Hubo una vez

 Por Christian Wiener Fresco

A la memoria de Javier Diez Canseco, en la lucha por el pan y la belleza
En recuerdo de Manuel Celis, que me acompañó ese día en el Congreso.

En estos días que se habla de la posibilidad de una nueva ley de cine en el Congreso me permito recordar lo que paso hace cinco años, cuando se aprobó la ley 29919, que modificó todo lo referente a los concursos de cinematografía de la 26370 para permitir la asignación de todos los recursos estipulados originalmente en la norma, y que en general es poco conocido en el gremio y más allá, pese a todo el tiempo transcurrido.

Corríael año 2012 y en el Ministerio de Cultura estábamos abocados con los gremios cinematográficos a la redacción de una ambiciosa nueva legislación de la cinematografía y el audiovisual peruano que contemplará no solamente la creación del fondo para el financiamiento de la actividad, sino otros aspectos medulares como la cuota de pantalla, mínimo de mantenimiento, descentralización, cautela de los derechos de los trabajadores del sector, cinemateca nacional, film commission, educación cinematográfica, creación depúblico, incentivo al cine cultural y articulación con los otros medios audiovisuales, entre otros temas que aspiraban a dotar a nuestro país de una legislación integral y moderna, acorde a los estándares de otras cinematografías en la región.

Paralelamente se estaban haciendo las gestiones para conseguir que la partida presupuestal para los concursos establecido en la ley actual se hiciera efectivo como la norma lo señalaba, monto que hasta ese momento y desde la entrada en vigencia en la Ley, en 1996, nunca los sucesivos gobiernos habían cumplido con entregarlo en su integridad.  Pero para dar esa cantidad la gente del MEF había puesto como condición que se modificara el texto de la Ley 26370, o de lo contrario se ejecutara tal como figuraba en su versión original del 94.

Resulta que en un principio la ley establecía que cada año se debían realizar dos concursos de largometrajes y cuatro de cortometrajes en los que podía premiar hasta tres obras en el primer caso y doce en el segundo, con un cantidad total que alcanzaba las 2008 UIT.  Sin embargo el Estado incumplió permanentemente en dar todos los fondos (se calcula que en dieciséis años solo se había asignado poco más del 28% de todo el dinero que correspondía por ley). Esta situación motivó que se redujeran los montos de los premios para los proyectos y obras establecidos en el texto legal, instaurándose los llamados “concursos extraordinarios”, como una forma más o menos informal para atender otros tipos de formatos y posibilidades no previstas en la legislación original, que se limitaba a cortos y largometrajes (cine regional, documentales, postproducción, distribución, etc.)

Habría que agregar además que las nuevas tecnologías de la producción y exhibición digital que ya se habían generalizado en ese momento volvían obsoletas algunos puntos muy restringidos en el texto de los años 90, dominado todavía por el celuloide tradicional.

Por tal motivo nos abocamos a redactar una modificatoria de la 26370 que permitiera poder seguir realizando e incluso incrementar las distintas categorías de los concursos, así como ajustar los requisitos y organización a los nuevos tiempos. Se esperaba que el texto no tuviera mayor objeción en el Ejecutivo por cuanto lo único que buscaba es la aplicación de la ley vigente, sin añadir un sol al presupuesto. No obstante ello, otra vez la gente del MEF busco aguar la fiesta y en una tensa reunión casi nos conminaron a que si queríamos sacar esa ley sin problemas debíamos retirar la mención a las 2008 UIT (que era la suma de todos los montos señalados en la 26370) en el proyecto para enunciar simplemente que el Ministerio de Economía y Finanzas proveerá cada año de los recursos económicos para la realización de los concursos, sin precisar ninguna cifra. Aunque éramos conscientes de lo que eso podría significar en el futuro, optamos por no hacer cuestión de estado en ese momento y esperar una mejor oportunidad, tal vez en el Congreso.

De esta manera, a los pocos días el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de modificatoria de la Ley, que con la firma del presidente Humala y el entonces primer ministro Óscar Valdez es enviado al Legislativo a inicios de mayo con carácter de urgencia. Allí se buscó recuperar la mención a los 2008 del presupuesto en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, pero por el afán de figuración y escasa capacidad de diálogo del presidente de la misma, el pastor Rosas, fue casi imposible. Tuvimos que esperar varias semanas y la siguiente legislatura hasta que por fin se incluyó en la agenda del Pleno para el 23 de agosto.

Ese día empezó temprano el debate del proyecto de modificatoria de la ley de cinematografía 26370 con una deslucida presentación del nuevo presidente de la Comisión, pero en el ínterin tomamos contacto con Javier Diez Canseco, ya separado de la bancada nacionalista, quien inmediatamente me preguntó qué era lo más urgente y yo le dije asegurar un monto de presupuesto, de forma explícita, y que debía ser lo que ya la ley contemplaba, es decir 2008 UIT.  Con la elocuencia y brillantez que lo caracterizaba, JDC planteó añadir la cifra al dictamen para que no quedara dudas de la obligación del Estado al respecto, recordando que en todo estetiempo los sucesivos gobiernos habían incumplido con entregar ese monto a pesar de estar estipulado en la norma del 94. El resto de intervenciones parlamentarias no cuestionaron esa propuesta, dedicándose a proponer agregados o correcciones, cuando no aprovechar para echarse un discurso en un tema siempre mediático, que revelaba, faltaba más, que salvo contadas excepciones, la mayoría de nuestros congresistas poco o nada sabían sobre la materia.  Al final se sometió a votación el dictamen con el agregado de los 2008 UIT y fue respaldado de manera casi unánime, con la solitaria excepción de Martín Belaúnde de

Solidaridad, que se abstuvo sin explicar porque. Todo parecía listo para que saliera de una vez al Ejecutivo, pero Martha Chávez hizo cuestión de estado sobre la necesidad de una segunda votación, lo que obligó a postergar su aprobación otras dos semanas, cuando por fin se votó de manera definitiva, ya sin mayor discusión.

Entre tanto, nos llegaban al Ministerio de Cultura rumores que algunos funcionarios del MEF no les había caído nada bien los cambios al proyecto original, que según algunos era lo que habíamos “acordado”, que es el eufemismo que usan cuando imponen sus decisiones solo por el poder de su chequera. Incluso se mencionó que podrían sugerir al presidente la observación de la Ley, lo que parecía sin embargo poco probable dado el consenso en las diferentes bancadas que había obtenido. Finalmente el 28 de septiembre salió publicado en el diario El Peruano el texto de la 29919 bajo el título de “Ley que modifica diversos artículos de la ley 26370, ley de la cinematografía peruana”, que incluía en su artículo 17:“el apoyo económico que acompaña a los premios es de un mínimo de 2008 (UIT) y se distribuye por el ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la República de cada año.”

Todas estas cosas me vienen a recuerdo ahora que se vuelve a discutir sobre la Ley de Cinematografía, y donde nuevamente el MEF resulta el gran decidor del país, y los gremios del sector parecen resignados a su poder y ortodoxia, diciendo incluso que “es la ley por la que han luchado tanto años los cineastas”, lo que saben que no es cierto porque de tantas supresiones, reducciones y eliminaciones, ha resultado un texto casi irreconocible, a no ser por contar con más presupuesto. No pretendo ponerlo como ejemplo o precedente, soy consciente que los momentos y circunstancias son diferentes, con otra propuesta, actores (en esos momentos la primera mayoría congresal seguía siendo del gobierno) y sin tanta visibilidad mediática.  Pero es bueno recordar la historia, en todas sus facetas, porque el esfuerzo por una verdadera ley de cinematografía no es de ahora sino de hace mucho. Para ello se requiere decisión de lucha y convicción de su necesidad y justicia, y no como un favor, donde no le debemos nada a nadie, y frente al cual no tenemos por qué aceptar como algo fatal que nos quieran imponer –sin siquiera discutir- nuestro futuro. ¿O es mucho pedir?

Con mi ortodoxia no te metas

por Christian Wiener Fresco

Era más que previsible que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se opusieran a la cesión de parte del impuesto municipal para la constitución de un fondo de la cinematografía peruana. como se preveía inicialmente en el proyecto de nueva ley de cine elaborado por el Ministerio de Cultura y los gremios. Cualquiera que ha seguido el largo periplo de los cineastas por una nueva ley en los últimos 16 años, sabe que uno de los más grandes escollos para el cambio de la situación delcine peruano provino siempre del MEF, reacios a dar los recursos necesarios para las actividades culturales, y negándose a toda iniciativa que signifique una mínima autonomía económica.

Pero cuando los funcionarios del Ministerio de Cultura presentaron su proyecto inicial legislativo en mayo pasado, parecían muy seguros que esta vez el gobierno le darían por fin luz verde a la propuesta de quedarse con el 50% del actual impuesto municipal para el fondo, y lo restante iría en beneficio de las empresas exhibidoras, con una disminución de su carga impositiva. Todo al parecer fue más deseo que realidad, porque en Economía volvieron a decir no a esta vía, proponiendo en su reemplazo un incremento presupuestal de los 2008 que se entrega con la ley 26370 a 6000 UIT, sin fondo y nada de autonomía.   

La idea de obtener recursos para la cinematografía nacional de parte del tributo a las entradas de las salas de cine  se aplica en diferentes partes del mundo, tomando como base el precepto de “el cine financia al cine”; es decir que sea la propia actividad –dominada por el oligopolio hollywoodense- la que contribuya a sostener la producción local y otros aspectos relacionados con el mundo audiovisual.  Este modelo fue adoptado en Argentina durante el gobierno de Menem, que añadió también un aporte del servicio de cable y la publicidad televisiva, todo lo cual generó un fondo realmente significativo que ha estado en la base del gran impulso y éxitos que el cine de ese país vivió en los últimos veinte años.  Otro caso significativo es el de Colombia, que durante el gobierno de Uribe sancionó la actual ley de cine, también muy exitosa y reconocida, cuyos recursos principales provienen de un viejo tributo a las salas –de la época de la guerra con Perú, a inicios de la década del treinta- destinado ahora para el fondo que apoya múltiples actividades relacionadas con el cine, además de la producción. También en Brasil y Venezuela una parte del tributo a las entradas de cine y otros servicios audiovisuales se destinan a fomentar su cinematografía, y de manera similar se viene discutiendo en Ecuador. 

El cine peruano tampoco ha sido ajeno a este tributo. En 1962, en el segundo gobierno de Prado se promulgó la Ley 13936 que liberaba de todo impuesto a las salas cinematográficas que exhibieran películas peruanas de largometraje, concediendo esos ingresos a las empresas productoras nacionales. Una versión mejorada fue la propuesta por el decreto ley 19327 del gobierno militar de Velasco que extendía parte de esa exoneración tributaria a la exhibición de cortometrajes, beneficiando con un tanto por ciento de ese tributo a quienes realizaron estas obras que durante veinte años sustentó gran parte de la producción nacional. Fue recién con la derogatoria de esta última ley con Fujimori y la dación posterior de la 26370, que nos rige hasta hoy en día, que el impuesto municipal salió del radar, aunque no del interés, del sector.

Hay que recordar que durante muchos años el impuesto municipal fue el único tributo al que estaba sujeto el negocio cinematográfico. Eso explicaba que las autoridades ediles cumplieran una serie de acciones de control como la aplicación de la restricción para menores determinadas por los organismos de supervigilancia, la limpieza y cuidado de las salas, y hasta la calidad de las proyecciones, teniendo para tal efecto un grupo de butacas reservadas para los empleados municipales en cada sala.  Pero la crisis de las salas tradicionales de exhibición, y la transformación del negocio en las multisalas ubicadas en centros comerciales comenzó a hacer irrelevante y hasta obsoleta la presencia municipal, al desaparecer la calificación de las películas, y la posibilidad de sanción a una sala por cualquier afectación al espectador corresponder a INDECOPI. En palabras de abogado: “la generación de externalidades negativas que afectaban a las municipalidades y que sustentaban la existencia de un impuesto de esta naturaleza no se da en la actualidad”. En los 90 las salas fueron gravadas con el IGV –con lo que contaban con dos tributos- y el del municipio se redujo al 10%, que a pesar de varios intentos por reducirlo, reconvertirlo o  eliminarlo, sigue allí para beneficio de un puñado de distritos (algo así como el 2.5% de todas las municipalidades del país) donde hay salas de cine.

Este tributo, que se denomina impuesto a los espectáculos públicos no deportivos y que supuestamente se dirige a todo evento público en un lugar cerrado hoy solo se sigue aplicando para el caso de los cines (que ya cumplen con otros pagos de ley a los municipios como cualquier negocio), las carreras de caballos y los espectáculos taurinos, ya que han sido exonerados del mismo los espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y circo; así como los conciertos de música en general, incluidos los de grandes bandas y estrellas internacionales. 

¿Estas exoneraciones han puesto en crisis a las arcas municipales? Por supuesto que no, así como tampoco lo haría que el impuesto municipal –que al fin y al cabo es muy pequeño y repartido- se dedique a otros fines. En todo caso, si el MEF quisiera realmente impulsar el cine peruano sin afectar a las municipalidades, pudo haber transferido el monto que piensa dar de manera directa para el cine al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), la misma que podría destinarse en mayor cantidad a los distritos con menos recursos y posibilidades que aquellos que disponen de salas de cine que le rinden dinero fácil. 

Todo lo cual confirma que la oposición de los funcionarios del MEF a permitir la creación del fondo con parte del impuesto municipal no tiene ninguna motivación técnica o de preocupación por las municipalidades, sino estrictamente ideológica. No es cierto, como quieren decir sus representantes legales, que va contra la ley eso de crear fondos y destinar parte de los tributos a otros fines. Es lo que se llama ingreso parafiscal, que está perfectamente legitimado por el  artículo 74 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2004 que establece que “el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.” Fondos con tributos parafiscales hay varios vigentes en la actualidad, como el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional que se financia con un tributo en los pasajes de avión para vuelos nacionales,  el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) con un porcentaje del monto anual de facturación de los servicios portadores de comunicación, o el Fondo de Compensación Social Eléctrica, también con un recargo en la facturación por este servicio, entre otros ejemplos. Y recordemos asimismo la Ley Nº 27153, que recaba recursos directos de los juegos de casino y tragamonedas para financiar actividades del Instituto Peruano del Deporte (algo similar a lo que sucede en la patria del liberalismo, el Reino Unido, donde la cultura se gestiona con fondos de la loteria nacional)

La verdadera razón entonces porque se han opuesto y oponen a esta posibilidad los funcionarios del MEF es por puro dogmatismo neoliberal,  para que no se establezca precedente, y cunda el posible ejemplo en otros sectores. Hace unos años, cuando se discutía el anterior proyecto de cine, una alta funcionaria de ese portafolio admitió que su oposición a esta medida era más de principios que legal o siquiera técnica, por su negativa a lo que llamaba impuestos dirigidos. Y reconoció que si una autoridad superior a ellos establecía su aplicación, solo les quedaba acatarla como ha sido con otras medidas. El problema es que esa autoridad con pantalones y visión de cultura no la hemos tenido ni la tenemos en el poder, y esa es la causa porque estamos como estamos. Por eso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sin una voluntad política al más alto nivel, la cultura seguirá siendo la última rueda del coche.

En buena cuenta, y por defender su ortodoxia de libre mercado y no intervención estatal, los aprendices de “Chicago Boys” han terminado proponiendo triplicar el presupuesto del sector con dinero de las arcas fiscales, lo que en principio puede sonar atractivo pero ya sabemos que es enormemente frágil y va a depender de su buena voluntad y la disponibilidad de dineros cada año, porque la propia experiencia de la actual ley lo ha demostrado, se puede incumplir esta asignación y no pasa nada. Lo más paradójico es la furibunda reacción de sus mismos colegas ideológicos en los medios, recordando las siempre incumplidas urgencias presupuestarias en el país, y la falta de dinero para apoyar a otras actividades, incluso culturales, y de las que ahora recién se acuerdan. Todo sea por la ortodoxia.