Ley de Cine ¿más de lo mismo?

por Christian Wiener Fresco

Hace algunas semanas escribimos un post saludando la disposición pública del Ministro de Cultura para hacer posible que el Perú cuente, por fin, con una nueva Ley de Cinematografía, acorde a los tiempos actuales y que no tenga nada que envidiara la que existen en otros países de la región. Y nos pareció también una buena señal que se convocara a los gremios a retomar el trabajo realizado hace unos años, en el mismo ministerio, y con el mismo fin. Es cierto que el tiempo ha pasado, y que los continuos cambios sociales, políticos y tecnológicos, nos demandan soluciones más audaces, pero era un buen síntoma empezar por lo que, no sin gran esfuerzo, se había logrado consensuar en el sector.

Sin embargo, las primeras y parciales informaciones del anteproyecto que se discutía dejaban traslucir que la poda del árbol inicial lo estaba dejando casi irreconocible, lo que parecía contradecir una de las premisas centrales del anterior trabajo, que era  “no solo asegurar más presupuesto para producir películas, que también nos dotemos de una norma integral, ya que el cine o audiovisual en estos tiempos digitales, es una problemática amplia y compleja, que abarca muchos más aspectos que el fondo económico y cómo repartirlo. Al fin y al cabo esto fue parte de la intensa polémica que rodeo a la fallida “Ley Raffo” en los años 2009 y 2010, y que dividió al gremio. “

Y señalamos en la nota como se había eliminado o reducido a lo meramente declarativo y sin efectos prácticos una serie de aspectos que el proyecto de ley desde un principio contempló como parte fundamental de una visión en conjunto e integral de la cinematografía. Y entre ellos se encontraba la creación y mantenimiento de la Cinemateca Nacional y el empuje a la Formación de públicos; que deberían estar en la agenda primordial del Ministerio de Cultura sobre el sector; así como otros puntos claves para incentivar la inversión y producción en el país, con la formación de la Comisión Fílmica, y asimismo, en lo referente a los derechos para los trabajadores, artistas y técnicos, del audiovisual.  

Pero parece que nos quedamos cortos porque los últimos datos del anteproyecto, que según expresara en un evento una de las integrantes de la comisión que lo viene elaborando, estaba “casi listo”,  no contemplaría tampoco la mención a la Cuota de Pantalla, el Mínimo de Mantenimiento, ni ninguna otra medida que los exhibidores, distribuidores y sus panegíricos neoliberales arguyen que supuestamente atentaría contra el libre mercado cinematográfico.

En otras palabras, las películas peruanas seguirían sin amparo de ninguna clase frente al poder comercial que les puede impedir, sabotear o retirar de cartelera cuando les conviene, incluso con un solo día de exhibición como acaba desuceder con la cinta “Solos”. Y salvo los títulos claramente comerciales, y que buscan la rápida respuesta del público mayoritario, el resto de la producción continuará transitando el vía crucis, y la marginación habitual y repetidamente denunciada de las salas monopolizadas por Hollywood,  para llegar a ser exhibido en su propio país.

Entonces, cabe la interrogante, ¿por qué producir más películas? Si muchas de ellas difícilmente se van a exhibir, no se va a formar público  para que las vea, y se carecerá de una Cinemateca para que la resguarda y difunda en el futuro.

Finalmente quedaría en discusión solo, otra vez, el aspecto económico y la posibilidad de disponer de mayor presupuesto con el dinero del tributo que los municipios obtienen de las entradas de cine. ¿Pero será la totalidad (10%) para el fomento del cine y el audiovisual o se negociará un porcentaje con los exhibidores y distribuidores? Es cierto que los últimos y trágicos eventos en las salas de cine de Larcomar han demostrado la inutilidad de seguir manteniendo ese impuesto anacrónico, por la falta de diligencia y responsabilidad de la autoridad municipal en algo tan básico como la seguridad. Pero eso mismo se podría decir de los dueños de las salas, que no deberían tener que esperar a que lo supervisen para actuar de manera preventiva, con el costo de la pérdida de vidas de sus trabajadores.

Resulta significativo que en esta oportunidad los opositores neoliberales a ultranza a la ley de Cine, como el amigo Hans Rothgiesser, no se hayan quejado públicamente que el Ministerio de Cultura solo convoque a los gremios de cineastas y no a los “stakeholders” (Empresas de distribuidores y exhibidores) para debatir el proyecto de Ley como lo hicieron hace cuatro años (pese a que después si se tuvo varias reuniones con ellos sobre el tema). Y es que más allá de las formas, lo importante es lo de fondo, y si no hay ninguna sombra, aunque tenue,  de posible afectación al sacrosanto libre mercado, no dirán nada.

El ministro Nieto ha anunciado que para vencer las resistencias del MEF someterá el anteproyecto a un estudio técnico económico con la Universidad del Pacífico, lo que parece adecuado, aunque como bien sabe, el tema no es solo técnico sino primordialmente político, de voluntad de la autoridad, y no solo en el asunto económico sino en la propuesta en su conjunto, y el tipo de cine y audiovisual que queremos construir en el país como parte de una amplia política de diversidad cultural. En otras palabras, un consenso social, que involucre pero no se limite solo a los gremios, tomando en cuenta a la ciudadanía en general ¿Se tiene claro eso Sr. Ministro?

Y para ello lo mejor es siempre la transparencia, por lo que debería empezarse también por dar a conocer lo más pronto posible a la opinión pública el texto del proyecto, ya que al fin y al cabo estamos hablando de dinero público, y todos los ciudadanos, no solo los involucrados en el sector o los funcionarios implicados, tienen el derecho a expresarse al respecto.

Estaremos atentos, porque los peruanos merecemos más.