por Christian Wiener Fresco
En los últimos días el ambiente cinematográfico
nacional va dejando poco a poco su modorra y aletargamiento, comenzando a reaccionar en algunos puntos, producto del todavía incipiente debate de la nueva ley, aunque de forma aun parcial y desarticulada. Era inevitable, todo
cambio normativo genera una reacción en cadena aun cuando sus propiciadores no lo
buscaran. De los varios temas que se vienen presentando en referencia al cine
peruano, tal vez el que ha provocado mayores intercambios es el del regional,
impulsado por los realizadores y representantes identificados como tal, así
como los que vienen estudiando e investigando esta amplia producción en los
últimos años.
Alrededor de doscientas películas suman las producidas
en estos veinte años, donde más del noventa por ciento de la misma fue
financiada con recursos propios, y solo una mínima cantidad recibió apoyo del
Estado –antes CONACINE, luego Ministerio de Cultura- ya que estos fondos recién
empezaron a dirigirse a apoyarlos en el 2008, y de manera más efectiva y
constante desde la aprobación de la modificatoria de la ley 26370 el 2012, que permitió
la
convocatoria y realización de los concursos de manera más regular.
Una cinematografía que es tal vez uno de los mejores
ejemplos de los esfuerzos y constancia de los llamados sectores emprendedores, en
su gran mayoría autodidactas, que sacaron de la nada un importante lote de
películas mientras buena parte de sus pares limeños seguían esperando por los
concursos con fondos públicos, retaceados por la falla de presupuesto. Esto fue
posible en gran parte por el abaratamiento y las facilidades técnicas y logísticas
de las nuevas tecnologías audiovisuales y los equipos caseros y semiprofesionales
a que echaron mano (primero analógicos, luego digitales). Asimismo del
crecimiento económico y poblacional de las urbes provincianas, en momentos que
la globalización paradójicamente nos acercaba más al mundo a la par que
reforzaba las identidades locales y regionales.
Esta paradoja se expresaba también en el sincretismo
de gran parte de sus obras, que como bien señalan Bustamante y Luna Victoria,
se inspira en relatos y tradiciones de una cultura oral acendrada en sus zonas,
fusionada con géneros y esquemas propios del cine internacional, sea Hollywood
como Bollywood, y de otros lares. Salvo excepciones, no hay pretensiones de cine
de autor y pensado para los festivales internacionales, sino para el consumo
local –ni siquiera nacional-, lo que se tradujo en la buena acogida que tuvieron
las exhibiciones también precarias en improvisados auditorios de su localidad.
Durante un buen tiempo este cine fue visto con
condescendencia en el ámbito cultural limeño, registrado como curiosidad en
notas periodísticas y reservado para ser discutido como fenómeno en mesas
redondas de antropólogos, nunca de críticos o cineastas. Incluso cuando se
debatía la posibilidad de una modificatoria a la ley actual en el 2009 y 2010,
era común escuchar referirse en términos peyorativos a esta producción, y
cuestionar la necesidad de los concursos exclusivos para las regiones, lo que
persiste todavía en muchos hasta hoy.
El Concurso para obras de largometrajes exclusivo de
las regiones del país fue instituido por el Ministerio de Cultura bajo el
criterio de la discriminación positiva, para estimular la pujante creación fuera
de la capital que en muchos casos carecía de la experticia y posibilidades
técnicas y logísticas para competir con los otros en igualdad de condiciones. El
propósito fue impulsar a los realizadores regionales a producir y no tanto que
se filme en el interior del país, así como la ley de cine busca promover esencialmente
la producción peruana y no tanto en el Perú (que de esta manera sería más una
Film Commission). Pero no faltaron cineastas golondrinos que a pesar de vivir
en Lima o el extranjero se las ingeniaban para conseguir asociarse a un
productor regional y lograr el premio, lo que era una forma de burlar el espíritu
de la norma aprovechando la generalidad de las bases. En anterior ocasión propusimos, y sería bueno insistir ahora de cara a una nueva Ley, que se exijan a los participantes requisitos similares y equivalentes a los que se establecen para el caso de las películas peruanas en la ley actual (es decir, no solo empresa sino procedencia o residencia del director y un porcentaje mínimo de técnicos y artistas participantes).
En
la misma ocasión Quispe reclama que resulta insuficiente y se presta a
peligrosas ambigüedades como las que han venido sucediendo en concursos precedentes,
cuando en el proyecto de ley se afirma que se destinaran no menos del 30% del presupuesto asignado para apoyar la actividad cinematográfica y audiovisual enel interior del país, de forma descentralizada. Por eso solicitan que la ley
diga que el apoyo debe ser para los cineastas que viven y desarrollan su
actividad en las regiones fuera de la capital. Coincido plenamente con este
planteamiento, y creo que su inclusión en el texto de la ley es imprescindible,
no habiendo justificación para postergar esa precisión a la reglamentación como
se pretende equivocadamente con otros puntos.
Sin
embargo creo que ello es limitado porque lo que debería es replantearse este
sistema de ayudas en su integridad, porque si de verdad se quiere
descentralizado debe serlo desde su gestión, no dependiendo del Ministerio de
Cultura de Lima sino organizado desde sus Direcciones Desconcentradas en las
regiones o macroregiones, en coordinación con los gobiernos locales y
regionales. Las ayudas debieran contemplar también apoyos no solo a la
producción de obras sino a la distribución y exhibición local, fomentando
espacios y circuitos paralelos a los comerciales, muchos más concentrados –donde
los hay- fuera de Lima, y en otras ventanas de acceso como la televisión y las
plataformas digitales (recuérdese que el 2012 se organizó una primera muestra
de cine regional en TVPerú).
Adicionalmente, parte de esos fondos debería dirigirse
a fomentar la capacitación profesional permanente de los cineastas, técnicos y
artistas; y la formación audiovisual en la educación básica, tan o más
imprescindible que en la propia capital. Hay experiencias al respecto en otros
países: por ejemplo el INCAA destina parte de sus recursos anuales para
promover el cine en toda amplitud en los diversos estados argentinos, más allá
de Buenos Aires. Similares aspectos se contemplan en las legislaciones brasileña,
mexicana, colombiana o venezolana, por citar las más activas.
De
otra manera todo esto que se dice de promover la descentralización y un verdadero
cine nacional no pasara realmente del discurso o la frase inclusiva para la
tribuna. Más que seguir haciendo concursos exclusivos ‘alimeñados’, mejor
propiciar que se realicen en las propias regiones, para que los jurados –sean de
afuera o locales- conozcan de primera mano la realidad que están juzgando. El
centralismo no se supera solo con gestos sino con hechos concretos, como los
mismos cineastas regionales nos lo han demostrado en los últimos años.
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