por Christian Wiener Fresco
Cada
vez con mayor fuerza se escucha que el Ejecutivo estaría preparando aprobar
como Decreto de Urgencia el proyecto de nueva Ley de Cine que se quedó
congelado para segunda votación en el disuelto Congreso. La iniciativa ya habría sido presentada en el
Consejo de Ministros por el titular del sector, Francesco Petrozzi, y se
asegura que la reciente remoción del Presidente del directorio de IRTP, Hugo
Coya, no sería ajena a esta movida política legal. Eso porque la salida del
funcionario fue un pedido político de Palacio, a lo accedió sin mayores
problemas el Ministerio, no obstante que en la misma semana el canal del Estado
había emitido un grisáceo y burocrático informe sobre la premiación de
cineastas y sectores de la cultura en el Gran Teatro Nacional, centrado en el
ministro, y censurando las pancartas y gritos de “Fujimori, nunca más” y los
reclamos por la Cinemateca peruana y la Cuota de Pantalla.
Aunque
se desconoce el texto final por promulgarse, fuentes informadas aseguran que es
muy posible que se retire lo consignado en el artículo IV de las Disposiciones
Generales referente a las condiciones que según la Ley califica a una obra
cinematográfica y audiovisual como peruana, donde se incluía que no podían participar
de los beneficios de la Ley, con evidente intención censora: “las obras que vulneren o no respeten el
ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”. Si fuera
así, saludamos la muy necesaria rectificación por el bien de la libertad de
expresión, base de cualquier cinematografía, aunque sería bueno que se aclare
como de la noche a la mañana se puede eliminar una supuesta exigencia del MEF, según
los propios funcionarios del Ministerio, que antes parecía imposible.[1]
Lo que si se mantendrían son las otras modificaciones añadidas en el texto sustitutorio final discutido en mayo de este año en el Congreso (que ni los parlamentarios estaban enterados) como el cambio del porcentaje del presupuesto asignado para
los cineastas regionales del 40 al 30% (Artículo 3, capítulo 1) y el poder que
la norma asigna, más que al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes, como se puede colegir de la lectura de los
artículos 4 y 5, sobre los estímulos económicos y concursables, y el artículo 7
referente a los apoyos económicos proveniente de donaciones. Como lo señalamos
en su momento, y lo reiteramos ahora ¿Por qué la mención de una dirección de
línea en el marco de una Ley que debe referirse solo a lo general? Hay que
tener mucho cuidado con la concentración del poder, con mayor razón cuando hay
tanto dinero de por medio.
Por supuesto, se busca destacar la propuesta de Petrozzi de fomentar las donaciones de las personas naturales y jurídicas que puedan ser deducidas como gasto para efecto del impuesto a la renta. Lo que sería muy beneficioso para las
productoras que logren interesar a las grandes empresas, seguramente con
temáticas que tengan potencial de amplia visibilidad comercial, aunque limitada
porque no permite deducir igualmente de las inversiones como se da por ejemplo
en Colombia, de donde se toma este modelo, además de la República Dominicana. Ello
se complementaría con la flexibilización de los requisitos laborales y nacionalidad para técnicos y
artistas peruanos, supuestamente para atraer la coproducción equiparándonos a
otras cinematografías de la región.
En cuanto a la cuota de pantalla y
mínimo de mantenimiento, que se ha revelado urgente en las últimas semanas con el maltrato recibido por varios estrenos peruanos en las salas comerciales, todo seguiría igual. Es decir, nada. Solo la
ilusión del contrato privado que, como se sabe, nadie cumple, y en especial
quien tiene la sartén por el mango, es decir los exhibidores. Por otro lado, de,
mantenerse el texto último del proyecto, sería una burla eso de designar a los actuales
archivos del Ministerio como “Cinemateca Peruana”, como si poniéndole un nombre
mágicamente se transformaría en la institución que pueda recuperar, registrar, preservar
y difundir toda la memoria audiovisual
del país. Adicionalmente, ¿cómo queda el proyecto de la Cinemateca Peruana que se está discutiendo para crear en el Cusco, y que ha sido calificado por el propio Ejecutivo como emblemático para el Bicentenario?
Finalmente la decisión de sacar el
Decreto de Urgencia, para algo que no es tan urgente, puede ser arriesgada, porque se desconoce cuál
será la composición política del próximo Congreso, cuya primera tarea será
revisar los decretos de urgencia que se promulgaron desde el Ejecutivo luego de
la disolución de fines de septiembre. Y si los fujimoristas y sus satélites y
compañeros de ruta logran una mayoría (que nadie desea, pero no se puede
descartar) no es difícil imaginar que por pura venganza política se tiren abajo
los decretos de Vizcarra, empezando por el referido a cine, al que ya le
agarraron ojeriza, y con mayor razón luego de las voces de protesta en la
última ceremonia de premiación. El resultado sería que el cine peruano se
quedaría sin ninguna ley, porque la actual, con todos sus bondades, pero también
defectos y limitaciones, ya habría sido derogada previamente al entrar en
vigencia el decreto de urgencia, con lo que se perdería soga y cabra, por no
saber esperar y abrir el dialogo, como debió ser desde un principio.
Si hay una genuina intención de ayudar al cine peruano y la cultura, que se abra desde el Estado un debate franco y abierto de la nueva Ley para llegar a una solución de verdadero consenso, no solo entre cineastas y funcionarios, sino con la gente y la opinión pública, que al fin de cuentas debiera ser el fin
último de la Ley, que haya más y mejor cine peruano para más gente, de todo el
país y todas las condiciones.
[1]
En este tema de la censura va a quedar
el baldón de todos los gremios de cineastas que se quedaron en silencio todo
este tiempo, no sabemos si por acomodo o cobardía, incluido también a la que
representa a los críticos. La historia
los juzgará
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