Runasimi para todos

Por Christian Wiener Fresco

Las lamentables declaraciones del gerente de Turismo, Cultura, Educación y Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco, Martin Romero Pacheco, en la última jornada del Encuentro Nacional de Cultura que se realizó en esa ciudad, y que le terminaron costando el puesto a los pocos días; han servido para reavivar un tema que la opinión pública y los medios conocen, pero de la que muy poco se habla.   

Como se recordará, en esa oportunidad el ex gerente se despachó contra el concepto de interculturalidad, calificando el idioma quechua de cáncer, y “un obstáculo para que los niños desarrollen el pensamiento abstracto”. Y si bien aclaró que sus expresiones eran a título personal, no por eso fueron menos repudiadas, provocando incluso que el propio Ministerio de Cultura emita un comunicado bilingüe (español y quechua) donde considera inaceptables las expresiones mencionadas e “invoca a la ciudadanía a velar por la protección, respeto y promoción de nuestras 51 lenguas indígenas, que son la expresión de las diversas culturas que conforman nuestra nación”. 

Hasta aquí, todo no pasaría de un incidente de uno de tantos funcionarios desubicados, que no duda en ventilar sus prejuicios racistas en público, con el agravante de trabajar en el sector cultura y residir en una región y ciudad con tanta historia  como para ser considerada como la “capital arqueológica de América”.

Sin embargo, lo dicho por Romero no es el único caso de este tipo de pensamiento al interior del Estado, que considera a la cultura y lo ancestral como un “estorbo” a la modernidad. En similares términos se han expresado en los últimos tiempos otros funcionarios respecto a la protección de nuestro patrimonio material e inmaterial, los derechos de los pueblos originarios a su cultura y territorio, o la defensa del medio ambiente y el ecosistema natural. Lógica que está en la base de los Decretos Supremos 054 y 060 de la PCM, que buscan festinar los trámites de supervisión y control de las autoridades de cultura y ambiente, para dar supuestas facilidades a la inversión pública y privada.

Las declaraciones de Romero sobre el quechua son compartidas por muchos en el país, sea en Lima, Cusco, Arequipa o Trujillo; aunque no todos tengan el coraje de manifestarlas en público. Sin embargo es un discurso profundamente enraizado en el inconsciente de sociedades racistas y colonizadas como la peruana, tanto desde el lado de los discriminadores como de quienes, para no verse discriminados, optan por tratar de esconder su identidad quechua hablante.

El desprecio por el pasado supérstite  puede en muchos casos  enmascararse con el tributo a los fastos de los restos imperiales que encandilan a los turistas.  Como señala la historiadora Cecilia Méndez, la república criolla glorificó a la aristocracia inca al tiempo que despreciaba al indio contemporáneo. Es el caso también de una institución oficial como la Academia Mayor de la Lengua Quechua, creada para cautelar la pureza del idioma de los incas, antes que para promover su uso, difusión y puesta en valor entre la población. 

Algo similar se podría decir de la labor que realiza la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del MINEDU, más allá de los buenos propósitos y loables esfuerzos que animan a los que trabajan en esta área; al persistir en el equívoco de ver al quechua, y otras lenguas vernáculas, como elemento anclado en el pasado y de alcance restringido, que se debe cautelar casi por obligación, y no como factor vivo y dinámico, que hablan e identifican a millones de peruanos.

El gran reto de una política realmente inclusiva en esta área es no solo mantener o respetar el quechua y la diversidad  de lenguas del país, sino difundir e incorporar nuestra gran riqueza lingüística a toda la población; es decir, que salga del gueto idiomático al que lo ha condenado un Estado monolingüe y discriminador, para que nadie se vuelva a sentir avergonzado por usarlo sino todo lo contrario. Eso implicaría incorporar su enseñanza al currículo escolar y universitario y su uso a la práctica cotidiana de las instituciones públicas (de esa manera, los comunicados en quechua no serían la  excepción sino la regla) y porque no también, cada vez más de las privadas. Y por supuesto también, en los medios de comunicación, tanto escritos como especialmente orales y audiovisuales, que deberían ofrecer una programación cada vez más bilingüe e intercultural, como es la realidad de nuestro país.

Tal vez todo esto suene a utopía romántica e impracticable, pero si no empezamos a cambiar de enfoque en este tema crucial, volteando hacia ese otro Perú que está ahí pero no se quiere ver ni reconocer, no nos sorprendamos después cuando, más temprano que tarde, otro funcionario ya no hable de cáncer para referirse al quechua, sino simplemente se limite a un responso.