jueves, 14 de febrero de 2013

Muevan las Industrias Culturales y las Artes


Christian Wiener

Este post culmina un acercamiento crítico inicial a los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 publicado recientemente por el Ministerio de Cultura, y que motivaron los artículos previos Política Cultural y Política de Estado, y En la diversidad está el gusto y el disgusto. Mucho de lo señalado en estos textos fueron alcanzados durante el intercambio de opiniones sobre el borrador de los lineamientos en el Ministerio de Cultura el año pasado, y otros puntos han sido procesados después, con la ventaja de la distancia física y temporal de mi labor en el Estado. Con ello, quiero contribuir en la medida de lo posible al necesario debate sobre Política Cultural en el país,  que sin duda excede al documento, enfocándome en los lineamientos generales señalados y su concreción práctica, antes que en las personas, autoridades y funcionarios, que son importantes, nadie lo duda, pero si queremos institucionalidad en el país, debemos trascenderlas a ellas y sus circunstancias.

En esta oportunidad me referiré a los lineamientos finales, sobre Industrias Culturales y promoción y difusión de las Artes. Hablar de Industrias Culturales es referirse a uno de los sectores más dinámicos y en crecimiento en el campo de la cultura, y que formó parte sustancial de los debates en las negociaciones del TLC, tanto por su implicancia en los temas de Derechos de Autor como en lo referente al acceso a los mercados de bienes y servicios culturales, muchas veces desiguales y excluyentes, manejado por intereses oligopólicos a nivel global. Es así que el sector cultura, conformado por artistas, gestores y funcionarios públicos, bregó y consiguió imponer en los TLC la reserva cultural, entendiendo que la cultura no es una mercancía como cualquier otra, por su carácter identitario colectivo (y por tanto estratégico) buscando preservar, en consonancia con los principios de la UNESCO, espacios a las Políticas Culturales de los Estados en beneficio de la creación, producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios culturales que son resultados de las Industrias Culturales contemporáneas.

Más que en cualquier otro campo de la cultura, en la I.C. la globalización ha tendido a privilegiar los productos de las grandes metrópolis –que vienen muchas veces aparejados con las últimas innovaciones tecnológicas y un apabullante marketing-  en detrimento de los producción nacional (cine, libros, discos) que solo logra acceder a los mercados internacionales e incluso nacionales, en la medida que se sometan e integren a los imperativos globales. Por eso es tan importante empezar por preservar los mercados propios y el acceso igualitario de los productos al público, como paso ineludible para poder proyectarse internacionalmente. Ahí están los casos de Corea del Sur o la Unión Europea, cuyas cuotas de pantalla han permitido el sostenimiento de su cinematografía ante la hegemonía  hollywoodense; o en el campo de la música, las políticas de Brasil o Colombia defendiendo los espacios para sus expresiones locales en los grandes medios de comunicación. Ello no significa cerrarse al mundo ni mucho menos, pero si evitar que la globalización termine negándonos incluso como país, con imágenes y sonidos propios.

Por esta razón fue que en el proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó el año pasado en el Ministerio con todos los gremios de cineastas, se acordó incluir la Cuota de Pantalla y otros mecanismos conexos para garantizar no sólo la producción de películas peruanas, sino su distribución y exhibición en las salas de cine, en igualdad de condiciones que los filmes extranjeros. ¿Se mantendrá esa propuesta en la anunciada nueva Ley que señala el documento, puesto que cuando se habla de ello sólo se menciona “potenciar los concursos” y “capacitación y asesoría” a los cineastas, hechos importantes y necesarios, pero notoriamente insuficientes y limitados si se quiere una Ley de cine de verdad, moderna e integral, además de descentralizada y realmente para todos? Recuérdese que las leyes son ante todo, la expresión de una voluntad política de los gobernantes, por lo que sería importante que la comunidad cinematográfica, cultural y la opinión pública en general, conozcan con  precisión cual es la voluntad política al respecto, no sólo del Ministerio de Cultura sino del gobierno en su conjunto, incluido por supuesto el MEF.

Preocupa asimismo que la difusión del cine nacional se restringa a un espacio ya existente y consolidado –pero pequeño- como la sala “Armando Robles Godoy” en el local del Ministerio de Cultura, y no se ambicione en un mediano plazo la generación de espacios similares en otras zonas de Lima y sobretodo del interior del país, para construir una circuito alternativo frente a la exhibición comercial, no solo para el cine peruano sino el cine cultural de alcance universal.

Caso similar se presenta en la propuesta de revisión de la actual Ley de democratización y fomento a la lectura, donde no se menciona el rol central que debe ocupar el sistema nacional de bibliotecas, y programas de fomento a los libros como por los promovidos por CERLALC,  en la promoción de la lectura, así como la revisión del régimen de beneficios tributarios de la Ley 28086, que no alcanza a las editoriales más pequeñas e “independientes” peruanas, así como la convocatoria periódica a concursos de autores, recopiladores, editores y otros, que ayuden a dinamizar el sector a nivel nacional,  con tiradas masivas y a menor costo, y que han tenido excelentes resultados en países como México, Colombia y Chile, entre otros.    

Siendo un dinámico sector productivo, las I.C. son un potencial de generación de empleos muy importante, diversificado y en no pocos casos, altamente especializado. El Ministerio debe propiciar el emprendimiento  productivo y el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto ampliadas en los últimos años por las nuevas tecnologías, que permiten un acceso mucha mayor y más amplio a la creación y disfrute de mayor cantidad de personas. Las nuevas tecnologías también ponen en cuestión los derechos de propiedad intelectual y de autor establecidos en los marcos de la OMPI y las legislaciones sobre la materia, planteando la revisión de medidas que, buscando cautelar a los creadores, se convierten en muchos casos en restricción para el uso y consumo de la información, de allí que se hable de proyectos contra la libertad en el ciberespacio como la Ley SOPA promovida por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, o las clausulas sobre circulación de contenidos digitales que estaría siendo propuestas para incluirse en el TPP que viene negociando el Perú. Las nuevas tecnologías, como todas, no son neutras, y así como facilitan en líneas generales más accesibilidad a los usuarios, también puede servir para estrechar y condicionar más su consumo, por lo que urge que el debate sobre su uso y posibilidades tome en cuenta también la variable cultural. 

Es innegable que el conocimiento y la información mensurable son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cualquier sector, y si se carece del mismo se anda a ciegas y por mera intuición, sin incidir en los requerimientos realmente significativos. Es cierto que la cultura comporta una fuerte carga subjetiva y del imaginario, difícilmente medible, pero ello no invalida su componente económico y respuesta social que permite mapear, medir y diagnosticar la acción de los grupos culturales y su impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales. Para ello es importante acciones como la implementación de registros de artistas y gestores culturales y la constitución de un dinámico Sistema de Información Cultural, que monitoree y renueve constantemente la información del sector, con mayor incidencia en las Industrias Culturales y la medición del consumo a través de las Cuentas Satélites en Cultura, en colaboración con el INEI, que se vienen llevando adelante en Argentina, Colombia y Chile, tomando como base para uniformizar los estándares de medición a la metodología base producida por el Convenio Andrés Bello.

Para este propósito es necesario también recopilar y centralizar la información de diferentes instancias del Estado, muchas veces suelta y desaprovechada, como el reporte del ISBN que maneja la Biblioteca Nacional del Perú, o los estudios de consumo televisivo que lleva adelante CONCORTV, además de los que disponen instituciones privadas y académicas, tanto en Lima como el interior del país. La investigación que debe propiciar el Ministerio de Cultura no se puede limitar al campo económico y estadístico sino debe promover también estudios históricos, arqueológicos, cartográficos, antropológicos, etnográficos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, arquitectónicos, comunicacionales, tecnológicos, legales e interdisciplinarios en general, que profundicen, revisen, cuestionen y debatan sobre la cultura y su expresión en el país, en coordinación permanente con los espacios académicos y centros de investigación, y que las investigaciones y resultados se traduzcan en publicaciones e informes accesibles por vía material o virtual, porque el conocimiento no debe circunscribirse a pocas personas sino de alcance libre para todos.            

De otro lado, las Industrias Culturales no pueden soslayar que uno de sus mercados más importantes son los medios masivos de comunicación, con su enorme influencia y peso social y cultural sobre el conjunto de la población. El Ministerio de Cultura, como organismo rector, no puede ser indiferente a sus contenidos y su relación con las políticas rectoras, sin que ello implique forma alguna de intromisión o censura, porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga, por ejemplo, en campañas públicas para fomentar la lectura o la cultura audiovisual, si se mantiene impertérrita la mediocridad televisiva como modelo cultural masivo. Por esa razón, es importante que el Ministerio forme parte del proceso de reconversión de la televisión y radio digital terrestre, para evitar que se prolongue el control de pocas y poderosas empresas en su manejo, abriendo espacios alternativos a las emisoras comunitarias y ciudadanas, que se han posicionado en el campo de la radio regional, y que podrían acceder a un espectro mucho mayor en todo el país. La otra responsabilidad fundamental del Estado es que se pueda contar por fin con una  televisora que sea realmente pública y no de gobierno, con una programación plural, y que pueda disponer –dadas las mayores frecuencias que abre la digitalización del espectro- de estaciones alternas que no estén sujeta a los imperativos políticos y puedan tener una programación cultural las 24 horas del día, de primerísima calidad y al alcance de todos (como el notable canal “Encuentro” en Argentina).     

TODO ARTE O VOZ GENIAL

El documento señala que para el Ministerio de Cultura todas las artes son fundamentales en el desarrollo de la cultura en el país,  las mismas que no han  recibido un apoyo sostenido por parte del Estado. En ese sentido, resulta importante definir qué política desde el Estado se va a impulsar para su visibilización  y desarrollo, más allá de este importante reconocimiento y porque no decirlo, rectificación histórica. Para tal propósito, una tarea clave es la formación de público, propiciando no solo el acceso mayoritario y disfrute del arte por la mayoría de la población, sino el conocimiento y manejo de sus códigos y herramientas, clásicas y modernas; evitando con ello que su consumo quede, como hasta hoy, circunscrito a pequeñas elites instruidas o conocedoras. Esta labor de formación debe darse tanto dentro como fuera de la escuela; cambiando en el primer caso la visión del arte como elemento accesitario o “adorno culto” para convertirlo en una herramienta de expresión humana trascendente, además de su valor estético; y en las comunidades, articulada a procesos de difusión didáctica, muestras itinerantes y creación propia, en un intercambio cultural que valore y potencie no solo los productos del canon y reconocidos artísticamente, sino el mal llamado “arte popular”, tradicional o moderno, que es tan trascendente y valido como cualquier otro. Esta labor de formación debe incluir la “formación de formadores” que permitan trabajar especialmente con niños y jóvenes, programas lúdicos y participativos que fomenten el aprendizaje teórico y práctico del arte y la cultura en su entorno social.

En cuanto a la Escuelas Superiores de Formación Artística, es lógico que en lo académico sigan dependiendo del Ministerio de Educación, pero ello no debe significar que se encuentren divorciadas del ámbito de la cultura, ya que este sector le debe proveer los contenidos curriculares fundamentales, además de los espacios para la práctica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Es necesario que dentro de los cambios y revalorización de la educación en el país, no se deje de lado a estas escuelas públicas, que siguen atravesando una grave crisis, no solo por magros presupuestos sino por la incuria e indiferencia ancestral de las autoridades. Igualmente, en el caso de los Elencos Nacionales, debe entenderse como una apuesta del Estado a la excelencia artística, no para competir con la iniciativa privada –por lo demás casi inexistente en este campo-, sino para que estas expresiones puedan ser conocidas y disfrutadas por la población en su conjunto, como un derecho inalienable al acceso que deben gozar todas las personas. Puede ser también una excelente herramienta de inclusión social, y de involucramiento a las nuevas generaciones, como lo demuestran experiencias como las Orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, Colombia y Chile. Pero todo ello requiere de una apuesta e inversión constante y sostenible, tanto de parte del tesoro público como de la financiación privada y porque no también, recursos de cooperación internacional.

El Gran Teatro Nacional es un espacio privilegiado que dispone el Ministerio de Cultura para la presentación escénica de primer nivel, y que a pesar del alto costo de su mantenimiento, debe cautelarse en su futura administración mixta, público-privada, que se respete un espacio central y privilegiado para la práctica y presentaciones de los Elencos Nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folklore, entre otros) y con acceso efectivo a públicos diversos, incluso a nivel promocional, para los sectores menos pudientes, además de jóvenes y niños.

Algunas tareas a emprender desde el Ministerio de Cultura en esta área, que no impliquen direccionamiento de la creación artística, es la implementación, a través de convocatorias públicas y transparentes, de fondos concursables, otorgamiento de becas, pasantías y residencias artísticas, apoyo a la movilidad de los artistas y elencos, presentaciones, publicaciones, apoyo promocional, etc. Al respecto, los proyectos de cultura comunitaria, que parten de las experiencias populares en construcción y difusión artística,  son muy importantes y deben ser estimulados, y allí se inscriben experiencias como los Puntos de Cultura o Cultura Viva, que llevan adelante tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyectos que construyen identidades y mejores condiciones de vida entre los ciudadanos, en especial los de condiciones más humildes, pero que no deben ser vistos como “herramientas”, pues lo desnaturalizan, convirtiéndolos  en medios utilitarios al servicios de campañas (por más loables y justas que ellas se presenten) negándoles su condición de arte y expresión cultural propia, tan válida y representativa como cualquier otra.
             

Finalmente, y en referencia a la revisión y reformulación de la actual Ley del Artista, esta debería requerir una atención prioritaria por parte del Ministerio de Cultura y los propios artistas y empresarios, como elemento emblemático del sector, ya que permite calificar a los artistas como profesionales e interlocutores, con igualdad de derechos y deberes laborales y creativos que los demás trabajadores. Y es que la política cultural tiene que empezar desde las personas que hacen cultura, los artistas, y el reconocimiento que se les debe como tales por parte del Estado y la Sociedad, en todo orden de cosas –como la profesión que figura en el DNI, pasaporte o RUC- para dignificar esta actividad y que nunca más una institución, pública o privada, sigan viéndolo como una actividad menor, “hobbie”, o confundan el “amor al arte” con la gratuidad y abuso de los artistas. Porque el verdadero artista es, como escribía Vallejo: “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.”          

jueves, 7 de febrero de 2013

En la Diversidad esta el gusto y el disgusto

Por Christian Wiener
 Prosiguiendo con los apuntes sobre los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 presentado recientemente por el Ministerio de Cultura, haremos referencia en esta oportunidad a lo indicado en el texto en varios de sus acápites (o lineamientos de trabajo) que definen algunas líneas matrices del pensamiento y accionar de la institución rectora de la cultura en el país.  
En primer lugar se define la opción intercultural como rectora del accionar del ministerio y el Estado en su conjunto,  porque sus implicancias atraviesan de forma transversal  a toda la sociedad: “la meta hacia una sociedad intercultural implica tanto inclusión social como la construcción de nuevas relaciones que respeten y valoren las diferencias culturales sin soslayar el destino mestizo integrador de nuestra nacionalidad”, se señala en el documento.  El problema, claro está, es como se traduce los conceptos y declaraciones en políticas concretas. Por  ejemplo, en cuanto al proceso de la controvertida Ley de Consulta Previa existe el legítimo derecho a preguntarse hasta qué punto ha sido llevado adelante por el gobierno porque cree efectivamente en ella, y no solo para cumplir el Convenio 169 de la OIT, y evitar las demandas de las comunidades indígenas y nativas que ayudaron al encumbramiento del actual gobierno,  y que no admiten una nueva traición a sus legítimos derechos. La impresión general es que nuestras autoridades arrastran los pies en este tema porque saben que es terreno minado, tanto por los requerimientos económicos y empresariales como por las presiones de las diversas etnias y comunidades, muchas de las cuales ocupan ancestralmente territorios ambicionados por los extractores nacionales y extranjeros.    

Es cierto que aquí la primera responsabilidad le cabe al Ministerio de Energía y Minas, que sigue siendo, como otras carteras, una entidad capturada por el capital, nada imparcial y sólo preocupada en lotizar el territorio nacional al mejor postor, aun contra las promesas electorales del actual presidente. En tal circunstancia, le cabe al Ministerio de Cultura representar y dar voz y presencia a las comunidades originarias en el gobierno, como lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente en la defensa medioambiental o Agricultura en cuanto al uso del agua; pero todo ello se desdibuja cuando se quiere reducir la llamada “conflictividad social” a factores externos (“agitadores antimineros”), invisibilizando a las comunidades y pueblos directamente involucrados, en vez de generar un diálogo intercultural, que no solo respete sino promueva la diversidad cultural en sus diferentes aspectos y alcances.       

Por tanto, la Consulta Previa no debe ser vista  como un obligado referéndum para garantizar inversiones (que ni siquiera es vinculante), en función a la Base de Datos de Pueblos Indígenas que viene elaborando el Viceministerio de Interculturalidad, sino como un principio y derecho intercultural básico de todas las poblaciones del país, para decidir de manera efectiva y no simbólica, sobre su suelo, subsuelo, cultura y opción de desarrollo. Y si las empresas y el Estado consideran prioritaria una concesión, y que no va a afectar ni a la naturaleza ni los modos de producción tradicionales en la zona, pues que se den el trabajo, con sus recursos, para disuadir y convencer a la población directamente involucrada, antes que demonizarla o incluso reprimirla, como en más de una ocasión ha sucedido. La Consulta Previa debería  ser el principio de toda democracia real y de una sociedad que promueve como uno de ejes rectores la interculturalidad, por esa razón, y más allá del  “realpolitik”, debería aplicarse a diferentes ámbitos y espacios del quehacer público, como el legislativo, para que las leyes sean producto del conocimiento y consenso de los directamente implicados y no  resultado de lobbies y presiones políticas y económicas a favor de los intereses más poderosos.   

LA IMAGEN DEL OTRO

En general, preocupa saber cómo se concretan las políticas interculturales enunciadas en el documento y cuáles son sus mecanismos de ejecución pública, porque se podría estar corriendo el riesgo de quedar en una noción abstracta y poco funcional como sucede en cierta medida en Bolivia con el Viceministerio de Descolonización dentro del Ministerio de las Culturas.

Una incidencia fundamental es, por supuesto, el plano educativo, y me refiero con ello no solo lo que se da dentro de la escuela sino fuera de ella, donde la cultura es factor central tanto a nivel de discurso como de relaciones interpersonales y comunitarias. Y un rol esencial le cabe en este tema a los medios de comunicación, que no pueden continuar como territorios donde “todo vale”, sin una incidencia social y cultural relevante. La pervivencia de mensajes racistas, machistas y de exclusión social sigue siendo práctica cotidiana en la publicidad, programas y noticieros consumidos por millones de peruanos por radio, televisión y prensa escrita, más aún en circunstancias críticas como los procesos electorales.  Frente a ello, la reacción de las autoridades gubernamentales ha sido muy tenue, porque la Ley de Radiodifusión deja en manos de los dueños de los medios la “autorregulación”, que es cada vez más una farsa, y se teme la reacciones invocando la libertad de prensa (que es más libertad de empresa) frente a una supuesta intromisión estatal.

Es curioso como el fantasma de la intervención estatista de Velasco hace casi 40 años pervive en el imaginario de muchos –alimentado por los medios- mientras la vergonzosa compra de los empresarios en el gobierno de Fujimori hace 12 años, que envileció a los medios como nunca antes en el país, se enfoca solo desde el punto de vista policiaco y judicial,  diluyéndose e incluso perdonando socialmente a sus responsables, porque muchos de sus allegados, testaferros y caras visibles siguen al mando de los medios o en la conducción de sus principales programas. Por ese motivo, paradójicamente, mientras un local púbico puede ser cerrado por prácticas que se consideren racistas y discriminatorias, ello no se aplica a los medios de comunicación, que pueden agredir impunemente (tenemos el triste privilegio que un periodista peruano ganó el premio ‘al artículo más racista del año’ de una organización internacional que defiende a las organizaciones indígenas).

Pero el discurso excluyente y discriminador no se limita solo a los casos extremos y ofensivos, ni es exclusividad de ciertas figuras mediáticas, sino que esta interiorizado en nuestras acciones cotidianas, incluso en el propio quehacer cultural del Estado y la propia comunidad artística. El artista Jorge Miyagui  me hacía notar que conceptos como “artesanía” o “arte popular” en oposición al “arte tradicional” es una forma de perpetuar una visión colonialista que termina marginando a las primeras frente a  la última, como si fueran expresiones inferiores y menos validas, lo que nos retrotrae a la polémica de 1976 por el Premio de Cultura al maestro  Joaquín López Antay ; o como la llamada “danza contemporánea” es vista desde los parámetros eurocéntricos y no se considera al Huaylas, Huayno o Festejo como parte de ella. Discriminación que no es solo conceptual, porque se reproduce en la institucionalidad artística oficial, sea en sus espacios culturales, centros de formación, prensa especializada, reconocimientos, etc. Otro ejemplo pertinente es el del cine regional, que durante varios años fue visto solo como fenómeno antropológico mientras el otro cine, de la capital, si merecía la atención crítica y estética especializada.

En ese sentido, la “producción de una nueva ‘narrativa’ sobre la nación” que debe ser acompañada por el Ministerio de Cultura, debe partir por preguntarse quienes serían los posibles destinatarios de este discurso y en qué contexto se presenta, para evitar la esquizofrenia entre el discurso de la cultura de la entidad oficial y el que producen otros sectores del mismo Estado. Al Ministerio de Cultura le corresponde encabezar la campaña para empoderar una política cultural amplia e inclusiva de manera general en la sociedad, empezando por el propio Estado, para que este, desde las más altas instancias hasta los niveles más pequeños de la administración pública, unifique criterios básicos sobre la misma y sus implicancias sociales, políticas y culturales. La cultura como agente de ciudadanía solo se empezará a forjar en la medida que todos, del Presidente al último concejal, entienda que la cultura es algo más que prácticas y actividades vistosas que supuestamente acompañan los “temas serios”, y que se encuentra anclada en nuestro imaginario y actuar cotidiano, por lo que la política cultural pública debe incidir en ella,  para construir una sociedad más plural, democrática y solidaria.   

CULTURA  DESCENTRADA

La descentralización debe ser también uno de los vectores básicos de la Política Cultural, pero esta debe traducirse en transferencia efectiva de funciones, facultades y recursos a las Direcciones Regionales de Cultura, así como capacitación y experticia en el manejo de la cosa pública, para evitar los problemas y limitaciones del proceso de regionalización impulsado en el país en los últimos años; así como un manejo digitado desde el centralismo sempiterno del Perú.

La articulación del Ministerio de Cultura, como organismo rector de la cultura en el país, con los gobiernos regionales –a donde deberán integrarse las DRC- y las direcciones y gerencias de los gobiernos locales es imprescindible, no solo en el rol de asesor y/o capacitador en gestión y políticas públicas en cultura, sino para consolidar criterios y prácticas comunes en esta área, respetando las diferencias culturales y de trabajo en cada lugar. Un elemento fundamental son los recursos económicos que se requieren para impulsar el trabajo cultural en las regiones y distritos, por lo que debería flexibilizarse el uso de los fondos del canon y otros ingresos extraordinarios que se recaudan en buena parte del país (incluido el FONCOMUN) para poder canalizar parte del dinero para el sector cultural, tanto en obras de infraestructura y preservación del patrimonio, como en la promoción de la actividad y desarrollo de la misma.  Esto debiera ir acompañado de una legislación que propicie y favorezca este uso de manera responsable y transparente, evitando los amiguismos y clientelismos, y que se traduzcan en proyectos serios y sustentables, para no repetir la experiencia de las bibliotecas municipales, establecidas como obligación en la Ley Municipal, pero que cuando existen, en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos mínimos como institución, para no hablar de sus inexistentes políticas culturales.

En cuanto a la política sobre patrimonio es muy positivo que se valore su uso por la ciudadanía, que “refuerce identidades locales y que llegue a insertarse creativamente en distintas políticas de desarrollo económico y social”; buscando que su gestión no sea privatizada ni genere exclusión de un bien común de la nación y sus ciudadanos. Pero, otra vez, ¿cómo se colige esta legítima y muy justa exigencia con las demandas e imperativos de la promoción turística? Ahí están los reiterados casos de conflictos por el manejo de bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO, caso Machu Picchu, o la política con los artistas, que muchas veces se ven obligados a desnaturalizar sus obras o producirlas en serie por las exigencias del mercado turístico nacional e internacional, más aún cuando se encuentran amenazados por la competencia china, que como sucede en el sector textil, es capaz de ingresar a precios dumping y con productos a escala gigantesca, distorsionando por completo el mercado. Afrontar estos retos exige algo más que una mayor coordinación del Ministerio de Cultura con el MINCETUR, el MEF o el Ministerio de la Producción, que responden a una lógica diferente y hasta opuesta a la de Cultura en cuanto a prioridades sobre inversión económica y protección cultural, requiriéndose una definición por parte del Estado sobre las competencias de cada sector, y cuál debe ser el rol y rumbo que el país establece en este tema.

Sería bueno resaltar y relievar la importancia que desde el Estado se reconozca y promueva la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que está relacionado con la tradición vigente de la población, y nuestra diversa y compleja identidad popular, “desfolklorizándola”, no en el sentido de negar la riqueza expresiva y valor histórico de sus manifestaciones, pero respetando –sin caer en el purismo- su autenticidad, sin los imperativos comerciales o de otra índole que la puedan deformar o deslegitimar.  Otro patrimonio igualmente importante por rescatar y poner en valor es el documentario, tanto a nivel bibliográfico como de imágenes y audiovisual, porque la memoria de los siglos XIX y especialmente XX y XXI se encuentra principalmente en esos soportes, y no puede ser que se esté perdiendo irremediablemente por el desconocimiento e indiferencia de sus propietarios, y la poca atención de las autoridades al respecto.     
Antes de concluir esta segunda entrega, me parece necesario señalar algo en  referencia a la gestión internacional de la cultura. Es claro que cada vez crece más la importancia de la cultura en el contexto de la globalización, ya sea a través de la diplomacia y las relaciones con los otros países o por su incidencia en los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales, la participación en los organismos regionales y mundiales o las interacciones con la cooperación internacional. Se trata de una política que interactúa con otros sectores, particularmente con la política exterior del país, y que por tanto tiene que estar articulada con esos sectores para posicionar la cultura nacional, con su rica diversidad, en la esfera mundial. Lamentablemente, muchas veces las Embajadas del Perú en el extranjero, y sus representaciones diplomáticas en el campo cultural, actúan por su cuenta, respondiendo más a iniciativas personales que a una propuesta concordada con las autoridades de cultura, lo que también se ha presentado con entidades como PROMPERÚ.

La Política Cultural debe tener en cuenta también a los cientos de miles de compatriotas a lo largo del mundo, y que de manera espontánea han mantenido los vínculos culturales con el país, empezando por el muy exitoso boom de la gastronomía, pero sin agotarse ni mucho menos en ese campo Los convenios, tratados y acuerdos internacionales deberían incidir en reforzar políticas comunes en campos como el combate al tráfico ilícito de bienes patrimoniales y la protección, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio nacional, así como garantizar la  libre y equitativa circulación e intercambio de bienes y productos culturales, y de los artistas. Y es que la cultura, insisto, no puede ser un agregado vistoso del discurso o imagen del país, sino un actor central en su definición y estrategia, acorde a los postulados y lineamientos básicos que plantea el Ministerio de Cultura.   

lunes, 4 de febrero de 2013

Política Cultural y Política de Estado

Christian Wiener
El lunes 28 de enero el Ministerio de Cultura presentó en sociedad una versión preliminar de los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016. En primer lugar,  hay que saludar la iniciativa de poner en blanco y negro y para la discusión abierta del sector, este documento subdivido en siete grandes directrices, que abarca en líneas generales los espacios organizativos y ámbitos de influencia que ocupa actualmente el Ministerio. Es cierto que no es el primer esfuerzo en el país, y desde el propio Estado, por promover y sistematizar el debate sobre la política cultural, y el documento se cuida en precisar que se ha tenido en cuenta varios otros producidos sobre el mismo tema en la última década (y que están mencionados en la página 30).

No obstante, siendo justos, debió incluirse también una mención a quienes elaboraron este texto, que tuvo a Víctor Vich como organizador de su estructura básica y redactor de un primer borrador, que luego fue enriquecido con los aportes, comentarios, sugerencias y críticas de los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Cultura, tanto de Lima como las sedes regionales, y presupongo además, con la participación de académicos y gestores y actores culturales consultados por la Alta Dirección. Todo ello, sin negar que se trate de un texto institucional y asumido como tal por el Ministerio y sus responsables, pero no estaba de más la mención, en aras de la transparencia, y reconocimiento a quienes trabajaron en este documento.

CULTURA SIN POLITICA

El Perú es un país de cultura milenaria, con imponentes vestigios arqueológicos que hasta ahora causan la admiración de los visitantes. Sin embargo, el tema de la cultura apenas si ha tenido un mínimo interés por parte del Estado desde los tiempos de la independencia, al punto que alguna vez un conocido artista declaró a una revista local que, a su criterio, la mejor política cultural “era la que no existía”. Más que una boutade, o mero reflejo de la ideología del Consenso de Washington aplicada a la cultura, lo que estas declaraciones delatan es el desencanto y frustración de la gran mayoría de nuestros agentes culturales frente a un Estado que apenas si ha considerado a la cultura, ya ni siquiera como última rueda del coche, y cuyo olvido e indiferencia a nuestras diversas expresiones artísticas y culturales es proverbial. Es significativo que la cultura no forme  parte del Acuerdo Nacional y tiene una relevancia mínima en el texto constitucional, más allá de frases hechas y conceptos “políticamente correctos” pero sin mayor ejecutoria ni direccionalidad.  

La creación del Ministerio de Cultura el 2010, reclamada por gran parte de los artistas y gestores culturales, representa un paso importante en cuanto a empoderamiento institucional del sector, pero no se puede obviar que su creación se debió más a la voluntad presidencial, que a un proceso político desde la sociedad civil como ha sucedido en otros países donde también existe. Ahí está el caso colombiano, donde la movilización y debate de los sectores culturales se tradujo en una Ley General de Cultura, cuya promulgación dio origen al Ministerio en 1997. En Perú se puso, en cambio, la carreta delante de los bueyes, creando la institucionalidad burocrática sin haber definido primero los lineamientos básicos de política cultural del Estado. De resultas de lo anterior, que el Ministerio de Cultura devino en la práctica en un Instituto Nacional de Cultura (INC) ampliado y con más personal y obligaciones, pero con la misma partida presupuestal porque para calmar a los críticos, se trató de vender el discurso demagógico que no iba a representar más gasto al erario público.

Los partidos políticos le dan escasa importancia al tema cultural, y cuando hablan de ello, no escapan de los lugares comunes y una visión superficial, casi de adorno, pero no sustantiva ni clara dentro de los planes de gobierno. El partido nacionalista no es una excepción, y ni en su voluminoso y abandonado programa de “La gran transformación” y mucho menos en la más escueta “Hoja de ruta”, hay la menor mención a política cultural desde el Estado. Asimismo en los mensajes presidenciales de fiestas patrias del Presidente Humala, donde debe resumir lo hecho y señalar las líneas centrales por desarrollar en el año siguiente, ha brillado por su ausencia el tema cultural, a no ser por algunas menciones generales, y el siempre polémico tema de la Consulta Previa, cuyo alcance es transversal a diversos sectores. Por ende, quienes asumen el encargo de la cartera,  deben aprender a guiarse más por la intuición y lo ya avanzado aquí o en otras latitudes, antes que explorar nuevas vías de lo mucho por hacer en esta área en el territorio nacional, y la forma como interviene con otros sectores productivos e institucionales del país

Precisando, además, que si la cultura, como dice en el texto “es un bien público y un derecho de los ciudadanos”, no es lo mismo el ámbito y diseño de una Política Cultural amplia, diversa y democrática desde el Estado “buscando generar mejores condiciones para el libre desarrollo de la producción cultural” en los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, y otra, el señalamiento de un plan de acción, con iniciativas y  actividades culturales concretas, impulsadas y desarrolladas por el Estado, sea central, regional o local.  
  
Al respecto, el documento plantea que las políticas culturales deben trabajar sobre dos campos centrales: “buscando intervenir en el estilo de vida de los ciudadanos” y al mismo tiempo “promover la mayor democratización de los objetos y las prácticas culturales existentes”.  Estos elementos, siendo importantes, resultan insuficientes, ya que se deja de lado la dimensión histórica de la cultura y como esta forma parte indesligable de lo que entendemos como nación, partiendo del concepto de “comunidad imaginada”, es decir construcción social y cultural, de Benedict Anderson. En esta medida, las políticas culturales, en tanto políticas públicas, son acciones centrales en la configuración de la nación, no como un todo homogéneo sino más bien en su pluralidad y heterogeneidad. Por ejemplo, en el documento sobre Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia, se menciona que “las políticas culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedadEsto resulta muy relevante ante el incesante proceso de la globalización y la conformación de culturas globales que interactúan con culturas nacionales y regionales, frente a las cuales la Política Cultural debe asegurar que la necesaria integración cultural al mundo, no termine ahogando o subsumiendo lo nacional y local. 

¿Cuál es el ámbito de la cultura en el país?  De la lectura del documento pareciera entenderse que se limita a lo que se encuentra administrativamente adscrito o incorporado al Ministerio y no es así. Hay sectores conexos que en algunos casos debería poder discutirse su pertinencia al sector, como es el caso de los artesanos, hasta el momento en el dominio del MINCETUR, a no ser lo que tienen que ver con la tradición que forma parte del Patrimonio Inmaterial. Pero se deja de lado que la artesanía es parte relevante de las Industrias Culturales, no solo para el mercado externo sino el interno. En cuanto al turismo, ciertamente que también es otra Industria Cultural (como la propia Gastronomía) pero dado el desarrollo, peso y poder que dispone, creo que sería riesgoso por el momento –desde mi punto de vista- una fusión o integración de sectores,  ya que me temo terminaríamos subsumidos por la dinámica mercantil de ese sector. No obstante ello, es importante articular una política común entre cultura y turismo, que priorice a la primera, por ejemplo a nivel patrimonial, ya que de otra manera, la segunda podría quedarse en poco tiempo sin sus principales atractivos. Otro espacio clave en referencia al sector, es todo lo que se refiere a Derechos de Autor y Propiedad intelectual, que actualmente depende de INDECOPI, que está íntimamente relacionado con el trabajo de los artistas y gestores, y que cobra una relevancia  de primer orden con los desafíos de la nuevas tecnologías y las regulaciones legales al respecto, incluyendo los convenios y tratados internacionales como las negociaciones del Transpacífico (TPP) en la que viene participando el Perú.

CULTURA SIN PRESUPUESTO    

Por todo lo anterior, lo primero que habría que preguntarse en referencia a estos Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 es cuál es su correspondencia con  la política general del Estado, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, ya que de otra manera mucho de lo que se dice en el documento corre el riesgo de quedarse en deseos muy bien intencionados pero sin concreción práctica.  

Empecemos por el tema presupuestal: el sector cultura debe contar con financiamiento adecuado y una partida presupuestal que permita atender las demandas, más allá de las exigencias tradicionales del INC,  enfrentando las nuevas tareas y retos que se impone como Ministerio. La UNESCO plantea destinar el 1% del Presupuesto General de la República a Cultura, pero mientras se busca llegar a ese ideal, se debe disponer de recursos públicos más significativos que los actuales, si se quiere realmente empezar una gran transformación de la sociedad y sus valores. Esto no puede depender de la buena voluntad de quien ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas, sino de una política gubernamental en su conjunto, que sea permanente y consistente. Urge sensibilizar a los funcionarios del MEF sobre el rol de la cultura, al tiempo de visibilizar  a la sociedad que no se trata de un gasto sino una inversión, que genera un importante movimiento económico y social,  con impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales.  
Es muy importante que parte de la inversión en cultura se destine a la infraestructura cultural en el país, tan escasa como poco desarrollada. Inversión que debe ser también manejada de forma transparente y pensando más en la funcionalidad y accesibilidad de los espacios al público antes que en arquitecturas barrocas y dilapidadoras de recursos, promovidas más a la honra de autoridades que para un uso cultural y ciudadano adecuado. En ese sentido, el modelo de las Casa de Cultura o Centro Cultural, que reúna de manera conjunta a biblioteca, auditorios, salas de cine, de conferencias, galerías y museos, y anfiteatro; podría ser el ideal a promover a nivel nacional como espacio de encuentro e irradiación cultural diversa, si el área física y la disponibilidad económica lo permiten.  
El MEF y la tecnocracia a cargo de los temas macroeconómicos y fiscales, tiene que ser consciente, además, que no puede seguir oponiéndose a los estímulos tributarios, exoneraciones, subsidios específicos y/o otros instrumentos impositivos y parafiscales regulados, porque de otra manera no se va a poder promover de manera efectiva un sector tradicionalmente relegado del reparto económico como el cultural. Esos instrumentos sirvieron para impulsar a sectores como el turismo, la educación, o la agroexportación en el país, y han tenido grandes resultados en países como Argentina, Colombia y Brasil para promover diversos campos de la cultura.
Otra fuente importante de financiamiento es el fomento de la inversión privada en cultura a través de mecanismos como el mecenazgo, que no debe buscar suplantar ni encubrir la obligación del Estado en este rubro, auspiciando el involucramiento del sector privado con el campo cultural. La inversión privada puede apoyar trabajos de rescate y puesta en valor del patrimonio, el patrocinio y reconocimiento de la creación artística, la producción y circulación de bienes y servicios culturales y las buenas practicas ciudadanas, entre otros asuntos, tomando como base las experiencias exitosas de Estados Unidos, México, Brasil y Chile al respecto, con un acceso abierto e inclusivo a los interesados (evitando circunscribirse a los proyectos “sin fines de lucro” o “solo comerciales”, porque eso termina limitando el estímulo a lo puramente benéfico y simbólico de una parte, o al cálculo de la rentabilidad y marketing de otra).
En cuanto a lo legislativo, más que una agenda de propuestas para los diversos sectores y áreas de la cultura, muchas veces desconectada e inconexa entre sí, lo que urge es dotarnos de un marco general sobre la cultura en su conjunto, algo así como la citada Ley General de Cultura de Colombia, donde se definen los conceptos básicos y rol del Estado en este campo, así como los diversos elementos que la constituyen y participan de ella, en concordancia con los acuerdos y convenios internacionales suscritos sobre cultura por el Perú. Esta norma, que como decíamos, debió anteceder a la creación del propio Ministerio, serviría también de paraguas y delimitación del ámbito legal, político, económico, social y cultural para los diversos sectores involucrados en la institución como el patrimonial, las industrias culturales o las practicas interculturales, para las cuales les correspondería, en cada caso, sus normas específicas, como desarrollo y precisión de la legislación central.
La legislación sobre cultura debe tender a la institucionalidad del sector, muchas veces dominado por la informalidad, el “amiguismo” y las influencias sociales, inevitable en un mundo tan pequeño y endogámico, donde todos se conocen de alguna manera entre sí. Por eso es tan importante que todos los procesos sean abiertos y transparentes, en igualdad de condiciones para todos, y donde las ayudas se canalicen a quienes lo necesitan o lo ameritan, porque si queremos fomentar en la sociedad una cultura de buenas prácticas culturales, debemos empezar por aplicarlas en casa.
Todas estas acciones, si bien deben ser promovidas y encabezadas por el Ministerio de Cultura, su alcance involucra a todo el Estado y la sociedad en su conjunto, y por eso es tan importante que las definiciones y acciones sean asumidas por el conjunto, para que los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 no se queden solo en el papel. En siguientes post me referiré a la perspectiva intercultural, la defensa del patrimonio, el estímulo a las industrias culturales y las artes, y el rol de los medios de comunicación en la promoción cultural, señalados en el documento.