Como sobrevivir a la pandemia en el cine peruano

Por Christian Wiener Fresco 

La pandemia del coronavirus Covid19 que abate al planeta significa, además de millones de infectados y miles de muertes en diversos continentes, una brutal crisis de la actividad económica en todos los campos productivos y comerciales, paralizados o semiparalizados

como consecuencia de las rígidas medidas de cuarentena que casi todos los gobiernos se han visto obligados a implementar, aun a regañadientes. Dentro de los sectores fuertemente golpeados, uno de los que se encuentra en más grave situación es el cultural, por su fragilidad intrínseca, incluso en las economías más poderosas, y por requerir del favor del público, que por la naturaleza del contagio de la enfermedad a escasa distancia, va a tener que estar, hasta nuevo aviso, prohibidos de realizar espectáculos o presentaciones con cualquier aforo.

En el campo audiovisual, y especial en el cinematográfico, el mazazo recibido ha sido contundente.  Las millonarias pérdidas de Hollywood se miden no solo en las suspensiones y/o cancelaciones de decenas de estrenos programados con gran antelación, así como de rodajes y eventos conexos. Todo ello en medio de la competencia con las plataformas digitales tipos Netflix, que de hecho, con estas circunstancias, ya le ganó la partida, y tal vez estemos asistiendo al canto de cisne de la forma de espectáculo cinematográfico que dominó el siglo XX. Pero esta crisis se repite con igual ferocidad en las cinematografías europeas, asiáticas y latinoamericanas, desde las más consolidadas a través de una antigua industria, tipo Argentina, Brasil o México, y las restantes, más precarias, entre las que se encuentra la peruana.

Al cine nacional lo toma esta coyuntura en un momento muy particular, luego de la promulgación por el Ejecutivo del Decreto de urgencia de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual peruana, pendiente de aprobación todavía del nuevo Congreso. Esta apuntaba a la ampliación vía presupuestal de la actividad, incorporando a los productores de un cine “más comercial” con la posibilidad de poder acceder a empresas que deduzcan parte de su impuesto, y apoyada en buena parte en las coproducciones, por lo que se redujo y flexibilizó la participación de artistas y técnicos nacionales.

La furia del Covid19 por lo menos aplazó esta perspectiva, evidenciado, además de la débil   institucionalidad del sector –con gremios casi inexistentes fuera del membrete- los graves problemas de fondo de una Ley impuesta por los funcionarios del Ministerio, y donde no se quiso escuchar voces alternas. La carencia de una Cinemateca Nacional se ha notado –y como- cuando en todo el mundo los archivos fílmicos ponían a disposición de las personas en cuarentena buena parte de su material histórico disponible. Incluso instituciones de cine, como en Argentina, Colombia o México presentaron películas financiadas con dinero público, lo que no ha sucedido en el Perú con la DAFO. Si se ha visto cine peruano en las redes fue por iniciativa individual y loable de cada cineasta, o copias preexistentes en youtube u otros portales y plataformas. Esto también pudo tener impacto en los programas de educación a distancia que viene desarrollando el MINEDU, y donde los cineastas y sus instituciones, permanecen todavía ausentes, a diferencia, por ejemplo, de los teatristas.

Sin embargo, y a pesar de las objeciones que en este y otros aspectos se puede tener con la nueva norma, eso no es óbice para avalar propuestas de echar mano de los 25 millones de soles de estímulos económicos presupuestados este año para la cinematografía (en poco más de un 80%) y otros sectores culturales para paliar la crisis del sector.  Es cierto que hay una lógica y natural desesperación en muchos rubros y actividades de la cultura, que se vienen movilizando pese a su escasa organicidad, recogiendo firmas para demandar apoyo del Estado, lo que evidencia además una ineficacia del Ministerio de Cultura, no solo para salir al frente como han actuado otras carteras del gobierno, sino incluso para censar a los que forman parte activa de este campo en todo el país. Pero no se viste un santo desvistiendo a otro, y tiene que dejar de mirarse a la cultura como el patito feo oficial, que vive de las migajas del gobierno. Por lo demás, esa cantidad en gasto corriente, si la medimos en todos los posibles beneficiados, resultaría mínima, y solo para el corto plazo, cuando lo que se viene es de larga duración.

Es hora de exigir al gobierno y en especial al MEF que el sector cultura tenga un trato al mismo nivel e importancia que los otros sectores, y urgente. De lo contrario, estaríamos avalando los prejuicios que se repiten en los medios, incluso en periodistas de espectáculos. Es muy bonito aplaudir sus obras con acceso gratuito, y cantar en los balcones, mientras se les ningunea y desconoce que son personas con iguales derechos y necesidades que los demás. En contra de lo que se afirma por allí, en diversas partes del mundo se están haciendo rescates al sector, desde los Estados Unidos a Alemania, Francia, España o Reino Unido, y en América Latina, en Argentina, Colombia y Chile. En México hay ahora un fuerte debate sobre la posibilidad de recortar drásticamente los fondos cinematográficos, lo que también podría suceder en el Perú, porque ya sabemos que en nuestro país lo excepcional se vuelve permanente, en especial cuando se trata de dinero, y si este año se cede nada garantiza, ni siquiera una Ley como antes se ha demostrado, que pueda volver a contarse con ese presupuesto para el cine en el futuro. Recuérdese además que el próximo año hay elecciones, y muy posiblemente va a estar en el ojo mediático las asignaciones presupuestales, por lo que no conviene poner en riesgo los recursos que con mucho esfuerzo los cineastas han logrado obtener estos años.        

Lo que no quita que deben replantearse varios de los concursos inicialmente previstos por la DAFO para este año ante la nueva situación, por lo menos durante el período de restricciones que no sabemos hasta cuando se extenderá.  Es el caso de los concursos para festivales, asistencias a eventos, estrenos, etc. que por el momento resultan inviables, salvo que se den en la plataforma digital (varios festivales internacionales están apostando a la reconversión, entre ellos Cannes). Espacio que debiera ser priorizado ahora, como el televisivo, para ampliar la producción y difusión. Por lo demás la producción, que tiene su propio ritmo, no debe parar, tanto en Lima como las regiones, lo que tendrá un impacto no solo en los cineastas sino en otras actividades artísticas y de servicios conexos. Tal vez sería bueno replantear presupuestos y no hacer tantas convocatorias como en años pasados. Eso sí, y como viene sucediendo en otros países, para reactivar la producción y el sector es necesario apostar en este momento a los actores y técnicos peruanos, con condiciones sanitarias, económicas y de seguridad laboral justas, para que la ley beneficie a todos por igual.

Finalmente, las crisis son también oportunidades, y es momento de replantearse muchas cosas con lo que estamos viviendo, empezando por la Ley de Cine ahora que los dogmas del libre mercado que nos han dominado tantos años están en revisión. Será motivo para volver a plantearse la cuota de pantalla, ya no solo en las venidas a menos multisalas, sino en las plataformas digitales, como se viene haciendo en otras partes del continente, o el tema de no depender del siempre frágil presupuesto estatal, sino de un fondo realmente autónomo, proveniente de la propia actividad. Y finalmente contar, por fin, con la Cinemateca peruana, con mayor razón en momentos que muchas de las actividades programadas para el Bicentenario terminaran siendo canceladas o postergadas, la posibilidad de contar con un archivo audiovisual propio debiera ser un imperativo nacional.                      

Ley de Cine ¿episodio final?

Por Christian Wiener Fresco

Esta semana podría definirse en segunda votación en el Congreso el destino de la tan zarandeada Ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual impulsada por el Ministerio de Cultura y los gremios cinematográficos. Aunque en nuestro Perú nunca se sabe lo que puede pasar, es de esperar que la norma sea finalmente aprobada a pesar de los reclamos histéricos en contra, realmente oligofrénicos, de cierto neoliberalismo periodístico, y la ignorancia supina y sangre en el ojo de  buena parte de los congresistas anaranjados.

Sin embargo el sabor que deja el texto final, aun sin los cambios de última hora realizados para el texto sustitutorio por los funcionarios de la DAFO del Ministerio de Cultura, es bastante agridulce. Porque es innegable que resulta un avance significativo en cuanto a recursos y posibilidades de inversión frente a la legislación actual, pero más allá de ello no se diferencia mucho de la anterior, manteniendo el mismo modelo central anclado en los concursos,  dependiente del siempre frágil presupuesto fiscal, y sin mayor modificación en cuanto al destino de las producciones, al evitar legislar en los picantes pero decisivos asuntos de la distribución y exhibición comercial, así como otras muchas ausencias ostensibles, más allá de lo declarativo (preservación, formación, film commissión) y retrocesos peligrosos, como en el campo de la protección de los derechos laborales de los peruanos en el sector.    

Viendo en retrospectiva todo el largo proceso de gestación de este último proyecto de Ley desde hace casi siete años, da la sensación que en el camino se fue cambiando y aligerando tanto que al final resulta casi irreconocible, a pesar que quiere proponerse para todo el ámbito no solo cinematográfico sino audiovisual del país. Es cierto que para su aprobación tuvo que concordarse con la valla siempre alta de la ortodoxia neoliberal del MEF, que se negó de plano a admitir la creación de un fondo con financiación propio como existe en países con regímenes económicos similares, caso Colombia. Pero la decisión de incluir la cuota de pantalla o el mínimo de mantenimiento para la exhibición de las películas peruanas en salas si pudo haberse gestionado, amparado, en los propios acuerdos del TLC que el Perú firmó con los Estados Unidos, y en correspondencia a la que ya existe por Ley en el campo de la radio y la televisión. El resultado es que seguiremos más o menos en lo mismo, y como actualmente sucede con el estreno de “Retablo”,  haciendo campañas desesperadas en medios y redes para que una película peruana pueda estrenarse y mantenerse en la cartelera de los cines de su propio país.

Fue también decisión de los funcionarios del  Ministerio de Cultura dejar de lado en aras del pragmatismo lo referente a la Film Commission, la Cinemateca Peruana y el peliagudo encargo de la formación profesional y de público, postulando que sería abordado en futuras leyes específicas, lo que suena bien poco realista en un país tan poco institucionalizado y previsible como el nuestro. Porque si tanto cuesta obtener la aprobación de una primera legislación, es harto difícil creer que pueda incluirse hasta dentro de bastante tiempo otro norma que haga referencia al cine o el audiovisual en el país (¿en que quedó la anunciada Cinemateca Peruana para el bicentenario en Cusco, y como quedaría con el archivo actuañ del Ministerio al que la Ley denomina de la misma manera?) 
 

Queda claro que la opción tomada fue priorizar la producción y sus necesidades económicas urgentes, pero no únicas. Por eso se flexibiliza los requisitos laborales para técnicos y artistas nacionales, supuestamente para atraer la coproducción equiparándonosa otras cinematografías de la región (allí si los copiamos), y como si ya no existiera en la propia Ley otro artículo que desde antes las exceptuaban de estos requisitos. El gran logro del congresista Petrozzi, fue agregar otra fuente de financiamiento directo al establecer que las donaciones de las personas naturales y jurídicas puedan ser deducidas como gasto para efecto del impuesto a la renta. Lo que puede representar un aporte importante para las productoras que logren interesar a las grandes empresas, seguramente con temáticas que tengan potencial de amplia visibilidad comercial, aunque limitada porque no permite deducir igualmente de las inversiones como se da por ejemplo en Colombia, de donde se toma este modelo, además de la República Dominicana.

Lo que si no debería dejarse de lado es la corrección de los cambios de última hora introducidos al texto, que terminaron sorprendiendo a más de uno, como lo advertimos en un texto anterior. Nos referimos por un lado al porcentaje del presupuesto para el cine regional, donde lo justo sería mantener el acuerdo establecido en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso con los gremios de cineastas regionales de destinarles no menos del 40%, porque las urgencias y necesidades de desarrollo a todo nivel humano y técnico en el interior del país son mucho mayores que en la más cosmopolita y solvente capital. También a los dispositivos que derivan varias responsabilidades de la Ley a un organo de línea del Ministerio, lo que debiera ser materia del reglamento. Y por supuesto, el retiro inmediato del párrafo censor inserto en el artículo IV de las disposiciones generales, que dice que no puede beneficiarse de las medidas contenidas en la presente ley “las obras que vulneran o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”. El argumento de que se trataría de una exigencia del MEF para impedir la participación de los que hicieron mal uso de la Ley no se sostiene, porque lo que estarían impedidos son personas, naturales o jurídicas, y no obras, y porque además el proyecto cuenta en su título II con un extenso régimen de fiscalización, infracciones y sanciones precisamente para quienes pudieran infringirlo.

Llama la atención sin embargo el silencio hasta el momento de los gremios sobre el tema, a más de una semana que lo hiciéramos público, frente a la reacción que tuvieron cuando la congresista Melgarejo trato de introducir una clausula sobre la “apología del terrorismo” en la Ley. ¿Acaso no se dan cuenta que es casi lo mismo, con otras palabras, y todavía de alcance más amplio? Terrible cuando se flexibilizan los principios de la actividad artística y cultural en función a los objetivos inmediatos económicos, así sean muy atractivos.

 
Pero como se dice en muchas películas al final, esta historia continua…  

La Ópera de las 6000 UIT

Por Christian Wiener Fresco

Aprovechando la distracción general por lo temas de la mega corrupción y el fútbol, y el escaso interés –salvo de los implicados- en los asuntos presupuestarios, la mayoría del Congreso de la República en los últimos días hirió de muerte a la todavía nonata Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano presentada por el Ejecutivo, al reducirle a la mitad el presupuesto propuesto para su ejecución anual, de 6000 UIT (algo más de 24 millones de soles) a 3000 (que es poco más de 12 millones de soles); manteniendo los mil UIT adicionales para las otras industrias culturales, tal como se propone en la formula legal.

Se ha dicho que esto parece una película de terror. No estoy tan de acuerdo, más bien lo veo como una comedia bufa, una tragicomedia de equivocaciones y esperpéntica, empezando por algunos parlamentari@s y sus expresiones contra el cine y la cultura nacional que los pinta de cuerpo entero lo que son y defienden.  Pero bueno, menos no se esperaba de la bancada fujimorista, donde su relación con la cultura es un imposible oxímoron. Allá los que alguna vez creyeron que uno de sus representantes iba a poder abogar por una ley de cine realmente para los cineastas y no para las transnacionales.

El problema de fondo fue advertido pero no se quiso hacer caso en su momento, y era que la propuesta final del Ejecutivo no pasaba de ser una prolongación, con más dinero, de uno de los talones de Aquiles de la actual ley de cine, su dependencia al siempre esquivo presupuesto de la república. No hacía falta ser adivino, bastaba simplemente revisar el pasado para ver lo imprevisible y precario de estos recursos, en especial en un país tan poco institucionalizado y con escaso conocimiento del potencial de las políticas públicas en cultura como inversión y no gasto por parte de los políticos de diferentes matices y tendencias.

 

Por eso los cineastas desde hace más de quince años insistieron en la necesidad de constituir un fondo con  los recursos del impuesto municipal a las entradas de cine, en la lógica del “cine financia al cine” que se aplica en otros lares. Era un dinero más predictible, que permitía constituir un fondo autónomo, y sin tantas contingencias políticas ni reclamos de recursos para otras funciones, que en este caso apuntan al área patrimonial en cultura. Planteamiento que ya había sido consensuado hasta con los distribuidores y exhibidores, que se beneficiaban con una reducción de su carga tributaria, y que fue presentado como propio por el Ministerio de Cultura en su primera versión del mes de mayo de este año.  Sin embargo el MEF, como ya es conocido, se opuso a esta posibilidad para no alterar su ortodoxia neoliberal, y para dar una salida al Ministro propuso que similar cantidad a la prevista sea asignada de forma directa del tesoro público, lo que ahora se pretende presentar como un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y los gremios de cineastas.

Los altos funcionarios de economía, supuestamente tan duchos en el manejo de la cosa pública ¿no previeron el desenlace congresal? A la ya mencionada indiferencia, cuando no hostilidad, a todo lo que suene a cultura del colectivo naranja que domina el parlamento, habría que agregar el  espíritu vindicativo contra las películas que no han dejado muy bien parado al gobierno de su líder, y la visible participación de prominentes actores y figuras mediáticas en protestas de “No a Keiko”. Y porque se la tienen jurada, allí los vemos tratando de montar un circo macartista para perseguir a los artistas que prestaron su rostro a la campaña contra la revocatoria municipal, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en la financiación de la misma.  

Eso sí, los fujimoristas no actuaron solos, colaboraron con ellos los que por acción u omisión no se opusieron a sus planteamientos, no defendieron ni denunciaron este recorte, y que al final terminaron votando conjuntamente el dictamen, ese sí “acordado”, del presupuesto 2018 (tal vez pudieron agregar que obedecía  “a un entendimiento en un clima de diálogo y consenso”, como se dijo a propósito del retiro del director del LUM)., Los únicos que levantaron la voz de protesta en este punto fueron los congresistas de izquierda, porque al resto, como de costumbre, la cultura les importa solo cuando les da notoriedad.

Lo peor es que por el pragmatismo con el que se manejó este proyecto, dónde lo único que parecía importar era el dinero que se iba a obtener, se sacrificaron otros asuntos importantes para lograr una verdadera ley de cine como la creación de la Cinemateca Nacional, de la Film Commissión y la educación audiovisual en los colegios, o el establecimiento de la Cuota de Pantalla, o cuando menos del Mínimo de Mantenimiento para garantizar el acceso y mantenimiento de las películas peruanas  no comerciales (o “independientes” según la sesuda congresista Chacón). Para no hablar de falta de definición sobre el apoyo al cine regional o la drástica reducción de los porcentajes y derechos de los técnicos y artistas peruanos en las producciones nacionales a beneficiarse de esta ley. Todos son temas que hemos desarrollado de manera exhaustiva en diferentes textos, y que se justificaban desde los gremios con la supuesta urgencia de lo económico, asegurando que lo otro se vería en leyes futuras. ¿Alguien puede creer ahora, luego de lo sucedido con el presupuesto de la nueva ley, que este Congreso va a gestionar alguna otra norma relacionada a la cinematografía peruana?

Lo cierto es que la nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano empieza con mal pie y exhibiendo sus debilidades, lo que ciertamente no nos alegra, pero tampoco sorprende. Y es que acá se erró tanto en el contenido como en la estrategia de promoción de la propuesta, enfocada a pesar de sus promesas inclusivas solo en los intereses de los productores y su preocupación en hacer más películas, aspiración legítima pero insuficiente para la población y la opinión pública, a la que más podía interesarle como logra ver esas películas, que puede sacar de ellas y de qué manera cambiaría eso parte de su vida y educación (de ahí la importancia estratégica del tema pedagógico y la Cinemateca como soporte). Precisamente estos días, con el encedido debate alrededor del estreno de la película sobre la paisana Jacinta y sus estereotipos racistas  y discriminatorios se pudo intervenir desde el sector proponiendo no la censura, inaceptable sea directa o velada desde cualquier punto de vista, o la reiteración de las críticas ya consabidas y académicas, con la posibilidad de visiones alternativas y artísticas desde nuestras películas documentales y de ficción sobre la mujer andina, mostrando porque si es importante construir una imagen propia de nuestro país y su gente a través del cine, tanto para el mercado externo como interno.

Esperemos por último que después de esta experiencia los gremios de cine entiendan que su misión no se debería limitar a ser actores secundarios o comparsas de las promesas y favores del Estado, sino más bien protagónicos en la lucha por una ley justa, integral y sostenible del cine peruano.