miércoles, 6 de septiembre de 2017

Nueva ley para que todo siga igual

por Christian Wiener Fresco



Cuando hace algunas semanas el Ministerio de Cultura puso en circulación el anteproyecto de nueva Ley de Cine elaborado con la participación de los gremios del sector, fuimos varios los que expresamos públicamente nuestro punto de vista, saludando sus avances fundamentalmente económicos, pero cuestionando las carencias y sobretodo ausencias de una visión integral de nuestra cinematografía. En particular, y más allá de algunos puntos concretos, señale en una nota inicial que no encontraba que esta propuesta plantease nuevos rumbos para el cine nacional, como en su momento lo hicieron la 19327 o la 26360. En otras palabras, y más allá de insistir en la posible creación de un fondo financiado por la propia actividad cinematográfica, no se encontraba mayores y sustanciales modificaciones al marco legal actual, igualmente centrado en los concursos y en el apoyo al cine casi exclusivamente destinado a  la producción, con prescindencia de su destino posterior, la exhibición, así como su posterior preservación. 



Pero he aquí que ahora nos venimos a enterar que el proyecto final del Ejecutivo, el que habría sido aprobado en la PCM y fue anunciado por el Ministro para ser enviado al Legislativo, dista bastante de lo que presentó en mayo el Ministerio.  Para empezar, y otra vez por obra y gracia de los ultra neoliberales del MEF –recuerden la frase de uno de sus altos funcionarios el 2011: “De cultura nadie se muere”- se descartó la creación de un fondo con los recursos de una parte del impuesto municipal a las entradas de cine, que es una vieja demanda de los cineastas y de los propios exhibidores y distribuidores desde el 2001, cuando se percibió  que ese tributo ya no tenía mayor sentido con la aplicación del IGV, y la eliminación de las obligaciones municipales con respecto a las salas de cine que en pasado existían. Es lo que se aplica, de otro lado, en países como Argentina y Colombia, con los resultados exitosos que todos alaban.

Se dice que los funcionarios del MEF habían demandado un costoso estudio de sus colegas de la Universidad del Pacífico  para ver la incidencia económica de la actividad cinematográfica nacional y su posible crecimiento con el aporte de este fondo. ¿No hubiera sido tan o más importante un estudio sobre la incidencia de ese impuesto en los municipios que lo reciben y su justificación legal y práctica, más allá de la costumbre?

Entonces, ¿cuál sería el gran cambio con respecto a la ley actual? El aumento del presupuesto para los concursos de 2008 a 6000 UIT. Que es significativo e importante, nadie lo duda, pero no significa ningún cambio, ya no hablemos de propuestas, sino incluso en cuanto al origen y sostenibilidad de los fondos de la 26370. Y por supuesto comporta –y hasta aumenta- las debilidades que conlleva la legislación vigente, que por años fue incumplida por los sucesivos gobiernos, y que sin mucho esfuerzo, cuando se requiera recursos rápidos para un Estado siempre carente de los mismos, volverá a recurrir a esta solución. Con la pérdida una vez más de la posibilidad de contar con un fondo para el cine peruano, nos volvemos a preguntar ¿para qué proponer una nueva ley? ¿No sería más realista y practico hace algunos reajustes a la actual, como fue en su momento con la 29919?

Más aún cuando los otros tímidos avances que contenía el proyecto presentado por el Ministerio como lo del mínimo de mantenimiento para las películas nacionales que se exhiban en las salas cinematográficas, han sido también desestimado por indicación del MEF, y ni hablar de la posibilidad, siquiera remota, de la cuota de pantalla. Con todo lo cual mejor parece ser que nos quedemos con la Ley actual –con su aumento incluido- ya que cuando menos en su texto se menciona los porcentajes de trabajadores y remuneraciones que deben corresponder a una película peruana, así como a los festivales y la educación cinematográfica en secundaria; que aunque declarativos, es preferible al silencio al respecto de la nueva propuesta legal. Silencio que también se extiende a los temas de la Cinemateca y de la Film Commission, entre otros, como ha sido señalado en varios de los artículos que se publicaron sobre ese texto inicial.


Urge por tanto un pronunciamiento de los gremios cinematográficos nacionales al respecto.  Es momento de definiciones sobre lo que se busca y demanda para el cine nacional. Más allá del camino de la Ley, que se definirá en el Congreso y la opinión pública, es imprescindible conocer porque se lucha y que se quiere lograr, que no debiera estar solo en función a los intereses circunstanciales de los cineastas sino que responda a la demanda de la sociedad y su población, para quienes a fin de cuentas deben ser los productos culturales y su legado.  

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