Política Cultural y Política de Estado

Christian Wiener

El lunes 28 de enero el Ministerio de Cultura presentó en sociedad una versión preliminar de los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016. En primer lugar,  hay que saludar la iniciativa de poner en blanco y negro y para la discusión abierta del sector, este documento subdivido en siete grandes directrices, que abarca en líneas generales los espacios organizativos y ámbitos de influencia que ocupa actualmente el Ministerio. Es cierto que no es el primer esfuerzo en el país, y desde el propio Estado, por promover y sistematizar el debate sobre la política cultural, y el documento se cuida en precisar que se ha tenido en cuenta varios otros producidos sobre el mismo tema en la última década (y que están mencionados en la página 30).

No obstante, siendo justos, debió incluirse también una mención a quienes elaboraron este texto, que tuvo a Víctor Vich como organizador de su estructura básica y redactor de un primer borrador, que luego fue enriquecido con los aportes, comentarios, sugerencias y críticas de los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Cultura, tanto de Lima como las sedes regionales, y presupongo además, con la participación de académicos y gestores y actores culturales consultados por la Alta Dirección. Todo ello, sin negar que se trate de un texto institucional y asumido como tal por el Ministerio y sus responsables, pero no estaba de más la mención, en aras de la transparencia, y reconocimiento a quienes trabajaron en este documento.

CULTURA SIN POLITICA

El Perú es un país de cultura milenaria, con imponentes vestigios arqueológicos que hasta ahora causan la admiración de los visitantes. Sin embargo, el tema de la cultura apenas si ha tenido un mínimo interés por parte del Estado desde los tiempos de la independencia, al punto que alguna vez un conocido artista declaró a una revista local que, a su criterio, la mejor política cultural “era la que no existía”. Más que una boutade, o mero reflejo de la ideología del Consenso de Washington aplicada a la cultura, lo que estas declaraciones delatan es el desencanto y frustración de la gran mayoría de nuestros agentes culturales frente a un Estado que apenas si ha considerado a la cultura, ya ni siquiera como última rueda del coche, y cuyo olvido e indiferencia a nuestras diversas expresiones artísticas y culturales es proverbial. Es significativo que la cultura no forme  parte del Acuerdo Nacional y tiene una relevancia mínima en el texto constitucional, más allá de frases hechas y conceptos “políticamente correctos” pero sin mayor ejecutoria ni direccionalidad.  

La creación del Ministerio de Cultura el 2010, reclamada por gran parte de los artistas y gestores culturales, representa un paso importante en cuanto a empoderamiento institucional del sector, pero no se puede obviar que su creación se debió más a la voluntad presidencial, que a un proceso político desde la sociedad civil como ha sucedido en otros países donde también existe. Ahí está el caso colombiano, donde la movilización y debate de los sectores culturales se tradujo en una Ley General de Cultura, cuya promulgación dio origen al Ministerio en 1997. En Perú se puso, en cambio, la carreta delante de los bueyes, creando la institucionalidad burocrática sin haber definido primero los lineamientos básicos de política cultural del Estado. De resultas de lo anterior, que el Ministerio de Cultura devino en la práctica en un Instituto Nacional de Cultura (INC) ampliado y con más personal y obligaciones, pero con la misma partida presupuestal porque para calmar a los críticos, se trató de vender el discurso demagógico que no iba a representar más gasto al erario público.

Los partidos políticos le dan escasa importancia al tema cultural, y cuando hablan de ello, no escapan de los lugares comunes y una visión superficial, casi de adorno, pero no sustantiva ni clara dentro de los planes de gobierno. El partido nacionalista no es una excepción, y ni en su voluminoso y abandonado programa de “La gran transformación” y mucho menos en la más escueta “Hoja de ruta”, hay la menor mención a política cultural desde el Estado. Asimismo en los mensajes presidenciales de fiestas patrias del Presidente Humala, donde debe resumir lo hecho y señalar las líneas centrales por desarrollar en el año siguiente, ha brillado por su ausencia el tema cultural, a no ser por algunas menciones generales, y el siempre polémico tema de la Consulta Previa, cuyo alcance es transversal a diversos sectores. Por ende, quienes asumen el encargo de la cartera,  deben aprender a guiarse más por la intuición y lo ya avanzado aquí o en otras latitudes, antes que explorar nuevas vías de lo mucho por hacer en esta área en el territorio nacional, y la forma como interviene con otros sectores productivos e institucionales del país

Precisando, además, que si la cultura, como dice en el texto “es un bien público y un derecho de los ciudadanos”, no es lo mismo el ámbito y diseño de una Política Cultural amplia, diversa y democrática desde el Estado “buscando generar mejores condiciones para el libre desarrollo de la producción cultural” en los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, y otra, el señalamiento de un plan de acción, con iniciativas y  actividades culturales concretas, impulsadas y desarrolladas por el Estado, sea central, regional o local.  

  

Al respecto, el documento plantea que las políticas culturales deben trabajar sobre dos campos centrales: “buscando intervenir en el estilo de vida de los ciudadanos” y al mismo tiempo “promover la mayor democratización de los objetos y las prácticas culturales existentes”.  Estos elementos, siendo importantes, resultan insuficientes, ya que se deja de lado la dimensión histórica de la cultura y como esta forma parte indesligable de lo que entendemos como nación, partiendo del concepto de “comunidad imaginada”, es decir construcción social y cultural, de Benedict Anderson. En esta medida, las políticas culturales, en tanto políticas públicas, son acciones centrales en la configuración de la nación, no como un todo homogéneo sino más bien en su pluralidad y heterogeneidad. Por ejemplo, en el documento sobre Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia, se menciona que “las políticas culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad” Esto resulta muy relevante ante el incesante proceso de la globalización y la conformación de culturas globales que interactúan con culturas nacionales y regionales, frente a las cuales la Política Cultural debe asegurar que la necesaria integración cultural al mundo, no termine ahogando o subsumiendo lo nacional y local. 

¿Cuál es el ámbito de la cultura en el país?  De la lectura del documento pareciera entenderse que se limita a lo que se encuentra administrativamente adscrito o incorporado al Ministerio y no es así. Hay sectores conexos que en algunos casos debería poder discutirse su pertinencia al sector, como es el caso de los artesanos, hasta el momento en el dominio del MINCETUR, a no ser lo que tienen que ver con la tradición que forma parte del Patrimonio Inmaterial. Pero se deja de lado que la artesanía es parte relevante de las Industrias Culturales, no solo para el mercado externo sino el interno. En cuanto al turismo, ciertamente que también es otra Industria Cultural (como la propia Gastronomía) pero dado el desarrollo, peso y poder que dispone, creo que sería riesgoso por el momento –desde mi punto de vista- una fusión o integración de sectores,  ya que me temo terminaríamos subsumidos por la dinámica mercantil de ese sector. No obstante ello, es importante articular una política común entre cultura y turismo, que priorice a la primera, por ejemplo a nivel patrimonial, ya que de otra manera, la segunda podría quedarse en poco tiempo sin sus principales atractivos. Otro espacio clave en referencia al sector, es todo lo que se refiere a Derechos de Autor y Propiedad intelectual, que actualmente depende de INDECOPI, que está íntimamente relacionado con el trabajo de los artistas y gestores, y que cobra una relevancia  de primer orden con los desafíos de la nuevas tecnologías y las regulaciones legales al respecto, incluyendo los convenios y tratados internacionales como las negociaciones del Transpacífico (TPP) en la que viene participando el Perú.

CULTURA SIN PRESUPUESTO    

Por todo lo anterior, lo primero que habría que preguntarse en referencia a estos Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 es cuál es su correspondencia con  la política general del Estado, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, ya que de otra manera mucho de lo que se dice en el documento corre el riesgo de quedarse en deseos muy bien intencionados pero sin concreción práctica.  

Empecemos por el tema presupuestal: el sector cultura debe contar con financiamiento adecuado y una partida presupuestal que permita atender las demandas, más allá de las exigencias tradicionales del INC,  enfrentando las nuevas tareas y retos que se impone como Ministerio. La UNESCO plantea destinar el 1% del Presupuesto General de la República a Cultura, pero mientras se busca llegar a ese ideal, se debe disponer de recursos públicos más significativos que los actuales, si se quiere realmente empezar una gran transformación de la sociedad y sus valores. Esto no puede depender de la buena voluntad de quien ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas, sino de una política gubernamental en su conjunto, que sea permanente y consistente. Urge sensibilizar a los funcionarios del MEF sobre el rol de la cultura, al tiempo de visibilizar  a la sociedad que no se trata de un gasto sino una inversión, que genera un importante movimiento económico y social,  con impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales.  

Es muy importante que parte de la inversión en cultura se destine a la infraestructura cultural en el país, tan escasa como poco desarrollada. Inversión que debe ser también manejada de forma transparente y pensando más en la funcionalidad y accesibilidad de los espacios al público antes que en arquitecturas barrocas y dilapidadoras de recursos, promovidas más a la honra de autoridades que para un uso cultural y ciudadano adecuado. En ese sentido, el modelo de las Casa de Cultura o Centro Cultural, que reúna de manera conjunta a biblioteca, auditorios, salas de cine, de conferencias, galerías y museos, y anfiteatro; podría ser el ideal a promover a nivel nacional como espacio de encuentro e irradiación cultural diversa, si el área física y la disponibilidad económica lo permiten.  

El MEF y la tecnocracia a cargo de los temas macroeconómicos y fiscales, tiene que ser consciente, además, que no puede seguir oponiéndose a los estímulos tributarios, exoneraciones, subsidios específicos y/o otros instrumentos impositivos y parafiscales regulados, porque de otra manera no se va a poder promover de manera efectiva un sector tradicionalmente relegado del reparto económico como el cultural. Esos instrumentos sirvieron para impulsar a sectores como el turismo, la educación, o la agroexportación en el país, y han tenido grandes resultados en países como Argentina, Colombia y Brasil para promover diversos campos de la cultura.

Otra fuente importante de financiamiento es el fomento de la inversión privada en cultura a través de mecanismos como el mecenazgo, que no debe buscar suplantar ni encubrir la obligación del Estado en este rubro, auspiciando el involucramiento del sector privado con el campo cultural. La inversión privada puede apoyar trabajos de rescate y puesta en valor del patrimonio, el patrocinio y reconocimiento de la creación artística, la producción y circulación de bienes y servicios culturales y las buenas practicas ciudadanas, entre otros asuntos, tomando como base las experiencias exitosas de Estados Unidos, México, Brasil y Chile al respecto, con un acceso abierto e inclusivo a los interesados (evitando circunscribirse a los proyectos “sin fines de lucro” o “solo comerciales”, porque eso termina limitando el estímulo a lo puramente benéfico y simbólico de una parte, o al cálculo de la rentabilidad y marketing de otra).

En cuanto a lo legislativo, más que una agenda de propuestas para los diversos sectores y áreas de la cultura, muchas veces desconectada e inconexa entre sí, lo que urge es dotarnos de un marco general sobre la cultura en su conjunto, algo así como la citada Ley General de Cultura de Colombia, donde se definen los conceptos básicos y rol del Estado en este campo, así como los diversos elementos que la constituyen y participan de ella, en concordancia con los acuerdos y convenios internacionales suscritos sobre cultura por el Perú. Esta norma, que como decíamos, debió anteceder a la creación del propio Ministerio, serviría también de paraguas y delimitación del ámbito legal, político, económico, social y cultural para los diversos sectores involucrados en la institución como el patrimonial, las industrias culturales o las practicas interculturales, para las cuales les correspondería, en cada caso, sus normas específicas, como desarrollo y precisión de la legislación central.

La legislación sobre cultura debe tender a la institucionalidad del sector, muchas veces dominado por la informalidad, el “amiguismo” y las influencias sociales, inevitable en un mundo tan pequeño y endogámico, donde todos se conocen de alguna manera entre sí. Por eso es tan importante que todos los procesos sean abiertos y transparentes, en igualdad de condiciones para todos, y donde las ayudas se canalicen a quienes lo necesitan o lo ameritan, porque si queremos fomentar en la sociedad una cultura de buenas prácticas culturales, debemos empezar por aplicarlas en casa.

Todas estas acciones, si bien deben ser promovidas y encabezadas por el Ministerio de Cultura, su alcance involucra a todo el Estado y la sociedad en su conjunto, y por eso es tan importante que las definiciones y acciones sean asumidas por el conjunto, para que los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 no se queden solo en el papel. En siguientes post me referiré a la perspectiva intercultural, la defensa del patrimonio, el estímulo a las industrias culturales y las artes, y el rol de los medios de comunicación en la promoción cultural, señalados en el documento.