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martes, 2 de junio de 2020

Los olvidados


Por Christian Wiener Fresco 

Víctor Zapata Yarleque, también conocido como “Vitucho” era un joven y talentoso caracterizador y artista de efectos especiales VF en el Perú. Hizo trabajos para la televisión y el cine, entre otros en “Cementerio general”, “Aj! zombies”, “Django 3”, “La deuda”, “La restauración”  y “Canción sin  nombre”. Lamentablemente fue víctima del Covid19, y su situación se agravó, siendo internado de emergencia en la Clínica Maison de Sante, donde falleció el martes 26 de mayo. Debido a los gastos de su hospitalización, los familiares vienen realizando una campaña para solventar la deuda contraída*.


Pocos días antes se supo que el conocido actor Vicente Pold Gastelo Sosa por la misma enfermedad se encontraba con respirador mecánico en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local, gracias al apoyo de colegas y amigos que permitieron su internamiento luego de no poder ser ingresado en un hospital del Callao por estar sin capacidad, y ser rechazado en una clínica por no contar con los medios para sustentarla. Por suerte en su caso, la evolución ha sido favorable y ya se encuentra en recuperación, al igual que su hermano, internado en el Hospital Sabogal.   

Todos estos hechos se dieron enmedio de un sonoro escándalo en el Ministerio de Cultura por la reiterada contratación en tres años por un total de 175 mil soles de un desconocido artista como “motivador” solo por su cercanía a personajes en el poder.  Cuando después de más de sesenta días en emergencia por la pandemia, con el reclamo angustiado de los artistas sin trabajo, y siendo observados por la Contraloría por carecer de una base de datos confiable de su sector, recién se aprueba un Decreto de Urgencia para destinar 50 millones de soles a artistas e instituciones culturales**, pero que recién se ejecutará en los tres meses siguientes, luego que sea aprobado elreglamento, para la quincena de junio. Hay que señalar que los mecanismos de “amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos generados por la emergencia sanitaria” que establece el Decreto, se divide en apoyos económicos a favor de personas naturales y jurídicas, y adquisición de contenidos culturales.


La ministra saliente, la décimo tercera en su cargo desde la creación de la cartera hace diez años, y la sexta en lo que va del gobierno de Vizcarra, en una de las últimas declaraciones manifestaba su desazón por la burocracia, y que estaban haciendo lo posible por hacer “súper rápido” la entrega de esta reclamada ayuda. Se equivocaba de forma gruesa al decir que la estadística del impacto económico de la cultura en el país se habían quedado en los tiempos del anterior INC, lo que no es cierto como lo prueban una serie de documentos y portales emitidos por el Ministerio en estos años. Sin embargo esa importante data no era la que se necesitaba para la ayuda, sino algo más simple y concreto como un censo del sector, que debió tenerse desde antes, o inmediatamente implementarse con la emergencia, con el apoyo de los gremios, donde los hubiere. 

La crisis sanitaria y económica ha puesto de manifiesto, como no podía ser de otra manera, la enorme precariedad del sector cultura, desde una institucionalidad ancha y ajena hasta el último artista y trabajador olvidado en sus diversas áreas. Entre otros muchos vacíos de una política cultural inexistente a nivel general de Estado, como del propio Ministerio de Cultura, encargado de elaborarla e implementarla, está la falta del entendimiento de la labor de los que trabajan en las industrias culturales, que no es solo un asunto de productores y empresarios.

El bono y los apoyos económicos para la emergencia son necesarios, pero son solo paliativos. Los trabajadores,no colaboradores, demandan derechos laborales como cualquier otro trabajador, pero que siguen siendo regateados, incluso de la legislación promotora como la Ley de Cine, y una Ley del Artista, recortada y envejecida. Hasta ahora poder contar con seguro social y de atención médica, pensión de jubilación y posibilidades de negociación colectiva como la tiene otro gremio de características similares en cuanto a la eventualidad del trabajo, que es Construcción Civil; sigue siendo todavía una asignatura pendiente para muchos trabajadores audiovisuales y artísticos peruanos, lo que sabe muy bien el Sindicato de trabajadoras y trabajadores del audiovisual y cinematografía Perú (SINCA), y el Sindicato de Artistas e Intérpretes Peruanos (SAIP).

Ahora que se anuncia un lento aunque inevitable retorno a las actividades laborales en el sector, es más que nunca necesario que en las futuras producciones de cualquier tipo, los artistas y técnicos sean considerados y recompensados como se merecen y con estrictos controles de bioseguridad por parte de los ministerios de Trabajo y Salud (que no sean tan laxos como los que se aplican para los servicios de delivery por aplicativos). Nadie quiere más pérdidas dolorosas, ni endeudamiento de trabajadores y sus familias por razones de salud, por más campañas y esfuerzos solidarios que se lleven a cabo. Si no empezamos a respetar la vida humana por delante de todo ¿de qué tipo de cultura estamos hablando? 

NOTAS

*Cualquier apoyo a nombre de Samuel Alfonso Camacho Castro, con cuenta del BCP N° 193-37343542-0-48, y CCI: 002-19313734354204814.

**En el Decreto Supremo N°058-2020, que aprueba “mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19”, se menciona en el artículo 8, inciso d) de beneficiados por el apoyo económico a las Salas de Cine. Sí, las mismas que no apoyan la exhibición del cine peruano no comercial, y que han puesto a sus trabajadores en situación de “suspensión perfecta de labores”. 

domingo, 8 de marzo de 2020

El limbo del cine peruano

Por Christian Wiener Fresco 

En las últimas semanas toda la discusión sobre el cine peruano se ha limitado al posible ingreso de la trasnacional Netflix para producir en el Perú. Por supuesto que es muy importante que se abran nuevos espacios para la producción y difusión del cine nacional, pero también sería muy ingenuo suponer que estas nuevas plataformas digitales de video por demanda van a solucionar los problemas e insuficiencias del cine nacional que llevaron a que en diciembre del año pasado se emitiera un Decreto de Urgencia como corolario a la salida del ministro Francesco Petrozzi en Cultura.

Sin embargo esta mueva ley no estaba tan alejada del ingreso de Netflix y otras empresas de ese rubro en el país, en especial si revisamos lo relacionado a los nuevos requisitos que se demandan para calificar una obra como peruana, dónde no solo se reduce la cuota de trabajadores artísticos y técnicos, del mínimo de 80% establecido en la Ley 26370 a un genérico “mayoritariamente de equipo de personas de nacionalidad peruana y/o extranjeros que residan en el país”, sino que se ha eliminado toda mención al porcentaje en el monto de las remuneraciones para el personal nacional, en relación a los extranjeros. Reducción de mínimos derechos para los trabajadores peruanos que contemplaba la Ley dada incluso en los tiempos de Fujimori, para facilitar la deslocalización, el aprovechamiento de los productores con más poder económico y la perpetuación del viejo clásico del cholo barato para el mercado internacional.

Otro punto que parecía pensado para este nuevo espacio es el régimen de incentivos fiscales para la promoción cinematográfica enunciado en el capítulo III del Decreto de Urgencia N° 022-2019, que según el propio ministro Petrozzi iba a permitir apoyar el cine comercial. Sin embargo resultó al final bastante limitado, al restringirse a donaciones de asociaciones sin fines de lucro (que podrán deducir hasta el 10% como gasto para la determinación del impuesto a la renta). Lo curioso es que según el mismo decreto esta ayuda solo podría comprender “fines culturales”, faltando todavía que el Ministerio de Cultura defina en un próximo Decreto Supremo que entiende y cuáles son los alcances del mismo.   

A todo esto ¿en qué situación se encuentra el DU 022-2019, también conocido como Decreto Petrozzi de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual peruana? Al parecer se encuentra en una especie de limbo jurídico, luego que fue promulgado fuera de la competencia parlamentaria. Por de pronto, la Comisión Permanente del Congreso, que se instaló luego de la disolución, aprobó por mayoría a fines de enero de este año un informe donde pide observar por inconstitucional dicho decreto. Al margen de la opinión que tengamos de los ahora ex congresistas, lo cierto es que sus observaciones no apuntaban tanto al fondo del tema sino a la forma de procesarla, y ya sabemos que en materia legal eso es muy importante.

Ellos señalaron que esta norma no cumplía con los criterios de excepcionalidad y necesidad  establecidos para un Decreto de Urgencia, es decir que no había ninguna urgencia real que lo motivara, lo que se desprende de una lectura desapasionada de los considerandos del Decreto sobre la situación del cine nacional. Además, contradicciones entre el MEF y la SUNAT sobre aspectos tributarios de la Ley, también contribuye a la confusión gubernamental. Por cierto que la opinión de estos señores es regresar al proyecto que se quedó pendiente de segunda votación en el fenecido Congreso, y que incluía una clausula censora como lo advertimos en su oportunidad, lo que expresa un juego sucio, porque ellos mismos fueron los que se opusieron a que se tema se resolviera en su momento.

Mientras tanto desde el Ministerio de Cultura aseguran que todo es normal, y que el decreto de fin del año pasado esta plenamente vigente, y en vías de su reglamentación. No obstante, a pesar que el propio DU dice en su disposición complementaria final número nueve que entra en vigencia a partir de su publicación, lo cierto es que todo parece seguir igual que antes. Es el caso, por ejemplo, de la exhibición comercial, que según el artículo 19 del DU debería formalizarse  mediante documento contractual, lo que no se ha cumplido, perpetuándose las dificultades del cine peruano no abiertamente comercial para acceder, y mantenerse en la exhibición comercial, ya que la sola suscripción de contratos desiguales entre exhibidores y productores-distribuidores, aun si se realizarán, está lejos de resolver. Otro de los varios asuntos por resolver es la confusa creación de una “Cinemateca Peruana” sobre los archivos del Ministerio de Cultura, fruto de las idas y vueltas e indefiniciones de los funcionarios al respecto, que sigue todavía por aclararse en referencia al material en custodia en la Filmoteca PUCP, y lo que es más importante, el proyecto de Cinemateca Peruana en el Cusco, considerado emblemático para las celebraciones del bicentenario.

Lo único claro es que los nuevos congresistas tendrán que tomar el toro por las astas y dar la última palabra, si quieren marcar la diferencia. Lo recomendable es que desechen las soluciones extremas y fáciles, como encarpetar el decreto o aprobarlo tal cual, y empujen más bien la dación de una verdadera ley de cine amplia e integral, que apoye a todos los sectores y actores de la actividad, incluyendo a los trabajadores así como el cultural y el respeto del patrimonio audiovisual, con la participación democrática de todas las voces y sectores (y no solo de los funcionarios del Ministerio de Cultura). Sí, hay urgencia para apoyar nuestro cine, pero no solo en función de los intereses y necesidades de unos cuantos, sino de todos, para quienes se hacen y preservan las películas, en otras palabras el público peruano y porque no, también mundial.