Ley de Cine ¿episodio final?

Por Christian Wiener Fresco

Esta semana podría definirse en segunda votación en el Congreso el destino de la tan zarandeada Ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual impulsada por el Ministerio de Cultura y los gremios cinematográficos. Aunque en nuestro Perú nunca se sabe lo que puede pasar, es de esperar que la norma sea finalmente aprobada a pesar de los reclamos histéricos en contra, realmente oligofrénicos, de cierto neoliberalismo periodístico, y la ignorancia supina y sangre en el ojo de  buena parte de los congresistas anaranjados.

Sin embargo el sabor que deja el texto final, aun sin los cambios de última hora realizados para el texto sustitutorio por los funcionarios de la DAFO del Ministerio de Cultura, es bastante agridulce. Porque es innegable que resulta un avance significativo en cuanto a recursos y posibilidades de inversión frente a la legislación actual, pero más allá de ello no se diferencia mucho de la anterior, manteniendo el mismo modelo central anclado en los concursos,  dependiente del siempre frágil presupuesto fiscal, y sin mayor modificación en cuanto al destino de las producciones, al evitar legislar en los picantes pero decisivos asuntos de la distribución y exhibición comercial, así como otras muchas ausencias ostensibles, más allá de lo declarativo (preservación, formación, film commissión) y retrocesos peligrosos, como en el campo de la protección de los derechos laborales de los peruanos en el sector.    

Viendo en retrospectiva todo el largo proceso de gestación de este último proyecto de Ley desde hace casi siete años, da la sensación que en el camino se fue cambiando y aligerando tanto que al final resulta casi irreconocible, a pesar que quiere proponerse para todo el ámbito no solo cinematográfico sino audiovisual del país. Es cierto que para su aprobación tuvo que concordarse con la valla siempre alta de la ortodoxia neoliberal del MEF, que se negó de plano a admitir la creación de un fondo con financiación propio como existe en países con regímenes económicos similares, caso Colombia. Pero la decisión de incluir la cuota de pantalla o el mínimo de mantenimiento para la exhibición de las películas peruanas en salas si pudo haberse gestionado, amparado, en los propios acuerdos del TLC que el Perú firmó con los Estados Unidos, y en correspondencia a la que ya existe por Ley en el campo de la radio y la televisión. El resultado es que seguiremos más o menos en lo mismo, y como actualmente sucede con el estreno de “Retablo”,  haciendo campañas desesperadas en medios y redes para que una película peruana pueda estrenarse y mantenerse en la cartelera de los cines de su propio país.

Fue también decisión de los funcionarios del  Ministerio de Cultura dejar de lado en aras del pragmatismo lo referente a la Film Commission, la Cinemateca Peruana y el peliagudo encargo de la formación profesional y de público, postulando que sería abordado en futuras leyes específicas, lo que suena bien poco realista en un país tan poco institucionalizado y previsible como el nuestro. Porque si tanto cuesta obtener la aprobación de una primera legislación, es harto difícil creer que pueda incluirse hasta dentro de bastante tiempo otro norma que haga referencia al cine o el audiovisual en el país (¿en que quedó la anunciada Cinemateca Peruana para el bicentenario en Cusco, y como quedaría con el archivo actuañ del Ministerio al que la Ley denomina de la misma manera?) 
 

Queda claro que la opción tomada fue priorizar la producción y sus necesidades económicas urgentes, pero no únicas. Por eso se flexibiliza los requisitos laborales para técnicos y artistas nacionales, supuestamente para atraer la coproducción equiparándonosa otras cinematografías de la región (allí si los copiamos), y como si ya no existiera en la propia Ley otro artículo que desde antes las exceptuaban de estos requisitos. El gran logro del congresista Petrozzi, fue agregar otra fuente de financiamiento directo al establecer que las donaciones de las personas naturales y jurídicas puedan ser deducidas como gasto para efecto del impuesto a la renta. Lo que puede representar un aporte importante para las productoras que logren interesar a las grandes empresas, seguramente con temáticas que tengan potencial de amplia visibilidad comercial, aunque limitada porque no permite deducir igualmente de las inversiones como se da por ejemplo en Colombia, de donde se toma este modelo, además de la República Dominicana.

Lo que si no debería dejarse de lado es la corrección de los cambios de última hora introducidos al texto, que terminaron sorprendiendo a más de uno, como lo advertimos en un texto anterior. Nos referimos por un lado al porcentaje del presupuesto para el cine regional, donde lo justo sería mantener el acuerdo establecido en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso con los gremios de cineastas regionales de destinarles no menos del 40%, porque las urgencias y necesidades de desarrollo a todo nivel humano y técnico en el interior del país son mucho mayores que en la más cosmopolita y solvente capital. También a los dispositivos que derivan varias responsabilidades de la Ley a un organo de línea del Ministerio, lo que debiera ser materia del reglamento. Y por supuesto, el retiro inmediato del párrafo censor inserto en el artículo IV de las disposiciones generales, que dice que no puede beneficiarse de las medidas contenidas en la presente ley “las obras que vulneran o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”. El argumento de que se trataría de una exigencia del MEF para impedir la participación de los que hicieron mal uso de la Ley no se sostiene, porque lo que estarían impedidos son personas, naturales o jurídicas, y no obras, y porque además el proyecto cuenta en su título II con un extenso régimen de fiscalización, infracciones y sanciones precisamente para quienes pudieran infringirlo.

Llama la atención sin embargo el silencio hasta el momento de los gremios sobre el tema, a más de una semana que lo hiciéramos público, frente a la reacción que tuvieron cuando la congresista Melgarejo trato de introducir una clausula sobre la “apología del terrorismo” en la Ley. ¿Acaso no se dan cuenta que es casi lo mismo, con otras palabras, y todavía de alcance más amplio? Terrible cuando se flexibilizan los principios de la actividad artística y cultural en función a los objetivos inmediatos económicos, así sean muy atractivos.

 
Pero como se dice en muchas películas al final, esta historia continua…