¿Cine y Mercado, o Mercado del Cine?

por Christian Wiener Fresco

Ponencia presentada al Cuarto Encuentro Nacional de Cultura, realizado en el Museo Metropolitano de Lima, en la Mesa de Políticas Públicas y Cultura del 20 de agosto del 2014.

Una de las políticas públicas en el campo de la cultura más visibles en todo el mundo es la relativa al fomento o promoción de la cinematografía. Hay varios factores que explican esto, como que se trata de una industria costosa y que requiere un sofisticado soporte tecnológico, que al fomentar y democratizar la producción y difusión, se permite el acceso al cine de personas de toda condición y lugar. También que es un arte colectivo, que da trabajo a gran cantidad de personas, estimulando además el desarrollo de servicios conexos y auxiliares, incluido el sector turismo. O que es un poderoso medio de comunicación, factor de entretenimiento y formador de conciencias de la mayor importancia en el siglo XX y XXI. Y más aún, su carácter de importante elemento de identidad y expresión de la diversidad cultural al interior de los países y el mundo. Finalmente, y no menos importante, es que el mercado de la distribución y exhibición comercial cinematográfica no es libre, y se encuentra dominado en casi todo el mundo por el oligopolio de la industria hollywoodense, de lo que el Perú ciertamente no es una excepción.

Sea como sea, lo cierto es que actualmente suman más de 140 los países en el mundo, según datos de la UNESCO, que tienen algún tipo de ley, norma o disposición favorable a su cinematografía, en diversos aspectos y alcances. Así, encontramos desde los que financian directamente desde el Estado toda su producción y exhibición cinematográfica, caso de los países socialistas y algunas naciones islámicas (lo que no evita que por ejemplo en Cuba se esté discutiendo la necesidad de una ley para los realizadores fuera del ICAIC); a otras que promueven con diversas políticas y estímulos fiscales, la inversión privada y la producción propia (o en coproducción con otros países); y las que buscan sostener e impulsar la industria regulando el mercado, o ambas cosas, etc. Incluso hay países de gran producción fílmica, tipo la India con Bollywood –que tiene la mayor cantidad de películas al año- o el propio Estados Unidos, que si bien no impulsan acciones de promoción directas a su cine como en otras partes, no dejan de contar con políticas de Estado, tanto para consumo interno como externo de sus producciones, al mismo tiempo que promueven el mercado libre para las otras naciones. Una muestra de ello es que en todas las negociaciones de comercio internacional donde participa los Estados Unidos, incluido los TLC y ahora el TPP, es infaltable el lobby de la MPPA, el conglomerado de las grandes empresas distribuidoras norteamericanas.

De resultas que las leyes y normas de promoción a los cines nacionales no son la excepción sino más bien la regla habitual en el concierto internacional, abarcando cada año a más países, incluso de incipiente producción, como El Salvador, Panamá o Paraguay en América Latina, que empiezan a tener una presencia internacional gracias a esas políticas. Claro que los incentivos y regulaciones han sido una historia de marchas y contramarchas, al vaivén de las políticas económicas, recursos fiscales y convicciones políticas de los gobernantes de turno, tan volubles como la taquilla del público.     

Se puede concluir entonces que cuando los periodistas neoliberales editorializan enérgicamente contra las leyes de cine y cualquier tipo de participación estatal en la materia, parten del desconocimiento más elemental del fenómeno cinematográfico internacional, aderezado por supuesto con sus prejuicios y anteojeras ideológicas. La prueba más clara de ello la tuvimos en el editorial del 15 de abril del 2013 de “El Comercio”, donde a propósito del éxito comercial de “Asu mare”, se quiso pontificar no solo contra medidas como la “cuota de pantalla” que se venía proponiendo en un proyecto de nueva ley de cine promovido por el Ministerio de Cultura, sino cualquier tipo de proteccionismo al medio, más aún con fondos públicos, los que supuestamente estarían mal usándose para financiar proyectos privados que deberían participar con la suya, y nada más, en el mercado.

Olvidan, por supuesto, que la cuota de pantalla es un mecanismo para asegurar un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, ya que en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en las estaciones de radio y televisión peruanas. Agreguemos que la cuota de pantalla propuesta en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Cultura no se planteaba de forma obligatoria e ineluctable, sino como una posibilidad o potestad de la autoridad de acuerdo a diferentes variables, como el volumen de la producción nacional y la cantidad de espacio que permitan las salas a la difusión de las películas peruanas. Y el porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota era el 20%, que no es una cifra arbitraria, sino que estaba consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se garantiza que hasta ese número nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual. Por ende, no se trataba de imposiciones ni censuras,  ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero  si  abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes bolckbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. La cuota de pantalla, por lo demás, se aplica en países europeos como Francia y España, en Argentina y Brasil y en Corea del Sur, por mencionar solo algunos ejemplos, y en esos países no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

¿Qué otros mecanismos de apoyo o fomento recibe la producción cinematográfica en diferentes lugares? Vemos los casos más comunes:

1. 1.   Subsidio o asignación directa de recursos del presupuesto general, y entrega de premios y ayudas no reembolsables bajo la figura de concursos. Es una de las modalidades más frecuentadas, que se aplica actualmente en el Perú con la ley 26370 y su modificatoria de la 29919. El gran peligro es la fragilidad de su vigencia, sostenible en tiempos de relativa bonanza económica, y dependiente de la voluntad política de los gobernantes y funcionarios de ocasión.
2. 2.    Constitución de un fondo, a través de fideicomiso, con un capital inicial considerable, luego amortizado con los intereses. Es una modalidad desarrollada en Chile y en parte en México, que permite contar con un capital propio y autónomo, pero que requiere de una decisión de inversión inicial del Estado, importante y significativa,  y una manejo financiero prudente y transparente.
3. 3.    Préstamos blandos y créditos  de bajo interés. Es una práctica que puede y de hecho funciona en un contexto de otras ayudas, y con una industria medianamente instalada y un mercado consolidado. Caso contrario, como sucedió en Bolivia, el resultado puede ser catastrófico, ante el poco retorno económico que genera el cine; lo que terminó endeudando a los cineastas y productores.
4. 4.    Creación o derivación de un impuesto, tasa o aporte a un fondo, lo que se aplica en Argentina y Colombia; y que fue propuesto, sin mucho éxito, para ser replicado en el Perú. En su mayoría, estos ingresos provienen de la propia actividad cinematográfica (el boleto de entrada a los cines) y permite una recaudación permanente y sostenible para diversas áreas del cine. Otras modalidades son las que se aplican en el Reino Unido, donde la fuente central de aporte a la cultura en general, incluyendo al cine, es la lotería.
5. 5.    Exoneración de impuestos, total o parcial, en favor de los productores, sea en la etapa de producción o en la exhibición, como permitía la anterior ley de cine de los tiempos de Velasco, la 19327, que aunado con la exhibición obligatoria de cortos y largos, concedía a las empresas productoras, como parte de su ganancia, el monto del impuesto fiscal que renunciaba el Estado del boleto de entrada al cine en favor de ellos.  
6. 6.    Estímulos fiscales a las empresas privadas que aportan en cultura, también conocido como leyes de mecenazgo, que han tenido gran éxito en Brasil, y algo menos en Chile, Colombia y México. Aquí se hace un intercambio de impuestos de las empresas por apoyo a la cultura en diferentes porcentajes y características que sean significativos para el sector audiovisual, sin afectar las arcas del Estado.
7. 7.    Participación  de empresas del Estado y paraestatales en la coproducción y  difusión de películas privadas. Los casos más comunes son las televisoras del Estado, como fueron en Europa la TVE, ZDF, RTF, RAI, antes que llegaran los tiempos de la crisis y las vacas flacas fiscales. En nuestra región estas ayudas, de darse, serian poco significativas por el poco peso y capital que disponen las televisoras públicas.
8. 8.    Fondos no retornables o créditos blandos de procedencia local, que promueven la realización cinematográfica en diversos Estados o regiones de los países, buscando resaltar su identidad regional, como se aplica en Brasil, México o Venezuela. 
9. 9.    Programas de acuerdos regionales, como IBERMEDIA o la RECAM en Mercosur, que integran los capitales de países para financiar proyectos de coproducción y eventualmente distribución de películas entre las naciones miembros.

Como puede colegirse por lo anterior, existen variadas formas de apoyo al cine desde el sector público, que no necesariamente son opuestas entre sí, y que se aplican con intensidades diversas y resultados diferentes a lo largo del mundo. Suele suceder sin embargo, que la tecnocracia económica, enquistada en los ministerios de economía y organismos financieros, es muy reacia al gasto “superfluo” que para ellos supone la cultura, y por eso suelen impedir o boicotear estas iniciativas a favor del cine con los clásicos argumentos de la disciplina fiscal, la supuesta inconstitucionalidad de la asignación, o la simple falta de recursos. Es lo que sucedió recientemente con el MEF, cancelando las propuestas contenidas en el proyecto de la nueva Ley de cine que se discutió en el ministerio de Cultura, por “insalvables diferencias con los criterios de política económica y fiscal” que maneja la todopoderosa institución,  sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 0042-2004-AI/TC) que precisa que la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, y agrega que “el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración”.

Y es que el apoyo a la cultura, y concretamente el cine, no es un asunto “técnico”, ni que se resuelva a nivel de funcionarios de rango medio, por más buena voluntad y entusiasmo que prodiguen. Es esencialmente un asunto de voluntad política de las más altas esferas políticas, de convicción y decisión que los lleva a apostar por el apoyo a esta actividad, independientemente de las motivaciones políticas ulteriores que la motiven. Ha sido el caso de los Kirchner en Argentina, Lula y Rousseff en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile, Vásquez y Mujica en Uruguay, Santos en Colombia Chávez en Venezuela, o Correa en Ecuador; por citar solo algunos ejemplos visibles de mandatarios de la región, de diferentes ideologías, que han apostado a su cine de manera significativa en los últimos años, con un crecimiento espectacular y resultados esplendidos. Pero claro, para ello se requiere de personas con sensibilidad humana y artística, o cuando menos rodeados de asesores que la tengan, medianamente informados sobre la importancia del cine y lo audiovisual en el mundo actual, y que tengan cuando menos alguna noción de política cultural desde el Estado, más allá de los lugares comunes y clichés de seguir considerando la cultura como adorno folklórico y saludo a la bandera en gran parte de los planes de gobierno. 

Ese es justamente uno de los grandes problemas del Perú, país presidencialista por excelencia, pero donde los que han ocupado estos cargos muy poco se han interesado en la cultura y específicamente el apoyo al cine, incluso los que se preciaban de “cultos” y “cosmopolitas”. Y Ollanta Humala no es una excepción, ya que su omisión reiterada de la cultura en sus mensajes anuales es una prueba más de lo poco que le preocupa el tema, más allá de la retórica de ocasión en ceremonias oficiales, que se traduce empero en una nula política cultural propia, por más esfuerzos del Ministerio de Cultura por crear la ficción de su existencia.

Todo eso se traduce en que el Perú, pese a exhibir una boyante economía y que en los últimos tiempos se ha cumplido –luego de mucho tiempo- con asignarse los fondos estipulados en la ley 26370 que permitieron más concursos y premios que años anteriores, se ubique en Sudamérica en quinto lugar en la región en cuanto a la asignación anual de montos de apoyo para su cine (un poco más de 2 millones seiscientos mil dólares), bastante por debajo de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela; y apenas por encima de Uruguay y Ecuador.

En esas circunstancias, cuando se producen fenómenos comerciales con películas realizadas al margen de las ayudas del Estado como “Asu mare” el año pasado o en menor grado “A los 40” este año, que convocan a millones de espectadores, rompiendo el mito de los últimos tiempos de que al público peruano no le gusta su cine; era previsible que se reaviven voces desde la ortodoxia neoliberal para cuestionar el sistema de ayudas público frente al veredicto del sacrosanto mercado.     

Lo que estos sectores no quieren entender es que el cine es mucho más que una mercancía que se oferta en el mercado y se vale del marketing como cualquier otro producto comercial, es también una forma de expresión personal y con un importante valor identitario, por lo que resulta imprescindible que el Estado garantice la pluralidad de sus expresiones. Esta debe incluir a películas de neto corte comercial y fácil empatía con el público masivo hasta, en el otro extremo, las propuestas más herméticas y experimentales, pasando por otras alternativas fílmicas como las obras en competencia en festivales internacionales o el cine regional, por citar dos casos. Si el Estado no tiene una intervención, cuando menos en el incentivo a la producción, lo único que sobreviviría serían las películas abiertamente comerciales por la lógica precisamente de un mercado distorsionado por el monopolio estadounidense y una población con los más bajos índices de comprensión de lectura en el continente. Fíjense que el éxito de las películas antes mencionadas, y algunas otras más, no ha impedido que se sigan presentando en los meses recientes los reiterados conflictos de los productores con los exhibidores nacionales, boicoteando el estreno de sus películas que no se amolden a esa matriz comercial, con mil y un pretextos y argucias que le permiten su situación de poder.

Finalmente todo esto no quiere decir que el fomento público al cine tenga que ser ajeno al mercado, sino todo lo contrario. Por eso la preocupación de garantizar que las películas peruanas puedan acceder a la pantalla, y no excluidas de su propio mercado natural. Pero resultaría insuficiente que el Estado se aboque en exclusivo a una tarea de control y regulación, olvidando sus otras obligaciones de formación de público que nunca ha sido abordadas en el país, al punto que el tema audiovisual, increíblemente en pleno siglo XXI, siga excluido de las currículos escolares, pese al mandato –nunca cumplido ni reglamentado por el MINEDU- de la Ley 26370, salvo en aquellas instituciones privadas que por su propia cuenta se han preocupado en desarrollarlas. Por esta razón fue que a lo largo de todos estos años de intenso debate sobre una nueva ley de cinematografía y el audiovisual insistimos tanto en la necesidad de su integralidad, de ver toda la problemática del sector en su conjunto, como sucede en otros países de la región, y no limitada a la consecución de más recursos para la producción. Eso abarca aspectos como la necesidad de una Cinemateca Nacional, que preserve nuestra memoria audiovisual,; el impulso a la filmación en el país, tanto nacional como metropolitana, con normativas reguladoras que promueven e incentiven, incluso con beneficios fiscales, el trabajo profesional en sus localidades; y el respaldo a la exhibición cultural, enormemente simplificada en estos tiempos de nuevas tecnologías digitales, apoyando tanto actividades y eventos como los festivales y muestras, así como el establecimiento de cineclubs y salas de arte y ensayo, que sean ventanas permanentes para la difusión del cine peruano, latinoamericano e internacional de interés cultural y artístico, y que no tiene, en la mayoría de casos, acceso a los circuitos comerciales de exhibición.

En resumen, una visión de conjunto del cine, que abarque sus necesarias dimensiones comercial, industrial y profesional, que todavía se encuentran por construirse en el país, pero al mismo tiempo también, que no descuide su rol cultural y educativo de primer orden en el mundo de hoy, tan dominado por las imágenes y los sonidos. Más aun y como mencionaba Octavio Getino, en momentos que las nuevas tecnologías nos permiten compartir soportes y plataforma de producción y difusión  en cine, televisión, internet y dispositivos móviles; que deberían facilitar que más gente pueda acceder a los contenidos audiovisuales si se pensara desde el Estado en el bien común, antes que en las ganancias sectoriales y personales “construyendo marcos y ambientes nuevos y propicios para potenciar nuevas dinámicas en materia de educación, comunicación y cultura.

* Versión en vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=RJ8VSMluqQw&feature=youtu.be  

Ley de medios a la ecuatoriana

por Christian Wiener Fresco

Hace unas semanas se aprobó en la Asamblea Nacional del Ecuador la Ley Orgánica de Comunicaciones, que inmediatamente recibió una andanada de críticas de la prensa tradicional de ese país y de los grandes medios internacionales. La reacción no era novedad, pues similares ataques recibieron hace unos años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, así como propuestas que en el mismo sentido y propósito se vienen discutiendo en Uruguay, Bolivia  y Brasil.

La dación de estas leyes en la región, más allá de los deseos de los mandatarios de turno, responden a un reclamo de vastos sectores ciudadanos por transformar y ampliar un sistema que debiera ser de servicio público y proyección cultural, pero que ha devenido, en la mayoría de los casos, en un usufructo puramente comercial, cuasi oligopólico, y no pocas veces corrupto.

En nuestro país, los medios agitan cada cierto tiempo el cuco de la expropiación velasquista de los años 70 para defender la ‘libertad de prensa’ (que en realidad es de empresa), pero no suelen tener la misma memoria respecto a la compra corrupta de los medios en los 90 por parte de Fujimori y Montesinos. Lamentablemente los gobiernos de Paniagua y especialmente Toledo, no tuvieron las agallas para hacer un parteaguas del tema, poniendo en subasta las licencias de los medios de comunicación que se habían pervertido en su uso, prefiriendo negociar con sus herederos y testaferros, y arreglando cambios de propiedad y manejo de deudas de forma obscura para favorecer la concentración de poderes mediáticos. Peor aún, el Congreso de esos años sancionó una Ley de Radiodifusión mediatizada, que convirtió al organismo supervisor en meramente consultivo (CONCORTV), y  dejó en manos de los dueños de los medios la “autorregulación ética”. Y es que como decía un periodista brasileño, creer que los políticos van a regular los medios es como pedirles a los drogadictos que dicten normas para el control del narcotráfico. Ninguno lo hará porque son adictos, y lo peor, es que no son conscientes de ello.  

Volviendo al caso ecuatoriano, la norma aprobada se ha debatido durante tres años, y está muy lejos de propiciar la confiscación de los medios existentes o la censura de contenidos (que está expresamente prohibida), propiciando la democratización y mejora de las comunicaciones con aportes de académicos, productores, periodistas, y entidades de la sociedad civil agrupados en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación.

La nueva Ley promueve la participación plural en la propiedad de los medios, que se refleja en la distribución de frecuencias de radio y televisión, que se divide en tres tercios para medios de comunicación comunitarios, de alcance local y regional; medios de comunicación públicos, y medios de comunicación privados. Adicionalmente, se prohíbe la propiedad cruzada, es decir que una misma empresa controle frecuencias de radio, televisión y prensa escrita, y se pone límites para evitar la concentración de señales por una misma empresa. 

De otro lado, se establece que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de medios de comunicación que usen frecuencias nacionales, deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, buscando con ello promover la producción local en este rubro. En cuanto a la producción audiovisual, los medios destinarán de manera progresiva al menos el 40% de su programación total diaria a contenidos de producción nacional en el horario apto para todo público. Así mismo, la programación deberá incluir al menos el 10% de producción nacional independiente (ficción o documental), certificada por el órgano de fomento del cine y el audiovisual nacional, para estimular el cofinanciamiento de los canales de TV.

Hay otros aspectos en la Ley que pueden ser más discutibles, en especial en cuanto al manejo periodístico y el llamado “linchamiento mediático” a una persona o institución, que muchos medios que lo ejercen cotidianamente ahora tratan de fingir que no conocen.  Pero estamos bastante lejos de la “ley mordaza” que nos quieren vender los medios peruanos, seguramente para curarse en salud.

Sin embargo, pierdan cuidado, mientras el actual gobierno siga siendo más amigo de la CONFIEP y los poderes facticos, frente a la mayoría que lo llevó a la presidencia, una ley como la aprobada en Ecuador o Argentina no se hará realidad, ni se tocará el oligopolio mediático o propiciará una mejor televisión, democratizándose el medio en la perspectiva digital, por más que en el olvidado programa de la Gran Transformación se proponía la “elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”. 

Muevan las Industrias Culturales y las Artes

Christian Wiener

Este post culmina un acercamiento crítico inicial a los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 publicado recientemente por el Ministerio de Cultura, y que motivaron los artículos previos Política Cultural y Política de Estado, y En la diversidad está el gusto y el disgusto. Mucho de lo señalado en estos textos fueron alcanzados durante el intercambio de opiniones sobre el borrador de los lineamientos en el Ministerio de Cultura el año pasado, y otros puntos han sido procesados después, con la ventaja de la distancia física y temporal de mi labor en el Estado. Con ello, quiero contribuir en la medida de lo posible al necesario debate sobre Política Cultural en el país,  que sin duda excede al documento, enfocándome en los lineamientos generales señalados y su concreción práctica, antes que en las personas, autoridades y funcionarios, que son importantes, nadie lo duda, pero si queremos institucionalidad en el país, debemos trascenderlas a ellas y sus circunstancias.

En esta oportunidad me referiré a los lineamientos finales, sobre Industrias Culturales y promoción y difusión de las Artes. Hablar de Industrias Culturales es referirse a uno de los sectores más dinámicos y en crecimiento en el campo de la cultura, y que formó parte sustancial de los debates en las negociaciones del TLC, tanto por su implicancia en los temas de Derechos de Autor como en lo referente al acceso a los mercados de bienes y servicios culturales, muchas veces desiguales y excluyentes, manejado por intereses oligopólicos a nivel global. Es así que el sector cultura, conformado por artistas, gestores y funcionarios públicos, bregó y consiguió imponer en los TLC la reserva cultural, entendiendo que la cultura no es una mercancía como cualquier otra, por su carácter identitario colectivo (y por tanto estratégico) buscando preservar, en consonancia con los principios de la UNESCO, espacios a las Políticas Culturales de los Estados en beneficio de la creación, producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios culturales que son resultados de las Industrias Culturales contemporáneas.

Más que en cualquier otro campo de la cultura, en la I.C. la globalización ha tendido a privilegiar los productos de las grandes metrópolis –que vienen muchas veces aparejados con las últimas innovaciones tecnológicas y un apabullante marketing-  en detrimento de los producción nacional (cine, libros, discos) que solo logra acceder a los mercados internacionales e incluso nacionales, en la medida que se sometan e integren a los imperativos globales. Por eso es tan importante empezar por preservar los mercados propios y el acceso igualitario de los productos al público, como paso ineludible para poder proyectarse internacionalmente. Ahí están los casos de Corea del Sur o la Unión Europea, cuyas cuotas de pantalla han permitido el sostenimiento de su cinematografía ante la hegemonía  hollywoodense; o en el campo de la música, las políticas de Brasil o Colombia defendiendo los espacios para sus expresiones locales en los grandes medios de comunicación. Ello no significa cerrarse al mundo ni mucho menos, pero si evitar que la globalización termine negándonos incluso como país, con imágenes y sonidos propios.

Por esta razón fue que en el proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó el año pasado en el Ministerio con todos los gremios de cineastas, se acordó incluir la Cuota de Pantalla y otros mecanismos conexos para garantizar no sólo la producción de películas peruanas, sino su distribución y exhibición en las salas de cine, en igualdad de condiciones que los filmes extranjeros. ¿Se mantendrá esa propuesta en la anunciada nueva Ley que señala el documento, puesto que cuando se habla de ello sólo se menciona “potenciar los concursos” y “capacitación y asesoría” a los cineastas, hechos importantes y necesarios, pero notoriamente insuficientes y limitados si se quiere una Ley de cine de verdad, moderna e integral, además de descentralizada y realmente para todos? Recuérdese que las leyes son ante todo, la expresión de una voluntad política de los gobernantes, por lo que sería importante que la comunidad cinematográfica, cultural y la opinión pública en general, conozcan con  precisión cual es la voluntad política al respecto, no sólo del Ministerio de Cultura sino del gobierno en su conjunto, incluido por supuesto el MEF.

Preocupa asimismo que la difusión del cine nacional se restringa a un espacio ya existente y consolidado –pero pequeño- como la sala “Armando Robles Godoy” en el local del Ministerio de Cultura, y no se ambicione en un mediano plazo la generación de espacios similares en otras zonas de Lima y sobretodo del interior del país, para construir una circuito alternativo frente a la exhibición comercial, no solo para el cine peruano sino el cine cultural de alcance universal.

Caso similar se presenta en la propuesta de revisión de la actual Ley de democratización y fomento a la lectura, donde no se menciona el rol central que debe ocupar el sistema nacional de bibliotecas, y programas de fomento a los libros como por los promovidos por CERLALC,  en la promoción de la lectura, así como la revisión del régimen de beneficios tributarios de la Ley 28086, que no alcanza a las editoriales más pequeñas e “independientes” peruanas, así como la convocatoria periódica a concursos de autores, recopiladores, editores y otros, que ayuden a dinamizar el sector a nivel nacional,  con tiradas masivas y a menor costo, y que han tenido excelentes resultados en países como México, Colombia y Chile, entre otros.    

Siendo un dinámico sector productivo, las I.C. son un potencial de generación de empleos muy importante, diversificado y en no pocos casos, altamente especializado. El Ministerio debe propiciar el emprendimiento  productivo y el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto ampliadas en los últimos años por las nuevas tecnologías, que permiten un acceso mucha mayor y más amplio a la creación y disfrute de mayor cantidad de personas. Las nuevas tecnologías también ponen en cuestión los derechos de propiedad intelectual y de autor establecidos en los marcos de la OMPI y las legislaciones sobre la materia, planteando la revisión de medidas que, buscando cautelar a los creadores, se convierten en muchos casos en restricción para el uso y consumo de la información, de allí que se hable de proyectos contra la libertad en el ciberespacio como la Ley SOPA promovida por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, o las clausulas sobre circulación de contenidos digitales que estaría siendo propuestas para incluirse en el TPP que viene negociando el Perú. Las nuevas tecnologías, como todas, no son neutras, y así como facilitan en líneas generales más accesibilidad a los usuarios, también puede servir para estrechar y condicionar más su consumo, por lo que urge que el debate sobre su uso y posibilidades tome en cuenta también la variable cultural. 

Es innegable que el conocimiento y la información mensurable son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cualquier sector, y si se carece del mismo se anda a ciegas y por mera intuición, sin incidir en los requerimientos realmente significativos. Es cierto que la cultura comporta una fuerte carga subjetiva y del imaginario, difícilmente medible, pero ello no invalida su componente económico y respuesta social que permite mapear, medir y diagnosticar la acción de los grupos culturales y su impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales. Para ello es importante acciones como la implementación de registros de artistas y gestores culturales y la constitución de un dinámico Sistema de Información Cultural, que monitoree y renueve constantemente la información del sector, con mayor incidencia en las Industrias Culturales y la medición del consumo a través de las Cuentas Satélites en Cultura, en colaboración con el INEI, que se vienen llevando adelante en Argentina, Colombia y Chile, tomando como base para uniformizar los estándares de medición a la metodología base producida por el Convenio Andrés Bello.

Para este propósito es necesario también recopilar y centralizar la información de diferentes instancias del Estado, muchas veces suelta y desaprovechada, como el reporte del ISBN que maneja la Biblioteca Nacional del Perú, o los estudios de consumo televisivo que lleva adelante CONCORTV, además de los que disponen instituciones privadas y académicas, tanto en Lima como el interior del país. La investigación que debe propiciar el Ministerio de Cultura no se puede limitar al campo económico y estadístico sino debe promover también estudios históricos, arqueológicos, cartográficos, antropológicos, etnográficos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, arquitectónicos, comunicacionales, tecnológicos, legales e interdisciplinarios en general, que profundicen, revisen, cuestionen y debatan sobre la cultura y su expresión en el país, en coordinación permanente con los espacios académicos y centros de investigación, y que las investigaciones y resultados se traduzcan en publicaciones e informes accesibles por vía material o virtual, porque el conocimiento no debe circunscribirse a pocas personas sino de alcance libre para todos.            

De otro lado, las Industrias Culturales no pueden soslayar que uno de sus mercados más importantes son los medios masivos de comunicación, con su enorme influencia y peso social y cultural sobre el conjunto de la población. El Ministerio de Cultura, como organismo rector, no puede ser indiferente a sus contenidos y su relación con las políticas rectoras, sin que ello implique forma alguna de intromisión o censura, porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga, por ejemplo, en campañas públicas para fomentar la lectura o la cultura audiovisual, si se mantiene impertérrita la mediocridad televisiva como modelo cultural masivo. Por esa razón, es importante que el Ministerio forme parte del proceso de reconversión de la televisión y radio digital terrestre, para evitar que se prolongue el control de pocas y poderosas empresas en su manejo, abriendo espacios alternativos a las emisoras comunitarias y ciudadanas, que se han posicionado en el campo de la radio regional, y que podrían acceder a un espectro mucho mayor en todo el país. La otra responsabilidad fundamental del Estado es que se pueda contar por fin con una  televisora que sea realmente pública y no de gobierno, con una programación plural, y que pueda disponer –dadas las mayores frecuencias que abre la digitalización del espectro- de estaciones alternas que no estén sujeta a los imperativos políticos y puedan tener una programación cultural las 24 horas del día, de primerísima calidad y al alcance de todos (como el notable canal “Encuentro” en Argentina).     

TODO ARTE O VOZ GENIAL

El documento señala que para el Ministerio de Cultura todas las artes son fundamentales en el desarrollo de la cultura en el país,  las mismas que no han  recibido un apoyo sostenido por parte del Estado. En ese sentido, resulta importante definir qué política desde el Estado se va a impulsar para su visibilización  y desarrollo, más allá de este importante reconocimiento y porque no decirlo, rectificación histórica. Para tal propósito, una tarea clave es la formación de público, propiciando no solo el acceso mayoritario y disfrute del arte por la mayoría de la población, sino el conocimiento y manejo de sus códigos y herramientas, clásicas y modernas; evitando con ello que su consumo quede, como hasta hoy, circunscrito a pequeñas elites instruidas o conocedoras. Esta labor de formación debe darse tanto dentro como fuera de la escuela; cambiando en el primer caso la visión del arte como elemento accesitario o “adorno culto” para convertirlo en una herramienta de expresión humana trascendente, además de su valor estético; y en las comunidades, articulada a procesos de difusión didáctica, muestras itinerantes y creación propia, en un intercambio cultural que valore y potencie no solo los productos del canon y reconocidos artísticamente, sino el mal llamado “arte popular”, tradicional o moderno, que es tan trascendente y valido como cualquier otro. Esta labor de formación debe incluir la “formación de formadores” que permitan trabajar especialmente con niños y jóvenes, programas lúdicos y participativos que fomenten el aprendizaje teórico y práctico del arte y la cultura en su entorno social.

En cuanto a la Escuelas Superiores de Formación Artística, es lógico que en lo académico sigan dependiendo del Ministerio de Educación, pero ello no debe significar que se encuentren divorciadas del ámbito de la cultura, ya que este sector le debe proveer los contenidos curriculares fundamentales, además de los espacios para la práctica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Es necesario que dentro de los cambios y revalorización de la educación en el país, no se deje de lado a estas escuelas públicas, que siguen atravesando una grave crisis, no solo por magros presupuestos sino por la incuria e indiferencia ancestral de las autoridades. Igualmente, en el caso de los Elencos Nacionales, debe entenderse como una apuesta del Estado a la excelencia artística, no para competir con la iniciativa privada –por lo demás casi inexistente en este campo-, sino para que estas expresiones puedan ser conocidas y disfrutadas por la población en su conjunto, como un derecho inalienable al acceso que deben gozar todas las personas. Puede ser también una excelente herramienta de inclusión social, y de involucramiento a las nuevas generaciones, como lo demuestran experiencias como las Orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, Colombia y Chile. Pero todo ello requiere de una apuesta e inversión constante y sostenible, tanto de parte del tesoro público como de la financiación privada y porque no también, recursos de cooperación internacional.

El Gran Teatro Nacional es un espacio privilegiado que dispone el Ministerio de Cultura para la presentación escénica de primer nivel, y que a pesar del alto costo de su mantenimiento, debe cautelarse en su futura administración mixta, público-privada, que se respete un espacio central y privilegiado para la práctica y presentaciones de los Elencos Nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folklore, entre otros) y con acceso efectivo a públicos diversos, incluso a nivel promocional, para los sectores menos pudientes, además de jóvenes y niños.

Algunas tareas a emprender desde el Ministerio de Cultura en esta área, que no impliquen direccionamiento de la creación artística, es la implementación, a través de convocatorias públicas y transparentes, de fondos concursables, otorgamiento de becas, pasantías y residencias artísticas, apoyo a la movilidad de los artistas y elencos, presentaciones, publicaciones, apoyo promocional, etc. Al respecto, los proyectos de cultura comunitaria, que parten de las experiencias populares en construcción y difusión artística,  son muy importantes y deben ser estimulados, y allí se inscriben experiencias como los Puntos de Cultura o Cultura Viva, que llevan adelante tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyectos que construyen identidades y mejores condiciones de vida entre los ciudadanos, en especial los de condiciones más humildes, pero que no deben ser vistos como “herramientas”, pues lo desnaturalizan, convirtiéndolos  en medios utilitarios al servicios de campañas (por más loables y justas que ellas se presenten) negándoles su condición de arte y expresión cultural propia, tan válida y representativa como cualquier otra.

             

Finalmente, y en referencia a la revisión y reformulación de la actual Ley del Artista, esta debería requerir una atención prioritaria por parte del Ministerio de Cultura y los propios artistas y empresarios, como elemento emblemático del sector, ya que permite calificar a los artistas como profesionales e interlocutores, con igualdad de derechos y deberes laborales y creativos que los demás trabajadores. Y es que la política cultural tiene que empezar desde las personas que hacen cultura, los artistas, y el reconocimiento que se les debe como tales por parte del Estado y la Sociedad, en todo orden de cosas –como la profesión que figura en el DNI, pasaporte o RUC- para dignificar esta actividad y que nunca más una institución, pública o privada, sigan viéndolo como una actividad menor, “hobbie”, o confundan el “amor al arte” con la gratuidad y abuso de los artistas. Porque el verdadero artista es, como escribía Vallejo: “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.”