La Ópera de las 6000 UIT

Por Christian Wiener Fresco

Aprovechando la distracción general por lo temas de la mega corrupción y el fútbol, y el escaso interés –salvo de los implicados- en los asuntos presupuestarios, la mayoría del Congreso de la República en los últimos días hirió de muerte a la todavía nonata Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano presentada por el Ejecutivo, al reducirle a la mitad el presupuesto propuesto para su ejecución anual, de 6000 UIT (algo más de 24 millones de soles) a 3000 (que es poco más de 12 millones de soles); manteniendo los mil UIT adicionales para las otras industrias culturales, tal como se propone en la formula legal.

Se ha dicho que esto parece una película de terror. No estoy tan de acuerdo, más bien lo veo como una comedia bufa, una tragicomedia de equivocaciones y esperpéntica, empezando por algunos parlamentari@s y sus expresiones contra el cine y la cultura nacional que los pinta de cuerpo entero lo que son y defienden.  Pero bueno, menos no se esperaba de la bancada fujimorista, donde su relación con la cultura es un imposible oxímoron. Allá los que alguna vez creyeron que uno de sus representantes iba a poder abogar por una ley de cine realmente para los cineastas y no para las transnacionales.

El problema de fondo fue advertido pero no se quiso hacer caso en su momento, y era que la propuesta final del Ejecutivo no pasaba de ser una prolongación, con más dinero, de uno de los talones de Aquiles de la actual ley de cine, su dependencia al siempre esquivo presupuesto de la república. No hacía falta ser adivino, bastaba simplemente revisar el pasado para ver lo imprevisible y precario de estos recursos, en especial en un país tan poco institucionalizado y con escaso conocimiento del potencial de las políticas públicas en cultura como inversión y no gasto por parte de los políticos de diferentes matices y tendencias.

 

Por eso los cineastas desde hace más de quince años insistieron en la necesidad de constituir un fondo con  los recursos del impuesto municipal a las entradas de cine, en la lógica del “cine financia al cine” que se aplica en otros lares. Era un dinero más predictible, que permitía constituir un fondo autónomo, y sin tantas contingencias políticas ni reclamos de recursos para otras funciones, que en este caso apuntan al área patrimonial en cultura. Planteamiento que ya había sido consensuado hasta con los distribuidores y exhibidores, que se beneficiaban con una reducción de su carga tributaria, y que fue presentado como propio por el Ministerio de Cultura en su primera versión del mes de mayo de este año.  Sin embargo el MEF, como ya es conocido, se opuso a esta posibilidad para no alterar su ortodoxia neoliberal, y para dar una salida al Ministro propuso que similar cantidad a la prevista sea asignada de forma directa del tesoro público, lo que ahora se pretende presentar como un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y los gremios de cineastas.

Los altos funcionarios de economía, supuestamente tan duchos en el manejo de la cosa pública ¿no previeron el desenlace congresal? A la ya mencionada indiferencia, cuando no hostilidad, a todo lo que suene a cultura del colectivo naranja que domina el parlamento, habría que agregar el  espíritu vindicativo contra las películas que no han dejado muy bien parado al gobierno de su líder, y la visible participación de prominentes actores y figuras mediáticas en protestas de “No a Keiko”. Y porque se la tienen jurada, allí los vemos tratando de montar un circo macartista para perseguir a los artistas que prestaron su rostro a la campaña contra la revocatoria municipal, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en la financiación de la misma.  

Eso sí, los fujimoristas no actuaron solos, colaboraron con ellos los que por acción u omisión no se opusieron a sus planteamientos, no defendieron ni denunciaron este recorte, y que al final terminaron votando conjuntamente el dictamen, ese sí “acordado”, del presupuesto 2018 (tal vez pudieron agregar que obedecía  “a un entendimiento en un clima de diálogo y consenso”, como se dijo a propósito del retiro del director del LUM)., Los únicos que levantaron la voz de protesta en este punto fueron los congresistas de izquierda, porque al resto, como de costumbre, la cultura les importa solo cuando les da notoriedad.

Lo peor es que por el pragmatismo con el que se manejó este proyecto, dónde lo único que parecía importar era el dinero que se iba a obtener, se sacrificaron otros asuntos importantes para lograr una verdadera ley de cine como la creación de la Cinemateca Nacional, de la Film Commissión y la educación audiovisual en los colegios, o el establecimiento de la Cuota de Pantalla, o cuando menos del Mínimo de Mantenimiento para garantizar el acceso y mantenimiento de las películas peruanas  no comerciales (o “independientes” según la sesuda congresista Chacón). Para no hablar de falta de definición sobre el apoyo al cine regional o la drástica reducción de los porcentajes y derechos de los técnicos y artistas peruanos en las producciones nacionales a beneficiarse de esta ley. Todos son temas que hemos desarrollado de manera exhaustiva en diferentes textos, y que se justificaban desde los gremios con la supuesta urgencia de lo económico, asegurando que lo otro se vería en leyes futuras. ¿Alguien puede creer ahora, luego de lo sucedido con el presupuesto de la nueva ley, que este Congreso va a gestionar alguna otra norma relacionada a la cinematografía peruana?

Lo cierto es que la nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano empieza con mal pie y exhibiendo sus debilidades, lo que ciertamente no nos alegra, pero tampoco sorprende. Y es que acá se erró tanto en el contenido como en la estrategia de promoción de la propuesta, enfocada a pesar de sus promesas inclusivas solo en los intereses de los productores y su preocupación en hacer más películas, aspiración legítima pero insuficiente para la población y la opinión pública, a la que más podía interesarle como logra ver esas películas, que puede sacar de ellas y de qué manera cambiaría eso parte de su vida y educación (de ahí la importancia estratégica del tema pedagógico y la Cinemateca como soporte). Precisamente estos días, con el encedido debate alrededor del estreno de la película sobre la paisana Jacinta y sus estereotipos racistas  y discriminatorios se pudo intervenir desde el sector proponiendo no la censura, inaceptable sea directa o velada desde cualquier punto de vista, o la reiteración de las críticas ya consabidas y académicas, con la posibilidad de visiones alternativas y artísticas desde nuestras películas documentales y de ficción sobre la mujer andina, mostrando porque si es importante construir una imagen propia de nuestro país y su gente a través del cine, tanto para el mercado externo como interno.

Esperemos por último que después de esta experiencia los gremios de cine entiendan que su misión no se debería limitar a ser actores secundarios o comparsas de las promesas y favores del Estado, sino más bien protagónicos en la lucha por una ley justa, integral y sostenible del cine peruano.