Addenda sobre Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica

Por Christian Wiener Fresco

Tres glosas complementarias y acápite sobre el Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica publicado como DU ayer por el gobierno, y que no pudimos incluir en el artículo inicial, escrito al poco tiempo de conocida su promulgación.  

El primero en referencia a lo que el ex ministro Petrozzi consideraba el gran aporte de esta

nueva norma, los “incentivos tributarios a la industria del cine comercial”. Pues bien, en el proyecto sustitutorio aprobado inicialmente en el Congreso se hacía referencia a que las personas naturales o jurídicas que efectúen donaciones de dineros para ejecutar proyectos cinematográficos reconocidos por el Ministerio de Cultura, que según el artículo 8 “pueden deducir como gasto para la determinación del impuesto a la renta hasta el diez por ciento (10%) de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera o hasta el diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta, según corresponda” Si ese párrafo les resulta farragoso, no lo es menos el que aparece en el Decreto de Urgencia, en el artículo 13, donde se agrega que esas personas naturales o jurídicas que pueden acogerse a esta deducción tributaria deben ser “asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente fines culturales”. En otras palabras, y para explicarlo en términos sencillos, el beneficio para la inversión que plantea el DU no es para las empresas comerciales, ni al modo de las leyes de mecenazgo o “de obras por impuestos” que existen en otros sectores, porque solo alcanzaría a asociaciones culturales sin fines de lucro, que salvo fundaciones como la de Telefónica o el Grupo Wiesse, son necesitadas de capital por parte del Estado, antes que invertir. Lo que en resumidas cuentas significa que, muy probablemente por decisión del MEF,  se está muy lejos todavía, sea para el “cine comercial” o cualquier otro, de modelos de incentivo privado a la producción como el colombiano, chileno o dominicano.

Un segundo aspecto es sobre el artículo 14 de formación cinematográfica y audiovisual, donde se menciona que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación “promueven, en forma articulada y en el marco de sus competencias, la enseñanza del lenguaje audiovisual y su aprobación crítica desde la educación básica, procurando su uso como medio  de aprendizaje y de difusión cultural, y promoción de derechos, facilitando la creación y formación de públicos, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes”.  Todo muy bien, todo muy bonito y necesario enuna época donde lo audiovisual domina el imaginario de niños y jóvenes, y las escuelas siguen de espaldas a esa realidad. ¿Pero no debería empezar el trabajo “articulado” incorporando la firma de la Ministra de Educación al DU promulgado, como signo de compromiso de su sector? Recuerden que en la Ley hasta hace poco vigente, había un párrafo similar, aunque menos detallado (inciso d, del artículo 2 sobre los objetivos de la norma) que nunca se implementó, en gran parte por desconocimiento, desinterés, además de falta de capacitación de los docentes en la materia, además de carencia de infraestructura, en especial de las escuelas públicas. ¿Por qué ahora sería diferente y no se quedará, como antes, en un saludo a la bandera?

El tercer punto de este Decreto que queda en un mar de oscuridad es que va a pasar con el Reglamento, imprescindible para su operatividad como norma legal. Se dice en la novena disposición complementaria final que entra en vigencia a partir de su publicación, a excepción de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 y segunda y tercera disposición complementaria final, que entrara en vigencia a partir de la publicación del Reglamento. Más adelante se deroga la Ley 26370, excepto en los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19, "vinculados al proceso de otorgamiento de estímulos económicos, que quedarán derogados con la vigencia del Reglamento del presente Decreto de Urgencia". Lo que quiere decir que, pese a todo el apuro, la Ley 26370 sigue en gran parte vigente hasta la aparición del reglamento dentro de sesenta días elaborado por el Ejecutivo.  Conociendo todo el secreteo, falta de explicaciones oficiales, y cambios de última hora que han rodeado la elaboración y texto final del Decreto, habrá que seguir con mucho cuidado y detalle lo que suceda con esta nueva disposición legal, sobre todo lo que tiene que ver con mayor concentración de poder por parte de las direcciones encargadas del Ministerio de Cultura, que tendrá a su cargo el manejo discrecional de cerca de treinta millones de soles.

Finalmente un acápite sobre los gremios de cine, que lamentablemente han revelado en estos últimos tiempos ser más membretes que organizaciones efectivas. No se discute el derecho mayoritario a apoyar una propuesta legal que creen favorable a sus intereses, pero eso no impide ser críticos en los puntos de desacuerdo y señalar claramente los vacíos de la norma desde mucho antes (y no después, lo que  resulta algo casi retórico), convirtiéndose en la práctica en  meros furgones de cola del Ministerio de Cultura. Ni siquiera en un tema tan sensible como el artículo que permitía la censura, disque por presiones del MEF (aunque algunos aseguran que fue una imposición del fujimorismo a la que la DAFO del Ministerio se allanó para poder conseguir la Ley)  se escuchó una mínima toma de distancia y autonomía, lo que hace augurar una misma invisibilidad durante el proceso de discusión y elaboración del reglamento. Eso sucede, lamentablemente, cuando toda la ejecución pública depende de la entrega de dineros por parte del Estado,  lo que termina hipotecando cualquier atisbo de independencia frente al gran benefactor. ¿Así construiremos un cine crítico?                 

La Cinemateca que no se quiere

por Christian Wiener Fresco

En las últimas semanas y meses, varios hemos escrito y comentado que una de las más graves omisiones del proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano elaborado por el Ejecutivo y presentado al Congreso es la negativa a crear la tan ansiada Cinemateca Nacional. En este caso no se puede achacar la omisión a los insensibles funcionarios del MEF, pues el texto original elaborado por el Ministerio de Cultura, con participación de los gremios de cineastas, ya  había renunciado a este objetivo.

De esta manera el Perú seguirá estando en cuanto a la preservación del patrimonio audiovisual a la zaga de los otros países de la región, no solo de los más desarrollados históricamente en este campo como Argentina, Brasil o México, sino incluso de aquellos con una producción cinematográfica más reducida, y menos antecedentes fílmicos, como Ecuador, Bolivia o Panamá, por citar algunos.

¿Por qué la negativa a constituir la Cinemateca? Los motivos que explican y justifican la necesidad y urgencia de su creación son múltiples, y han sido explicados en diversos artículos y publicaciones, tanto virtuales como impresas y audiovisuales. Este autor preparó un extenso informe para el propio Ministerio de Cultura que revisa las experiencias de otros países y la importancia de su existencia, dando algunas recomendaciones casi de sentido común para su pronta implementación.

¿Qué es lo que falta entonces? Sencillamente, voluntad política, la que parece no existir en las altas esferas. Como ya hemos señalado en otra oportunidad, podemos entender, aunque no justificar, que el tema no perturbe mucho a los cineastas urgidos por el presente y la necesidad de acceder a fondos para sus producciones.  El inmediatismo nunca ha sido un buen consejero en política cultural, y nuestros cineastas –salvo honrosas excepciones- no parecen preocuparle el futuro de sus propias creaciones.  Pero lo realmente incomprensible es que quienes representan al Estado, en este caso el Ministerio de Cultura, cuya preocupación central debiera ser más que promover la producción actual por parte de particulares, el preservar y difundir nuestro archivo audiovisual  para las futuras generaciones, no promuevan su empuje en el nuevo proyecto legislativo.

Autoridades del Ministerio de Cultura se han defendido diciendo que estarían preparando una nueva propuesta legislativa para crear la Cinemateca. Pero más allá de sus promesas no hay nada que refrende esa posibilidad. Por el contrario, se anunció con mucho bombo a inicios de septiembre la dación de la Resolución Ministerial N° 313-2017-MC  que conforma un grupo de trabajo “para efectuar un análisis situacional y elaborar recomendaciones para la formulación de una política de conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual del país” por parte del Ministerio de Cultura, y representantes de entidades adscritas a ese sector (TV Perú, Biblioteca Nacional, Archivo General). Pero se han cuidado de precisar, por si hiciera falta, que el mencionado grupo no elaborará ninguna propuesta legal al respecto.

Como manifestó en su momento Francisco Adrianzén, en una sentida nota sobre la dolorosa partida del maestro Jorge Vignati y la necesidad de resguardar su legado fílmico: “Estrategia política equivocada: Promover luego una ley especial para la Cinemateca Nacional. ¿Con qué fuerzas, con que actores? ¿En qué momento? ¿Podrán superar la dinámica del Congreso? ¿Tan seguros se sienten de lograr un consenso en el Ejecutivo y el Congreso para tal propósito? Son algunas preguntas que debiéramos de hacernos antes de enviar la creación de la Cinemateca Nacional hasta las calendas griegas, o mejor dicho hasta nunca. ¿Cuándo funcionarios, los cineastas y sus gremios, políticos y autoridades, terminaremos de comprender la importancia y urgencia de la preservación, restauración, difusión y archivo de nuestro patrimonio fílmico mediante una Cinemateca Nacional? ¿Cuándo comprenderemos realmente el enorme papel que cumpliría como un polo cultural fundamental para el desarrollo del cine y nuestra cinematografía en su conjunto?”

Sin embargo si uno revisa el proyecto legislativo va a encontrar en varias partes que se

habla de la preservación del patrimonio audiovisual nacional, “conservándolo, restaurándolo, archivándolo y difundiéndolo”; aunque de forma más que sintomática no se dice nada de ello entre las finalidades de la Ley. Más adelante dicen que se otorgará del dinero del fondo estímulos directos –es decir sin concurso- para la preservación del patrimonio audiovisual, lo que genera inevitables sospechas y especulaciones, habida cuenta que al no existir la Cinemateca Nacional ¿a quienes se asignará esos recursos? ¿Una ley para un solo postor?

Asimismo, se menciona en el artículo 16 del proyecto que se constituye un Archivo de la Cinematografía y el Audiovisual peruano sin precisarse si será una oficina administrativa (lo que haría innecesaria su mención en la norma) o un sucedáneo de la negada Cinemateca Nacional por las tareas que se le asigna, que no incluyen, empero, la de difusión. Otra vez, citando a Adrianzén: “¿Con qué nos quedamos? ¿O tendremos que pensar en chiquito para quedar según nuestras voluntades en grande o más bien, según nuestras realidades en chiquito?”

Por último, algo que puede parecer un detalle, pero no les tanto (y ya sabemos que el diablo esta en los detalles). En la ley actual, la 26370, se precisa en el artículo 19 que la empresa productora beneficiaria de los premios es  propietaria de  los  derechos de  utilización económica  de la  obra  cinematográfica, pero que el Estado tiene  derecho a  por  lo menos una  copia  final de  la  misma, la  que  sólo puede  ser  utilizada para  fines  de difusión cultural o educativa (lo que no fue modificado con la Ley 29919). Esto fue un gran paso adelante con respecto a la norma anterior, la 19327, donde esta obligación no existía y tuvo como resultado que gran parte de ese material se perdiera irremediablemente. Ahora, gracias a esta disposición, el Ministerio de Cultura dispone de un valioso archivo de lo que fue CONACINE y lo que ha venido premiándose en los últimos años en la máxima entidad cultural del país. Allí está la base de la Cinemateca, si no quieren de hoy, la de mañana. Pero todo eso podría quedar trunco si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal cual ha sido presentado al Congreso. ¿Y por qué? Porque se ha omitido, no sabemos si intencional o involuntariamente, la obligación de los productores que obtienen algún tipo de apoyo de la Ley a dejar cuando menos una copia de sus producciones.

Es decir, se invertirá una buena cantidad de recursos del Estado (6000 UIT) para financiar la cinematografía nacional y de ella no nos quedará ni la sombra. ¿Tiene algún sentido? Alguien dirá que debido a la intención de adelgazar la propuesta original hasta casi la inanición, se olvidaron de esta mención esencial, y que ello se podría corregir en el Reglamento, pero no es así, porque una norma de menor rango no puede ir más allá de lo que la Ley no manda ni faculta.

Un país que no defiende su pasado difícilmente puede asegurar su presente ni garantizar su futuro. Eso vale también para nuestra cinematografía, si es que nos preocupa como cultura sinceramente y no solo como negocio momentáneo.

El Perú no es solo Lima (ni su cine tampoco)

por Christian Wiener Fresco

En los últimos días el ambiente cinematográfico nacional va dejando poco a poco su modorra y aletargamiento, comenzando a reaccionar en algunos puntos, producto del todavía incipiente debate de la nueva ley, aunque de forma aun parcial y desarticulada. Era inevitable, todo cambio normativo genera una reacción en cadena aun cuando sus propiciadores no lo buscaran. De los varios temas que se vienen presentando en referencia al cine peruano, tal vez el que ha provocado mayores intercambios es el del regional, impulsado por los realizadores y representantes identificados como tal, así como los que vienen estudiando e investigando esta amplia producción en los últimos años.

Según la investigación desarrollada por Emilio Bustamante y Jaime Luna Victoria en su libro “Las

miradas múltiples. El cine regional peruano”, lo que ahora conocemos bajo esa categoría se remonta al año 1996, no porque antes no hubiera producción en el interior del país (ahí está el caso de la ‘Escuela del Cusco’ entre los años 50 y 60) sino porque desde esa fecha se comenzó a producir y exhibir de manera cada vez más intensiva películas hechas en sus localidades, de diversas temáticas, en departamentos del país como Ayacucho, Puno, Cajamarca, Junín, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Loreto, entre los principales.

Alrededor de doscientas películas suman las producidas en estos veinte años, donde más del noventa por ciento de la misma fue financiada con recursos propios, y solo una mínima cantidad recibió apoyo del Estado –antes CONACINE, luego Ministerio de Cultura- ya que estos fondos recién empezaron a dirigirse a apoyarlos en el 2008, y de manera más efectiva y constante desde la aprobación de la modificatoria de la ley 26370 el 2012, que permitió la 

convocatoria y realización de los concursos de manera más regular.

Una cinematografía que es tal vez uno de los mejores ejemplos de los esfuerzos y constancia de los llamados sectores emprendedores, en su gran mayoría autodidactas, que sacaron de la nada un importante lote de películas mientras buena parte de sus pares limeños seguían esperando por los concursos con fondos públicos, retaceados por la falla de presupuesto. Esto fue posible en gran parte por el abaratamiento y las facilidades técnicas y logísticas de las nuevas tecnologías audiovisuales y los equipos caseros y semiprofesionales a que echaron mano (primero analógicos, luego digitales). Asimismo del crecimiento económico y poblacional de las urbes provincianas, en momentos que la globalización paradójicamente nos acercaba más al mundo a la par que reforzaba las identidades locales y regionales.

Esta paradoja se expresaba también en el sincretismo de gran parte de sus obras, que como bien señalan Bustamante y Luna Victoria, se inspira en relatos y tradiciones de una cultura oral acendrada en sus zonas, fusionada con géneros y esquemas propios del cine internacional, sea Hollywood como Bollywood, y de otros lares. Salvo excepciones, no hay pretensiones de cine de autor y pensado para los festivales internacionales, sino para el consumo local –ni siquiera nacional-, lo que se tradujo en la buena acogida que tuvieron las exhibiciones también precarias en improvisados auditorios de su localidad.        

Durante un buen tiempo este cine fue visto con condescendencia en el ámbito cultural limeño, registrado como curiosidad en notas periodísticas y reservado para ser discutido como fenómeno en mesas redondas de antropólogos, nunca de críticos o cineastas. Incluso cuando se debatía la posibilidad de una modificatoria a la ley actual en el 2009 y 2010, era común escuchar referirse en términos peyorativos a esta producción, y cuestionar la necesidad de los concursos exclusivos para las regiones, lo que persiste todavía en muchos hasta hoy.

El Concurso para obras de largometrajes exclusivo de las regiones del país fue instituido por el Ministerio de Cultura bajo el criterio de la discriminación positiva, para estimular la pujante creación fuera de la capital que en muchos casos carecía de la experticia y posibilidades técnicas y logísticas para competir con los otros en igualdad de condiciones. El propósito fue impulsar a los realizadores regionales a producir y no tanto que se filme en el interior del país, así como la ley de cine busca promover esencialmente la producción peruana y no tanto en el Perú (que de esta manera sería más una Film Commission). Pero no faltaron cineastas golondrinos que a pesar de vivir en Lima o el extranjero se las ingeniaban para conseguir asociarse a un productor regional y lograr el premio, lo que era una forma de burlar el espíritu de la norma aprovechando la generalidad de las bases. En anterior ocasión propusimos, y sería bueno insistir ahora de cara a una nueva Ley, que se exijan a los participantes requisitos similares y equivalentes a los que se establecen para el caso de las películas peruanas en la ley actual (es decir, no solo empresa sino procedencia o residencia del director y un porcentaje mínimo de técnicos y artistas participantes).

Flaviano Quispe, realizador puneño, expresa con bastante claridad su posición en este punto en una presentación pública, revelando de alguna manera la insatisfacción y molestia de muchos de ellos anteeste tema: “Los concursos tal como están planteados se convierten por lo tanto en un ‘colador’ por donde no podemos pasar la mayoría de los cineastas que vivimos y trabajamos en las diferentes regiones y esa es la explicación por la que cada vez más los que ganan estos concursos no somos nosotros sino los limeños o los ‘alimeñados’. O sea, mientras más contacto tengan con los limeños, mientras más tiempo vivan en Lima, más posibilidad de ganar los concursos van a tener. De esa forma el centralismo limeño revierte nuevamente en beneficio suyo, marginando y discriminando a los centros de producción más alejados cultural y económicamente de Lima. Creo que se necesita una verdadera política intercultural que modifique las equivocadas reglas de juego de los concursos actuales. Eso es lo que pedimos los cineastas regionales que vivimos y desarrollamos nuestra actividad cinematográfica en las regiones fuera de Lima. Porque para eso se crearon los concursos y las categorías exclusivas para lasregiones: para apoyar los polos de producción existentes en las regiones fuera de Lima de modo que se siga desarrollando la riqueza cultural que nosotros hemos expresado en nuestras producciones. Los concursos no se crearon para ‘alimeñar’a los cineastas regionales.”

En la misma ocasión Quispe reclama que resulta insuficiente y se presta a peligrosas ambigüedades como las que han venido sucediendo en concursos precedentes, cuando en el proyecto de ley se afirma que se destinaran no menos del 30% del presupuesto asignado para apoyar la actividad cinematográfica y audiovisual enel interior del país, de forma descentralizada. Por eso solicitan que la ley diga que el apoyo debe ser para los cineastas que viven y desarrollan su actividad en las regiones fuera de la capital. Coincido plenamente con este planteamiento, y creo que su inclusión en el texto de la ley es imprescindible, no habiendo justificación para postergar esa precisión a la reglamentación como se pretende equivocadamente con otros puntos.   

Sin embargo creo que ello es limitado porque lo que debería es replantearse este sistema de ayudas en su integridad, porque si de verdad se quiere descentralizado debe serlo desde su gestión, no dependiendo del Ministerio de Cultura de Lima sino organizado desde sus Direcciones Desconcentradas en las regiones o macroregiones, en coordinación con los gobiernos locales y regionales. Las ayudas debieran contemplar también apoyos no solo a la producción de obras sino a la distribución y exhibición local, fomentando espacios y circuitos paralelos a los comerciales, muchos más concentrados –donde los hay- fuera de Lima, y en otras ventanas de acceso como la televisión y las plataformas digitales (recuérdese que el 2012 se organizó una primera muestra de cine regional en TVPerú). 

Adicionalmente, parte de esos fondos debería dirigirse a fomentar la capacitación profesional permanente de los cineastas, técnicos y artistas; y la formación audiovisual en la educación básica, tan o más imprescindible que en la propia capital. Hay experiencias al respecto en otros países: por ejemplo el INCAA destina parte de sus recursos anuales para promover el cine en toda amplitud en los diversos estados argentinos, más allá de Buenos Aires. Similares aspectos se contemplan en las legislaciones brasileña, mexicana, colombiana o venezolana, por citar las más activas.  

De otra manera todo esto que se dice de promover la descentralización y un verdadero cine nacional no pasara realmente del discurso o la frase inclusiva para la tribuna. Más que seguir haciendo concursos exclusivos ‘alimeñados’, mejor propiciar que se realicen en las propias regiones, para que los jurados –sean de afuera o locales- conozcan de primera mano la realidad que están juzgando. El centralismo no se supera solo con gestos sino con hechos concretos, como los mismos cineastas regionales nos lo han demostrado en los últimos años.