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lunes, 17 de marzo de 2014

Paisana Jacinta o la denigración institucionalizada

por Christian Wiener


Hace algunos días viene circulando en las redes sociales una solicitud para demandar el retiro del programa “La Paisana Jacinta”, que acaba de relanzarse por Frecuencia Latina. Yo he sumado mi firma a la demanda, y promovido que otros también lo hagan, por  lo que quiero explicar las razones que motivan mi actitud.

No voy a ahondar en lo dicho y comentado en múltiples artículos en referencia a este espacio y su contenido racista y denigratorio para la mujer andina tras la careta de burdo humor popular. Tampoco es una novedad referirse a lo profundamente racista y discriminatoria que es la sociedad peruana, en todos los estratos y niveles; actitud que se expresa de forma más cruda y desembozada de tanto en vez, la última de las cuales –para nuestra vergüenza  internacional-fue a raíz de la  muerte de la cantante del grupo “Corazón Serrano”.

Entonces, y si somos mínimamente consecuentes con la constatación previa, es menester exigir que la televisión nacional elimine los mensajes que lejos de contribuir a erradicar esta lacra, alimentan y consolidan prejuicios y estereotipos de la peor especie.  No olvidemos que la televisión es –aunque no lo parezca-un servicio público, que se vale de las ondas hertzianas que le concede el Estado para llegar a la población.  Si no tuviéramos legislaciones y autoridades tan timoratas en los organismos encargados de regular la comunicación, ya habría correspondido, como sucede en cualquier país civilizado del mundo,  tener una intervención de oficio por ser tan evidente el atropello, y que desde hace años origina malestar en buena parte de la población.  

Si una discoteca, restaurante o cualquier lugar público es penado –con razón- por prácticas que se consideran discriminatorias, sea por motivos étnicos, culturales, religiosos, sexuales o políticos, ¿por qué esta misma prohibición no se aplica a los medios de comunicación? ¿Es que tienen corona o nadie se atreve a tocarlos por temor a su influencia política? En algunos casos, se podría decir, incluso,que el daño es mayor en estos últimos, ya que sin desmerecer el impacto de los primeros en sus víctimas, el alcance es  de mayor amplitud y de manera más sostenida en los segundos.

He escuchado a algunos reclamar que este es un tema de libertad de expresión, como si desconocieran que las libertades de unos terminan donde afectan las libertades de otros, como es el caso que comentamos. Otros dicen que es un tema de elección, y que si no te gusta “La Paisana Jacinta” tienes la opción de cambiar de canal o apagar la televisión. Claro, con esa lógica no debería sancionarse a una discoteca o playa discriminadora, porque total, hay otras a las que se puede asistir sin problemas (con lo que estaríamos empezando a convalidar los ghettos y reservaciones para los “otros”).

Pero lo que parece olvidarse muy fácilmente por quienes creen que se hace una tormenta en un vaso de agua en este tema es que los medios, y en especial la televisión, no son solo vehículos de entretenimiento e información –imparcial o manipulada, es otro cantar- sino también, y aunque no sean conscientes de ello y les pese, de tipo educativo. Y al hacer mención a esto último no nos referimos tanto a contenidos, propuestas didácticas o estrategias pedagógicas, que por supuesto los directivos y  trabajadores de los canales desconocen por completo, sino a algo más simple y concreto, que es la transmisión y formación de valores y actitudes ciudadanas, tan venida a menos en el país. Eso no significa reemplazar el rol de la escuela y la familia, que debe ser central en esta área, pero si evitar el boicot de una televisión donde se sigue perpetuando el racismo y la denigración como algo natural y “gracioso”, con el peligro de afectar especialmente a los menores, como lo relata la siguiente crónica publicada en LaMula:

“Hoy soy testigo de cómo se repite la historia. De cómo la violencia que yo ayudé a generar hace más de 10 años es generada hoy por mi hermano menor. Él acaba de entrar a primero de secundaria y todos sus amigos, sin excepción aparente, prenden su televisión a las 7pm para sumarse a los millones de peruanos que diariamente se burlan de la paisana -y de sí mismos en el proceso- mirando el nocivo programa. Me cuenta que, en su salón, hay una pequeña y tímida niña chaposa de apellido Ñaupari, a la que ya algunos empiezan a llamar “Jacinta”. Me cuenta riendo que, para dirigirse a ella, solo repiten “ñañaña” incansablemente. Me cuenta que a los profesores parece no importarles. Me cuenta que no pasa nada, porque cada salón tiene su Jacinta o su Jacinto (o su Huasaberto). Cuando le pregunto, "¿qué te parece gracioso de la paisana?", sus respuestas son directas: es bien cochina; es bien estúpida; es bien fea (y él no deduce que es fea, se lo dicen en el programa, y él aprende que ese cuerpo es un cuerpo feo); por cómo tiene los dientes; por las cosas que le hacen; por cómo habla; cómo camina; por cómo se viste, por cómo se orina en las calles. En resumen, por cómo es. Por lo que es.


Ojalá que la campaña ciudadana para el retiro definitivo de “La Paisana Jacinta” logre sus frutos, y que pronto este programa y su humor denigratorio sean solo un mal recuerdo. Por supuesto, eso no va  a resolver el problema del racismo y la discriminación en el país, que es un asunto mucho más profundo y complejo, pero será un primer e importante paso para empezar a encararlo de forma seria e integral. 

Lo más importante, sin embargo, es que si se logra esta acción se estaría sentando un importante precedente de participación ciudadana sobre los medios de comunicación, que mañana o más tarde se traduzca en una defensoría del televidente, que organismos como CONCORTV dejen de ser meramente simbólicos y adquieran carácter vinculante y sancionador en sus funciones, y, porque no, empezar a discutir abiertamente sobre una verdadera ley de medios en el Perú,  para que los dueños de los mismos no se sigan sintiendo impunes e intocables con el cuento de la libertad de ellos, gracias a su fuerza mediática y económica y la anuencia de la clase política, tan medrosa para enfrentar a los poderes fácticos.    

martes, 27 de agosto de 2013

Internet sin censura

Por Christian Wiener Fresco


Digamos que, pensado positivamente, la propuesta del congresista Omar Chehade y otros parlamentarios oficialistas, tras su proyecto de Ley “de protección del menor de contenidos pornográficos en Internet”, tendría en el fondo un propósito loable, que como su mismo nombre lo indica, trata de evitar que los menores de edad puedan acceder a contenidos pornográficos que, como sabemos, abundan en la red.

Sin embargo y como se suele decir, el infierno suele estar empedrado de buenas intenciones, y por eso conviene encontrarse alertas ante cualquier intentona de censura en un medio, sea el que sea, y por los motivos que sean.

En principio, no se cuestiona que se quiera “proteger” al menor de material indeseable, aunque sea discutible que se incluya en esa categoría solo lo pornográfico, o como se define en el proyecto: “contenidos sexuales explícitos o que, por el carácter obsceno, puedan afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir el instinto sexual de los menores de edad” y no, por ejemplo, lo que se refiere a la violencia, incluyendo torturas, golpizas o destrucción; que también son frecuentes en el ciberespacio.

Hay que recordar que desde el 2007 existe la Ley 28119, “que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico ya cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet”. La intención de los legisladores sería ampliar esa prohibición a las conexiones caseras de Internet, pero adicionalmente tendría otros alcances e intenciones.

Lo que se plantea es que los proveedores de Internet coloquen obligatoriamente filtros previos para impedir el posible acceso al material supuestamente pornográfico por los menores en todo el país; lo que en otras palabras significa censura previa y bloqueo de contenidos, que contradice el precepto constitucional que garantiza la libertad de difusión sin previa autorización, censura, ni impedimento alguno.

Una alternativa más plausible es la que se aplica en Chile, donde la ley obliga a que los proveedores de acceso oferten esos servicios adicionales, pero no que lo apliquen indiscriminadamente, pudiendo garantizar el Estado que el costo de este servicio no significará un encarecimiento del mismo.

Caso contrario, todos aquellos adultos que no deseen ser bloqueados formaran parte de un registro oficial de “usuarios pornográficos”, lo que viola un principio elemental de privacidad y opción personal.

El absurdo es que, como cualquier usuario de Internet sabe, la red alberga miles de millones de páginas que se renuevan cada día, hora y hasta minutos; por lo que resultará imposible que la Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (COPROME), propuesta como revisora del filtro en el proyecto de ley, e integrada por siete honorables funcionarios, este en la posibilidad, siquiera remota, de manejar y discernir sobre tal cúmulo de información.

Aquí es donde salta el peligro de un proyecto como el que comentamos, porque con el pretexto de lo “pornográfico” u “obsceno” –que como sabemos son términos muy amplios y difusos- podría convertirse en una forma de impedir la libre circulación de información y contenidos críticos, y un arma para tratar de controlar la red y a quienes hacen uso de ella en sus diversas modalidades (twitter, facebook, flickr, youtube, tumblr), como, por ejemplo, convocando a marchas o protestas, así como las denuncias, revelaciones de autoridades, entre otros casos.    

Pero Chehade y los nacionalistas no son los únicos preocupados por amarrar la red, siempre con buenas razones de por medio. En el gobierno pasado, la congresista aprista Mercedes Cabanillas presentó un proyecto para regular a los blogs que fue calificado en su momento de “ley mordaza”; y ya con este gobierno, el pepecista Beingolea defendió un proyecto sobre delitos informáticos que afectaba gravemente la información privada.

Lo más grave de todo es que mientras nos distraemos discutiendo estos proyectos parlamentarios, el gobierno peruano sigue negociando el Acuerdo Transpacífico (o TPP) y del que casi nada se sabe, porque todo se maneja con la mayor de las reservas. No obstante, es vox populi que los Estados Unidos y sus grandes consorcios están abogando por poner mayores restricciones en el uso de la información protegida por el copyright y el bloqueo de contenidos, lo que significaría una reedición del proyecto de la ley SOPA, que movilizo en contra a tantos usuarios de Internet.


Y es que la libertad es para todos, o no es para nadie.