Los olvidados

Por Christian Wiener Fresco 

Víctor Zapata Yarleque, también conocido como “Vitucho” era un joven y talentoso caracterizador y artista de efectos especiales VF en el Perú. Hizo trabajos para la televisión y el cine, entre otros en “Cementerio general”, “Aj! zombies”, “Django 3”, “La deuda”, “La restauración”  y “Canción sin  nombre”. Lamentablemente fue víctima del Covid19, y su situación se agravó, siendo internado de emergencia en la Clínica Maison de Sante, donde falleció el martes 26 de mayo. Debido a los gastos de su hospitalización, los familiares vienen realizando una campaña para solventar la deuda contraída*.

Pocos días antes se supo que el conocido actor Vicente Pold Gastelo Sosa por la misma enfermedad se encontraba con respirador mecánico en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local, gracias al apoyo de colegas y amigos que permitieron su internamiento luego de no poder ser ingresado en un hospital del Callao por estar sin capacidad, y ser rechazado en una clínica por no contar con los medios para sustentarla. Por suerte en su caso, la evolución ha sido favorable y ya se encuentra en recuperación, al igual que su hermano, internado en el Hospital Sabogal.   

Todos estos hechos se dieron enmedio de un sonoro escándalo en el Ministerio de Cultura por la reiterada contratación en tres años por un total de 175 mil soles de un desconocido artista como “motivador” solo por su cercanía a personajes en el poder.  Cuando después de más de sesenta días en emergencia por la pandemia, con el reclamo angustiado de los artistas sin trabajo, y siendo observados por la Contraloría por carecer de una base de datos confiable de su sector, recién se aprueba un Decreto de Urgencia para destinar 50 millones de soles a artistas e instituciones culturales**, pero que recién se ejecutará en los tres meses siguientes, luego que sea aprobado elreglamento, para la quincena de junio. Hay que señalar que los mecanismos de “amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos generados por la emergencia sanitaria” que establece el Decreto, se divide en apoyos económicos a favor de personas naturales y jurídicas, y adquisición de contenidos culturales.

La ministra saliente, la décimo tercera en su cargo desde la creación de la cartera hace diez años, y la sexta en lo que va del gobierno de Vizcarra, en una de las últimas declaraciones manifestaba su desazón por la burocracia, y que estaban haciendo lo posible por hacer “súper rápido” la entrega de esta reclamada ayuda. Se equivocaba de forma gruesa al decir que la estadística del impacto económico de la cultura en el país se habían quedado en los tiempos del anterior INC, lo que no es cierto como lo prueban una serie de documentos y portales emitidos por el Ministerio en estos años. Sin embargo esa importante data no era la que se necesitaba para la ayuda, sino algo más simple y concreto como un censo del sector, que debió tenerse desde antes, o inmediatamente implementarse con la emergencia, con el apoyo de los gremios, donde los hubiere. 

La crisis sanitaria y económica ha puesto de manifiesto, como no podía ser de otra manera, la enorme precariedad del sector cultura, desde una institucionalidad ancha y ajena hasta el último artista y trabajador olvidado en sus diversas áreas. Entre otros muchos vacíos de una política cultural inexistente a nivel general de Estado, como del propio Ministerio de Cultura, encargado de elaborarla e implementarla, está la falta del entendimiento de la labor de los que trabajan en las industrias culturales, que no es solo un asunto de productores y empresarios.

El bono y los apoyos económicos para la emergencia son necesarios, pero son solo paliativos. Los trabajadores,no colaboradores, demandan derechos laborales como cualquier otro trabajador, pero que siguen siendo regateados, incluso de la legislación promotora como la Ley de Cine, y una Ley del Artista, recortada y envejecida. Hasta ahora poder contar con seguro social y de atención médica, pensión de jubilación y posibilidades de negociación colectiva como la tiene otro gremio de características similares en cuanto a la eventualidad del trabajo, que es Construcción Civil; sigue siendo todavía una asignatura pendiente para muchos trabajadores audiovisuales y artísticos peruanos, lo que sabe muy bien el Sindicato de trabajadoras y trabajadores del audiovisual y cinematografía Perú (SINCA), y el Sindicato de Artistas e Intérpretes Peruanos (SAIP).

Ahora que se anuncia un lento aunque inevitable retorno a las actividades laborales en el sector, es más que nunca necesario que en las futuras producciones de cualquier tipo, los artistas y técnicos sean considerados y recompensados como se merecen y con estrictos controles de bioseguridad por parte de los ministerios de Trabajo y Salud (que no sean tan laxos como los que se aplican para los servicios de delivery por aplicativos). Nadie quiere más pérdidas dolorosas, ni endeudamiento de trabajadores y sus familias por razones de salud, por más campañas y esfuerzos solidarios que se lleven a cabo. Si no empezamos a respetar la vida humana por delante de todo ¿de qué tipo de cultura estamos hablando? 

NOTAS

*Cualquier apoyo a nombre de Samuel Alfonso Camacho Castro, con cuenta del BCP N° 193-37343542-0-48, y CCI: 002-19313734354204814.

**En el Decreto Supremo N°058-2020, que aprueba “mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19”, se menciona en el artículo 8, inciso d) de beneficiados por el apoyo económico a las Salas de Cine. Sí, las mismas que no apoyan la exhibición del cine peruano no comercial, y que han puesto a sus trabajadores en situación de “suspensión perfecta de labores”. 

Cultura sin respirador artificial

Por Christian Wiener Fresco 

Con la reciente emergencia se desnuda, una vez más, la enorme precariedad del sector cultura

en nuestro país. Es cierto que la pandemia ha sido un tremendo golpe a los que trabajan en el área del arte, cultura y espectáculos a lo largo del mundo. La diferencia radica en cómo se viene abordando desde el sector público de cada país el apoyo y reimpulso a la actividad, donde el Perú se encuentra a la zaga, incluso en la región, por no decir inexistente.

La última cereza del pastel es la reciente revelación de las observaciones de la Contraloría General de la República al Ministerio de Cultura, en referencia al listado para el bono de apoyo a artistas y gestores culturales afectados por la pandemia, y que solicitan subsidios monetarios, dónde según el ente de control gubernamental: “no se identificó que la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, haya hecho uso de su sistema de información cultural o haya empleado el registro de personas naturales y jurídicas que administra y supervisa para verificar y filtrar la información recibida por los particulares.”

Una acusación grave, porque con casi diez años de existencia, lo menos que se podía exigir al ente rector de la cultura en el país es que se contara con una base de datos confiable del sector a nivel nacional. Ahora se anuncia la creación de una Unidad de Estudios Económicos para llevar a cabo la tarea, pero independientemente de la nueva oficina, era obligación de las direcciones existentes el llevar adelante este recojo y renovación de información permanente en sus diversas áreas, establecida en el propio Reglamento de Organización y Funciones. Por lo demás, y gracias a la cooperación internacional, en el pasado se pudo sacar adelante importantes iniciativas informativas como el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas, y la Plataforma de Información Estadística Infocultura.

Ahora se pide la cabeza de la ministra, como si un enésimo cambio de titular en el sector en lo que va de este gobierno, pudiera significar algo nuevo y mejor, y no más de lo mismo. Y no faltan, como siempre, los que claman por el cierre del Ministerio, olvidando lo que fue en su momento el maltratado Instituto Nacional de Cultura.

En realidad el problema de este Ministerio es estructural, y está más allá de las personas que estuvimos allí. Tiene un problema de origen, en las postrimerías del segundo gobierno de Alan García, creándose más por razones de figuración política del mandatario, que en respuesta a una política cultural organizada, que no existía. Por eso en la práctica fue un cambio de nombre y rango del INC, al que se agregó el viceministerio de interculturalidad, por la iniciativa de legisladores nacionalistas, aunque con el mismo presupuesto de la anterior entidad.

Para el Estado la cultura siguió siendo algo accesorio, dedicado a administrar el patrimonio y vivir del mismo, como lo reveló la propia ministra en referencia a los ingresos de Machu Picchu en su última intervención virtual con el Congreso, y tratar de gestionar actividades y concursos en diferentes sectores artísticos. Cualquier iniciativa chocaba con la invariable resistencia del MEF, uno de cuyos funcionarios mencionó alguna vez “que de cultura nadie se muere”.Pero también con la propia dinámica de un estado fraccionado, donde Promperú por ejemplo podía disponer ingentes cantidades de dinero para promover la marca Perú con artistas escogidos a dedo, saltándose por encima cualquier esfuerzo del Ministerio de Cultura por formalizar la relación del sector. Agréguese a lo anterior la situación de enorme precariedad de las direcciones culturales en las regiones, con la notoria excepción de la cusqueña, y la escasa o nula coordinación (cuando no rivalidad) con las oficinas y departamentos de cultura en los gobiernos regionales y municipales.

El Ministerio de Cultura debió ser el ente rector de la cultura a lo largo de todo el territorio, y no superponer funciones ni acciones, buscando optimizar y potenciar los escasos recursos disponibles, propiciando la participación más abierta de todos. Pero una cierta tendencia economicista, que se acentuó en los últimos años con todo el discurso marketero de la “economía naranja” promovido por el BID, privilegió la acción en las industrias culturales –como si ya estuvieran consolidadas en el país- centrándose en los intereses y necesidades de los productores, obviando a los otros actores y trabajadores del sector. Eso se evidencia en la negativa a abordar, e incluso disminuir, los derechos laborales de los trabajadores audiovisuales en la nueva Ley de Cine, y el abandono de las mejoras de la Ley del artista. No extraña por ende que después no se tenga la data de sectores invisibilizados, y se tenga que recurrir a una empresa para obtenerla, no obstante contar con un Registro Cinematográfico (así como lo había también de los Puntos de Cultura) desde antes de la creación del Ministerio. La cultura antes de ser empresas, logos y obras, son personas de carne y hueso que lo hacen posible, como esta pandemia lo demuestra.

No deja de ser llamativo que a pesar de haber incrementado su presupuesto en estos años, por ejemplo, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio no cuente a la fecha con una base de datos de todas las películas peruanas realizadas con o sin presupuesto público, con sus fichas técnicas y artísticas completas como las que se ponen a disposición, de acceso público, en otros países de la región. Tampoco que se pueda disponer de un archivo de películas nacionales para ponerlas en red, lo que fue evidenciado en la cuarentena. Tal vez eso explique la resistencia de tantos años al tema de la Cinemateca Peruana, porque siempre es más cómodo y seguro seguir administrado lo existente antes que arriesgarse a lo nuevo.   

El Ministerio de Cultura requiere un cambio radical. No es solo más presupuesto, que es necesario e imprescindible, sino un giro en sus planes y metodologías, en todas las áreas (para no hablar de lo que sucede en las de Patrimonio o Interculturalidad, cuya ausencia, más allá de lo retórico, sobre la situación de las comunidades indígenas en la selva es alarmante). Por supuesto que nadie esperaba un evento como el Covid19, sin embargo su capacidad de respuesta ha sido tan lenta, cuando no burocrática, que exasperó con justa razón a los desesperados artistas y gestores culturales, que empezaron levantando firmas y pedidos ante el silencio oficial. En estas circunstancias, la única garantía posible es la organización y agremiación, independiente y no sometida al Ministerio ni ninguna autoridad, para luchar y demandar por los derechos y reivindicaciones elementales en las leyes, como cualquier trabajador, más allá de la ayuda inmediata, que urge para los que no tienen ninguna seguridad de ingreso a fin de mes.