación humana.