La Cinemateca que no se quiere

por Christian Wiener Fresco

En las últimas semanas y meses, varios hemos escrito y comentado que una de las más graves omisiones del proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano elaborado por el Ejecutivo y presentado al Congreso es la negativa a crear la tan ansiada Cinemateca Nacional. En este caso no se puede achacar la omisión a los insensibles funcionarios del MEF, pues el texto original elaborado por el Ministerio de Cultura, con participación de los gremios de cineastas, ya  había renunciado a este objetivo.

De esta manera el Perú seguirá estando en cuanto a la preservación del patrimonio audiovisual a la zaga de los otros países de la región, no solo de los más desarrollados históricamente en este campo como Argentina, Brasil o México, sino incluso de aquellos con una producción cinematográfica más reducida, y menos antecedentes fílmicos, como Ecuador, Bolivia o Panamá, por citar algunos.

¿Por qué la negativa a constituir la Cinemateca? Los motivos que explican y justifican la necesidad y urgencia de su creación son múltiples, y han sido explicados en diversos artículos y publicaciones, tanto virtuales como impresas y audiovisuales. Este autor preparó un extenso informe para el propio Ministerio de Cultura que revisa las experiencias de otros países y la importancia de su existencia, dando algunas recomendaciones casi de sentido común para su pronta implementación.

¿Qué es lo que falta entonces? Sencillamente, voluntad política, la que parece no existir en las altas esferas. Como ya hemos señalado en otra oportunidad, podemos entender, aunque no justificar, que el tema no perturbe mucho a los cineastas urgidos por el presente y la necesidad de acceder a fondos para sus producciones.  El inmediatismo nunca ha sido un buen consejero en política cultural, y nuestros cineastas –salvo honrosas excepciones- no parecen preocuparle el futuro de sus propias creaciones.  Pero lo realmente incomprensible es que quienes representan al Estado, en este caso el Ministerio de Cultura, cuya preocupación central debiera ser más que promover la producción actual por parte de particulares, el preservar y difundir nuestro archivo audiovisual  para las futuras generaciones, no promuevan su empuje en el nuevo proyecto legislativo.

Autoridades del Ministerio de Cultura se han defendido diciendo que estarían preparando una nueva propuesta legislativa para crear la Cinemateca. Pero más allá de sus promesas no hay nada que refrende esa posibilidad. Por el contrario, se anunció con mucho bombo a inicios de septiembre la dación de la Resolución Ministerial N° 313-2017-MC  que conforma un grupo de trabajo “para efectuar un análisis situacional y elaborar recomendaciones para la formulación de una política de conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual del país” por parte del Ministerio de Cultura, y representantes de entidades adscritas a ese sector (TV Perú, Biblioteca Nacional, Archivo General). Pero se han cuidado de precisar, por si hiciera falta, que el mencionado grupo no elaborará ninguna propuesta legal al respecto.

Como manifestó en su momento Francisco Adrianzén, en una sentida nota sobre la dolorosa partida del maestro Jorge Vignati y la necesidad de resguardar su legado fílmico: “Estrategia política equivocada: Promover luego una ley especial para la Cinemateca Nacional. ¿Con qué fuerzas, con que actores? ¿En qué momento? ¿Podrán superar la dinámica del Congreso? ¿Tan seguros se sienten de lograr un consenso en el Ejecutivo y el Congreso para tal propósito? Son algunas preguntas que debiéramos de hacernos antes de enviar la creación de la Cinemateca Nacional hasta las calendas griegas, o mejor dicho hasta nunca. ¿Cuándo funcionarios, los cineastas y sus gremios, políticos y autoridades, terminaremos de comprender la importancia y urgencia de la preservación, restauración, difusión y archivo de nuestro patrimonio fílmico mediante una Cinemateca Nacional? ¿Cuándo comprenderemos realmente el enorme papel que cumpliría como un polo cultural fundamental para el desarrollo del cine y nuestra cinematografía en su conjunto?”

Sin embargo si uno revisa el proyecto legislativo va a encontrar en varias partes que se

habla de la preservación del patrimonio audiovisual nacional, “conservándolo, restaurándolo, archivándolo y difundiéndolo”; aunque de forma más que sintomática no se dice nada de ello entre las finalidades de la Ley. Más adelante dicen que se otorgará del dinero del fondo estímulos directos –es decir sin concurso- para la preservación del patrimonio audiovisual, lo que genera inevitables sospechas y especulaciones, habida cuenta que al no existir la Cinemateca Nacional ¿a quienes se asignará esos recursos? ¿Una ley para un solo postor?

Asimismo, se menciona en el artículo 16 del proyecto que se constituye un Archivo de la Cinematografía y el Audiovisual peruano sin precisarse si será una oficina administrativa (lo que haría innecesaria su mención en la norma) o un sucedáneo de la negada Cinemateca Nacional por las tareas que se le asigna, que no incluyen, empero, la de difusión. Otra vez, citando a Adrianzén: “¿Con qué nos quedamos? ¿O tendremos que pensar en chiquito para quedar según nuestras voluntades en grande o más bien, según nuestras realidades en chiquito?”

Por último, algo que puede parecer un detalle, pero no les tanto (y ya sabemos que el diablo esta en los detalles). En la ley actual, la 26370, se precisa en el artículo 19 que la empresa productora beneficiaria de los premios es  propietaria de  los  derechos de  utilización económica  de la  obra  cinematográfica, pero que el Estado tiene  derecho a  por  lo menos una  copia  final de  la  misma, la  que  sólo puede  ser  utilizada para  fines  de difusión cultural o educativa (lo que no fue modificado con la Ley 29919). Esto fue un gran paso adelante con respecto a la norma anterior, la 19327, donde esta obligación no existía y tuvo como resultado que gran parte de ese material se perdiera irremediablemente. Ahora, gracias a esta disposición, el Ministerio de Cultura dispone de un valioso archivo de lo que fue CONACINE y lo que ha venido premiándose en los últimos años en la máxima entidad cultural del país. Allí está la base de la Cinemateca, si no quieren de hoy, la de mañana. Pero todo eso podría quedar trunco si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal cual ha sido presentado al Congreso. ¿Y por qué? Porque se ha omitido, no sabemos si intencional o involuntariamente, la obligación de los productores que obtienen algún tipo de apoyo de la Ley a dejar cuando menos una copia de sus producciones.

Es decir, se invertirá una buena cantidad de recursos del Estado (6000 UIT) para financiar la cinematografía nacional y de ella no nos quedará ni la sombra. ¿Tiene algún sentido? Alguien dirá que debido a la intención de adelgazar la propuesta original hasta casi la inanición, se olvidaron de esta mención esencial, y que ello se podría corregir en el Reglamento, pero no es así, porque una norma de menor rango no puede ir más allá de lo que la Ley no manda ni faculta.

Un país que no defiende su pasado difícilmente puede asegurar su presente ni garantizar su futuro. Eso vale también para nuestra cinematografía, si es que nos preocupa como cultura sinceramente y no solo como negocio momentáneo.