martes, 27 de agosto de 2013

Internet sin censura

Por Christian Wiener Fresco


Digamos que, pensado positivamente, la propuesta del congresista Omar Chehade y otros parlamentarios oficialistas, tras su proyecto de Ley “de protección del menor de contenidos pornográficos en Internet”, tendría en el fondo un propósito loable, que como su mismo nombre lo indica, trata de evitar que los menores de edad puedan acceder a contenidos pornográficos que, como sabemos, abundan en la red.

Sin embargo y como se suele decir, el infierno suele estar empedrado de buenas intenciones, y por eso conviene encontrarse alertas ante cualquier intentona de censura en un medio, sea el que sea, y por los motivos que sean.

En principio, no se cuestiona que se quiera “proteger” al menor de material indeseable, aunque sea discutible que se incluya en esa categoría solo lo pornográfico, o como se define en el proyecto: “contenidos sexuales explícitos o que, por el carácter obsceno, puedan afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir el instinto sexual de los menores de edad” y no, por ejemplo, lo que se refiere a la violencia, incluyendo torturas, golpizas o destrucción; que también son frecuentes en el ciberespacio.

Hay que recordar que desde el 2007 existe la Ley 28119, “que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico ya cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet”. La intención de los legisladores sería ampliar esa prohibición a las conexiones caseras de Internet, pero adicionalmente tendría otros alcances e intenciones.

Lo que se plantea es que los proveedores de Internet coloquen obligatoriamente filtros previos para impedir el posible acceso al material supuestamente pornográfico por los menores en todo el país; lo que en otras palabras significa censura previa y bloqueo de contenidos, que contradice el precepto constitucional que garantiza la libertad de difusión sin previa autorización, censura, ni impedimento alguno.

Una alternativa más plausible es la que se aplica en Chile, donde la ley obliga a que los proveedores de acceso oferten esos servicios adicionales, pero no que lo apliquen indiscriminadamente, pudiendo garantizar el Estado que el costo de este servicio no significará un encarecimiento del mismo.

Caso contrario, todos aquellos adultos que no deseen ser bloqueados formaran parte de un registro oficial de “usuarios pornográficos”, lo que viola un principio elemental de privacidad y opción personal.

El absurdo es que, como cualquier usuario de Internet sabe, la red alberga miles de millones de páginas que se renuevan cada día, hora y hasta minutos; por lo que resultará imposible que la Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (COPROME), propuesta como revisora del filtro en el proyecto de ley, e integrada por siete honorables funcionarios, este en la posibilidad, siquiera remota, de manejar y discernir sobre tal cúmulo de información.

Aquí es donde salta el peligro de un proyecto como el que comentamos, porque con el pretexto de lo “pornográfico” u “obsceno” –que como sabemos son términos muy amplios y difusos- podría convertirse en una forma de impedir la libre circulación de información y contenidos críticos, y un arma para tratar de controlar la red y a quienes hacen uso de ella en sus diversas modalidades (twitter, facebook, flickr, youtube, tumblr), como, por ejemplo, convocando a marchas o protestas, así como las denuncias, revelaciones de autoridades, entre otros casos.    

Pero Chehade y los nacionalistas no son los únicos preocupados por amarrar la red, siempre con buenas razones de por medio. En el gobierno pasado, la congresista aprista Mercedes Cabanillas presentó un proyecto para regular a los blogs que fue calificado en su momento de “ley mordaza”; y ya con este gobierno, el pepecista Beingolea defendió un proyecto sobre delitos informáticos que afectaba gravemente la información privada.

Lo más grave de todo es que mientras nos distraemos discutiendo estos proyectos parlamentarios, el gobierno peruano sigue negociando el Acuerdo Transpacífico (o TPP) y del que casi nada se sabe, porque todo se maneja con la mayor de las reservas. No obstante, es vox populi que los Estados Unidos y sus grandes consorcios están abogando por poner mayores restricciones en el uso de la información protegida por el copyright y el bloqueo de contenidos, lo que significaría una reedición del proyecto de la ley SOPA, que movilizo en contra a tantos usuarios de Internet.


Y es que la libertad es para todos, o no es para nadie.      

miércoles, 21 de agosto de 2013

Runasimi para todos

Por Christian Wiener Fresco

Las lamentables declaraciones del gerente de Turismo, Cultura, Educación y Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco, Martin Romero Pacheco, en la última jornada del Encuentro Nacional de Cultura que se realizó en esa ciudad, y que le terminaron costando el puesto a los pocos días; han servido para reavivar un tema que la opinión pública y los medios conocen, pero de la que muy poco se habla.   


Hasta aquí, todo no pasaría de un incidente de uno de tantos funcionarios desubicados, que no duda en ventilar sus prejuicios racistas en público, con el agravante de trabajar en el sector cultura y residir en una región y ciudad con tanta historia  como para ser considerada como la “capital arqueológica de América”.

Sin embargo, lo dicho por Romero no es el único caso de este tipo de pensamiento al interior del Estado, que considera a la cultura y lo ancestral como un “estorbo” a la modernidad. En similares términos se han expresado en los últimos tiempos otros funcionarios respecto a la protección de nuestro patrimonio material e inmaterial, los derechos de los pueblos originarios a su cultura y territorio, o la defensa del medio ambiente y el ecosistema natural. Lógica que está en la base de los Decretos Supremos 054 y 060 de la PCM, que buscan festinar los trámites de supervisión y control de las autoridades de cultura y ambiente, para dar supuestas facilidades a la inversión pública y privada.

Las declaraciones de Romero sobre el quechua son compartidas por muchos en el país, sea en Lima, Cusco, Arequipa o Trujillo; aunque no todos tengan el coraje de manifestarlas en público. Sin embargo es un discurso profundamente enraizado en el inconsciente de sociedades racistas y colonizadas como la peruana, tanto desde el lado de los discriminadores como de quienes, para no verse discriminados, optan por tratar de esconder su identidad quechua hablante.

El desprecio por el pasado supérstite  puede en muchos casos  enmascararse con el tributo a los fastos de los restos imperiales que encandilan a los turistas.  Como señala la historiadora Cecilia Méndez, la república criolla glorificó a la aristocracia inca al tiempo que despreciaba al indio contemporáneo. Es el caso también de una institución oficial como la Academia Mayor de la Lengua Quechua, creada para cautelar la pureza del idioma de los incas, antes que para promover su uso, difusión y puesta en valor entre la población. 

Algo similar se podría decir de la labor que realiza la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del MINEDU, más allá de los buenos propósitos y loables esfuerzos que animan a los que trabajan en esta área; al persistir en el equívoco de ver al quechua, y otras lenguas vernáculas, como elemento anclado en el pasado y de alcance restringido, que se debe cautelar casi por obligación, y no como factor vivo y dinámico, que hablan e identifican a millones de peruanos.

El gran reto de una política realmente inclusiva en esta área es no solo mantener o respetar el quechua y la diversidad  de lenguas del país, sino difundir e incorporar nuestra gran riqueza lingüística a toda la población; es decir, que salga del gueto idiomático al que lo ha condenado un Estado monolingüe y discriminador, para que nadie se vuelva a sentir avergonzado por usarlo sino todo lo contrario. Eso implicaría incorporar su enseñanza al currículo escolar y universitario y su uso a la práctica cotidiana de las instituciones públicas (de esa manera, los comunicados en quechua no serían la  excepción sino la regla) y porque no también, cada vez más de las privadas. Y por supuesto también, en los medios de comunicación, tanto escritos como especialmente orales y audiovisuales, que deberían ofrecer una programación cada vez más bilingüe e intercultural, como es la realidad de nuestro país.


Tal vez todo esto suene a utopía romántica e impracticable, pero si no empezamos a cambiar de enfoque en este tema crucial, volteando hacia ese otro Perú que está ahí pero no se quiere ver ni reconocer, no nos sorprendamos después cuando, más temprano que tarde, otro funcionario ya no hable de cáncer para referirse al quechua, sino simplemente se limite a un responso. 

martes, 13 de agosto de 2013

No uno sino muchos festivales

Por Christian Wiener Fresco

Desde el viernes 9 y hasta el sábado 17 de agosto, la atención de los cineastas, críticos, cinéfilos, cinemeros, curiosos y snobs de Lima y balnearios se traslada al Festival de Cine Latinoamericano que desde hace 17 años viene organizando el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 Este año se presentan 272 películas de 42 países en diferentes categorías y secciones. La principal es la competencia oficial, tanto de ficción como documental, donde los jurados respectivos reconocerán a las mejores obras de este continente seleccionadas. Por Perú compiten en ficción “El evangelio de lacarne” de Eduardo Mendoza, “Rocanrol 68” de Gonzalo Benavente y “Viaje a Tombuctú” de Roxanna Díaz; estas dos últimas, operas primas. En documental figuran “Sigo siendo (Kachkarinaqmi)” de Javier Corcuera; “Retrato peruano del Perú” de Carlos Sánchez y Sofía Velásquez y “La huellas del sendero” del español Luis Cintora.

Fuera de competencia se podrá ver también otros dos documentales nacionales: “Nadie especial, de Juan Alejandro Ramírez; y “Responso para un abrazo, de Nora de Izcue.

Las secciones paralelas incluyen panorama del cine latinoamericano contemporáneo, selección de la semana de la crítica de Cannes, un ciclo de cine portugués y retrospectivas de la actriz y directora francesa Sandrine Bonnaire y al reconocido cineasta serbio Goran Paskaljevic. Mención aparte será la presentación de  “Buenos Aires, Verano 1912 (1966), del argentino radicado en el Perú Oscar Kantor, y “Miradas múltiples, La Máquina Loca (2012) tributo que hace el mejicano Emilio Maillé al gran maestro de la fotografía cinematográfica azteca, Gabriel Figueroa

Este año, además, se inaugurará una pequeña muestra con tres cintas del llamado cine independiente norteamericano, y una gira ambulante de documentales, con títulos de Canadá, Estados Unidos, Francia y Méjico.

Finalmente los homenajeados, entre los que se encuentra el realizador norteamericano Alexander Payne (“Entre copas”, “Los descendientes”), la brasileña Gloria Pires, más conocida por su trayectoria en las telenovelas de la red O’Globo, y nuestra gran señora del teatro y la pantalla, la entrañable Elide Brero.


Y es que el Festival de Lima, con todo lo mediático y reconocido que es, ya no puede seguir considerándose el único de cine en la capital porque ahí están también el Festival Internacional de Cine Lima Independiente, que este año contó con la presencia de un ganador de la Palma de Oro de Cannes, el tailandés Apichatpong Weerasethakul. También el Festival Internacional de Cine Digital (FIACID), TRASCINEMA, dedicado al cine de no ficción, Al Este de Lima, con obras de la Europa oriental, OUTFEST, del cine LGBT, y un novísimo Censurados Film Festival. Y en el interior del país encontramos al Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO, que antes se realizaba en Cusco y ahora en Lambayeque, y el INKAFEST en Ancash, especializado en cine y andinismo; entre otros.

El surgimiento de estos festivales se debe a que en los últimos años la oferta cinematográfica se ha diversificado en la ficción, el documental y la animación, el acceso se facilita con las nuevas tecnologías del video y el cine digital, y se cuenta cada vez con mayor público especializado y abierto a propuestas experimentales y audaces de todos los ámbitos del planeta. Más que disputarle el espacio habitual de cine latinoamericano que cubre el Festival de Lima, han ampliado el espectro cinematográfico a otros horizontes y posibilidades, con lo que los grandes beneficiarios son el público realmente interesado en cine (y no posero) que asistió a sus funciones.

¿Habría admitido el Festival de Lima en su competencia oficial a “El espacio entre las cosas”, el exigente segundo largometraje del peruano Raúl del Busto? El filme fue estrenado en el Festival de Cine Independiente, donde obtuvo buenas críticas y una mención honrosa. Pero quien sí parece que se equivocó de festival fue el cusqueño José Huamán, que presentó para la categoría de documentales del Festival de Lima su trabajo “Inkarri: 500 años de resistencia del Espíritu Inca en el Perú”, pero no fue considerado por el equipo seleccionador.


Por eso y muchas razones más, es importante y necesaria la competencia y diversidad en este campo, para que todos los festivales, antiguos y nuevos, grandes y pequeños, se mantengan, crezcan y mejoren cada año para satisfacción del público, que más allá de los egos de sus organizadores, son su principal razón de ser. 

miércoles, 7 de agosto de 2013

En blanco y negro o a todo color

Por Christian Wiener Fresco


El otro día ingrese al  portal web de Tondero films y representaciones; y me percaté que en la galería de fotos de sus representados, entre los que se incluyen decenas de actores, actrices, conductores y cantantes; no se encontraba ninguno de rasgos indígenas o afroamericanos. 

En realidad este hecho no debería llamarnos la atención, ya que desde hace mucho tiempo en la televisión, publicidad e incluso buen parte del cine y el teatro peruano, es casi inexistente la presencia de otras personas que no correspondan al fenotipo blanco occidental,  como si fuéramos, al decir de Jorge Bruce, un país escandinavo. Lo que sorprende sí, es que el portal al que aludimos sea de la empresa que produjo el gran éxito comercial de “Asu Mare”, que supuestamente promovía el ascenso y la inclusión social y es producto de bandera de la “Marca Perú”.

Se cree equivocadamente que solo existe racismo cuando se hace ostensible y grosero, caso de algunos personajes cómicos, programas de concursos o en coyunturas especiales, cuando las pasiones se crispan, como las elecciones, pero se olvida que tan o más discriminatorio es la invisibilización de los otros, la negación de su presencia, que se encuentra tan acendrada en la ideología de las mayorías que casi no lo perciben o les parece natural. Muy significativo fue al respecto la airada reacción de ciertas elites al proyecto fotográfico de Daniela Ortiz, con escenas cotidianas de familias pudientes que descubrían a escondidas la presencia de 97 empleadas domésticas, convertidas en adornos y fondo de las imágenes.


Nadie duda que los mensajes racistas, machistas y de exclusión social sean práctica cotidiana en los medios de comunicación consumidos por millones de peruanos.  Sin embargo no existe sanciones  porque la actual Ley de Radiodifusión deja en manos de los dueños de los medios la “autorregulación”, que es una farsa conocida y admitida.

Es insólito que mientras un local púbico puede ser cerrado por prácticas que se consideren racistas y discriminatorias, ello no se aplica a los medios de comunicación, que pueden insultar y burlarse impunemente y no reciben mayor sanción que la social (tenemos el triste privilegio que un periodista peruano ganó el premio ‘al artículo más racista del año’ de una organización internacional que defiende a las organizaciones indígenas). Y si alguna autoridad osa siquiera cuestionar a un medio, estos inmediatamente reaccionan en conjunto, alegando un supuesto atentando a la libertad de expresión, que en realidad no es más que libertad de empresa.
Cuando se habla de la crisis de nuestro sistema educativo se suele soslayar el rol de los medios de comunicación en la formación de valores y prácticas ciudadanas y de una conciencia intercultural. Y no porque creamos a estas alturas en teorías como la de la aguja hipodérmica o de la influencia directa de los medios en el comportamiento humano, descartadas por su determinismo y unidireccionalidad; lo que no significa, empero, obviar el peso de los mensajes mediáticos en el menú cotidiano, más aún en niños y jóvenes que conviven con ellos y lo reproducen como algo “normal no más”.  
Urge por tanto poner en evidencia la continuidad del mensaje racista en nuestra sociedad, y vale los esfuerzos de denuncia en las redes de colectivos y personas que son cada vez menos tolerantes frente a la discriminación. Pero con todo, es insuficiente, correspondiendo al Estado, y en particular al Ministerio de Cultura, encabezar una campaña por visibilizar nuestra diversidad cultural, no sólo desde la comida, el folklore o la vestimenta; sino en la persona humana y su relación intercultural. Esa que suele olvidarse en los castings y promociones de las empresas exitosas, porque del dicho al hecho, hay casi siempre mucho trecho.

sábado, 3 de agosto de 2013

Disposición a la nada

Por Christian Wiener Fresco


El origen de esta norma es la Ley 29919, que modifica diversos artículos de la Ley 26370, Ley de la Cinematografía Peruana, y que fue promulgada el 28 de septiembre del 2012.


Como se sabe, la Ley 26370, sancionada en 1994 por el gobierno de Fujimori, no pudo aplicarse en su integridad porque los sucesivos gobiernos le asignaron un presupuesto muy menor al que mandaba para los concursos (se calcula que entre 1996 y 2011, sumó más de 70 millones de soles el monto de la subvención no recibida por el cine peruano, lo que representa el 69% de lo establecido en el texto).

Ante esta situación, el ex Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), el organismo oficial  encargado de aplicar la Ley, se vio obligado a espaciar los concursos de cortos y largometrajes que debían realizarse anualmente, y luego dejo de convocarlos, llevando a cabo en su reemplazo los llamados “concursos extraordinarios”, con premios más reducidos y mayor cantidad de categorías.

Hay que tener en cuenta, además, los cambios que la tecnología ha propiciado en el campo cinematográfico, de la película celuloide al cine digital, lo que implica mayor accesibilidad, abaratamiento de los costos y simplificación del proceso de producción, y que se traduce, de un lado, en una revalorización de géneros como el documental y el empuje de nuevas corrientes como el experimental y, por otra, en el crecimiento sostenido de un cine en las regiones, hasta hace algunos años casi inexistente por la aplastante hegemonía del centralismo cultural.

Sin embargo, al plantearse el año pasado la posibilidad de contar por primera vez con el presupuesto establecido en la Ley, se vio la necesidad de dejar de lado sus artículos excesivamente reglamentaristas sobre tipos de concursos, montos de premios y composición de jurado, que desde hace años no se aplicaban. Fue así que luego de sortear al Ejecutivo y Legislativo, se llegó a aprobar la Ley 29919,  que permite un manejo más flexible del tipo de concurso, premios y características del Jurado que la que figuraba en la legislación vigente. Se precisa también que toda mención y función que en la ley original le correspondía al CONACINE sea derivada al Ministerio de Cultura, que absorbió la entidad desde el 2011, y que la asignación presupuestal para la ejecución de los concursos no podrá ser menor a las 2008 UIT al año.    

Finalmente, en la misma Ley se señala, en su cuarta disposición complementaria y final, que “en un plazo no mayor de treinta días el Ministerio de Cultura aprueba las disposiciones complementarias que se requieran para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley”.

Pues bien, casi diez meses después de promulgada la Ley 29919 es que aparece la Resolución Ministerial Nº 206-2013-MC, supuestamente en cumplimiento de la disposición antes mencionada, y que como indicamos al inicio, precisa las categorías y etapas de los proyectos cinematográficos, la duración de las obras, así como las categorías y estándares de las obras cinematográficas, materia de los concursos.

¿Pero era ese el encargo de la disposición complementaria a aprobar? No, porque no tiene mayor sentido emitir una disposición para mencionar que los largometrajes deben ser de más de 75 minutos o los cortometrajes de menos de 20, cuando eso ya se encontraba expresamente indicado en el artículo 1 de la Ley 26370. Tampoco tiene mucho sentido definir qué se entiende por categorías como “documental”, “ficción” o “experimental”; ya que si bien es posible identificar criterios y características comunes que los engloban, es cierto también que hoy en día es cada vez más difícil establecer una línea divisoria rotunda y definitiva al respecto. Peor aún es hablar de una categoría “infantil”, que solo se puede entender por el público al que va dirigido, lo que ameritaría incluir, con igual derecho, a categorías como “escolar”, “tercera edad”, “femenino”, “diabéticos” y cualesquiera otras que podamos imaginar.  

Más grave es, no obstante, constatar lo que la resolución omite o ignora, que debía ser la razón de ser de la misma, y que era fijar los criterios básicos, generales y comunes a todos los concursos cinematográficos a convocarse por el Ministerio de Cultura, para evitar los cambios de las reglas del juego y sus requisitos de concurso a concurso, y de año a año. Es cierto que de acuerdo a la categoría, cada concurso tiene especificaciones particulares, que valen solo para ese caso; pero también es cierto que otros aspectos, como los posibles impedimentos para participar, las formas de elección, composición y tareas de la Comisión Técnica y Jurado, así como las modalidades de pago y posibles garantías o formas de supervisión a los proyectos no tienen por qué variar significativamente entre los diferentes concursos. De otra manera, como ha sucedido en el pasado, podría estar sujeto a la arbitrariedad de la autoridad, y un manejo direccionado de los mismos.

En resumidas cuentas, la resolución debió abordar los siguientes aspectos:
1.    Características del plan anual y tipos de concursos
2.    Contenido de las bases
3.    Alcances e impedimentos para participar de las empresas o personas
4.    Tipo de retribución económica  (premio o apoyo)
5.    Etapas del concurso y responsabilidad de las diversas instancias:
a)           Ministerio de Cultura (DIC/DAFN)
b)           Comisión Técnica
c)           Jurado
6.    Forma de selección, composición, funciones  y pagos a la Comisión Técnica
7.    Forma de selección, composición (nacional y extranjera), funciones  y pago al Jurado
8.     Acta o carta de compromiso
9.    Modalidades de pago y posibles garantías
10.  Supervisión y fiscalización del Ministerio

Nada de lo cual aparece en la Resolución Ministerial Nº 206-2013-MC, volviendo a dejar que todos estos asuntos se resuelvan (si es que se resuelven) en las bases de futuros concursos, y al amparo discrecional de funcionarios, y lo que es peor, abogados del sector cultura. Todo lo cual termina siendo una verdadera pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo del Estado para una disposición innecesaria e inútil, y que solo consagra jurídicamente la nada.   

PD.- Tal vez, como conscientes de su irrelevancia, y a pesar de haber transcurrido más de una semana de su promulgación, ni el Ministerio de Cultura, ni el ¿DICINE, DIC o DAFNM?, han subido la citada resolución a sus paginas web hasta la fecha.