Muevan las Industrias Culturales y las Artes

Christian Wiener

Este post culmina un acercamiento crítico inicial a los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 publicado recientemente por el Ministerio de Cultura, y que motivaron los artículos previos Política Cultural y Política de Estado, y En la diversidad está el gusto y el disgusto. Mucho de lo señalado en estos textos fueron alcanzados durante el intercambio de opiniones sobre el borrador de los lineamientos en el Ministerio de Cultura el año pasado, y otros puntos han sido procesados después, con la ventaja de la distancia física y temporal de mi labor en el Estado. Con ello, quiero contribuir en la medida de lo posible al necesario debate sobre Política Cultural en el país,  que sin duda excede al documento, enfocándome en los lineamientos generales señalados y su concreción práctica, antes que en las personas, autoridades y funcionarios, que son importantes, nadie lo duda, pero si queremos institucionalidad en el país, debemos trascenderlas a ellas y sus circunstancias.

En esta oportunidad me referiré a los lineamientos finales, sobre Industrias Culturales y promoción y difusión de las Artes. Hablar de Industrias Culturales es referirse a uno de los sectores más dinámicos y en crecimiento en el campo de la cultura, y que formó parte sustancial de los debates en las negociaciones del TLC, tanto por su implicancia en los temas de Derechos de Autor como en lo referente al acceso a los mercados de bienes y servicios culturales, muchas veces desiguales y excluyentes, manejado por intereses oligopólicos a nivel global. Es así que el sector cultura, conformado por artistas, gestores y funcionarios públicos, bregó y consiguió imponer en los TLC la reserva cultural, entendiendo que la cultura no es una mercancía como cualquier otra, por su carácter identitario colectivo (y por tanto estratégico) buscando preservar, en consonancia con los principios de la UNESCO, espacios a las Políticas Culturales de los Estados en beneficio de la creación, producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios culturales que son resultados de las Industrias Culturales contemporáneas.

Más que en cualquier otro campo de la cultura, en la I.C. la globalización ha tendido a privilegiar los productos de las grandes metrópolis –que vienen muchas veces aparejados con las últimas innovaciones tecnológicas y un apabullante marketing-  en detrimento de los producción nacional (cine, libros, discos) que solo logra acceder a los mercados internacionales e incluso nacionales, en la medida que se sometan e integren a los imperativos globales. Por eso es tan importante empezar por preservar los mercados propios y el acceso igualitario de los productos al público, como paso ineludible para poder proyectarse internacionalmente. Ahí están los casos de Corea del Sur o la Unión Europea, cuyas cuotas de pantalla han permitido el sostenimiento de su cinematografía ante la hegemonía  hollywoodense; o en el campo de la música, las políticas de Brasil o Colombia defendiendo los espacios para sus expresiones locales en los grandes medios de comunicación. Ello no significa cerrarse al mundo ni mucho menos, pero si evitar que la globalización termine negándonos incluso como país, con imágenes y sonidos propios.

Por esta razón fue que en el proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó el año pasado en el Ministerio con todos los gremios de cineastas, se acordó incluir la Cuota de Pantalla y otros mecanismos conexos para garantizar no sólo la producción de películas peruanas, sino su distribución y exhibición en las salas de cine, en igualdad de condiciones que los filmes extranjeros. ¿Se mantendrá esa propuesta en la anunciada nueva Ley que señala el documento, puesto que cuando se habla de ello sólo se menciona “potenciar los concursos” y “capacitación y asesoría” a los cineastas, hechos importantes y necesarios, pero notoriamente insuficientes y limitados si se quiere una Ley de cine de verdad, moderna e integral, además de descentralizada y realmente para todos? Recuérdese que las leyes son ante todo, la expresión de una voluntad política de los gobernantes, por lo que sería importante que la comunidad cinematográfica, cultural y la opinión pública en general, conozcan con  precisión cual es la voluntad política al respecto, no sólo del Ministerio de Cultura sino del gobierno en su conjunto, incluido por supuesto el MEF.

Preocupa asimismo que la difusión del cine nacional se restringa a un espacio ya existente y consolidado –pero pequeño- como la sala “Armando Robles Godoy” en el local del Ministerio de Cultura, y no se ambicione en un mediano plazo la generación de espacios similares en otras zonas de Lima y sobretodo del interior del país, para construir una circuito alternativo frente a la exhibición comercial, no solo para el cine peruano sino el cine cultural de alcance universal.

Caso similar se presenta en la propuesta de revisión de la actual Ley de democratización y fomento a la lectura, donde no se menciona el rol central que debe ocupar el sistema nacional de bibliotecas, y programas de fomento a los libros como por los promovidos por CERLALC,  en la promoción de la lectura, así como la revisión del régimen de beneficios tributarios de la Ley 28086, que no alcanza a las editoriales más pequeñas e “independientes” peruanas, así como la convocatoria periódica a concursos de autores, recopiladores, editores y otros, que ayuden a dinamizar el sector a nivel nacional,  con tiradas masivas y a menor costo, y que han tenido excelentes resultados en países como México, Colombia y Chile, entre otros.    

Siendo un dinámico sector productivo, las I.C. son un potencial de generación de empleos muy importante, diversificado y en no pocos casos, altamente especializado. El Ministerio debe propiciar el emprendimiento  productivo y el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto ampliadas en los últimos años por las nuevas tecnologías, que permiten un acceso mucha mayor y más amplio a la creación y disfrute de mayor cantidad de personas. Las nuevas tecnologías también ponen en cuestión los derechos de propiedad intelectual y de autor establecidos en los marcos de la OMPI y las legislaciones sobre la materia, planteando la revisión de medidas que, buscando cautelar a los creadores, se convierten en muchos casos en restricción para el uso y consumo de la información, de allí que se hable de proyectos contra la libertad en el ciberespacio como la Ley SOPA promovida por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, o las clausulas sobre circulación de contenidos digitales que estaría siendo propuestas para incluirse en el TPP que viene negociando el Perú. Las nuevas tecnologías, como todas, no son neutras, y así como facilitan en líneas generales más accesibilidad a los usuarios, también puede servir para estrechar y condicionar más su consumo, por lo que urge que el debate sobre su uso y posibilidades tome en cuenta también la variable cultural. 

Es innegable que el conocimiento y la información mensurable son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cualquier sector, y si se carece del mismo se anda a ciegas y por mera intuición, sin incidir en los requerimientos realmente significativos. Es cierto que la cultura comporta una fuerte carga subjetiva y del imaginario, difícilmente medible, pero ello no invalida su componente económico y respuesta social que permite mapear, medir y diagnosticar la acción de los grupos culturales y su impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales. Para ello es importante acciones como la implementación de registros de artistas y gestores culturales y la constitución de un dinámico Sistema de Información Cultural, que monitoree y renueve constantemente la información del sector, con mayor incidencia en las Industrias Culturales y la medición del consumo a través de las Cuentas Satélites en Cultura, en colaboración con el INEI, que se vienen llevando adelante en Argentina, Colombia y Chile, tomando como base para uniformizar los estándares de medición a la metodología base producida por el Convenio Andrés Bello.

Para este propósito es necesario también recopilar y centralizar la información de diferentes instancias del Estado, muchas veces suelta y desaprovechada, como el reporte del ISBN que maneja la Biblioteca Nacional del Perú, o los estudios de consumo televisivo que lleva adelante CONCORTV, además de los que disponen instituciones privadas y académicas, tanto en Lima como el interior del país. La investigación que debe propiciar el Ministerio de Cultura no se puede limitar al campo económico y estadístico sino debe promover también estudios históricos, arqueológicos, cartográficos, antropológicos, etnográficos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, arquitectónicos, comunicacionales, tecnológicos, legales e interdisciplinarios en general, que profundicen, revisen, cuestionen y debatan sobre la cultura y su expresión en el país, en coordinación permanente con los espacios académicos y centros de investigación, y que las investigaciones y resultados se traduzcan en publicaciones e informes accesibles por vía material o virtual, porque el conocimiento no debe circunscribirse a pocas personas sino de alcance libre para todos.            

De otro lado, las Industrias Culturales no pueden soslayar que uno de sus mercados más importantes son los medios masivos de comunicación, con su enorme influencia y peso social y cultural sobre el conjunto de la población. El Ministerio de Cultura, como organismo rector, no puede ser indiferente a sus contenidos y su relación con las políticas rectoras, sin que ello implique forma alguna de intromisión o censura, porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga, por ejemplo, en campañas públicas para fomentar la lectura o la cultura audiovisual, si se mantiene impertérrita la mediocridad televisiva como modelo cultural masivo. Por esa razón, es importante que el Ministerio forme parte del proceso de reconversión de la televisión y radio digital terrestre, para evitar que se prolongue el control de pocas y poderosas empresas en su manejo, abriendo espacios alternativos a las emisoras comunitarias y ciudadanas, que se han posicionado en el campo de la radio regional, y que podrían acceder a un espectro mucho mayor en todo el país. La otra responsabilidad fundamental del Estado es que se pueda contar por fin con una  televisora que sea realmente pública y no de gobierno, con una programación plural, y que pueda disponer –dadas las mayores frecuencias que abre la digitalización del espectro- de estaciones alternas que no estén sujeta a los imperativos políticos y puedan tener una programación cultural las 24 horas del día, de primerísima calidad y al alcance de todos (como el notable canal “Encuentro” en Argentina).     

TODO ARTE O VOZ GENIAL

El documento señala que para el Ministerio de Cultura todas las artes son fundamentales en el desarrollo de la cultura en el país,  las mismas que no han  recibido un apoyo sostenido por parte del Estado. En ese sentido, resulta importante definir qué política desde el Estado se va a impulsar para su visibilización  y desarrollo, más allá de este importante reconocimiento y porque no decirlo, rectificación histórica. Para tal propósito, una tarea clave es la formación de público, propiciando no solo el acceso mayoritario y disfrute del arte por la mayoría de la población, sino el conocimiento y manejo de sus códigos y herramientas, clásicas y modernas; evitando con ello que su consumo quede, como hasta hoy, circunscrito a pequeñas elites instruidas o conocedoras. Esta labor de formación debe darse tanto dentro como fuera de la escuela; cambiando en el primer caso la visión del arte como elemento accesitario o “adorno culto” para convertirlo en una herramienta de expresión humana trascendente, además de su valor estético; y en las comunidades, articulada a procesos de difusión didáctica, muestras itinerantes y creación propia, en un intercambio cultural que valore y potencie no solo los productos del canon y reconocidos artísticamente, sino el mal llamado “arte popular”, tradicional o moderno, que es tan trascendente y valido como cualquier otro. Esta labor de formación debe incluir la “formación de formadores” que permitan trabajar especialmente con niños y jóvenes, programas lúdicos y participativos que fomenten el aprendizaje teórico y práctico del arte y la cultura en su entorno social.

En cuanto a la Escuelas Superiores de Formación Artística, es lógico que en lo académico sigan dependiendo del Ministerio de Educación, pero ello no debe significar que se encuentren divorciadas del ámbito de la cultura, ya que este sector le debe proveer los contenidos curriculares fundamentales, además de los espacios para la práctica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Es necesario que dentro de los cambios y revalorización de la educación en el país, no se deje de lado a estas escuelas públicas, que siguen atravesando una grave crisis, no solo por magros presupuestos sino por la incuria e indiferencia ancestral de las autoridades. Igualmente, en el caso de los Elencos Nacionales, debe entenderse como una apuesta del Estado a la excelencia artística, no para competir con la iniciativa privada –por lo demás casi inexistente en este campo-, sino para que estas expresiones puedan ser conocidas y disfrutadas por la población en su conjunto, como un derecho inalienable al acceso que deben gozar todas las personas. Puede ser también una excelente herramienta de inclusión social, y de involucramiento a las nuevas generaciones, como lo demuestran experiencias como las Orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, Colombia y Chile. Pero todo ello requiere de una apuesta e inversión constante y sostenible, tanto de parte del tesoro público como de la financiación privada y porque no también, recursos de cooperación internacional.

El Gran Teatro Nacional es un espacio privilegiado que dispone el Ministerio de Cultura para la presentación escénica de primer nivel, y que a pesar del alto costo de su mantenimiento, debe cautelarse en su futura administración mixta, público-privada, que se respete un espacio central y privilegiado para la práctica y presentaciones de los Elencos Nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folklore, entre otros) y con acceso efectivo a públicos diversos, incluso a nivel promocional, para los sectores menos pudientes, además de jóvenes y niños.

Algunas tareas a emprender desde el Ministerio de Cultura en esta área, que no impliquen direccionamiento de la creación artística, es la implementación, a través de convocatorias públicas y transparentes, de fondos concursables, otorgamiento de becas, pasantías y residencias artísticas, apoyo a la movilidad de los artistas y elencos, presentaciones, publicaciones, apoyo promocional, etc. Al respecto, los proyectos de cultura comunitaria, que parten de las experiencias populares en construcción y difusión artística,  son muy importantes y deben ser estimulados, y allí se inscriben experiencias como los Puntos de Cultura o Cultura Viva, que llevan adelante tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyectos que construyen identidades y mejores condiciones de vida entre los ciudadanos, en especial los de condiciones más humildes, pero que no deben ser vistos como “herramientas”, pues lo desnaturalizan, convirtiéndolos  en medios utilitarios al servicios de campañas (por más loables y justas que ellas se presenten) negándoles su condición de arte y expresión cultural propia, tan válida y representativa como cualquier otra.

             

Finalmente, y en referencia a la revisión y reformulación de la actual Ley del Artista, esta debería requerir una atención prioritaria por parte del Ministerio de Cultura y los propios artistas y empresarios, como elemento emblemático del sector, ya que permite calificar a los artistas como profesionales e interlocutores, con igualdad de derechos y deberes laborales y creativos que los demás trabajadores. Y es que la política cultural tiene que empezar desde las personas que hacen cultura, los artistas, y el reconocimiento que se les debe como tales por parte del Estado y la Sociedad, en todo orden de cosas –como la profesión que figura en el DNI, pasaporte o RUC- para dignificar esta actividad y que nunca más una institución, pública o privada, sigan viéndolo como una actividad menor, “hobbie”, o confundan el “amor al arte” con la gratuidad y abuso de los artistas. Porque el verdadero artista es, como escribía Vallejo: “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.”