Ley de cine: esperando la segunda vuelta

Por Christian Wiener Fresco

El flamante Ministro de Cultura, el séptimo en lo que va de este gobierno, ¿será finalmente quien logre la nueva Ley de Cine? Recordemos que todos sus antecesores en el cargo prometieron en su momento conseguirla. Pero hasta el momento sigue en suspenso en el Congreso, pendiente de una segunda y definitiva votación del pleno.

El arqueólogo Luis Jaime Castillo, sin embargo, no es alguien ajeno al sector, pues fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales durante la gestión de Diana Álvarez Calderón en la segunda mitad del gobierno de Ollanta Humala. Por lo que se le conoce de su paso por el cargo, no parece una persona muy interesada en estimular las Industrias Culturales, ni siquiera en lo que a la conservación y patrimonio se refiere (por ejemplo la tan anhelada Cinemateca Nacional), si ello implica entrar en conflicto con las políticas del MEF.

Es bueno recordarlo porque, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, sin una voluntad política real de apoyo a la cultura al más alto nivel, resulta muy difícil y precario tratar de sacar adelante leyes y apoyos oficiales duraderos en un contexto de polarización política y social. Eso se ha visto en las últimas semanas, donde más allá de las gestiones y esfuerzos de los funcionarios encargados de aplicar la norma, carecieron del necesario respaldo a nivel ministerial y del propio gobierno en su conjunto, como si fuese un tema ajeno a ellos, pese a tratarse de una iniciativa emanada de un proyecto presentado al Congreso por el Ejecutivo.

Del Congreso dominado por la mayoría fujimorista no hay mucho que sorprenderse, Sabemos de su nulo interés y hostilidad por todo lo que sea cultura que no pueda aprovecharla a su favor, con expresiones demagógicas y asociación antojadiza del cine peruano con la para ellos ‘sensibilidad caviar’,  que en su limitado vocabulario es casi sinónimo de terruco. Todo ello simbolizado en la figura del Primer Ministro Salvador del Solar, a quien acusan de querer promover leyes con nombre propio, porque, claro, el ladrón siempre cree que todos son de su misma condición.

Por eso mismo, decíamos, si el gobierno estaba realmente interesado en llevar adelante este proyecto como expresión de su política cultural se requería de expresiones firmes ante el Congreso y la opinión pública, como se ha hecho en otros temas. No ha sido así, prefiriéndose la negociación a puertas cerradas con los sectores reacios y hostiles a la propuesta, dejándola finalmente en ‘stand-by’ a pedido de su principal mentor parlamentario, el exfujimorista Francesco Petrozzi, que planteó postergar la segunda votación para la próxima legislatura para evitar una votación adversa que llevara todo el proceso a fojas cero.

Lo realmente preocupante es hasta donde serán capaces los funcionarios del Ministerio de Cultura, y de los gremios de cine que lo siguen, de ceder ante las fuerzas oscuras del Congreso con tal de conseguir el anhelado presupuesto, que es la principal motivación de la propuesta legislativa. Ya no hablemos de todo lo que se ha renunciado en este largo proceso, desde la Cinemateca Nacional, la Escuela de Cine o la Film Commission,  pasando por la Cuota de Pantalla y el Mínimo de Mantenimiento (luego de lo sucedido con los estrenos de “Los helechos” y “Prueba de Fondo”), los derechos de los artistas y técnicos peruanos, hasta la posibilidad de conseguir un fondo realmente autónomo y estable de la propia taquilla, y no dependiente del tesoro público que, como la reciente experiencia en Chile con el BancoEstado ha demostrado, al igual que en México, y en el propio caso peruano también con la ley actual durante tantos años, es siempre frágil e impredecible en tiempos de austeridad fiscal, aun cuando este escrito en leyes. 

Al parecer, el artículo censor que veta la participación en los beneficios de la Ley de las obras “que vulneren o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”; que apareció en la última versión del proyecto votado, luego del famoso cuarto intermedio solicitado por la congresista Beteta, y que fuimos los primeros en alertarlo, fue introducido a pedido de congresistas de Fuerza Popular, lo que no es de extrañar, y es coherente con su trayectoria autoritaria y represiva. Pero lo que no queda claro es si fue un contrabando no consultado o resultado de un pacto fáustico. Abona a esta última hipótesis que otros cambios en el texto de última hora refuerzan el poder de los funcionarios del Ministerio de Cultura, como la modificación de lo relacionado al porcentaje del presupuesto para el cine regional, contraviniendo el 40% acordado en el Dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio y Cultural, así como el señalamiento explícito a la Dirección General  de Industrias Culturales y Artes en la toma de decisiones ejecutivas de la Ley sobre financiamiento y manejo tributario, casi al mismo nivel del ministro del sector. En todo caso, si fueron realmente sorprendidos por este párrafo amedrentador e inconstitucional, lo que corresponde sería propiciar su retiro inmediato y no aceptarlo de forma pasiva y silenciosa como hasta el momento.

En la dinámica congresal, los proyectos son siempre susceptibles de variantes, agregados y eliminaciones hasta el último momento, como se ha visto incluso en las modificaciones antes mencionadas. ¿Por qué no hacerlo en un caso tan ostensible e inaceptable como el artículo mencionado? En tiempo de revivales fascistas, caudillos autoritarios e intolerancias políticas y religiosas en todo el mundo, toda prevención contra la sombra de la censura es pertinente y necesaria, aun a costa de cualquier presupuesto. Se trata de un asunto de principios elemental, que un creador tiene que defender como esencia de su actividad, y no permitir que se abra, bajo ningún concepto o necesidad, la peligrosa puerta al control de contenidos con ropaje legal.

Cinemateca Nacional y burocracia

CINEMATECA NACIONAL: ¿Y DONDE ESTÁ EL INFORME ACERCA DE NUESTRO ACERVO AUDIOVISUAL ?

El primero de setiembre del año pasado, 2017, el entonces ministro de Cultura Salvador del Solar rubricó la Resolución Ministerial Nº 313-2017-MC que creaba el “Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza temporal, con el objeto de efectuar un análisis situacional del acervo audiovisual nacional y formular recomendaciones para la elaboración de una política de conservación, preservación y difusión del mismo”.

En la misma Resolución se señalaba que el “Grupo de Trabajo Sectorial” tenía un plazo de seis meses para producir un informe que diera cuenta de sus resultados y actos. “El plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será de seis (6) meses desde la emisión de la presente resolución.”

No es casualidad la creación de este Grupo de Trabajo Sectorial. Después de todo, no surgía de una inspiración iluminada y aparentemente tampoco de una decisión planificada: era mas bien una respuesta a una continua manifestación de descontento de parte del gremio cinematográfico ante la negativa manifiesta del Ministerio de Cultura de al menos iniciar las gestiones para crear una Cinemateca Nacional.

La creación del Grupo de Trabajo Sectorial, en el mejor estilo de manejo burocrático de un problema, le permitía al Ministerio “patear hacia adelante el problema” y acallar momentáneamente las críticas cada vez mas numerosas de los cineastas que de diferentes formas solicitaban que el Estado asuma una de sus funciones principales en el campo de la cultura: la defensa y preservación de nuestro patrimonio.

Estábamos así frente a una nueva maniobra que buscaba dilatar aún más un afán de solucionar una

necesidad fundamental de cualquier cinematografía que se precie de medianamente desarrollada. Las razones probablemente nunca las llegaremos a comprender ya que en este caso la entidad que debiera de ser la más preocupada de presentar propuestas las tiene bien guardadas.

Recapitulemos: Primero fue la teoría de las tres leyes (una ley de cine, una Ley de Cinemateca y otra de Film Comission). Segundo fue que no se incluía dentro del Anteproyecto de la Ley General de Cinematografía por que iba tener una ley aparte debido a las complicaciones burocráticas existentes para crearla. Tercero, se nos dijo que la creación era muy compleja por que implicaba ponerse de acuerdo con el Archivo General de la nación, IRTP y la Biblioteca Nacional, como si estas instituciones quedaran en Marte u alguna otra galaxia más lejana y no tuvieran directa vinculación con el Ministerio de Cultura. Cuarto al no existir más argumentos se busco la “solución” del Grupo de Trabajo Sectorial, recurriendo al tiempo y el olvido como santo remedio.

Como es sabido, de no mediar una adecuada conservación, las películas tienen un deterioro físico-químico manifiesto. El paso del tiempo, las condiciones de almacenamiento, el clima, principalmente la temperatura y la humedad, juegan muy desfavorablemente a su favor. Se convierten en una masa informe que emana un fuerte y desagradable olor ácido. Además ocupan espacio en casa y oficinas con la tremenda limitación que de no contarse con espacios y equipos adecuados (salas y proyectores) no se pueden ver (visionar como dirían ahora los huachafos). Es decir se convierten en objetos que estorban.

Sin embargo, las películas no solo tienen valor por su calidad artística, sino que además contienen mucha información. No solo las obras que con toda propiedad pueden ser calificadas de cinematográficas en mayor o menor grado sino, inclusive, la mas simple película familiar nos puede revelar muchas veces los usos y costumbres de una época, además de redescubrirnos lugares y/o personajes históricos. Mas allá de contarnos complejas historias que en su momento fueron parte del imaginario colectivo de nuestra nación y que muchas veces continúan siéndolo, el cine es memoria viva que contribuye a recuperar nuestra identidad. Y aunque no lo parezca, las películas son asimismo delicados objetos que de no cuidarse adecuadamente se pierden de manera irreparable, para siempre.

El 1 de marzo (hace ya un mes y 20 dias) venció el plazo que se autoimpuso el Ministerio para tener listo el informe y por lo tanto es totalmente pertinente preguntarnos ¿Dónde está? ¿Está ya listo? ¿Por qué no se publica de existir el mismo?

Por supuesto que no lo sabemos y quien sabe nunca lo conozcamos. Al menos la pagina web de la DAFO (Dirección del Audiovisual Fonografía y Nuevos Medios ) no menciona nada al respecto. Tan solo tuvimos noticias extraoficiales que en los ordenados archivos del Ministerio no encontraban los anteriores informes que voluntariamente habían hecho los cineastas respecto al tema, así que hubo que contactarlos y solicitárselos. Después de todo es material importante por la información contenida y que en gran medida viene a resolver parte del necesario informe que en algún momento los funcionarios tendrán que hacer para cumplir con el burocrático encargo.

Sin embargo, mas allá de que aparezca publicado o no el informe mencionado, y ojalá exista y pronto lo conozcamos, la reciente consulta realizada por la DAFO sobre los futuros concursos cinematográficos 2018 (y que por razones de extensión y complejidad abordaremos en otra nota) evidencian que no existe mayor voluntad por parte del Ministerio de Cultura de enfrentar el tema Cinemateca Nacional con el diseño de una seria Política de Conservación al respecto, la que a nuestro juicio debe de estar enmarcada dentro de una Política Cinematográfica mayor.

Para contentar a la platea, se prefiere más bien destinar una buena cantidad de dinero (750,000 soles) a lo que se ha denominado “Concurso Nacional de Proyectos de Preservación Audiovisual” que mas allá de la buena voluntad que los motiva, resultan siendo solo un paliativo a un tema que necesita una solución mayor: el de la pérdida sostenida de nuestros archivos cinematográficos.El Concurso, resulta la evidencia que se está escogiendo un tortuoso camino equivocado, tal como lo demuestran otras experiencias internacionales: el camino de la privatización de nuestro patrimonio fílmico.

Y por ultimo, porque no decirlo, se organiza un concurso donde al menos uno de los premios parece ya tener un ganador seguro (o tal vez dos). ¿Adivinen que Universidad será? Aunque ya sabemos la burocrática respuesta que se nos dará; como muchos también nos peguntamos ¿Por qué con esa cantidad de dinero no se sientan las bases de una Cinemateca Nacional?

Francisco Adrianzén Merino
Lima, 28 de abril 2018

La Ópera de las 6000 UIT

Por Christian Wiener Fresco

Aprovechando la distracción general por lo temas de la mega corrupción y el fútbol, y el escaso interés –salvo de los implicados- en los asuntos presupuestarios, la mayoría del Congreso de la República en los últimos días hirió de muerte a la todavía nonata Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano presentada por el Ejecutivo, al reducirle a la mitad el presupuesto propuesto para su ejecución anual, de 6000 UIT (algo más de 24 millones de soles) a 3000 (que es poco más de 12 millones de soles); manteniendo los mil UIT adicionales para las otras industrias culturales, tal como se propone en la formula legal.

Se ha dicho que esto parece una película de terror. No estoy tan de acuerdo, más bien lo veo como una comedia bufa, una tragicomedia de equivocaciones y esperpéntica, empezando por algunos parlamentari@s y sus expresiones contra el cine y la cultura nacional que los pinta de cuerpo entero lo que son y defienden.  Pero bueno, menos no se esperaba de la bancada fujimorista, donde su relación con la cultura es un imposible oxímoron. Allá los que alguna vez creyeron que uno de sus representantes iba a poder abogar por una ley de cine realmente para los cineastas y no para las transnacionales.

El problema de fondo fue advertido pero no se quiso hacer caso en su momento, y era que la propuesta final del Ejecutivo no pasaba de ser una prolongación, con más dinero, de uno de los talones de Aquiles de la actual ley de cine, su dependencia al siempre esquivo presupuesto de la república. No hacía falta ser adivino, bastaba simplemente revisar el pasado para ver lo imprevisible y precario de estos recursos, en especial en un país tan poco institucionalizado y con escaso conocimiento del potencial de las políticas públicas en cultura como inversión y no gasto por parte de los políticos de diferentes matices y tendencias.

 

Por eso los cineastas desde hace más de quince años insistieron en la necesidad de constituir un fondo con  los recursos del impuesto municipal a las entradas de cine, en la lógica del “cine financia al cine” que se aplica en otros lares. Era un dinero más predictible, que permitía constituir un fondo autónomo, y sin tantas contingencias políticas ni reclamos de recursos para otras funciones, que en este caso apuntan al área patrimonial en cultura. Planteamiento que ya había sido consensuado hasta con los distribuidores y exhibidores, que se beneficiaban con una reducción de su carga tributaria, y que fue presentado como propio por el Ministerio de Cultura en su primera versión del mes de mayo de este año.  Sin embargo el MEF, como ya es conocido, se opuso a esta posibilidad para no alterar su ortodoxia neoliberal, y para dar una salida al Ministro propuso que similar cantidad a la prevista sea asignada de forma directa del tesoro público, lo que ahora se pretende presentar como un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y los gremios de cineastas.

Los altos funcionarios de economía, supuestamente tan duchos en el manejo de la cosa pública ¿no previeron el desenlace congresal? A la ya mencionada indiferencia, cuando no hostilidad, a todo lo que suene a cultura del colectivo naranja que domina el parlamento, habría que agregar el  espíritu vindicativo contra las películas que no han dejado muy bien parado al gobierno de su líder, y la visible participación de prominentes actores y figuras mediáticas en protestas de “No a Keiko”. Y porque se la tienen jurada, allí los vemos tratando de montar un circo macartista para perseguir a los artistas que prestaron su rostro a la campaña contra la revocatoria municipal, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en la financiación de la misma.  

Eso sí, los fujimoristas no actuaron solos, colaboraron con ellos los que por acción u omisión no se opusieron a sus planteamientos, no defendieron ni denunciaron este recorte, y que al final terminaron votando conjuntamente el dictamen, ese sí “acordado”, del presupuesto 2018 (tal vez pudieron agregar que obedecía  “a un entendimiento en un clima de diálogo y consenso”, como se dijo a propósito del retiro del director del LUM)., Los únicos que levantaron la voz de protesta en este punto fueron los congresistas de izquierda, porque al resto, como de costumbre, la cultura les importa solo cuando les da notoriedad.

Lo peor es que por el pragmatismo con el que se manejó este proyecto, dónde lo único que parecía importar era el dinero que se iba a obtener, se sacrificaron otros asuntos importantes para lograr una verdadera ley de cine como la creación de la Cinemateca Nacional, de la Film Commissión y la educación audiovisual en los colegios, o el establecimiento de la Cuota de Pantalla, o cuando menos del Mínimo de Mantenimiento para garantizar el acceso y mantenimiento de las películas peruanas  no comerciales (o “independientes” según la sesuda congresista Chacón). Para no hablar de falta de definición sobre el apoyo al cine regional o la drástica reducción de los porcentajes y derechos de los técnicos y artistas peruanos en las producciones nacionales a beneficiarse de esta ley. Todos son temas que hemos desarrollado de manera exhaustiva en diferentes textos, y que se justificaban desde los gremios con la supuesta urgencia de lo económico, asegurando que lo otro se vería en leyes futuras. ¿Alguien puede creer ahora, luego de lo sucedido con el presupuesto de la nueva ley, que este Congreso va a gestionar alguna otra norma relacionada a la cinematografía peruana?

Lo cierto es que la nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano empieza con mal pie y exhibiendo sus debilidades, lo que ciertamente no nos alegra, pero tampoco sorprende. Y es que acá se erró tanto en el contenido como en la estrategia de promoción de la propuesta, enfocada a pesar de sus promesas inclusivas solo en los intereses de los productores y su preocupación en hacer más películas, aspiración legítima pero insuficiente para la población y la opinión pública, a la que más podía interesarle como logra ver esas películas, que puede sacar de ellas y de qué manera cambiaría eso parte de su vida y educación (de ahí la importancia estratégica del tema pedagógico y la Cinemateca como soporte). Precisamente estos días, con el encedido debate alrededor del estreno de la película sobre la paisana Jacinta y sus estereotipos racistas  y discriminatorios se pudo intervenir desde el sector proponiendo no la censura, inaceptable sea directa o velada desde cualquier punto de vista, o la reiteración de las críticas ya consabidas y académicas, con la posibilidad de visiones alternativas y artísticas desde nuestras películas documentales y de ficción sobre la mujer andina, mostrando porque si es importante construir una imagen propia de nuestro país y su gente a través del cine, tanto para el mercado externo como interno.

Esperemos por último que después de esta experiencia los gremios de cine entiendan que su misión no se debería limitar a ser actores secundarios o comparsas de las promesas y favores del Estado, sino más bien protagónicos en la lucha por una ley justa, integral y sostenible del cine peruano.      

Las pantallas son anchas y ajenas

por Christian Wiener Fresco

Hace unos días un nuevo estreno del cine peruano, “La luz en el cerro”, un thriller ambientado en el Cusco y dirigido por Ricardo Velarde fue retirado abruptamente de las salas de cine comerciales sin llegar a completar siquiera su primera semana de exhibición.

Como sabemos, esta película no ha sido la primera y probablemente tampoco la última que sea maltratada por querer estrenarse en su propio país. Esta situación se mantendrá mientras la autoridad se siga haciendo la vista gorda en este tema, no queriendo legislar al respecto para no chocar con la supuesta y sacrosanta “libertad de mercado”.

En la presentación que hizo el Ministro de Cultura el martes 7 de noviembre en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso para sustentar el proyecto de nueva ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano, mencionó como ejemplo de apoyo al cine el caso de Francia, pero se cuidó de señalar que su Estado no solo fomenta a sus cineastas económicamente, sino con garantías para la exhibición de sus películas, aun las más difíciles y experimentales, gracias a la cuota de pantalla. Por eso los galos encabezaron en los años 90 el movimiento por la excepción cultural en el campo audiovisual, para protegerse del monopolio avasallador de la cinematografía hollywoodense.

El caso de Corea del Sur, también mencionado por el ministro, es aún más emblemático, porque el gran desarrollo de su cinematografía y su reconocimiento internacional se explica en gran parte por la aplicación de una drástica cuota de pantalla desde los años 90, que logró consolidar un mercado propio de consumo en su población, el mismo que se vio obligado a disminuir –aunque no eliminar- luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el 2006.

Igual se podría decir en América Latina de Argentina o Brasil, por mencionar dos de las cinematografías más fuertes en la región, donde la cuota de pantalla es un elemento clave de sus legislaciones y factor central para la visibilidad de sus producciones.

En el Perú actual sin embargo de ese tema no se quiere ni siquiera hablar, como si mencionarlo fuera casi una herejía, un fantasma del pasado que mejor se exorciza con el silencio. Pensar que hace unos años se avanzó a plantearlo por primera vez en un texto legal para el cine peruano, aun con la salvedad de no ser obligatoria, y ese solo hecho desató la tormenta perfecta entre quienes cuestionaban su posible inaplicación contra los más que ya lo daban por hecho, y sentenciaban que eso iba contra la libertad del público (aunque en realidad de los empresarios) al supuestamente obligar a los peruanos a consumir su cine.

La cuota de pantalla es un mecanismo por el cual se asegura un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en los canales de televisión peruanos, cifra también estipulada para las estaciones radiales. Lo que la propuesta del Ministerio de Cultura, en conjunto con los gremios de cine, planteaba en el proyecto del 2012 era la posibilidad que la entidad oficial de la cinematografía, “teniendo en cuenta la infraestructura de salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año, podrá fijar anualmente políticas sobre porcentajes mínimos de exhibición de obras cinematográficas peruanas en cualquier medio o sistema correspondiente. Este porcentaje no debe superar el veinte por ciento (20%) del total de obras exhibidas a nivel comercial en el país durante el mismo período de tiempo.”   

El porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota, del 20%, no era una cifra arbitraria, sino que esta consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se cautela que hasta ese porcentaje nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual y específicamente cinematográfico (en el anexo II de Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios). Los negociadores peruanos que participaron de este acuerdo no consignaron esta salvedad por puro formulismo, fue una manera de asegurar una mínima soberanía en el manejo de las políticas públicas en materia cultural por el país.  

Pecan por tanto de ignorancia o mala fe todas las voces que hablan que la cuota de pantalla “obligaría” a los espectadores peruanos a ver su cine. No, aquí no se trata de imposiciones ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero si abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes blockbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. Y la mejor prueba es que en todos los países donde existe este mecanismo, no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

En el nuevo proyecto de ley se propone como gran solución que se suscriba un contrato entre las empresas exhibidoras y el titular de los derechos de utilización económica donde “se regulen las condiciones de estreno y la exhibición comercial de la obra”. Pero para quien conoce un poco del comercio cinematográfico sabe que todo eso no pasa de buenos deseos, porque nunca ellos han suscrito un contrato para exhibir una película, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo ya que la ley no establece ninguna posible sanción a su incumplimiento. Allí se revela la relación asimétrica que existe entre los productores y distribuidores nacionales frente al puñado de grandes cadenas exhibidoras asociadas a las distribuidoras norteamericanas, que pueden excluir cualquier título nacional que no les interese sin mayores consecuencias, a no ser alguna queja en redes sociales. Por lo demás, la actual ley, la 26370, ya preveía este tema de los contratos y como ha quedado demostrado en estos años, no sirvió de mucho, en realidad de nada.

La otra propuesta esbozada en el proyecto de nueva ley, la del fomento a la exhibición cinematográfica alternativa, suena atractiva en cuanto a impulso del cine cultural, pero difícilmente lograra tener el impacto que se demanda en el terreno comercial –si se quiere un cine mínimamente rentable- salvo que se generalice un circuito alternativo como las salas INCAA en Argentina. De otra manera, se estaría condenando al cine peruano a un gueto, lo que haría muy difícil su popularización, más allá de los títulos comerciales que no requieren mayor apoyo para su exhibición.

Adicionalmente la cuota de pantalla debe complementarse con el mínimo de mantenimiento, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores en una semana no sea retirada arbitrariamente de cartelera. Práctica muy común en el negocio cinematográfico, por presión de las distribuidoras trasnacionales, que tienen todos sus estrenos planificados internacionalmente, y donde cualquier película nacional o de otra procedencia que altera sus planes, es inmediatamente eliminada de la “libre competencia”, aun cuando haya tenido un comportamiento comercial exitoso en su semana de estreno. Lo que se trata es de garantizar que la película cumpla cuando menos su primera semana de estreno, como no sucedió “La luz en el cerro”, y que pueda seguir en circuito si alcanza un determinado número de espectadores. Eso implicará que el Ministerio de Cultura desarrolle una labor de fiscalización en este campo, supervisando los estrenos y desempeño comercial de las películas exhibidas en el país en cualquier medio o sistema. Y que la Ley contemple además, posibles sanciones para quienes lo incumplan, no como ahora donde todo el título de infracciones y sanciones está dedicado exclusivamente a los productores.

Lejos de restringir la libertad de elección, la cuota de pantalla permite una apertura y democratización de nuestras pantallas, y una libertad de opciones para todos los peruanos que actualmente estamos lejos de tener ante la “cuota de pantalla” que nos imponen desde afuera. Por el contrario, lo que se propone es un porcentaje muy minoritario en relación a toda la producción extranjera, en especial hollywoodense, que domina nuestro mercado como al resto del mundo, lo que implica que la negativa a aplicarla es más ideológica que realmente práctica.    

Culmino con un texto del INCAA sobre el punto, que me exime de mayor abundamiento sobre las razones de fondo que justifican esta medida: “Fundamentalmente, debe repararse en la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad económica, han conducido a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de una constante oferta de sus productos sobre las naciones con economías menos desarrolladas, favorecen la unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales. Ante este fenómeno el Estado debe asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y efectivamente de los bienes y servicios culturales propios.”