2019, año de urgencias y emergencias

Por Christian Wiener Fresco 

El final del año es momento del balance, y el agitado 2019 en el campo cinematográfico peruano sin duda quedará marcado por el tema de la urgencia, porque fue precisamente por un Decreto de Urgencia del Ejecutivo, apurado aún más por la intempestiva renuncia del ministro Petrozzi a la cartera de Cultura, que finalmente salió a luz este decreto de promoción a la cinematografía nacional como pobre corolario del largo proceso por una Ley de Cine.

No deja de ser significativo que, ahora sí, no pocos cineastas y hasta funcionarios reconozcan que lo aprobado es una norma incompleta, con una serie de vacíos, para no hablar de contradicciones, y que se debe impulsar nuevas leyes  de los otros temas pendientes para mejorarla, como si la agenda del país tuviera que pasar por estar discutiendo y sancionando agregados y complementos a la Ley de Cine de forma permanente.   

Lo que sí ha quedado claro es cuál era la urgencia de un importante sector de cineastas, especialmente productores, con los responsables de la DAFO del Ministerio de Cultura: obtener más recursos para los concursos (o en todo caso consolidarlos, porque buena parte de esos dineros ya se cuentan desde hace dos años con la ampliación presupuestal) y poder ampliar las fuentes def inanciación con la exoneración tributaria a los aportantes a la producción, lo que al final quedó bastante restringido porque el MEF se opuso. Fuera de eso, y algunas modificaciones puntuales, no hay ningún cambio significativo y urgente en un decreto que en gran medida, es una continuidad de la Ley anterior.

Eso no quiere decir que el cine peruano no tenga urgencias, por supuesto que sí, pero que no fueron atendidas por el Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica. La primera de ellas, y la más evidente es la de la exhibición en salas de cine, vistos los incidentes reiterados de varios estrenos peruanos este año, dónde se estrenaron en salas comerciales 34 películas, condenadas varias de ellas acompetir entre sí, carentes de promoción, en horarios infames, y sin posibilidades de continuidad aun cuando la obra hubiera cubierto un importante porcentaje de espectadores. No se quiso incorporar la cuota de pantalla, pese a que el propio TLC con los Estados Unidos permite limitar hasta un 20% de producción nacional en la difusión de los productos audiovisuales, ni el mínimo de mantenimiento, que asegure la continuidad de una película en una sala si cubre un porcentaje de espectadores previamente acordado. La única propuesta es establecer la obligatoriedad de un contrato previo entre exhibidores y productores y distribuidores, desconociendo que en el libre mercado no se puede imponer contratos a nadie, y que estos, además, no están sujetos a ninguna sanción, fuera de los engorrosos procedimientos judiciales en la instancia civil. De paso, no parece haber ningún balance serio y con relación costo-beneficio sobre la asignación de fondos para la distribución que ha venido entregado el Ministerio, ahora incluso sin previo concurso, y si resulta la más efectiva forma de promover el cine peruano en salas.

Otro tema de enorme urgencia y más bien emergencia es el del rescate,  restauración, preservación y difusión de nuestra memoria audiovisual, que ha avanzado estos años con pies de plomo y casi a regañadientes por el Estado, pese a que debiera ser una de las preocupaciones fundamentales para el sector. Como se evidenció este año con los archivos deteriorados de lo que fuera la Cinemateca Universitaria en la Universidad Agraria de La Molina, es cada vez más imprescindible la creación de la Cinemateca Peruana, pero la decisión se sigue postergando buscando subterfugios como ponerle el nombre a los archivos existentes y desperdigados del Ministerio de Cultura (sin dotarlos de presupuesto ni autonomía) al tiempo que la Dirección Desconcertada del mismo ministerio enCusco hace un evento internacional para lanzar, sin mayor claridad de objetivos y alcance, una Cinemateca en la ciudad imperial, como estaba establecido en un Decreto Supremo del año anterior que lo califica como obra emblemática. Casi podría decirse que la primera urgencia es que se pongan de acuerdo a nivel gubernamental, y definan una política clara al respecto, antes que se siga perdiendo nuestra memoria audiovisual.

Una tercera urgencia es la de la educación cinematográfica, y si bien es cierto el DU lo menciona en términos más o menos parecidos a los que se consignaba en la Ley 26370, y que nunca fueron efectivos, nada hay que garantice que en este caso si se haga realidad la tan necesaria formación audiovisual en la educación básica, si el Ministerio de Educación no se involucra al respecto, dejando muchas dudas que su titular no firmara el mencionado decreto. Lo de una Escuela superior del cine y el audiovisual de carácter público, tan demandado por muchos, sigue como otra tarea pendiente de la que no se mencionada nada.

Por cierto que no es menos prioritario, y urgente la demanda de las trabajadoras y trabajadores del medio, que lejos de ser atendidas, han visto disminuidos sus pocos derechos consignados en la Ley 26370 (heredado de los tiempos del decreto de Velasco, la 19327) en relación a los porcentajes mínimos de trabajadores artistas y técnicos nacionales en las producciones peruanas, y la cantidad de remuneración propo0rcional que debían percibir, donde claramente se retrocede, disque en función de “internacionalizar” la producción y abrirla a las coproducciones, como si estas antes no se dieran. Curiosamente esta lógica no se aplica a la promoción de la producción extranjera en el país, con la incorporación de técnicos y artistas nacionales vía Film Commission, donde uno de los reparos es que podría encarecer el mercado laboral nacional. Tampoco se toma en cuenta, como bien señala el Sindicato, una política de género como se viene impulsando en otras cinematografías, y que atienda las evidentes diferencias, como en su momento se hizo con los realizadores noveles y regionales, respectivamente.

De último, no era menos importante propiciar la mayor transparencia en la asignación de los más de veinte millones de recursos públicos, pero no obstante ello el DU concentra todavía más las decisiones en los funcionarios del Ministerio de Cultura, incluso casi al mismo nivel del propio ministro como se explicita en el texto, con la capacidad de decidir casi a dedo la entrega de una parte de esos recursos, lo que se presta a muchas arbitrariedades y manejos oscuros, como ya se han venido advirtiendo sin que se presente una aclaración contundente, ante la negativa de  responder en la redes adoptada por los funcionarios. Parece olvidarse que en el Estado los cargos nunca son eternos, y que mañana o más tarde pueden llegar personas que abusen de las prerrogativas que la propia legislación le faculta. Por eso siempre hay que ponerle límites al poder, en vez de ampliarlo.   

Hay pues, urgencias y emergencias como dirían los médicos y la OMS. Lo aprobado en el DU correspondería a lo primero, ya que no había riesgo de muerte, no así en los otros casos, donde muchas cosas pueden perderse inexorablemente, empezando por nuestra memoria.

Con ley o sin ley, ellos siguen siendo el Rey

Por Christian Wiener Fresco 

El tratamiento dado por las empresas exhibidoras comerciales a los estrenos de las películas peruanas “Prueba de fondo” de Oscar Bermeo y Christian Acuña y “Los Helechos” de Antolín Prieto, condenadas a un mínimo de funciones y en horarios suicidas, como bien dijo uno de sus realizadores, es algo más que una nueva evidencia de lo poco que a estos empresarios les interesa el cine nacional que no les sea rentable de inmediato. De verdad, es un acto de provocación para mostrar su poder, conscientes como están que en estos momentos se viene discutiendo en el Congreso una nueva Ley de Promoción a la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, que aunque no los afecta en lo más mínimo en su negocio, quieren dejar bien en claro que ellos siguen teniendo la sartén por el mango en la difusión del cine nacional, y que pueden destruir el futuro de cualquier película que ellos no consideren mínimamente comercial para sus intereses.     

Como se sabe, los gestores del Ministerio de Cultura, con el aval de los gremios de cine, que impulsan el proyecto de Ley todavía pendiente de segunda votación en el Congreso, decidieron archivar la posibilidad de tener una Cuota de Pantalla para el cine nacional, a pesar que en el acuerdo del TLC del Perú con Estados Unidos está contemplada la posibilidad de poder implementarlo, como se da–aunque no siempre se cumpla- en el área de la televisión y la radio. Igualmente se prescindió en este largo proceso de contar con el Mínimo de Mantenimiento, que permitiría sostener en cartelera a las películas peruanas que logren superar la media de asistencia, y no ser retiradas por los blockbusters de Hollywood.

Lo único que se contempla en el proyecto final es la supuesta exigencia de suscribir contratos entre el productor-distribuidor y el exhibidor. Pero los contratos son acuerdos entre privados, y nadie, incluyendo el Estado,  puede obligar a una  de las partes a someterse al mismo. Y sí lo hicieran, ¿quién va a poner las condiciones del mismo? Al final, y como ha sucedido en este caso, el dueño de la pelota, es decir las salas del cine, son las que decidirán en cuál momento y en qué condiciones  aceptará una película (o incluso no la aceptará, como sucedió con “Sin vagina me marginan”).

Por supuesto que no faltan los tiranosaurios neoliberales de siempre defendiendo el derecho de los cines a programar como deseen y que el cine peruano no abiertamente comercial se condene al ghetto de la exhibición del Estado, tipo canal 7 (como si la difusión televisiva fuera igual a la cinematográfica). El asunto es que aquí los exhibidores con esa programación en la seman de estreno ni siquiera dejan la posibilidad que los espectadores puedan escoger libremente ver o no ver la película, dada su escasez de funciones y los horarios infames, simplemente exhiben su posición de dominio. ¿Qué clase de libre mercado es aquel donde prácticamente se carece de casi ninguna posibilidad de escoger? 

Según datos estadísticos tomados de fuente del Ministerio de Cultura y los propios exhibidores comerciales, existen  en este momento en el país 99 complejos de salas de cine comercial de 8 cadenas, que mantienen operativos alrededor de 560 pantallas, que al día tienen un promedio de cinco funciones, lo que resulta un total de 2800 funciones de cine diarias en todo el país. De ese total, la película “Prueba de fondo” tiene 4 funciones, es decir el 0.14%; “los Helechos” consta de 6 funciones, que significa el 0.21% y si incluso sumamos “Retablo” en su curta semana que tiene 14 funciones, o sea el 0.5%; en conjunto no representan ni el uno por ciento del total de funciones diarias en los cines. ¿Se puede seguir diciendo que sería una imposición exigir un trato algo más balanceado para el cine peruano en su propio país?  

Si comparamos estas cifras con las que se brindaron para el estreno reciente de

“Avengers Endgame”, incluso con horarios inusuales durante las 24 horas del día, en un total de 1760 funciones en todo el país, es decir casi el 63% solo para una película. ¡Y después la salas de cine se quejan porque ya no les permiten el monopolio de la canchita!   

La crítica Mónica Delgado ha llamado la atención que la grosera marginación de “Prueba de fondo” no se explicaría exclusivamente por ser documental, ya que otros trabajos de este género como los ecológicos “Pacificum” y “Frontera Sur” no sufrieron tan marcada discriminación,  lo que podría explicarse por otras razones como el racismo, clasismo y centralismo  tan acendrado en el país y la capital, como lo acaba de demostrar el congresista Carlos Bruce. Y yo añadiría también el machismo, porque otro documental, “Contigo Perú” sobre los hinchas de la selección peruana de fútbol en el mundial de Rusia, fue estrenada en marzo de este año con 50 funciones a nivel nacional. 

 

Esperábamos que el Ministerio de Cultura, que a fin de cuentas apoyó con sus fondos concursables la realización de ambas películas, hubiera dicho algo sobre este maltrato comercial, y no limitarse a invitar que el público las vea. Pero eso tal vezpodría poner en riesgo el trámite de la Ley, al que ahora parece circunscribirse todo la actividad cinematográfica en el país. Una Ley con mucha más plata, es cierto, pero con tantos vacíos, como el de la exhibición, y peligros censores que ya hemos advertido. ¿Cuantas más películas peruanas tendrán que sacrificarse en el futuro para conseguir un pedazo de sitio junto a la cancha salada?

Las pantallas son anchas y ajenas

por Christian Wiener Fresco

Hace unos días un nuevo estreno del cine peruano, “La luz en el cerro”, un thriller ambientado en el Cusco y dirigido por Ricardo Velarde fue retirado abruptamente de las salas de cine comerciales sin llegar a completar siquiera su primera semana de exhibición.

Como sabemos, esta película no ha sido la primera y probablemente tampoco la última que sea maltratada por querer estrenarse en su propio país. Esta situación se mantendrá mientras la autoridad se siga haciendo la vista gorda en este tema, no queriendo legislar al respecto para no chocar con la supuesta y sacrosanta “libertad de mercado”.

En la presentación que hizo el Ministro de Cultura el martes 7 de noviembre en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso para sustentar el proyecto de nueva ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano, mencionó como ejemplo de apoyo al cine el caso de Francia, pero se cuidó de señalar que su Estado no solo fomenta a sus cineastas económicamente, sino con garantías para la exhibición de sus películas, aun las más difíciles y experimentales, gracias a la cuota de pantalla. Por eso los galos encabezaron en los años 90 el movimiento por la excepción cultural en el campo audiovisual, para protegerse del monopolio avasallador de la cinematografía hollywoodense.

El caso de Corea del Sur, también mencionado por el ministro, es aún más emblemático, porque el gran desarrollo de su cinematografía y su reconocimiento internacional se explica en gran parte por la aplicación de una drástica cuota de pantalla desde los años 90, que logró consolidar un mercado propio de consumo en su población, el mismo que se vio obligado a disminuir –aunque no eliminar- luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el 2006.

Igual se podría decir en América Latina de Argentina o Brasil, por mencionar dos de las cinematografías más fuertes en la región, donde la cuota de pantalla es un elemento clave de sus legislaciones y factor central para la visibilidad de sus producciones.

En el Perú actual sin embargo de ese tema no se quiere ni siquiera hablar, como si mencionarlo fuera casi una herejía, un fantasma del pasado que mejor se exorciza con el silencio. Pensar que hace unos años se avanzó a plantearlo por primera vez en un texto legal para el cine peruano, aun con la salvedad de no ser obligatoria, y ese solo hecho desató la tormenta perfecta entre quienes cuestionaban su posible inaplicación contra los más que ya lo daban por hecho, y sentenciaban que eso iba contra la libertad del público (aunque en realidad de los empresarios) al supuestamente obligar a los peruanos a consumir su cine.

La cuota de pantalla es un mecanismo por el cual se asegura un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en los canales de televisión peruanos, cifra también estipulada para las estaciones radiales. Lo que la propuesta del Ministerio de Cultura, en conjunto con los gremios de cine, planteaba en el proyecto del 2012 era la posibilidad que la entidad oficial de la cinematografía, “teniendo en cuenta la infraestructura de salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año, podrá fijar anualmente políticas sobre porcentajes mínimos de exhibición de obras cinematográficas peruanas en cualquier medio o sistema correspondiente. Este porcentaje no debe superar el veinte por ciento (20%) del total de obras exhibidas a nivel comercial en el país durante el mismo período de tiempo.”   

El porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota, del 20%, no era una cifra arbitraria, sino que esta consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se cautela que hasta ese porcentaje nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual y específicamente cinematográfico (en el anexo II de Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios). Los negociadores peruanos que participaron de este acuerdo no consignaron esta salvedad por puro formulismo, fue una manera de asegurar una mínima soberanía en el manejo de las políticas públicas en materia cultural por el país.  

Pecan por tanto de ignorancia o mala fe todas las voces que hablan que la cuota de pantalla “obligaría” a los espectadores peruanos a ver su cine. No, aquí no se trata de imposiciones ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero si abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes blockbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. Y la mejor prueba es que en todos los países donde existe este mecanismo, no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

En el nuevo proyecto de ley se propone como gran solución que se suscriba un contrato entre las empresas exhibidoras y el titular de los derechos de utilización económica donde “se regulen las condiciones de estreno y la exhibición comercial de la obra”. Pero para quien conoce un poco del comercio cinematográfico sabe que todo eso no pasa de buenos deseos, porque nunca ellos han suscrito un contrato para exhibir una película, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo ya que la ley no establece ninguna posible sanción a su incumplimiento. Allí se revela la relación asimétrica que existe entre los productores y distribuidores nacionales frente al puñado de grandes cadenas exhibidoras asociadas a las distribuidoras norteamericanas, que pueden excluir cualquier título nacional que no les interese sin mayores consecuencias, a no ser alguna queja en redes sociales. Por lo demás, la actual ley, la 26370, ya preveía este tema de los contratos y como ha quedado demostrado en estos años, no sirvió de mucho, en realidad de nada.

La otra propuesta esbozada en el proyecto de nueva ley, la del fomento a la exhibición cinematográfica alternativa, suena atractiva en cuanto a impulso del cine cultural, pero difícilmente lograra tener el impacto que se demanda en el terreno comercial –si se quiere un cine mínimamente rentable- salvo que se generalice un circuito alternativo como las salas INCAA en Argentina. De otra manera, se estaría condenando al cine peruano a un gueto, lo que haría muy difícil su popularización, más allá de los títulos comerciales que no requieren mayor apoyo para su exhibición.

Adicionalmente la cuota de pantalla debe complementarse con el mínimo de mantenimiento, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores en una semana no sea retirada arbitrariamente de cartelera. Práctica muy común en el negocio cinematográfico, por presión de las distribuidoras trasnacionales, que tienen todos sus estrenos planificados internacionalmente, y donde cualquier película nacional o de otra procedencia que altera sus planes, es inmediatamente eliminada de la “libre competencia”, aun cuando haya tenido un comportamiento comercial exitoso en su semana de estreno. Lo que se trata es de garantizar que la película cumpla cuando menos su primera semana de estreno, como no sucedió “La luz en el cerro”, y que pueda seguir en circuito si alcanza un determinado número de espectadores. Eso implicará que el Ministerio de Cultura desarrolle una labor de fiscalización en este campo, supervisando los estrenos y desempeño comercial de las películas exhibidas en el país en cualquier medio o sistema. Y que la Ley contemple además, posibles sanciones para quienes lo incumplan, no como ahora donde todo el título de infracciones y sanciones está dedicado exclusivamente a los productores.

Lejos de restringir la libertad de elección, la cuota de pantalla permite una apertura y democratización de nuestras pantallas, y una libertad de opciones para todos los peruanos que actualmente estamos lejos de tener ante la “cuota de pantalla” que nos imponen desde afuera. Por el contrario, lo que se propone es un porcentaje muy minoritario en relación a toda la producción extranjera, en especial hollywoodense, que domina nuestro mercado como al resto del mundo, lo que implica que la negativa a aplicarla es más ideológica que realmente práctica.    

Culmino con un texto del INCAA sobre el punto, que me exime de mayor abundamiento sobre las razones de fondo que justifican esta medida: “Fundamentalmente, debe repararse en la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad económica, han conducido a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de una constante oferta de sus productos sobre las naciones con economías menos desarrolladas, favorecen la unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales. Ante este fenómeno el Estado debe asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y efectivamente de los bienes y servicios culturales propios.”