Por Christian Wiener Fresco
Con
la reciente emergencia se desnuda, una vez más, la enorme precariedad del
sector cultura
La
última cereza del pastel es la reciente revelación de las observaciones de la Contraloría General de la República al Ministerio de Cultura, en referencia al listado para el bono de apoyo a artistas y gestores culturales afectados por la pandemia, y que solicitan subsidios monetarios, dónde según el ente de control
gubernamental: “no se identificó que la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes, haya hecho uso de su sistema de información
cultural o haya empleado el registro de personas naturales y jurídicas que
administra y supervisa para verificar y filtrar la información recibida por los
particulares.”
Una
acusación grave, porque con casi diez años de existencia, lo menos que se podía
exigir al ente rector de la cultura en el país es que se contara con una base
de datos confiable del sector a nivel nacional. Ahora se anuncia la creación de una Unidad de Estudios Económicos para llevar a cabo la tarea, pero
independientemente de la nueva oficina, era obligación de las direcciones
existentes el llevar adelante este recojo y renovación de información
permanente en sus diversas áreas, establecida en el propio Reglamento de
Organización y Funciones. Por lo demás, y gracias a la cooperación
internacional, en el pasado se pudo sacar adelante importantes iniciativas
informativas como el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas, y la Plataforma de Información Estadística Infocultura.
Ahora
se pide la cabeza de la ministra, como si un enésimo cambio de titular en el
sector en lo que va de este gobierno, pudiera significar algo nuevo y mejor, y
no más de lo mismo. Y no faltan, como siempre, los que claman por el cierre del
Ministerio, olvidando lo que fue en su momento el maltratado Instituto Nacional
de Cultura.
En
realidad el problema de este Ministerio es estructural, y está más allá de las
personas que estuvimos allí. Tiene un problema de origen, en las postrimerías
del segundo gobierno de Alan García, creándose más por razones de figuración
política del mandatario, que en respuesta a una política cultural organizada,
que no existía. Por eso en la práctica fue un cambio de nombre y rango del INC,
al que se agregó el viceministerio de interculturalidad, por la iniciativa de
legisladores nacionalistas, aunque con el mismo presupuesto de la anterior
entidad.
Para
el Estado la cultura siguió siendo algo accesorio, dedicado a administrar el
patrimonio y vivir del mismo, como lo reveló la propia ministra en referencia a
los ingresos de Machu Picchu en su última intervención virtual con el Congreso,
y tratar de gestionar actividades y concursos en diferentes sectores
artísticos. Cualquier iniciativa chocaba con la invariable resistencia del MEF, uno de cuyos funcionarios mencionó alguna vez “que de cultura nadie se muere”.Pero también con la propia dinámica de un estado fraccionado, donde Promperú
por ejemplo podía disponer ingentes cantidades de dinero para promover la marca
Perú con artistas escogidos a dedo, saltándose por encima cualquier esfuerzo
del Ministerio de Cultura por formalizar la relación del sector. Agréguese a lo
anterior la situación de enorme precariedad de las direcciones culturales en
las regiones, con la notoria excepción de la cusqueña, y la escasa o nula
coordinación (cuando no rivalidad) con las oficinas y departamentos de cultura
en los gobiernos regionales y municipales.
El
Ministerio de Cultura debió ser el ente rector de la cultura a lo largo de todo
el territorio, y no superponer funciones ni acciones, buscando optimizar y
potenciar los escasos recursos disponibles, propiciando la participación más
abierta de todos. Pero una cierta tendencia economicista, que se acentuó en los últimos años con todo el discurso marketero de la “economía naranja” promovido por el BID, privilegió la acción en las industrias culturales –como si ya estuvieran
consolidadas en el país- centrándose en los intereses y necesidades de los productores,
obviando a los otros actores y trabajadores del sector. Eso se evidencia en la
negativa a abordar, e incluso disminuir, los derechos laborales de los
trabajadores audiovisuales en la nueva Ley de Cine, y el abandono de las
mejoras de la Ley del artista. No extraña por ende que después no se tenga la
data de sectores invisibilizados, y se tenga que recurrir a una empresa para
obtenerla, no obstante contar con un Registro Cinematográfico (así como lo
había también de los Puntos de Cultura) desde antes de la creación del
Ministerio. La cultura antes de ser empresas, logos y obras, son personas de carne y
hueso que lo hacen posible, como esta pandemia lo demuestra.
No
deja de ser llamativo que a pesar de haber incrementado su presupuesto en estos
años, por ejemplo, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio no cuente a la fecha con una base de
datos de todas las películas peruanas realizadas con o sin presupuesto público,
con sus fichas técnicas y artísticas completas como las que se ponen a
disposición, de acceso público, en otros países de la región. Tampoco que se
pueda disponer de un archivo de películas nacionales para ponerlas en red, lo
que fue evidenciado en la cuarentena. Tal vez eso explique la resistencia de
tantos años al tema de la Cinemateca Peruana, porque siempre es más cómodo y
seguro seguir administrado lo existente antes que arriesgarse a lo nuevo.
El
Ministerio de Cultura requiere un cambio radical. No es solo más presupuesto,
que es necesario e imprescindible, sino un giro en sus planes y metodologías, en todas las áreas
(para no hablar de lo que sucede en las de Patrimonio o Interculturalidad, cuya
ausencia, más allá de lo retórico, sobre la situación de las comunidades
indígenas en la selva es alarmante). Por supuesto que nadie esperaba un evento
como el Covid19, sin embargo su capacidad de respuesta ha sido tan lenta,
cuando no burocrática, que exasperó con justa razón a los desesperados artistas
y gestores culturales, que empezaron levantando firmas y pedidos ante el
silencio oficial. En estas circunstancias, la única garantía posible es la organización y agremiación, independiente y no sometida al Ministerio ni ninguna autoridad, para luchar y demandar por los derechos y reivindicaciones
elementales en las leyes, como cualquier trabajador, más allá de la ayuda
inmediata, que urge para los que no tienen ninguna seguridad de ingreso a fin
de mes.
