por Christian Wiener Fresco
Cuando hace algunas semanas el Ministerio de Cultura
puso en circulación el anteproyecto de nueva Ley de Cine elaborado con la participación
de los gremios del sector, fuimos varios los que expresamos públicamente nuestro
punto de vista, saludando sus avances fundamentalmente económicos, pero cuestionando
las carencias y sobretodo ausencias de una visión integral de nuestra
cinematografía. En particular, y más allá de algunos puntos concretos, señale en una nota inicial que no encontraba que esta propuesta plantease nuevos rumbos para el cine nacional, como en su momento lo hicieron la 19327 o la 26360. En otras palabras, y más allá de insistir en la posible creación de un fondo
financiado por la propia actividad cinematográfica, no se encontraba mayores y
sustanciales modificaciones al marco legal actual, igualmente centrado en los
concursos y en el apoyo al cine casi exclusivamente destinado a la producción, con prescindencia de su destino
posterior, la exhibición, así como su posterior preservación.
Pero he aquí que ahora nos venimos a enterar que el proyecto final del Ejecutivo, el que habría sido aprobado en la PCM y fue anunciado por el Ministro para ser enviado al Legislativo, dista bastante de lo que presentó en mayo el Ministerio. Para
empezar, y otra vez por obra y gracia de los ultra neoliberales del MEF –recuerden la frase de uno de sus altos funcionarios el 2011: “De cultura nadie se muere”-
se descartó la creación de un fondo con los recursos de una parte del impuesto
municipal a las entradas de cine, que es una vieja demanda de los cineastas y
de los propios exhibidores y distribuidores desde el 2001, cuando se percibió que ese tributo ya no tenía mayor sentido con
la aplicación del IGV, y la eliminación de las obligaciones municipales con
respecto a las salas de cine que en pasado existían. Es lo que se aplica, de
otro lado, en países como Argentina y Colombia, con los resultados exitosos que
todos alaban.
Se dice que los funcionarios del MEF habían demandado
un costoso estudio de sus colegas de la Universidad del Pacífico para ver la incidencia económica de la
actividad cinematográfica nacional y su posible crecimiento con el aporte de
este fondo. ¿No hubiera sido tan o más importante un estudio sobre la
incidencia de ese impuesto en los municipios que lo reciben y su justificación
legal y práctica, más allá de la costumbre?
Entonces, ¿cuál sería el gran cambio con
respecto a la ley actual? El aumento del presupuesto para los concursos de 2008
a 6000 UIT. Que es significativo e importante, nadie lo duda, pero no significa
ningún cambio, ya no hablemos de propuestas, sino incluso en cuanto al origen y
sostenibilidad de los fondos de la 26370. Y por supuesto comporta –y hasta
aumenta- las debilidades que conlleva la legislación vigente, que por años fue
incumplida por los sucesivos gobiernos, y que sin mucho esfuerzo, cuando se
requiera recursos rápidos para un Estado siempre carente de los mismos, volverá
a recurrir a esta solución. Con la pérdida una vez más de la posibilidad de contar
con un fondo para el cine peruano, nos volvemos a preguntar ¿para qué proponer una
nueva ley? ¿No sería más realista y practico hace algunos reajustes a la
actual, como fue en su momento con la 29919?
Más aún cuando los otros tímidos avances que contenía
el proyecto presentado por el Ministerio como lo del mínimo de mantenimiento para
las películas nacionales que se exhiban en las salas cinematográficas, han sido
también desestimado por indicación del MEF, y ni hablar de la posibilidad,
siquiera remota, de la cuota de pantalla. Con todo lo cual mejor parece ser que
nos quedemos con la Ley actual –con su aumento incluido- ya que cuando menos en
su texto se menciona los porcentajes de trabajadores y remuneraciones que deben
corresponder a una película peruana, así como a los festivales y la educación
cinematográfica en secundaria; que aunque declarativos, es preferible al silencio
al respecto de la nueva propuesta legal. Silencio que también se extiende a los
temas de la Cinemateca y de la Film Commission, entre otros, como ha sido
señalado en varios de los artículos que se publicaron sobre ese texto inicial.
Lo más grave es sin embargo la desinformación que rodea el asunto, pues los mensajes de los funcionarios del Ministerio de Cultura resultan confusos y contradictorios (se habla incluso de destinar parte del presupuesto a otras industrias culturales como el teatro, literatura o fonografía), omitiendo lo principal, que es poner en conocimiento de la comunidad
cinematográfica y la opinión pública lo aprobado por el Poder Ejecutivo. Todo ello en medio de una agresiva campaña mediática de los sectores neoliberales y los trolls fujimoristas para deslegitimar cualquier tipo de ayuda del Estado a lacultura y el cine, con los consabidos epítetos de caviares”, “rojimios”, “mercantilistas”, “argolleros” y hasta “sobones”. ¿Pero
como defender lo que no se conoce?
Urge por tanto un pronunciamiento de los gremios
cinematográficos nacionales al respecto. Es momento de definiciones sobre lo que se
busca y demanda para el cine nacional. Más allá del camino de la Ley, que se
definirá en el Congreso y la opinión pública, es imprescindible conocer porque
se lucha y que se quiere lograr, que no debiera estar solo en función a los
intereses circunstanciales de los cineastas sino que responda a la demanda de
la sociedad y su población, para quienes a fin de cuentas deben ser los
productos culturales y su legado.
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