domingo, 3 de diciembre de 2017

La Ópera de las 6000 UIT



Por Christian Wiener Fresco

Aprovechando la distracción general por lo temas de la mega corrupción y el fútbol, y el escaso interés –salvo de los implicados- en los asuntos presupuestarios, la mayoría del Congreso de la República en los últimos días hirió de muerte a la todavía nonata Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano presentada por el Ejecutivo, al reducirle a la mitad el presupuesto propuesto para su ejecución anual, de 6000 UIT (algo más de 24 millones de soles) a 3000 (que es poco más de 12 millones de soles); manteniendo los mil UIT adicionales para las otras industrias culturales, tal como se propone en la formula legal.

Se ha dicho que esto parece una película de terror. No estoy tan de acuerdo, más bien lo veo como una comedia bufa, una tragicomedia de equivocaciones y esperpéntica, empezando por algunos parlamentari@s y sus expresiones contra el cine y la cultura nacional que los pinta de cuerpo entero lo que son y defienden.  Pero bueno, menos no se esperaba de la bancada fujimorista, donde su relación con la cultura es un imposible oxímoron. Allá los que alguna vez creyeron que uno de sus representantes iba a poder abogar por una ley de cine realmente para los cineastas y no para las transnacionales.

 
Por eso los cineastas desde hace más de quince años insistieron en la necesidad de constituir un fondo con  los recursos del impuesto municipal a las entradas de cine, en la lógica del “cine financia al cine” que se aplica en otros lares. Era un dinero más predictible, que permitía constituir un fondo autónomo, y sin tantas contingencias políticas ni reclamos de recursos para otras funciones, que en este caso apuntan al área patrimonial en cultura. Planteamiento que ya había sido consensuado hasta con los distribuidores y exhibidores, que se beneficiaban con una reducción de su carga tributaria, y que fue presentado como propio por el Ministerio de Cultura en su primera versión del mes de mayo de este año.  Sin embargo el MEF, como ya es conocido, se opuso a esta posibilidad para no alterar su ortodoxia neoliberal, y para dar una salida al Ministro propuso que similar cantidad a la prevista sea asignada de forma directa del tesoro público, lo que ahora se pretende presentar como un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y los gremios de cineastas.

Los altos funcionarios de economía, supuestamente tan duchos en el manejo de la cosa pública ¿no previeron el desenlace congresal? A la ya mencionada indiferencia, cuando no hostilidad, a todo lo que suene a cultura del colectivo naranja que domina el parlamento, habría que agregar el  espíritu vindicativo contra las películas que no han dejado muy bien parado al gobierno de su líder, y la visible participación de prominentes actores y figuras mediáticas en protestas de “No a Keiko”. Y porque se la tienen jurada, allí los vemos tratando de montar un circo macartista para perseguir a los artistas que prestaron su rostro a la campaña contra la revocatoria municipal, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en la financiación de la misma.  

Eso sí, los fujimoristas no actuaron solos, colaboraron con ellos los que por acción u omisión no se opusieron a sus planteamientos, no defendieron ni denunciaron este recorte, y que al final terminaron votando conjuntamente el dictamen, ese sí “acordado”, del presupuesto 2018 (tal vez pudieron agregar que obedecía  “a un entendimiento en un clima de diálogo y consenso”, como se dijo a propósito del retiro del director del LUM)., Los únicos que levantaron la voz de protesta en este punto fueron los congresistas de izquierda, porque al resto, como de costumbre, la cultura les importa solo cuando les da notoriedad.

Lo peor es que por el pragmatismo con el que se manejó este proyecto, dónde lo único que parecía importar era el dinero que se iba a obtener, se sacrificaron otros asuntos importantes para lograr una verdadera ley de cine como la creación de la Cinemateca Nacional, de la Film Commissión y la educación audiovisual en los colegios, o el establecimiento de la Cuota de Pantalla, o cuando menos del Mínimo de Mantenimiento para garantizar el acceso y mantenimiento de las películas peruanas  no comerciales (o “independientes” según la sesuda congresista Chacón). Para no hablar de falta de definición sobre el apoyo al cine regional o la drástica reducción de los porcentajes y derechos de los técnicos y artistas peruanos en las producciones nacionales a beneficiarse de esta ley. Todos son temas que hemos desarrollado de manera exhaustiva en diferentes textos, y que se justificaban desde los gremios con la supuesta urgencia de lo económico, asegurando que lo otro se vería en leyes futuras. ¿Alguien puede creer ahora, luego de lo sucedido con el presupuesto de la nueva ley, que este Congreso va a gestionar alguna otra norma relacionada a la cinematografía peruana?

Lo cierto es que la nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano empieza con mal pie y exhibiendo sus debilidades, lo que ciertamente no nos alegra, pero tampoco sorprende. Y es que acá se erró tanto en el contenido como en la estrategia de promoción de la propuesta, enfocada a pesar de sus promesas inclusivas solo en los intereses de los productores y su preocupación en hacer más películas, aspiración legítima pero insuficiente para la población y la opinión pública, a la que más podía interesarle como logra ver esas películas, que puede sacar de ellas y de qué manera cambiaría eso parte de su vida y educación (de ahí la importancia estratégica del tema pedagógico y la Cinemateca como soporte). Precisamente estos días, con el encedido debate alrededor del estreno de la película sobre la paisana Jacinta y sus estereotipos racistas  y discriminatorios se pudo intervenir desde el sector proponiendo no la censura, inaceptable sea directa o velada desde cualquier punto de vista, o la reiteración de las críticas ya consabidas y académicas, con la posibilidad de visiones alternativas y artísticas desde nuestras películas documentales y de ficción sobre la mujer andina, mostrando porque si es importante construir una imagen propia de nuestro país y su gente a través del cine, tanto para el mercado externo como interno.

Esperemos por último que después de esta experiencia los gremios de cine entiendan que su misión no se debería limitar a ser actores secundarios o comparsas de las promesas y favores del Estado, sino más bien protagónicos en la lucha por una ley justa, integral y sostenible del cine peruano.      

lunes, 13 de noviembre de 2017

Las pantallas son anchas y ajenas



por Christian Wiener Fresco



Como sabemos, esta película no ha sido la primera y probablemente tampoco la última que sea maltratada por querer estrenarse en su propio país. Esta situación se mantendrá mientras la autoridad se siga haciendo la vista gorda en este tema, no queriendo legislar al respecto para no chocar con la supuesta y sacrosanta “libertad de mercado”.

En la presentación que hizo el Ministro de Cultura el martes 7 de noviembre en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso para sustentar el proyecto de nueva ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano, mencionó como ejemplo de apoyo al cine el caso de Francia, pero se cuidó de señalar que su Estado no solo fomenta a sus cineastas económicamente, sino con garantías para la exhibición de sus películas, aun las más difíciles y experimentales, gracias a la cuota de pantalla. Por eso los galos encabezaron en los años 90 el movimiento por la excepción cultural en el campo audiovisual, para protegerse del monopolio avasallador de la cinematografía hollywoodense.


Igual se podría decir en América Latina de Argentina o Brasil, por mencionar dos de las cinematografías más fuertes en la región, donde la cuota de pantalla es un elemento clave de sus legislaciones y factor central para la visibilidad de sus producciones.

En el Perú actual sin embargo de ese tema no se quiere ni siquiera hablar, como si mencionarlo fuera casi una herejía, un fantasma del pasado que mejor se exorciza con el silencio. Pensar que hace unos años se avanzó a plantearlo por primera vez en un texto legal para el cine peruano, aun con la salvedad de no ser obligatoria, y ese solo hecho desató la tormenta perfecta entre quienes cuestionaban su posible inaplicación contra los más que ya lo daban por hecho, y sentenciaban que eso iba contra la libertad del público (aunque en realidad de los empresarios) al supuestamente obligar a los peruanos a consumir su cine.

La cuota de pantalla es un mecanismo por el cual se asegura un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en los canales de televisión peruanos, cifra también estipulada para las estaciones radiales. Lo que la propuesta del Ministerio de Cultura, en conjunto con los gremios de cine, planteaba en el proyecto del 2012 era la posibilidad que la entidad oficial de la cinematografía, “teniendo en cuenta la infraestructura de salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año, podrá fijar anualmente políticas sobre porcentajes mínimos de exhibición de obras cinematográficas peruanas en cualquier medio o sistema correspondiente. Este porcentaje no debe superar el veinte por ciento (20%) del total de obras exhibidas a nivel comercial en el país durante el mismo período de tiempo.”   

El porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota, del 20%, no era una cifra arbitraria, sino que esta consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se cautela que hasta ese porcentaje nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual y específicamente cinematográfico (en el anexo II de Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios). Los negociadores peruanos que participaron de este acuerdo no consignaron esta salvedad por puro formulismo, fue una manera de asegurar una mínima soberanía en el manejo de las políticas públicas en materia cultural por el país.  

Pecan por tanto de ignorancia o mala fe todas las voces que hablan que la cuota de pantalla “obligaría” a los espectadores peruanos a ver su cine. No, aquí no se trata de imposiciones ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero si abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes blockbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. Y la mejor prueba es que en todos los países donde existe este mecanismo, no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

En el nuevo proyecto de ley se propone como gran solución que se suscriba un contrato entre las empresas exhibidoras y el titular de los derechos de utilización económica donde “se regulen las condiciones de estreno y la exhibición comercial de la obra”. Pero para quien conoce un poco del comercio cinematográfico sabe que todo eso no pasa de buenos deseos, porque nunca ellos han suscrito un contrato para exhibir una película, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo ya que la ley no establece ninguna posible sanción a su incumplimiento. Allí se revela la relación asimétrica que existe entre los productores y distribuidores nacionales frente al puñado de grandes cadenas exhibidoras asociadas a las distribuidoras norteamericanas, que pueden excluir cualquier título nacional que no les interese sin mayores consecuencias, a no ser alguna queja en redes sociales. Por lo demás, la actual ley, la 26370, ya preveía este tema de los contratos y como ha quedado demostrado en estos años, no sirvió de mucho, en realidad de nada.

La otra propuesta esbozada en el proyecto de nueva ley, la del fomento a la exhibición cinematográfica alternativa, suena atractiva en cuanto a impulso del cine cultural, pero difícilmente lograra tener el impacto que se demanda en el terreno comercial –si se quiere un cine mínimamente rentable- salvo que se generalice un circuito alternativo como las salas INCAA en Argentina. De otra manera, se estaría condenando al cine peruano a un gueto, lo que haría muy difícil su popularización, más allá de los títulos comerciales que no requieren mayor apoyo para su exhibición.

Adicionalmente la cuota de pantalla debe complementarse con el mínimo de mantenimiento, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores en una semana no sea retirada arbitrariamente de cartelera. Práctica muy común en el negocio cinematográfico, por presión de las distribuidoras trasnacionales, que tienen todos sus estrenos planificados internacionalmente, y donde cualquier película nacional o de otra procedencia que altera sus planes, es inmediatamente eliminada de la “libre competencia”, aun cuando haya tenido un comportamiento comercial exitoso en su semana de estreno. Lo que se trata es de garantizar que la película cumpla cuando menos su primera semana de estreno, como no sucedió “La luz en el cerro”, y que pueda seguir en circuito si alcanza un determinado número de espectadores. Eso implicará que el Ministerio de Cultura desarrolle una labor de fiscalización en este campo, supervisando los estrenos y desempeño comercial de las películas exhibidas en el país en cualquier medio o sistema. Y que la Ley contemple además, posibles sanciones para quienes lo incumplan, no como ahora donde todo el título de infracciones y sanciones está dedicado exclusivamente a los productores.

Lejos de restringir la libertad de elección, la cuota de pantalla permite una apertura y democratización de nuestras pantallas, y una libertad de opciones para todos los peruanos que actualmente estamos lejos de tener ante la “cuota de pantalla” que nos imponen desde afuera. Por el contrario, lo que se propone es un porcentaje muy minoritario en relación a toda la producción extranjera, en especial hollywoodense, que domina nuestro mercado como al resto del mundo, lo que implica que la negativa a aplicarla es más ideológica que realmente práctica.    

Culmino con un texto del INCAA sobre el punto, que me exime de mayor abundamiento sobre las razones de fondo que justifican esta medida: “Fundamentalmente, debe repararse en la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad económica, han conducido a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de una constante oferta de sus productos sobre las naciones con economías menos desarrolladas, favorecen la unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales. Ante este fenómeno el Estado debe asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y efectivamente de los bienes y servicios culturales propios.