El limbo del cine peruano

Por Christian Wiener Fresco 

En las últimas semanas toda la discusión sobre el cine peruano se ha limitado al posible ingreso de la trasnacional Netflix para producir en el Perú. Por supuesto que es muy importante que se abran nuevos espacios para la producción y difusión del cine nacional, pero también sería muy ingenuo suponer que estas nuevas plataformas digitales de video por demanda van a solucionar los problemas e insuficiencias del cine nacional que llevaron a que en diciembre del año pasado se emitiera un Decreto de Urgencia como corolario a la salida del ministro Francesco Petrozzi en Cultura.

Sin embargo esta mueva ley no estaba tan alejada del ingreso de Netflix y otras empresas de ese rubro en el país, en especial si revisamos lo relacionado a los nuevos requisitos que se demandan para calificar una obra como peruana, dónde no solo se reduce la cuota de trabajadores artísticos y técnicos, del mínimo de 80% establecido en la Ley 26370 a un genérico “mayoritariamente de equipo de personas de nacionalidad peruana y/o extranjeros que residan en el país”, sino que se ha eliminado toda mención al porcentaje en el monto de las remuneraciones para el personal nacional, en relación a los extranjeros. Reducción de mínimos derechos para los trabajadores peruanos que contemplaba la Ley dada incluso en los tiempos de Fujimori, para facilitar la deslocalización, el aprovechamiento de los productores con más poder económico y la perpetuación del viejo clásico del cholo barato para el mercado internacional.

Otro punto que parecía pensado para este nuevo espacio es el régimen de incentivos fiscales para la promoción cinematográfica enunciado en el capítulo III del Decreto de Urgencia N° 022-2019, que según el propio ministro Petrozzi iba a permitir apoyar el cine comercial. Sin embargo resultó al final bastante limitado, al restringirse a donaciones de asociaciones sin fines de lucro (que podrán deducir hasta el 10% como gasto para la determinación del impuesto a la renta). Lo curioso es que según el mismo decreto esta ayuda solo podría comprender “fines culturales”, faltando todavía que el Ministerio de Cultura defina en un próximo Decreto Supremo que entiende y cuáles son los alcances del mismo.   

A todo esto ¿en qué situación se encuentra el DU 022-2019, también conocido como Decreto Petrozzi de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual peruana? Al parecer se encuentra en una especie de limbo jurídico, luego que fue promulgado fuera de la competencia parlamentaria. Por de pronto, la Comisión Permanente del Congreso, que se instaló luego de la disolución, aprobó por mayoría a fines de enero de este año un informe donde pide observar por inconstitucional dicho decreto. Al margen de la opinión que tengamos de los ahora ex congresistas, lo cierto es que sus observaciones no apuntaban tanto al fondo del tema sino a la forma de procesarla, y ya sabemos que en materia legal eso es muy importante.

Ellos señalaron que esta norma no cumplía con los criterios de excepcionalidad y necesidad  establecidos para un Decreto de Urgencia, es decir que no había ninguna urgencia real que lo motivara, lo que se desprende de una lectura desapasionada de los considerandos del Decreto sobre la situación del cine nacional. Además, contradicciones entre el MEF y la SUNAT sobre aspectos tributarios de la Ley, también contribuye a la confusión gubernamental. Por cierto que la opinión de estos señores es regresar al proyecto que se quedó pendiente de segunda votación en el fenecido Congreso, y que incluía una clausula censora como lo advertimos en su oportunidad, lo que expresa un juego sucio, porque ellos mismos fueron los que se opusieron a que se tema se resolviera en su momento.

Mientras tanto desde el Ministerio de Cultura aseguran que todo es normal, y que el decreto de fin del año pasado esta plenamente vigente, y en vías de su reglamentación. No obstante, a pesar que el propio DU dice en su disposición complementaria final número nueve que entra en vigencia a partir de su publicación, lo cierto es que todo parece seguir igual que antes. Es el caso, por ejemplo, de la exhibición comercial, que según el artículo 19 del DU debería formalizarse  mediante documento contractual, lo que no se ha cumplido, perpetuándose las dificultades del cine peruano no abiertamente comercial para acceder, y mantenerse en la exhibición comercial, ya que la sola suscripción de contratos desiguales entre exhibidores y productores-distribuidores, aun si se realizarán, está lejos de resolver. Otro de los varios asuntos por resolver es la confusa creación de una “Cinemateca Peruana” sobre los archivos del Ministerio de Cultura, fruto de las idas y vueltas e indefiniciones de los funcionarios al respecto, que sigue todavía por aclararse en referencia al material en custodia en la Filmoteca PUCP, y lo que es más importante, el proyecto de Cinemateca Peruana en el Cusco, considerado emblemático para las celebraciones del bicentenario.

Lo único claro es que los nuevos congresistas tendrán que tomar el toro por las astas y dar la última palabra, si quieren marcar la diferencia. Lo recomendable es que desechen las soluciones extremas y fáciles, como encarpetar el decreto o aprobarlo tal cual, y empujen más bien la dación de una verdadera ley de cine amplia e integral, que apoye a todos los sectores y actores de la actividad, incluyendo a los trabajadores así como el cultural y el respeto del patrimonio audiovisual, con la participación democrática de todas las voces y sectores (y no solo de los funcionarios del Ministerio de Cultura). Sí, hay urgencia para apoyar nuestro cine, pero no solo en función de los intereses y necesidades de unos cuantos, sino de todos, para quienes se hacen y preservan las películas, en otras palabras el público peruano y porque no, también mundial.      

2019, año de urgencias y emergencias

Por Christian Wiener Fresco 

El final del año es momento del balance, y el agitado 2019 en el campo cinematográfico peruano sin duda quedará marcado por el tema de la urgencia, porque fue precisamente por un Decreto de Urgencia del Ejecutivo, apurado aún más por la intempestiva renuncia del ministro Petrozzi a la cartera de Cultura, que finalmente salió a luz este decreto de promoción a la cinematografía nacional como pobre corolario del largo proceso por una Ley de Cine.

No deja de ser significativo que, ahora sí, no pocos cineastas y hasta funcionarios reconozcan que lo aprobado es una norma incompleta, con una serie de vacíos, para no hablar de contradicciones, y que se debe impulsar nuevas leyes  de los otros temas pendientes para mejorarla, como si la agenda del país tuviera que pasar por estar discutiendo y sancionando agregados y complementos a la Ley de Cine de forma permanente.   

Lo que sí ha quedado claro es cuál era la urgencia de un importante sector de cineastas, especialmente productores, con los responsables de la DAFO del Ministerio de Cultura: obtener más recursos para los concursos (o en todo caso consolidarlos, porque buena parte de esos dineros ya se cuentan desde hace dos años con la ampliación presupuestal) y poder ampliar las fuentes def inanciación con la exoneración tributaria a los aportantes a la producción, lo que al final quedó bastante restringido porque el MEF se opuso. Fuera de eso, y algunas modificaciones puntuales, no hay ningún cambio significativo y urgente en un decreto que en gran medida, es una continuidad de la Ley anterior.

Eso no quiere decir que el cine peruano no tenga urgencias, por supuesto que sí, pero que no fueron atendidas por el Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica. La primera de ellas, y la más evidente es la de la exhibición en salas de cine, vistos los incidentes reiterados de varios estrenos peruanos este año, dónde se estrenaron en salas comerciales 34 películas, condenadas varias de ellas acompetir entre sí, carentes de promoción, en horarios infames, y sin posibilidades de continuidad aun cuando la obra hubiera cubierto un importante porcentaje de espectadores. No se quiso incorporar la cuota de pantalla, pese a que el propio TLC con los Estados Unidos permite limitar hasta un 20% de producción nacional en la difusión de los productos audiovisuales, ni el mínimo de mantenimiento, que asegure la continuidad de una película en una sala si cubre un porcentaje de espectadores previamente acordado. La única propuesta es establecer la obligatoriedad de un contrato previo entre exhibidores y productores y distribuidores, desconociendo que en el libre mercado no se puede imponer contratos a nadie, y que estos, además, no están sujetos a ninguna sanción, fuera de los engorrosos procedimientos judiciales en la instancia civil. De paso, no parece haber ningún balance serio y con relación costo-beneficio sobre la asignación de fondos para la distribución que ha venido entregado el Ministerio, ahora incluso sin previo concurso, y si resulta la más efectiva forma de promover el cine peruano en salas.

Otro tema de enorme urgencia y más bien emergencia es el del rescate,  restauración, preservación y difusión de nuestra memoria audiovisual, que ha avanzado estos años con pies de plomo y casi a regañadientes por el Estado, pese a que debiera ser una de las preocupaciones fundamentales para el sector. Como se evidenció este año con los archivos deteriorados de lo que fuera la Cinemateca Universitaria en la Universidad Agraria de La Molina, es cada vez más imprescindible la creación de la Cinemateca Peruana, pero la decisión se sigue postergando buscando subterfugios como ponerle el nombre a los archivos existentes y desperdigados del Ministerio de Cultura (sin dotarlos de presupuesto ni autonomía) al tiempo que la Dirección Desconcertada del mismo ministerio enCusco hace un evento internacional para lanzar, sin mayor claridad de objetivos y alcance, una Cinemateca en la ciudad imperial, como estaba establecido en un Decreto Supremo del año anterior que lo califica como obra emblemática. Casi podría decirse que la primera urgencia es que se pongan de acuerdo a nivel gubernamental, y definan una política clara al respecto, antes que se siga perdiendo nuestra memoria audiovisual.

Una tercera urgencia es la de la educación cinematográfica, y si bien es cierto el DU lo menciona en términos más o menos parecidos a los que se consignaba en la Ley 26370, y que nunca fueron efectivos, nada hay que garantice que en este caso si se haga realidad la tan necesaria formación audiovisual en la educación básica, si el Ministerio de Educación no se involucra al respecto, dejando muchas dudas que su titular no firmara el mencionado decreto. Lo de una Escuela superior del cine y el audiovisual de carácter público, tan demandado por muchos, sigue como otra tarea pendiente de la que no se mencionada nada.

Por cierto que no es menos prioritario, y urgente la demanda de las trabajadoras y trabajadores del medio, que lejos de ser atendidas, han visto disminuidos sus pocos derechos consignados en la Ley 26370 (heredado de los tiempos del decreto de Velasco, la 19327) en relación a los porcentajes mínimos de trabajadores artistas y técnicos nacionales en las producciones peruanas, y la cantidad de remuneración propo0rcional que debían percibir, donde claramente se retrocede, disque en función de “internacionalizar” la producción y abrirla a las coproducciones, como si estas antes no se dieran. Curiosamente esta lógica no se aplica a la promoción de la producción extranjera en el país, con la incorporación de técnicos y artistas nacionales vía Film Commission, donde uno de los reparos es que podría encarecer el mercado laboral nacional. Tampoco se toma en cuenta, como bien señala el Sindicato, una política de género como se viene impulsando en otras cinematografías, y que atienda las evidentes diferencias, como en su momento se hizo con los realizadores noveles y regionales, respectivamente.

De último, no era menos importante propiciar la mayor transparencia en la asignación de los más de veinte millones de recursos públicos, pero no obstante ello el DU concentra todavía más las decisiones en los funcionarios del Ministerio de Cultura, incluso casi al mismo nivel del propio ministro como se explicita en el texto, con la capacidad de decidir casi a dedo la entrega de una parte de esos recursos, lo que se presta a muchas arbitrariedades y manejos oscuros, como ya se han venido advirtiendo sin que se presente una aclaración contundente, ante la negativa de  responder en la redes adoptada por los funcionarios. Parece olvidarse que en el Estado los cargos nunca son eternos, y que mañana o más tarde pueden llegar personas que abusen de las prerrogativas que la propia legislación le faculta. Por eso siempre hay que ponerle límites al poder, en vez de ampliarlo.   

Hay pues, urgencias y emergencias como dirían los médicos y la OMS. Lo aprobado en el DU correspondería a lo primero, ya que no había riesgo de muerte, no así en los otros casos, donde muchas cosas pueden perderse inexorablemente, empezando por nuestra memoria.

Luces y sombras de los gremios de cine

Por Christian Wiener Fresco 

La cinematografía en el Perú ha sido, sobre todo desde la consolidación del oficio, uno de los que más vocación organizativa convoca. Y no es casualidad, porque en gran parte se trata de una expresión  colectiva, que requiere de grandes presupuestos para hacerse medianamente competitiva, así como de la intervención estatal para asegurar marcos legales que permitan promover y desarrollar la producción y difusión de las obras nacionales, en especial de aquellas que no se ajustan al canon estrictamente comercial. Incluso en los años de plomo de los 90, cuando cundía el individualismo y los gremios eran satanizados por el discurso oficial, con debilidades e intermitencias, el cine peruano siguió manteniendo cierta organicidad que le permitió sobrevivir ese periodo  para recuperar protagonismo con el nuevo milenio.

Resulta significativo que el primer gremio en el sector sea del campo de la exhibición en

salas de cine, con la Asociación de Exhibidores creada en 1932 y que treinta años después, con el crecimiento del negocio, devendría en la Corporación Nacional de Exhibidores (CONAEXCI). En el caso de los productores el antecedente más remoto es el Comité Pro Industria Cinematográfica a inicios de los años 50 para gestionar una norma favorable a la producción de noticieros, que no logra tener mayor continuidad. Recién a mitad de los 60 aparece la Asociación de Productores Cinematográficos, y luego se constituye la Sociedad  Peruana de Cinematografía, agrupando a productores, realizadores, técnicos y críticos de cine, con el fin de impulsar en el Congreso una primera Ley de Cinematografía, que se ve frustrada por el golpe militar de Velasco en 1968, aunque cuatro después el gobierno militar promulga el Decreto Ley 19327, de promoción de la industria cinematográfica, inspirado en gran parte en la propuesta de los productores.

El calor político de esos años fue propicio para el desarrollo gremial, y por eso a principios de los 70 aparece el Sindicato de Trabajadores Técnicos de la Industria Cinematográfica (SITEIC), reuniendo al personal técnico y asistente más ideologizado, con un fuerte contenido reivindicativo y clasista, aunque enfrentado a un sector empresarial de la producción muy endeble, y dónde con frecuencia se mezclaban los roles de jefes y subordinados.  Eso explica también las características sui generis de la constitución de la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP) luego del Seminario de Producción Cinematográfica organizado por el Ministerio de Industria en 1977, y que agrupaba cual San Martín de Porres –como bien los describió el crítico y poeta Juan Bullita- a perro, pericote y gato, ya que en su estructura compartían por igual empresas y personas naturales, así como productores, realizadores, técnicos y críticos.  

No obstante  la ACDP fue el gremio de más larga duración e influencia en la breve historia del cine peruano,  con un rol protagónico en la mejora y mantenimiento del Decreto Ley en los borrascosos años del segundo gobierno de Belaúnde y el primero de García, y afrontando la dura circunstancia de la derogación de los principales artículos de la Ley en 1992, y es esfuerzo épico y casi solitario de sacar una nueva Ley, la 26370, en 1994. Ese proceso final, como es lógico, no estuvo exento de conflictos, que llevaron a un grupo pequeño pero muy visible a escindirse de la Asociación para formar la Sociedad de productores y realizadores cinematográficos, conocida como SOCINE. Pese a ello, ambos gremios se juntaron para sacar adelante la  Ley antes mencionada. En dicha Ley se creaba el Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE) como órgano rector del cine peruano, que debía estar formado por representantes de gremios de los distintos sectores de la actividad, lo que en teoría parecía muy bueno pero en la práctica resultó casi utópico, por lo endeble de la producción*.

Sea como sea en el nuevo milenio la ACDP dejo de existir, al convertirse en un membrete sin organización real, ya que el nuevo modelo basado en los concursos (sin presupuesto) llevaba a que cada uno priorizará su opción personal ante que la colectiva. Por esos años se forma una Asociación de Técnicos Publicitarios con el objetivo de defender los fueros de los trabajadores en esta área, muchos de cuales también trabajaban en cine, cuándo había posibilidades.  De alguna manera el CONACINE, pese a ser un organismo oficial, devino en una especie de reemplazo del gremio frente al mismo Estado que incumplía la Ley, lo que refleja la confusión y precariedad imperante en esos años. El 2004 se crea Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP) que reúne a productores y realizadores, en especial de largometrajes, con el fin de  equipararse a sus pares de la región (son miembros de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos -FIPCA), y servir de plataforma para negociar regalías de derechos de autor. Luego aparece la Sociedad Peruana de la Industria Audiovisual (SPIA) que aspiraba a integrar la franja más ancha de la producción y distribución audiovisual. Cinco años después, y en medio de una dura disputa sobre el intento del congresista Raffo del fujimorismo de sacar una Ley de Cine que cedía el impuesto municipal a los exhibidores, así como cuestionamientos a la forma como se conducía el CONACINE, manejada por la APCP, un grupo importante de cineastas, técnicos, críticos y animadores culturales hace la Unión de Cineastas Peruanos (UCP).

La segunda década ve una expansión del cine peruano, en gran parte con aparición de las nuevas tecnologías digitales que permiten la realización y producción a mucho menor costo que el formato tradicional de celuloide. Fue así que surgieron movimientos como los cineastas regionales e independientes, además de festivales alternativos, que el 2010 constituyeron la  Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú (ACRIP). Ese mismo año se crea la Asociación de Cineastas del Cusco (ACINEQ) y otros intentos de organización en otras regiones del país. Un común denominador es la lucha por mayores espacios y reconocimiento al cine regional e independiente o de la periferia limeña, que se va consolidar con la creación del Ministerio de Cultura, que termina absorbiendo al CONACINE.

En los años siguientes aparecen nuevos gremios como la Asociación de Realizadores de Cine Peruanos, formado por cineastas regionales que decían preocuparse por la descentralización, aunque enfocada a los premios de los concursos de cine del Ministerio de Cultura. También se puede resaltar la Asociación de Documentalistas, cuya plataforma es el Taller DocuPerú, y la Asociación de la Prensa Cinematográfica (APRECI) que reúne a críticos de cine y es parte de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). En un plano más especializado se constituye también la Asociación de Autores y Directores de Fotografía Cinematográfica Peruanos (DFP-Perú)  y posteriormente la Asociación de Sonidistas Peruanos (ASP). Una de las últimas agrupaciones, en el 2017, es la Asociación Voluntaria de Cineastas (AVC), reuniendo realizadores y técnicos de las nuevas hornadas. Finalmente, y para no hacer más largo este recuento, se encuentra el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú (SINCAPE) que acaba de elegir su primera Junta Directiva, luego de su inscripción formal en el Ministerio de Trabajo.   

Todas estas organizaciones y siglas harían pensar en una industria vigorosa, con gremios de diversos campos, pujantes y firmes, pero la cantidad no se refleja necesariamente en la calidad de su organización, y más importante aún, convicción en sus luchas. Una buena prueba de ello es todo el proceso iniciado el 2017, que culmina con la dación del Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica  el 8  de diciembre del 2019, y en donde la voz cantante y casi única fue la de los funcionarios del Ministerio de Cultura, con la mayoría de gremios actuando solo como comparsa. No se trataba que se opusieran a la Ley, o no defiendan lo avanzado, pero con la suficiente independencia y capacidad crítica para señalar sus vacíos y cuestionar los puntos no transables desde cualquier punto de vista, como el caso del intento de introducir y artículo censor.  Salvo algunas voces individuales, ninguna expresión colectiva se manifestó claramente en todos estos años que se debatía el proyecto, incluyendo a los críticos y técnicos. Incluso los cineastas regionales, que en un principio habían levantado la defensa de un porcentaje del 40% en la asignación de recursos para sui producción, al final terminaron aceptando el cambio de última hora digitado por la DAFO del Ministerio de Cultura.

Habría que ver si el apoyo silencioso es por una real convicción de las bondades de este DU por la mayor asignación de presupuesto, a pesar que no contemplar cuota de pantalla, una real cinemateca y reducir los derechos de los trabajadores, entre otros puntos; o por el temor a verse marginados de los concursos y los millones que ahora dispondrá, en algunos casos de manera directa y sin concurso público, el Ministerio.

Por eso hay que saludar el reciente comunicado del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores  Audiovisuales y Cinematográficos del Perú (SINCAPE) que es el único que se atreve a señalar vacíos y retrocesos flagrantes del decreto en el campo laboral frente a la Ley anterior, así como la ausencia de una política de género, y la urgencia de un decreto sin mayor debate y con la política de los hechos consumados. Difícilmente podremos aspirar a un cine crítico y de debate, si los propios creadores, realizadores, trabajadores y críticos no lo son en la práctica y defensa de su oficio.

*En este recuento no debe obviarse también la participación del Sindicato de Artistas e Interpretes del Perú (SAIP), que en general agrupa a actrices y actores de diferentes medios (teatro, televisión, cine) pero que siempre tuvo un papel importante en apoyo a la causas de los cineastas.