Internet sin censura

Por Christian Wiener Fresco

Digamos que, pensado positivamente, la propuesta del congresista Omar Chehade y otros parlamentarios oficialistas, tras su proyecto de Ley “de protección del menor de contenidos pornográficos en Internet”, tendría en el fondo un propósito loable, que como su mismo nombre lo indica, trata de evitar que los menores de edad puedan acceder a contenidos pornográficos que, como sabemos, abundan en la red.

Sin embargo y como se suele decir, el infierno suele estar empedrado de buenas intenciones, y por eso conviene encontrarse alertas ante cualquier intentona de censura en un medio, sea el que sea, y por los motivos que sean.

En principio, no se cuestiona que se quiera “proteger” al menor de material indeseable, aunque sea discutible que se incluya en esa categoría solo lo pornográfico, o como se define en el proyecto: “contenidos sexuales explícitos o que, por el carácter obsceno, puedan afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir el instinto sexual de los menores de edad” y no, por ejemplo, lo que se refiere a la violencia, incluyendo torturas, golpizas o destrucción; que también son frecuentes en el ciberespacio.

Hay que recordar que desde el 2007 existe la Ley 28119, “que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico ya cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet”. La intención de los legisladores sería ampliar esa prohibición a las conexiones caseras de Internet, pero adicionalmente tendría otros alcances e intenciones.

Lo que se plantea es que los proveedores de Internet coloquen obligatoriamente filtros previos para impedir el posible acceso al material supuestamente pornográfico por los menores en todo el país; lo que en otras palabras significa censura previa y bloqueo de contenidos, que contradice el precepto constitucional que garantiza la libertad de difusión sin previa autorización, censura, ni impedimento alguno.

Una alternativa más plausible es la que se aplica en Chile, donde la ley obliga a que los proveedores de acceso oferten esos servicios adicionales, pero no que lo apliquen indiscriminadamente, pudiendo garantizar el Estado que el costo de este servicio no significará un encarecimiento del mismo.

Caso contrario, todos aquellos adultos que no deseen ser bloqueados formaran parte de un registro oficial de “usuarios pornográficos”, lo que viola un principio elemental de privacidad y opción personal.

El absurdo es que, como cualquier usuario de Internet sabe, la red alberga miles de millones de páginas que se renuevan cada día, hora y hasta minutos; por lo que resultará imposible que la Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (COPROME), propuesta como revisora del filtro en el proyecto de ley, e integrada por siete honorables funcionarios, este en la posibilidad, siquiera remota, de manejar y discernir sobre tal cúmulo de información.

Aquí es donde salta el peligro de un proyecto como el que comentamos, porque con el pretexto de lo “pornográfico” u “obsceno” –que como sabemos son términos muy amplios y difusos- podría convertirse en una forma de impedir la libre circulación de información y contenidos críticos, y un arma para tratar de controlar la red y a quienes hacen uso de ella en sus diversas modalidades (twitter, facebook, flickr, youtube, tumblr), como, por ejemplo, convocando a marchas o protestas, así como las denuncias, revelaciones de autoridades, entre otros casos.    

Pero Chehade y los nacionalistas no son los únicos preocupados por amarrar la red, siempre con buenas razones de por medio. En el gobierno pasado, la congresista aprista Mercedes Cabanillas presentó un proyecto para regular a los blogs que fue calificado en su momento de “ley mordaza”; y ya con este gobierno, el pepecista Beingolea defendió un proyecto sobre delitos informáticos que afectaba gravemente la información privada.

Lo más grave de todo es que mientras nos distraemos discutiendo estos proyectos parlamentarios, el gobierno peruano sigue negociando el Acuerdo Transpacífico (o TPP) y del que casi nada se sabe, porque todo se maneja con la mayor de las reservas. No obstante, es vox populi que los Estados Unidos y sus grandes consorcios están abogando por poner mayores restricciones en el uso de la información protegida por el copyright y el bloqueo de contenidos, lo que significaría una reedición del proyecto de la ley SOPA, que movilizo en contra a tantos usuarios de Internet.

Y es que la libertad es para todos, o no es para nadie.