El peligro de la memoria

por Christian Wiener Fresco

La memoria siempre es peligrosa. De ahí que los poderosos, abusivos, corruptos e intolerantes de todas partes buscaron siempre reescribirla, acomodarla o simplemente esconderla y, de ser posible, enterrarla.  La hostilidad que suscitó el trabajo y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, o la cerrada oposición a la creación del Museo de la Memoria (luego convertido en LUM) es buena prueba de ello. Y si al final se vieron obligados a aceptar la existencia de esos espacios, lo van a querer acotado, disminuido y finalmente, sometido.  

Eso es lo que han logrado ahora con el descabezamiento del LUM ejecutado por el Ministro de Cultura, al parecer bajo presión de un tweet de un congresista fujimorista. Ni el comunicado oficial del Ministerio, ni las explicaciones informales del ministro y su asesora sobre las supuestas razones del cese de Guillermo Nugent (“podría haberse mellado la crucial credibilidad y legitimidad del LUM”) han satisfecho a la opinión pública y la comunidad cultural, porque el olor de la censura es innegable. El mantenimiento de la  muestra que según palabras del propio ministro. “despedía una clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM” no logra  amenguar el hecho. Se quiere un LUM constreñido, limitado  y sin autonomía; y por eso es necesario un director que se someta a las directivas de sus superiores, y no perturbe el necesario consenso político.

Algunos arguyen que debiera admitirse otras memorias de los hechos ¿Por ejemplo la del Grupo Colina, el Comando Rodrigo Franco o el Senderismo? Porque si demandamos la máxima pluralidad,  tendría que  alcanzar a todos. Pero se olvida que la función de esta institución es recordarnos lo que vivió y aún sigue viviendo el país a causa de la guerra interna de los años 80 y 90, sus víctimas y principales responsables, así como las causas que lo motivaron.   

Tal vez, y con razón, a los historiadores y científicos sociales se les puede exigir más rigurosidad y equilibrio en el análisis y explicación de estos hechos Para eso, no solo el LUM, sino los espacios académicos y de los medios de comunicación –tan ajenos a este debate más allá del escándalo-  son los más indicados. ¿Y  los artistas? ¿Puede cuestionarse las obras de arte bajo criterios de “sesgos” o que no incomoden los consensos y gobernabilidad? Con semejante criterio “La libertad guiando al pueblo” de Delacroix o el “Guernica” de  Picasso nunca hubieran sido admitidos en un LUM “neutral” como quieren algunos.

Resulta por demás muy ingenuo pensar que la censura se va a limitar al LUM, y que quienes ya consiguieron un trofeo sin mucho esfuerzo, no van a buscar más. No extrañe que mañana o más tarde apunten también a los concursos de cine, teatro y literatura que promueve el Ministerio de Cultura, y demanden que las obras a premiarse no tengan “sesgos” ni alteren la convivencia con otros sectores políticos. ¿Censura? No, que va, se trata solo de ser cautos y evitar provocaciones en este clima político, como dicen los tibios de siempre.

Y si pues, la memoria es peligrosa. Por eso las autoridades gubernamentales se oponían a la creación de la Cinemateca Nacional en la nueva Ley de Cine para preservar nuestra memoria audiovisual. No vaya a ser que  algún sector con poder se moleste con estos recuerdos. Estamos avisados.    

Nuevo ROF y vuelta al INC

Por Christian Wiener F.

El 21 de junio se hizo público un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº05-2013-MC suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Cultura. El ROF es un documento de gestión de la administración pública indispensable, y que da lugar a otros instrumentos como el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Manual de Procedimientos (MAPRO); los mismos que se encuentran pendientes de ser aprobados en el sector cultura.

De todos ellos, el ROF es el más importante porque sirve para fijar la estructura interna, organigrama y unidades operativas de la institución con sus respectivas funciones, relaciones y atribuciones, en correspondencia a su norma de creación y los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo y la Alta Dirección del Ministerio en este caso. La estructura importa en una institución pública o privada no solo por razones administrativas sino que define pesos y prioridades de las instancias y unidades a nivel de toda la institución, lo que va a traducirse en presupuesto, personal y capacidad de decisión, entre otros asuntos centrales.

El anterior ROF del Ministerio de Cultura fue aprobado el 14 de mayo del 2011, por Decreto Supremo Nº 001-2011-MC. Este documento dio de alguna manera forma orgánica al recién creado Ministerio y formado sobre la base del antiguo Instituto Nacional de Cultura (INC), con la fusión por absorción del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), y la adscripción de  la Biblioteca Nacional del Perú, Archivo General de la Nación, Academia Peruana de la Lengua Quechua y el Instituto de Radio y Televisión Peruana (IRTP), que posteriormente fue transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Este primer ROF tuvo las limitaciones entendibles de una institución en formación, que buscaba superar el esquema INC que se había mantenido vigente en el Estado durante 41 años, buscando ponerse a tono con los modelos y características de los Ministerios de Cultura que se han ido creando en la región en los últimos años (ver más al respecto el “El Estado de la cultura”). El INC tuvo desde sus inicios, y se fue asentando más en el tiempo, un fuerte sesgo patrimonialista, dejando en un plano subalterno el fomento a la cultura viva y las artes, dentro de los que se incluían los elencos nacionales como la Orquesta Sinfónica Nacional. Al crearse por Ley Nº 29565 en julio del 2010 el Ministerio de Cultura, la institución se agrupó en dos viceministerios: de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de un lado y de Interculturalidad por el otro. De esta manera se buscaba, cuando menos nominalmente, hacer equivalentes al trabajo por el Patrimonio Cultural con el de las Industrias Culturales, e incorporar como una tarea básica el novedoso concepto de opción intercultural que como dice en los Lineamientos de Política Cultural del Ministerio, “propone generar un trato horizontal entre las distintas culturas sobre la base del diálogo, en el marco de nuevos circuitos de intercambio cultural”.      

Para este fin se crearon en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales tres direcciones generales: Patrimonio Cultural, Fiscalización y Control y de Industrias Culturales y Artes, cada una con sus respectivas direcciones de línea, que en el caso de la última la conformaban la Dirección de Industrias Culturales, Dirección de Artes y Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales. Y el Viceministerio de Interculturalidad se conformó a su vez de dos direcciones generales: de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos y de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales, con sus respectivas direcciones. Aparte de lo señalado, el Ministerio, como todos los otros, se compone de un cuerpo de asesores, y una frondosa estructura administrativa cuya máxima autoridad es el Secretario General.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN

A poco de empezar a andar el Ministerio se comenzó a evidenciar que la estructura del ROF inicial tenía varios problemas y omisiones, que se iban agravando con la ampliación del ámbito cultural que el Ministerio fue asumiendo con el paso del tiempo, lo que chocaba a veces con superposición de funciones, indefinición de otras, sobrecarga de tareas y, casi siempre, escasez de presupuesto. Por esta razón, desde principios del 2012 se fue elaborando y discutiendo una propuesta de nuevo ROF para el Ministerio, recogiéndose las sugerencias y opiniones de quienes formaban parte de sus diversas instancias.    

Al respecto, el propio Ministro Luis Peirano adelantó inicialmente la posible creación de un tercer viceministerio, en este caso de Industrias Culturales, para reforzar uno de los tres sectores vertebrales que componen el Ministerio. Se puede revisar, por ejemplo, estas tres entrevistas del 2012 al Ministro donde reitera la importancia de las Industrias Culturales y las Artes en el sector:

La posibilidad de ampliar a tres viceministerios fue pronto descartada porque implicaba cambios en la Ley de creación del Ministerio a ser aprobado por el Congreso de la República, lo que podría resultar bastante largo y engorroso. A cambio de ello se propuso la división de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA) en dos direcciones generales, una de Industrias Culturales y otra de Arte, con sus respectivas unidades de línea, que serían, en la primera: de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, de la Industria Fonográfica, y de la Industria Editorial; y en la otra, de Fomento a las Artes, de Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales, respectivamente. Asimismo en el mismo viceministerio se preveía la creación de una Dirección General de Museos, tomando como base la Dirección de Museos y Bienes Muebles que existía dentro de Patrimonio General.

Finalmente, el día del solsticio de invierno apareció el nuevo ROF y, ¡oh sorpresa!, el lado patrimonial creció de dos a cuatro direcciones generales: Patrimonio Cultural, Patrimonio Arqueológico Inmueble, Museos y Defensa del Patrimonio Cultural, mientras permanece como una sola la DGIA, esta vez con cuatro direcciones a su cargo: del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, del Libro y la Lectura, de Arte y de Elencos Nacionales. A su vez, en el Viceministerio de Interculturalidad se mantienen las dos direcciones generales, aunque con otros nombres: Derechos de los Pueblos Indígenas y de Ciudadanía Intercultural.

Hay otros aspectos que contiene el nuevo ROF, algunos positivos como la constitución de las Direcciones Desconcentradas de Cultura en reemplazo de las Direcciones Regionales de Cultura que sustituyeron a su vez a las filiales departamentales del INC, y que deben contener cada una subdirecciones desconcentradas de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio; Industrias Culturales y Artes, e Interculturalidad. El asunto es saber si se va a traducir también en más presupuesto y autonomía para las direcciones regionales, pues en varias de ellas el personal que se cuenta en este momento, y las condiciones en que se trabaja, son bastante precarios, por decir lo menos. Otro aspecto relevante y discutible es la disolución de la Comisión Consultiva de Pueblos Andinos,  Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA y la Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía; quedando ahora como único órgano consultivo reconocido por el Ministerio a la Comisión Consultiva  Nacional de Cultura.

¿HAY INTERES EN PROMOVER LAS INDUSTRIAS CULTURALES?

Para quienes no conocen cómo funcionan las cosas en la administración pública y específicamente un ministerio, todos estos cambios pueden parecer puramente burocráticos y que afectan exclusivamente a quienes trabajan en él. No obstante, y  como he mencionado anteriormente, ello tiene consecuencias en cuanto a cuotas de poder, ámbito de funciones, representación y recursos al interior de la institución. Por de pronto, las Industrias Culturales y Artes han pasado de significar el 20 al 14% dentro de las direcciones generales del Ministerio, y de ser un tercio a un quinto dentro del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; lo que tendrá repercusiones en el reparto presupuestal, que siempre favoreció el ámbito patrimonial, y cuya diferencia seguramente se agudizará en los próximos años.

Pero el asunto no se limita a la nueva estructura, pues cuando uno revisa las funciones que se asignan a la DGIA en este ROF descubre, entre otras cosas, que ya no puede expedir resoluciones, que es un decreto con valor legal en su nivel, como si se precisaba en el anterior ROF, reduciéndose la autoridad y alcance de la Dirección General a emitir “declaratorias de interés cultural, auspicios nominales y cartas de presentación”, como gustan decir los burócratas, “en el ámbito de su competencia”. También se incluye como una nueva atribución, el gestionar la programación artística de los eventos a realizarse en el Gran Teatro Nacional, lo que finalmente va a depender, en gran parte, de quienes tengan a su cargo la administración del mismo.

Más crítico es el caso de la novísima Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (cuyas ilegibles siglas son DAFNM) que en varias funciones reemplaza a la DIC. Y es que si se habla del Audiovisual y la Fonografía esto debe traducirse en cosas concretas sobre las cuales legislar, como el cine, televisión o radio, para empezar, y como sucede, por ejemplo, con las leyes del audiovisual que han sido promulgadas en Argentina, Uruguay, Ecuador o Brasil. Nada de eso se menciona en las 14 funciones señaladas en el nuevo ROF, todas extremadamente vagas y generales, como vago y general es el concepto de “nuevos medios” que se supone se refiere a las plataformas digitales y tecnológicas, pero que dicho de esa manera puede prestarse a diversas interpretaciones y alcances. Tal vez por eso, por ejemplo, no escuchamos ningún pronunciamiento del Ministerio de Cultura frente al reclamo hace algunas semanas de los músicos para que algunas radios cumplan con la Ley de Radiodifusión en cuanto a la cuota de programación nacional que deben tener diariamente. Y es que el Estado debe actuar en el día a día, e involucrarse con los agentes culturales y el respeto a la Ley, no quedarse en sus propias acciones o los homenajes, que por muy sentidos que sean, no solucionan las problemáticas de fondo de su sector.  

Resulta curioso, por demás, que la única mención que se hace en las funciones a la palabra “cinematografía”, tal vez porque no quieren verse involucrados con los bulliciosos cineastas,  es cuando se refiere a la necesidad de preservar el patrimonio audiovisual, pero olvidando que si se trata de una dirección de fonografía, se debería alentar también la recopilación y preservación del patrimonio musical y sonoro, así como de los “nuevos medios”, que dentro de poco ya serán viejos. Y ni que decir respecto la Ley vigente de Cinematografía, la 26370 y su modificatoria de la Ley 29919, cuya mención se omite en todo el texto, así como la responsabilidad de su ejecución, que antes correspondía a la DIC por herencia del fenecido CONACINE.

La otra nueva dirección, la del Libro y la Lectura (que sería algo así como DLYL), parece por una parte querer prolongar las acciones que vino realizando el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y que en determinados aspectos ahora resultan superpuestos o en competencia a otras instancias del Estado como el Plan Lector del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Bibliotecas y la Casa de la Literatura. Y eso porque la dirección debió proponerse centralmente al impulso de la Industria Editorial en general, lo que abarca otros tipos de publicaciones e impresos (historietas, afiches, revistas), además de por supuesto el libro tradicional y digital, que como en el caso del cine, tiene también su ley específica, la 28086, de Democratización del Libro y Fomento a la Lectura, que requiere también su puesta al día de cara al mercado librero.

Por otro lado, llama también la atención que la anterior Dirección de Arte y Acceso a la Cultura se haya quedado simplemente como Dirección de Arte,  lo que resulta contradictorio con la idea de proyección a la comunidad y trabajo con las organizaciones de base que se promueve a través del programa Puntos de Cultura, y que debió ameritar una dirección específica para abordarlo y consolidarlo, quedando la otra para estimular, con mayor vigor y alcance, las artes y los artistas a nivel nacional.

Sin embargo lo más preocupante de todo es que pareciera no haber consciencia clara en las autoridades del Ministerio de Cultura respecto al rol y la importancia de las Industrias Culturales, tanto como valor económico como social e identitario, a pesar que en sus propios Lineamientos se declara que “las industrias culturales son un agente clave en la construcción de ciudadanía y, por tanto, requieren el diseño y puesta en práctica de estrategias para que los medios masivos de comunicación difundan contenidos que promuevan valores democráticos y que no discriminen a ninguna de las identidades o grupos culturales existentes en el país.” No se entiende de otra manera porque, a diferencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela, que tienen direcciones, oficinas y dependencias muy activas en el campo de las industrias culturales, aquí buscamos más bien desdibujarlas, reduciendo su aspecto productivo y de intervención con políticas públicas en defensa de la producción nacional en mercados concentrados y oligopólicos, en contravención de lo manifestado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en el 2005 por la UNESCO y ratificada por Perú con la Resolución Legislativa Nº 28835. Por eso era importante que se desdoblara la DGIA, a fin de poder abordar con mayor autoridad, profundidad, personal y por supuesto presupuesto, la acción en el campo de las diferentes industrias culturales, más allá incluso del audiovisual, fonografía, editorial o “nuevos medios”, incorporando el diseño o la producción escénica como propone el Mercado de las Industrias Culturales de Argentina (MICA) u otras expresiones que se cuentan dentro de las llamadas Industrias Creativas según la UNESCO. Y por el lado de las artes, con toda su complejidad y diversidad, tanto clásica como moderna, occidental, oriental o nativa, en sus diferentes expresiones y tendencias, y sin dejar de lado a los artistas y gestores profesionales, como a las organizaciones e individuos que desarrollan el arte desde su comunidad o barrio, como elemento de transformación social.

En suma y a pesar de lo dicho y declarado por el Ministro, el nuevo ROF demuestra que no hay una efectiva intención ni propósito de las máximas autoridades del sector, y del gobierno en su conjunto, por promover las Industrias Culturales y ponerla al mismo nivel que las otras áreas de la institución, lo que parece retrotraernos al esquema del viejo INC patrimonialista, más aún cuando otra área, como la de interculturalidad, se ve atada de manos por la poca convicción  del Ejecutivo por llevar adelante la Consulta Previa, que sigue siendo uno de sus mandatos principales de acuerdo al ROF y en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo lógico sería que si administrativamente se refuerza el área del Patrimonio Cultural, esta debería tener mayor celo en el cuidado del mismo, que se encuentra diseminado a lo largo de todo el país, pero paradójicamente esta norma se da en momentos que el Ministerio de Cultura es seriamente cuestionado por colectivos ciudadanos al avalar la dación del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que “facilita” la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) valiéndose del procedimiento del silencio administrativo, con el objeto de “promover las inversiones” en todo el país.  Es decir, se amplía una función que, sin embargo, en la práctica concreta declina sus competencias sobre lo porvenir y descubrir frente a las necesidades de las grandes empresas y el poder político, limitándose a la conservación de lo existente, mientras el presupuesto alcance y la “Marca Perú” lo pueda celebrar.

Y es que de cultura nadie se muere, como dijo un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas hace un tiempo, y es verdad, pero tampoco se vive, por lo menos en el Perú, como pueden dar testimonio muchísimos artistas, gestores y productores culturales nacionales, que esperaban tener en el Ministerio a quien lo represente, acompañe y defienda al más alto nivel, pero que cada vez lo ven más ancho y ajeno, parafraseando el título de la gran novela de Ciro Alegría.           

Muevan las Industrias Culturales y las Artes

Christian Wiener

Este post culmina un acercamiento crítico inicial a los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 publicado recientemente por el Ministerio de Cultura, y que motivaron los artículos previos Política Cultural y Política de Estado, y En la diversidad está el gusto y el disgusto. Mucho de lo señalado en estos textos fueron alcanzados durante el intercambio de opiniones sobre el borrador de los lineamientos en el Ministerio de Cultura el año pasado, y otros puntos han sido procesados después, con la ventaja de la distancia física y temporal de mi labor en el Estado. Con ello, quiero contribuir en la medida de lo posible al necesario debate sobre Política Cultural en el país,  que sin duda excede al documento, enfocándome en los lineamientos generales señalados y su concreción práctica, antes que en las personas, autoridades y funcionarios, que son importantes, nadie lo duda, pero si queremos institucionalidad en el país, debemos trascenderlas a ellas y sus circunstancias.

En esta oportunidad me referiré a los lineamientos finales, sobre Industrias Culturales y promoción y difusión de las Artes. Hablar de Industrias Culturales es referirse a uno de los sectores más dinámicos y en crecimiento en el campo de la cultura, y que formó parte sustancial de los debates en las negociaciones del TLC, tanto por su implicancia en los temas de Derechos de Autor como en lo referente al acceso a los mercados de bienes y servicios culturales, muchas veces desiguales y excluyentes, manejado por intereses oligopólicos a nivel global. Es así que el sector cultura, conformado por artistas, gestores y funcionarios públicos, bregó y consiguió imponer en los TLC la reserva cultural, entendiendo que la cultura no es una mercancía como cualquier otra, por su carácter identitario colectivo (y por tanto estratégico) buscando preservar, en consonancia con los principios de la UNESCO, espacios a las Políticas Culturales de los Estados en beneficio de la creación, producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios culturales que son resultados de las Industrias Culturales contemporáneas.

Más que en cualquier otro campo de la cultura, en la I.C. la globalización ha tendido a privilegiar los productos de las grandes metrópolis –que vienen muchas veces aparejados con las últimas innovaciones tecnológicas y un apabullante marketing-  en detrimento de los producción nacional (cine, libros, discos) que solo logra acceder a los mercados internacionales e incluso nacionales, en la medida que se sometan e integren a los imperativos globales. Por eso es tan importante empezar por preservar los mercados propios y el acceso igualitario de los productos al público, como paso ineludible para poder proyectarse internacionalmente. Ahí están los casos de Corea del Sur o la Unión Europea, cuyas cuotas de pantalla han permitido el sostenimiento de su cinematografía ante la hegemonía  hollywoodense; o en el campo de la música, las políticas de Brasil o Colombia defendiendo los espacios para sus expresiones locales en los grandes medios de comunicación. Ello no significa cerrarse al mundo ni mucho menos, pero si evitar que la globalización termine negándonos incluso como país, con imágenes y sonidos propios.

Por esta razón fue que en el proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó el año pasado en el Ministerio con todos los gremios de cineastas, se acordó incluir la Cuota de Pantalla y otros mecanismos conexos para garantizar no sólo la producción de películas peruanas, sino su distribución y exhibición en las salas de cine, en igualdad de condiciones que los filmes extranjeros. ¿Se mantendrá esa propuesta en la anunciada nueva Ley que señala el documento, puesto que cuando se habla de ello sólo se menciona “potenciar los concursos” y “capacitación y asesoría” a los cineastas, hechos importantes y necesarios, pero notoriamente insuficientes y limitados si se quiere una Ley de cine de verdad, moderna e integral, además de descentralizada y realmente para todos? Recuérdese que las leyes son ante todo, la expresión de una voluntad política de los gobernantes, por lo que sería importante que la comunidad cinematográfica, cultural y la opinión pública en general, conozcan con  precisión cual es la voluntad política al respecto, no sólo del Ministerio de Cultura sino del gobierno en su conjunto, incluido por supuesto el MEF.

Preocupa asimismo que la difusión del cine nacional se restringa a un espacio ya existente y consolidado –pero pequeño- como la sala “Armando Robles Godoy” en el local del Ministerio de Cultura, y no se ambicione en un mediano plazo la generación de espacios similares en otras zonas de Lima y sobretodo del interior del país, para construir una circuito alternativo frente a la exhibición comercial, no solo para el cine peruano sino el cine cultural de alcance universal.

Caso similar se presenta en la propuesta de revisión de la actual Ley de democratización y fomento a la lectura, donde no se menciona el rol central que debe ocupar el sistema nacional de bibliotecas, y programas de fomento a los libros como por los promovidos por CERLALC,  en la promoción de la lectura, así como la revisión del régimen de beneficios tributarios de la Ley 28086, que no alcanza a las editoriales más pequeñas e “independientes” peruanas, así como la convocatoria periódica a concursos de autores, recopiladores, editores y otros, que ayuden a dinamizar el sector a nivel nacional,  con tiradas masivas y a menor costo, y que han tenido excelentes resultados en países como México, Colombia y Chile, entre otros.    

Siendo un dinámico sector productivo, las I.C. son un potencial de generación de empleos muy importante, diversificado y en no pocos casos, altamente especializado. El Ministerio debe propiciar el emprendimiento  productivo y el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto ampliadas en los últimos años por las nuevas tecnologías, que permiten un acceso mucha mayor y más amplio a la creación y disfrute de mayor cantidad de personas. Las nuevas tecnologías también ponen en cuestión los derechos de propiedad intelectual y de autor establecidos en los marcos de la OMPI y las legislaciones sobre la materia, planteando la revisión de medidas que, buscando cautelar a los creadores, se convierten en muchos casos en restricción para el uso y consumo de la información, de allí que se hable de proyectos contra la libertad en el ciberespacio como la Ley SOPA promovida por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, o las clausulas sobre circulación de contenidos digitales que estaría siendo propuestas para incluirse en el TPP que viene negociando el Perú. Las nuevas tecnologías, como todas, no son neutras, y así como facilitan en líneas generales más accesibilidad a los usuarios, también puede servir para estrechar y condicionar más su consumo, por lo que urge que el debate sobre su uso y posibilidades tome en cuenta también la variable cultural. 

Es innegable que el conocimiento y la información mensurable son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cualquier sector, y si se carece del mismo se anda a ciegas y por mera intuición, sin incidir en los requerimientos realmente significativos. Es cierto que la cultura comporta una fuerte carga subjetiva y del imaginario, difícilmente medible, pero ello no invalida su componente económico y respuesta social que permite mapear, medir y diagnosticar la acción de los grupos culturales y su impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales. Para ello es importante acciones como la implementación de registros de artistas y gestores culturales y la constitución de un dinámico Sistema de Información Cultural, que monitoree y renueve constantemente la información del sector, con mayor incidencia en las Industrias Culturales y la medición del consumo a través de las Cuentas Satélites en Cultura, en colaboración con el INEI, que se vienen llevando adelante en Argentina, Colombia y Chile, tomando como base para uniformizar los estándares de medición a la metodología base producida por el Convenio Andrés Bello.

Para este propósito es necesario también recopilar y centralizar la información de diferentes instancias del Estado, muchas veces suelta y desaprovechada, como el reporte del ISBN que maneja la Biblioteca Nacional del Perú, o los estudios de consumo televisivo que lleva adelante CONCORTV, además de los que disponen instituciones privadas y académicas, tanto en Lima como el interior del país. La investigación que debe propiciar el Ministerio de Cultura no se puede limitar al campo económico y estadístico sino debe promover también estudios históricos, arqueológicos, cartográficos, antropológicos, etnográficos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, arquitectónicos, comunicacionales, tecnológicos, legales e interdisciplinarios en general, que profundicen, revisen, cuestionen y debatan sobre la cultura y su expresión en el país, en coordinación permanente con los espacios académicos y centros de investigación, y que las investigaciones y resultados se traduzcan en publicaciones e informes accesibles por vía material o virtual, porque el conocimiento no debe circunscribirse a pocas personas sino de alcance libre para todos.            

De otro lado, las Industrias Culturales no pueden soslayar que uno de sus mercados más importantes son los medios masivos de comunicación, con su enorme influencia y peso social y cultural sobre el conjunto de la población. El Ministerio de Cultura, como organismo rector, no puede ser indiferente a sus contenidos y su relación con las políticas rectoras, sin que ello implique forma alguna de intromisión o censura, porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga, por ejemplo, en campañas públicas para fomentar la lectura o la cultura audiovisual, si se mantiene impertérrita la mediocridad televisiva como modelo cultural masivo. Por esa razón, es importante que el Ministerio forme parte del proceso de reconversión de la televisión y radio digital terrestre, para evitar que se prolongue el control de pocas y poderosas empresas en su manejo, abriendo espacios alternativos a las emisoras comunitarias y ciudadanas, que se han posicionado en el campo de la radio regional, y que podrían acceder a un espectro mucho mayor en todo el país. La otra responsabilidad fundamental del Estado es que se pueda contar por fin con una  televisora que sea realmente pública y no de gobierno, con una programación plural, y que pueda disponer –dadas las mayores frecuencias que abre la digitalización del espectro- de estaciones alternas que no estén sujeta a los imperativos políticos y puedan tener una programación cultural las 24 horas del día, de primerísima calidad y al alcance de todos (como el notable canal “Encuentro” en Argentina).     

TODO ARTE O VOZ GENIAL

El documento señala que para el Ministerio de Cultura todas las artes son fundamentales en el desarrollo de la cultura en el país,  las mismas que no han  recibido un apoyo sostenido por parte del Estado. En ese sentido, resulta importante definir qué política desde el Estado se va a impulsar para su visibilización  y desarrollo, más allá de este importante reconocimiento y porque no decirlo, rectificación histórica. Para tal propósito, una tarea clave es la formación de público, propiciando no solo el acceso mayoritario y disfrute del arte por la mayoría de la población, sino el conocimiento y manejo de sus códigos y herramientas, clásicas y modernas; evitando con ello que su consumo quede, como hasta hoy, circunscrito a pequeñas elites instruidas o conocedoras. Esta labor de formación debe darse tanto dentro como fuera de la escuela; cambiando en el primer caso la visión del arte como elemento accesitario o “adorno culto” para convertirlo en una herramienta de expresión humana trascendente, además de su valor estético; y en las comunidades, articulada a procesos de difusión didáctica, muestras itinerantes y creación propia, en un intercambio cultural que valore y potencie no solo los productos del canon y reconocidos artísticamente, sino el mal llamado “arte popular”, tradicional o moderno, que es tan trascendente y valido como cualquier otro. Esta labor de formación debe incluir la “formación de formadores” que permitan trabajar especialmente con niños y jóvenes, programas lúdicos y participativos que fomenten el aprendizaje teórico y práctico del arte y la cultura en su entorno social.

En cuanto a la Escuelas Superiores de Formación Artística, es lógico que en lo académico sigan dependiendo del Ministerio de Educación, pero ello no debe significar que se encuentren divorciadas del ámbito de la cultura, ya que este sector le debe proveer los contenidos curriculares fundamentales, además de los espacios para la práctica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Es necesario que dentro de los cambios y revalorización de la educación en el país, no se deje de lado a estas escuelas públicas, que siguen atravesando una grave crisis, no solo por magros presupuestos sino por la incuria e indiferencia ancestral de las autoridades. Igualmente, en el caso de los Elencos Nacionales, debe entenderse como una apuesta del Estado a la excelencia artística, no para competir con la iniciativa privada –por lo demás casi inexistente en este campo-, sino para que estas expresiones puedan ser conocidas y disfrutadas por la población en su conjunto, como un derecho inalienable al acceso que deben gozar todas las personas. Puede ser también una excelente herramienta de inclusión social, y de involucramiento a las nuevas generaciones, como lo demuestran experiencias como las Orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, Colombia y Chile. Pero todo ello requiere de una apuesta e inversión constante y sostenible, tanto de parte del tesoro público como de la financiación privada y porque no también, recursos de cooperación internacional.

El Gran Teatro Nacional es un espacio privilegiado que dispone el Ministerio de Cultura para la presentación escénica de primer nivel, y que a pesar del alto costo de su mantenimiento, debe cautelarse en su futura administración mixta, público-privada, que se respete un espacio central y privilegiado para la práctica y presentaciones de los Elencos Nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folklore, entre otros) y con acceso efectivo a públicos diversos, incluso a nivel promocional, para los sectores menos pudientes, además de jóvenes y niños.

Algunas tareas a emprender desde el Ministerio de Cultura en esta área, que no impliquen direccionamiento de la creación artística, es la implementación, a través de convocatorias públicas y transparentes, de fondos concursables, otorgamiento de becas, pasantías y residencias artísticas, apoyo a la movilidad de los artistas y elencos, presentaciones, publicaciones, apoyo promocional, etc. Al respecto, los proyectos de cultura comunitaria, que parten de las experiencias populares en construcción y difusión artística,  son muy importantes y deben ser estimulados, y allí se inscriben experiencias como los Puntos de Cultura o Cultura Viva, que llevan adelante tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyectos que construyen identidades y mejores condiciones de vida entre los ciudadanos, en especial los de condiciones más humildes, pero que no deben ser vistos como “herramientas”, pues lo desnaturalizan, convirtiéndolos  en medios utilitarios al servicios de campañas (por más loables y justas que ellas se presenten) negándoles su condición de arte y expresión cultural propia, tan válida y representativa como cualquier otra.

             

Finalmente, y en referencia a la revisión y reformulación de la actual Ley del Artista, esta debería requerir una atención prioritaria por parte del Ministerio de Cultura y los propios artistas y empresarios, como elemento emblemático del sector, ya que permite calificar a los artistas como profesionales e interlocutores, con igualdad de derechos y deberes laborales y creativos que los demás trabajadores. Y es que la política cultural tiene que empezar desde las personas que hacen cultura, los artistas, y el reconocimiento que se les debe como tales por parte del Estado y la Sociedad, en todo orden de cosas –como la profesión que figura en el DNI, pasaporte o RUC- para dignificar esta actividad y que nunca más una institución, pública o privada, sigan viéndolo como una actividad menor, “hobbie”, o confundan el “amor al arte” con la gratuidad y abuso de los artistas. Porque el verdadero artista es, como escribía Vallejo: “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.”