lunes, 2 de diciembre de 2019

Urgencias cinematográficas

por Christian Wiener Fresco



Cada vez con mayor fuerza se escucha que el Ejecutivo estaría preparando aprobar como Decreto de Urgencia el proyecto de nueva Ley de Cine que se quedó congelado para segunda votación en el disuelto Congreso.  La iniciativa ya habría sido presentada en el Consejo de Ministros por el titular del sector, Francesco Petrozzi, y se asegura que la reciente remoción del Presidente del directorio de IRTP, Hugo Coya, no sería ajena a esta movida política legal. Eso porque la salida del funcionario fue un pedido político de Palacio, a lo accedió sin mayores problemas el Ministerio, no obstante que en la misma semana el canal del Estado había emitido un grisáceo y burocrático informe sobre la premiación de cineastas y sectores de la cultura en el Gran Teatro Nacional, centrado en el ministro, y censurando las pancartas y gritos de “Fujimori, nunca más” y los reclamos por la Cinemateca peruana y la Cuota de Pantalla.


Aunque se desconoce el texto final por promulgarse, fuentes informadas aseguran que es muy posible que se retire lo consignado en el artículo IV de las Disposiciones Generales referente a las condiciones que según la Ley califica a una obra cinematográfica y audiovisual como peruana, donde se incluía que no podían participar de los beneficios de la Ley, con evidente intención censora: “las obras que vulneren o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”. Si fuera así, saludamos la muy necesaria rectificación por el bien de la libertad de expresión, base de cualquier cinematografía, aunque sería bueno que se aclare como de la noche a la mañana se puede eliminar una supuesta exigencia del MEF, según los propios funcionarios del Ministerio, que antes parecía imposible.[1]

Lo que si se mantendrían son las otras modificaciones añadidas en el texto sustitutorio final discutido en mayo de este año en el Congreso (que ni los parlamentarios estaban enterados) como el cambio del porcentaje del presupuesto asignado para los cineastas regionales del 40 al 30% (Artículo 3, capítulo 1) y el poder que la norma asigna, más que al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, como se puede colegir de la lectura de los artículos 4 y 5, sobre los estímulos económicos y concursables, y el artículo 7 referente a los apoyos económicos proveniente de donaciones. Como lo señalamos en su momento, y lo reiteramos ahora ¿Por qué la mención de una dirección de línea en el marco de una Ley que debe referirse solo a lo general? Hay que tener mucho cuidado con la concentración del poder, con mayor razón cuando hay tanto dinero de por medio.

Por supuesto, se busca destacar la propuesta de Petrozzi de fomentar las donaciones de las personas naturales y jurídicas que puedan ser deducidas como gasto para efecto del impuesto a la renta. Lo que sería muy beneficioso para las productoras que logren interesar a las grandes empresas, seguramente con temáticas que tengan potencial de amplia visibilidad comercial, aunque limitada porque no permite deducir igualmente de las inversiones como se da por ejemplo en Colombia, de donde se toma este modelo, además de la República Dominicana. Ello se complementaría con la flexibilización de los requisitos laborales y nacionalidad para técnicos y artistas peruanos, supuestamente para atraer la coproducción equiparándonos a otras cinematografías de la región.

En cuanto a la cuota de pantalla y mínimo de mantenimiento, que se ha revelado urgente en las últimas semanas con el maltrato recibido por varios estrenos peruanos en las salas comerciales,  todo seguiría igual. Es decir, nada. Solo la ilusión del contrato privado que, como se sabe, nadie cumple, y en especial quien tiene la sartén por el mango, es decir los exhibidores. Por otro lado, de, mantenerse el texto último del proyecto, sería una burla eso de designar a los actuales archivos del Ministerio como “Cinemateca Peruana”, como si poniéndole un nombre mágicamente se transformaría en la institución que pueda recuperar, registrar, preservar y difundir toda la memoria  audiovisual del país. Adicionalmente, ¿cómo queda el proyecto de la Cinemateca Peruana que se está discutiendo para crear en el Cusco, y que ha sido calificado por el propio Ejecutivo como emblemático para el Bicentenario?  

Finalmente la decisión de sacar el Decreto de Urgencia, para algo que no es tan urgente,  puede ser arriesgada, porque se desconoce cuál será la composición política del próximo Congreso, cuya primera tarea será revisar los decretos de urgencia que se promulgaron desde el Ejecutivo luego de la disolución de fines de septiembre. Y si los fujimoristas y sus satélites y compañeros de ruta logran una mayoría (que nadie desea, pero no se puede descartar) no es difícil imaginar que por pura venganza política se tiren abajo los decretos de Vizcarra, empezando por el referido a cine, al que ya le agarraron ojeriza, y con mayor razón luego de las voces de protesta en la última ceremonia de premiación. El resultado sería que el cine peruano se quedaría sin ninguna ley, porque la actual, con todos sus bondades, pero también defectos y limitaciones, ya habría sido derogada previamente al entrar en vigencia el decreto de urgencia, con lo que se perdería soga y cabra, por no saber esperar y abrir el dialogo, como debió ser desde un principio.   



[1] En este tema de la censura va a quedar el baldón de todos los gremios de cineastas que se quedaron en silencio todo este tiempo, no sabemos si por acomodo o cobardía, incluido también a la que representa a  los críticos. La historia los juzgará  

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