miércoles, 13 de junio de 2018

Apología del terruqueo


Hace unos días un grupo de congresistas fujimoristas presentaron un nuevo proyecto de ley sobre cine en el Perú denominado “Ley para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual peruano”, inscrita como el proyecto N° 2987-2017. El asunto no habría pasado de lo anecdótico, porque ya son varias las propuestas al respecto en el Legislativo, además de la que presentó el Ejecutivo el año pasado. Lo singular en el texto que encabeza la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, María Melgarejo, es haber incluido, como quien no quiere la cosa, un nada inocente ni casual censura que hizo saltar las alarmas en el gremio cinematográfico y buena parte de la sociedad civil.


Nos referimos al comentado artículo cuarto del proyecto legal que propone  que “(…) Los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano“. Una proposición inaceptable, que pretende instaurar de facto la censura previa del Estado a los proyectos audiovisuales que sean contrarios al discurso oficial negacionista bajo acusaciones tan gaseosas y macartistas como las que esgrimen los fujimoristas “terruqueadores” en los últimos años. 

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que esta iniciativa no es un exabrupto ni fruto de la casualidad, sino parte de la ofensiva por reescribir la historia de un solo lado, y apropiarse de la memoria en la que está empeñada la bancada mayoritaria en el Congreso, y que ya tuvo otras expresiones como los ataques a los artesanos de Sarhua, a la obra de teatro ‘La Cautiva’, la película ‘La Casa Rosada’ y más recientemente a las exposiciones en el LUM y el Museo de la Memoria en Ayacucho. Al cine peruano hace rato lo tenían en la mira, y no solo por sus títulos de ficción más conocidos sino por los documentales que han registrado desde diversos ángulos las huellas aun latentes del conflicto armado interno que ensangrentó al país en las últimas décadas del siglo XX.

Pero sería ingenuo suponer que retirado el artículo de marras se aleja la sombra censora. El problema sigue vivo mientras se mantenga vigente la Ley 30610 sobre delito de apología del terrorismo, aprobada por casi todas las bancadas del Congreso (con excepción dela izquierda) y promulgada por el todavía presidente PPK hace un año. La determinación de cuando se transgrede la delgada línea que separa la información de la supuesta justificación del acto terrorista es altamente subjetiva y con mucho peligro de manipulación, sea de jueces, periodistas o también jurados. Y como han demostrado sobradamente los fujimoristas y sus aliados de facto, en este tema ellos siempre irán por más, es decir por mayores recortes y limitaciones a cualquier tipo de libertad que les resulte incomoda a su proyecto político.

Los cineastas no pueden seguir creyendo que son una isla, y que la realidad exterior, social y política, solo los afecta en la medida que se inmiscuyan con ellos y su ley. Por el contrario, esta experiencia revela que la aplanadora naranja no tiene escrúpulos en arrasar con todo, como lo hicieron en los noventa, donde dejaron a los cineastas sin ley. Tal vez esto deje en claro para muchos escépticos la importancia y necesidad urgente de la Cinemateca Nacional, dejada de lado de lado por el proyecto del Ejecutivo, para preservar y difundir nuestra memoria, ahora tan amenazada por fuerzas oscuras y retardatarias.

Por lo demás, el proyecto 2987 es un despropósito, mal ensamblado y construido como un Frankenstein de otras propuestas, pero olvidándose del factor principal, es decir los fondos con que se financiaría las actividades y concursos, ya que no se habla si estos vendrán del presupuesto público (y en qué cantidad) o del fondo de la taquilla, como propusieron en un inicio los cineastas. Y lo peor es que eso se acompaña con la derogatoria de la 26370, es decir ni siquiera asegura la continuación de los 2008  UIT que el cine peruano recibe por la Ley actual.

Algunos puntos como las propuestas de descentralización, los referidos a los porcentajes de profesionales nacionales para determinar las películas peruanas, o el mínimo de mantenimiento para la exhibición de las películas peruanas en salas comerciales pueden ser atendibles para debatirse en un proyecto mayor, e incluso la creación de un Archivo Nacional Cinematográfico y Audiovisual, pero como una entidad autónoma y no dependiente del Archivo General de la Nación como figura en el proyecto, lo que es un absurdo por cuanto esta institución tiene finalidades muy precisas de resguardo de la memoria oficial documentaria del país, y carece de presupuesto para asumir una tarea completamente diferente y especializada que en todas partes del mundo es asumida por una institución dedicada a la materia. 

Y el capítulo inicial, que define el ámbito de la Ley y su objetivo, lleno de conceptos aparentemente altruistas como “democracia cultural”, “descentralización” e “inclusión”;  no se condice sin embargo con su posterior redacción y los afanes censores y de control, más que de promoción abierta e independiente que debiera ser el rol del Estado en el campo de la cultura y la libre expresión.

En fin, un proyecto que revela, faltaba más, el talante autoritario y desaprensivo conque los fujimoristas manejan las leyes, en especial en temas de cultura y educación. Y el doble discurso, porque fue esta misma parlamentaria la que apoyó el proyecto de ley de cine del Ministerio de Cultura en la Comisión de Cultura el año pasado, aprobándolo con algunas leves modificaciones. Para no seguir en estos dimes y diretes, que postergan el presente y futuro del cine peruano, lo mejor sería que se discuta realmente, de forma abierta y descentralizada, sobre la ley y lo que se necesita de forma integral, y sin manipulación ni contrabandos de los políticos. Y asegurando, como principio fundamental, la libertad de crear y expresar para todos, base de todo arte y comunicación humana.      

viernes, 4 de mayo de 2018

Cinemateca Nacional y burocracia

CINEMATECA NACIONAL: ¿Y DONDE ESTÁ EL INFORME ACERCA DE NUESTRO ACERVO AUDIOVISUAL ?

El primero de setiembre del año pasado, 2017, el entonces ministro de Cultura Salvador del Solar rubricó la Resolución Ministerial Nº 313-2017-MC que creaba el “Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza temporal, con el objeto de efectuar un análisis situacional del acervo audiovisual nacional y formular recomendaciones para la elaboración de una política de conservación, preservación y difusión del mismo”.


En la misma Resolución se señalaba que el “Grupo de Trabajo Sectorial” tenía un plazo de seis meses para producir un informe que diera cuenta de sus resultados y actos. “El plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será de seis (6) meses desde la emisión de la presente resolución.”

No es casualidad la creación de este Grupo de Trabajo Sectorial. Después de todo, no surgía de una inspiración iluminada y aparentemente tampoco de una decisión planificada: era mas bien una respuesta a una continua manifestación de descontento de parte del gremio cinematográfico ante la negativa manifiesta del Ministerio de Cultura de al menos iniciar las gestiones para crear una Cinemateca Nacional.

La creación del Grupo de Trabajo Sectorial, en el mejor estilo de manejo burocrático de un problema, le permitía al Ministerio “patear hacia adelante el problema” y acallar momentáneamente las críticas cada vez mas numerosas de los cineastas que de diferentes formas solicitaban que el Estado asuma una de sus funciones principales en el campo de la cultura: la defensa y preservación de nuestro patrimonio.

Estábamos así frente a una nueva maniobra que buscaba dilatar aún más un afán de solucionar una
necesidad fundamental de cualquier cinematografía que se precie de medianamente desarrollada. Las razones probablemente nunca las llegaremos a comprender ya que en este caso la entidad que debiera de ser la más preocupada de presentar propuestas las tiene bien guardadas.

Recapitulemos: Primero fue la teoría de las tres leyes (una ley de cine, una Ley de Cinemateca y otra de Film Comission). Segundo fue que no se incluía dentro del Anteproyecto de la Ley General de Cinematografía por que iba tener una ley aparte debido a las complicaciones burocráticas existentes para crearla. Tercero, se nos dijo que la creación era muy compleja por que implicaba ponerse de acuerdo con el Archivo General de la nación, IRTP y la Biblioteca Nacional, como si estas instituciones quedaran en Marte u alguna otra galaxia más lejana y no tuvieran directa vinculación con el Ministerio de Cultura. Cuarto al no existir más argumentos se busco la “solución” del Grupo de Trabajo Sectorial, recurriendo al tiempo y el olvido como santo remedio.

Como es sabido, de no mediar una adecuada conservación, las películas tienen un deterioro físico-químico manifiesto. El paso del tiempo, las condiciones de almacenamiento, el clima, principalmente la temperatura y la humedad, juegan muy desfavorablemente a su favor. Se convierten en una masa informe que emana un fuerte y desagradable olor ácido. Además ocupan espacio en casa y oficinas con la tremenda limitación que de no contarse con espacios y equipos adecuados (salas y proyectores) no se pueden ver (visionar como dirían ahora los huachafos). Es decir se convierten en objetos que estorban.

Sin embargo, las películas no solo tienen valor por su calidad artística, sino que además contienen mucha información. No solo las obras que con toda propiedad pueden ser calificadas de cinematográficas en mayor o menor grado sino, inclusive, la mas simple película familiar nos puede revelar muchas veces los usos y costumbres de una época, además de redescubrirnos lugares y/o personajes históricos. Mas allá de contarnos complejas historias que en su momento fueron parte del imaginario colectivo de nuestra nación y que muchas veces continúan siéndolo, el cine es memoria viva que contribuye a recuperar nuestra identidad. Y aunque no lo parezca, las películas son asimismo delicados objetos que de no cuidarse adecuadamente se pierden de manera irreparable, para siempre.

El 1 de marzo (hace ya un mes y 20 dias) venció el plazo que se autoimpuso el Ministerio para tener listo el informe y por lo tanto es totalmente pertinente preguntarnos ¿Dónde está? ¿Está ya listo? ¿Por qué no se publica de existir el mismo?

Por supuesto que no lo sabemos y quien sabe nunca lo conozcamos. Al menos la pagina web de la DAFO (Dirección del Audiovisual Fonografía y Nuevos Medios ) no menciona nada al respecto. Tan solo tuvimos noticias extraoficiales que en los ordenados archivos del Ministerio no encontraban los anteriores informes que voluntariamente habían hecho los cineastas respecto al tema, así que hubo que contactarlos y solicitárselos. Después de todo es material importante por la información contenida y que en gran medida viene a resolver parte del necesario informe que en algún momento los funcionarios tendrán que hacer para cumplir con el burocrático encargo.

Sin embargo, mas allá de que aparezca publicado o no el informe mencionado, y ojalá exista y pronto lo conozcamos, la reciente consulta realizada por la DAFO sobre los futuros concursos cinematográficos 2018 (y que por razones de extensión y complejidad abordaremos en otra nota) evidencian que no existe mayor voluntad por parte del Ministerio de Cultura de enfrentar el tema Cinemateca Nacional con el diseño de una seria Política de Conservación al respecto, la que a nuestro juicio debe de estar enmarcada dentro de una Política Cinematográfica mayor.

Para contentar a la platea, se prefiere más bien destinar una buena cantidad de dinero (750,000 soles) a lo que se ha denominado “Concurso Nacional de Proyectos de Preservación Audiovisual” que mas allá de la buena voluntad que los motiva, resultan siendo solo un paliativo a un tema que necesita una solución mayor: el de la pérdida sostenida de nuestros archivos cinematográficos.El Concurso, resulta la evidencia que se está escogiendo un tortuoso camino equivocado, tal como lo demuestran otras experiencias internacionales: el camino de la privatización de nuestro patrimonio fílmico.

Y por ultimo, porque no decirlo, se organiza un concurso donde al menos uno de los premios parece ya tener un ganador seguro (o tal vez dos). ¿Adivinen que Universidad será? Aunque ya sabemos la burocrática respuesta que se nos dará; como muchos también nos peguntamos ¿Por qué con esa cantidad de dinero no se sientan las bases de una Cinemateca Nacional?

Francisco Adrianzén Merino
Lima, 28 de abril 2018

domingo, 3 de diciembre de 2017

La Ópera de las 6000 UIT



Por Christian Wiener Fresco

Aprovechando la distracción general por lo temas de la mega corrupción y el fútbol, y el escaso interés –salvo de los implicados- en los asuntos presupuestarios, la mayoría del Congreso de la República en los últimos días hirió de muerte a la todavía nonata Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano presentada por el Ejecutivo, al reducirle a la mitad el presupuesto propuesto para su ejecución anual, de 6000 UIT (algo más de 24 millones de soles) a 3000 (que es poco más de 12 millones de soles); manteniendo los mil UIT adicionales para las otras industrias culturales, tal como se propone en la formula legal.

Se ha dicho que esto parece una película de terror. No estoy tan de acuerdo, más bien lo veo como una comedia bufa, una tragicomedia de equivocaciones y esperpéntica, empezando por algunos parlamentari@s y sus expresiones contra el cine y la cultura nacional que los pinta de cuerpo entero lo que son y defienden.  Pero bueno, menos no se esperaba de la bancada fujimorista, donde su relación con la cultura es un imposible oxímoron. Allá los que alguna vez creyeron que uno de sus representantes iba a poder abogar por una ley de cine realmente para los cineastas y no para las transnacionales.

 
Por eso los cineastas desde hace más de quince años insistieron en la necesidad de constituir un fondo con  los recursos del impuesto municipal a las entradas de cine, en la lógica del “cine financia al cine” que se aplica en otros lares. Era un dinero más predictible, que permitía constituir un fondo autónomo, y sin tantas contingencias políticas ni reclamos de recursos para otras funciones, que en este caso apuntan al área patrimonial en cultura. Planteamiento que ya había sido consensuado hasta con los distribuidores y exhibidores, que se beneficiaban con una reducción de su carga tributaria, y que fue presentado como propio por el Ministerio de Cultura en su primera versión del mes de mayo de este año.  Sin embargo el MEF, como ya es conocido, se opuso a esta posibilidad para no alterar su ortodoxia neoliberal, y para dar una salida al Ministro propuso que similar cantidad a la prevista sea asignada de forma directa del tesoro público, lo que ahora se pretende presentar como un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y los gremios de cineastas.

Los altos funcionarios de economía, supuestamente tan duchos en el manejo de la cosa pública ¿no previeron el desenlace congresal? A la ya mencionada indiferencia, cuando no hostilidad, a todo lo que suene a cultura del colectivo naranja que domina el parlamento, habría que agregar el  espíritu vindicativo contra las películas que no han dejado muy bien parado al gobierno de su líder, y la visible participación de prominentes actores y figuras mediáticas en protestas de “No a Keiko”. Y porque se la tienen jurada, allí los vemos tratando de montar un circo macartista para perseguir a los artistas que prestaron su rostro a la campaña contra la revocatoria municipal, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en la financiación de la misma.  

Eso sí, los fujimoristas no actuaron solos, colaboraron con ellos los que por acción u omisión no se opusieron a sus planteamientos, no defendieron ni denunciaron este recorte, y que al final terminaron votando conjuntamente el dictamen, ese sí “acordado”, del presupuesto 2018 (tal vez pudieron agregar que obedecía  “a un entendimiento en un clima de diálogo y consenso”, como se dijo a propósito del retiro del director del LUM)., Los únicos que levantaron la voz de protesta en este punto fueron los congresistas de izquierda, porque al resto, como de costumbre, la cultura les importa solo cuando les da notoriedad.

Lo peor es que por el pragmatismo con el que se manejó este proyecto, dónde lo único que parecía importar era el dinero que se iba a obtener, se sacrificaron otros asuntos importantes para lograr una verdadera ley de cine como la creación de la Cinemateca Nacional, de la Film Commissión y la educación audiovisual en los colegios, o el establecimiento de la Cuota de Pantalla, o cuando menos del Mínimo de Mantenimiento para garantizar el acceso y mantenimiento de las películas peruanas  no comerciales (o “independientes” según la sesuda congresista Chacón). Para no hablar de falta de definición sobre el apoyo al cine regional o la drástica reducción de los porcentajes y derechos de los técnicos y artistas peruanos en las producciones nacionales a beneficiarse de esta ley. Todos son temas que hemos desarrollado de manera exhaustiva en diferentes textos, y que se justificaban desde los gremios con la supuesta urgencia de lo económico, asegurando que lo otro se vería en leyes futuras. ¿Alguien puede creer ahora, luego de lo sucedido con el presupuesto de la nueva ley, que este Congreso va a gestionar alguna otra norma relacionada a la cinematografía peruana?

Lo cierto es que la nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano empieza con mal pie y exhibiendo sus debilidades, lo que ciertamente no nos alegra, pero tampoco sorprende. Y es que acá se erró tanto en el contenido como en la estrategia de promoción de la propuesta, enfocada a pesar de sus promesas inclusivas solo en los intereses de los productores y su preocupación en hacer más películas, aspiración legítima pero insuficiente para la población y la opinión pública, a la que más podía interesarle como logra ver esas películas, que puede sacar de ellas y de qué manera cambiaría eso parte de su vida y educación (de ahí la importancia estratégica del tema pedagógico y la Cinemateca como soporte). Precisamente estos días, con el encedido debate alrededor del estreno de la película sobre la paisana Jacinta y sus estereotipos racistas  y discriminatorios se pudo intervenir desde el sector proponiendo no la censura, inaceptable sea directa o velada desde cualquier punto de vista, o la reiteración de las críticas ya consabidas y académicas, con la posibilidad de visiones alternativas y artísticas desde nuestras películas documentales y de ficción sobre la mujer andina, mostrando porque si es importante construir una imagen propia de nuestro país y su gente a través del cine, tanto para el mercado externo como interno.

Esperemos por último que después de esta experiencia los gremios de cine entiendan que su misión no se debería limitar a ser actores secundarios o comparsas de las promesas y favores del Estado, sino más bien protagónicos en la lucha por una ley justa, integral y sostenible del cine peruano.