Nuevo ROF y vuelta al INC

Por Christian Wiener F.

El 21 de junio se hizo público un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº05-2013-MC suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Cultura. El ROF es un documento de gestión de la administración pública indispensable, y que da lugar a otros instrumentos como el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Manual de Procedimientos (MAPRO); los mismos que se encuentran pendientes de ser aprobados en el sector cultura.

De todos ellos, el ROF es el más importante porque sirve para fijar la estructura interna, organigrama y unidades operativas de la institución con sus respectivas funciones, relaciones y atribuciones, en correspondencia a su norma de creación y los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo y la Alta Dirección del Ministerio en este caso. La estructura importa en una institución pública o privada no solo por razones administrativas sino que define pesos y prioridades de las instancias y unidades a nivel de toda la institución, lo que va a traducirse en presupuesto, personal y capacidad de decisión, entre otros asuntos centrales.

El anterior ROF del Ministerio de Cultura fue aprobado el 14 de mayo del 2011, por Decreto Supremo Nº 001-2011-MC. Este documento dio de alguna manera forma orgánica al recién creado Ministerio y formado sobre la base del antiguo Instituto Nacional de Cultura (INC), con la fusión por absorción del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), y la adscripción de  la Biblioteca Nacional del Perú, Archivo General de la Nación, Academia Peruana de la Lengua Quechua y el Instituto de Radio y Televisión Peruana (IRTP), que posteriormente fue transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Este primer ROF tuvo las limitaciones entendibles de una institución en formación, que buscaba superar el esquema INC que se había mantenido vigente en el Estado durante 41 años, buscando ponerse a tono con los modelos y características de los Ministerios de Cultura que se han ido creando en la región en los últimos años (ver más al respecto el “El Estado de la cultura”). El INC tuvo desde sus inicios, y se fue asentando más en el tiempo, un fuerte sesgo patrimonialista, dejando en un plano subalterno el fomento a la cultura viva y las artes, dentro de los que se incluían los elencos nacionales como la Orquesta Sinfónica Nacional. Al crearse por Ley Nº 29565 en julio del 2010 el Ministerio de Cultura, la institución se agrupó en dos viceministerios: de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de un lado y de Interculturalidad por el otro. De esta manera se buscaba, cuando menos nominalmente, hacer equivalentes al trabajo por el Patrimonio Cultural con el de las Industrias Culturales, e incorporar como una tarea básica el novedoso concepto de opción intercultural que como dice en los Lineamientos de Política Cultural del Ministerio, “propone generar un trato horizontal entre las distintas culturas sobre la base del diálogo, en el marco de nuevos circuitos de intercambio cultural”.      

Para este fin se crearon en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales tres direcciones generales: Patrimonio Cultural, Fiscalización y Control y de Industrias Culturales y Artes, cada una con sus respectivas direcciones de línea, que en el caso de la última la conformaban la Dirección de Industrias Culturales, Dirección de Artes y Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales. Y el Viceministerio de Interculturalidad se conformó a su vez de dos direcciones generales: de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos y de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales, con sus respectivas direcciones. Aparte de lo señalado, el Ministerio, como todos los otros, se compone de un cuerpo de asesores, y una frondosa estructura administrativa cuya máxima autoridad es el Secretario General.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN

A poco de empezar a andar el Ministerio se comenzó a evidenciar que la estructura del ROF inicial tenía varios problemas y omisiones, que se iban agravando con la ampliación del ámbito cultural que el Ministerio fue asumiendo con el paso del tiempo, lo que chocaba a veces con superposición de funciones, indefinición de otras, sobrecarga de tareas y, casi siempre, escasez de presupuesto. Por esta razón, desde principios del 2012 se fue elaborando y discutiendo una propuesta de nuevo ROF para el Ministerio, recogiéndose las sugerencias y opiniones de quienes formaban parte de sus diversas instancias.    

Al respecto, el propio Ministro Luis Peirano adelantó inicialmente la posible creación de un tercer viceministerio, en este caso de Industrias Culturales, para reforzar uno de los tres sectores vertebrales que componen el Ministerio. Se puede revisar, por ejemplo, estas tres entrevistas del 2012 al Ministro donde reitera la importancia de las Industrias Culturales y las Artes en el sector:

La posibilidad de ampliar a tres viceministerios fue pronto descartada porque implicaba cambios en la Ley de creación del Ministerio a ser aprobado por el Congreso de la República, lo que podría resultar bastante largo y engorroso. A cambio de ello se propuso la división de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA) en dos direcciones generales, una de Industrias Culturales y otra de Arte, con sus respectivas unidades de línea, que serían, en la primera: de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, de la Industria Fonográfica, y de la Industria Editorial; y en la otra, de Fomento a las Artes, de Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales, respectivamente. Asimismo en el mismo viceministerio se preveía la creación de una Dirección General de Museos, tomando como base la Dirección de Museos y Bienes Muebles que existía dentro de Patrimonio General.

Finalmente, el día del solsticio de invierno apareció el nuevo ROF y, ¡oh sorpresa!, el lado patrimonial creció de dos a cuatro direcciones generales: Patrimonio Cultural, Patrimonio Arqueológico Inmueble, Museos y Defensa del Patrimonio Cultural, mientras permanece como una sola la DGIA, esta vez con cuatro direcciones a su cargo: del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, del Libro y la Lectura, de Arte y de Elencos Nacionales. A su vez, en el Viceministerio de Interculturalidad se mantienen las dos direcciones generales, aunque con otros nombres: Derechos de los Pueblos Indígenas y de Ciudadanía Intercultural.

Hay otros aspectos que contiene el nuevo ROF, algunos positivos como la constitución de las Direcciones Desconcentradas de Cultura en reemplazo de las Direcciones Regionales de Cultura que sustituyeron a su vez a las filiales departamentales del INC, y que deben contener cada una subdirecciones desconcentradas de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio; Industrias Culturales y Artes, e Interculturalidad. El asunto es saber si se va a traducir también en más presupuesto y autonomía para las direcciones regionales, pues en varias de ellas el personal que se cuenta en este momento, y las condiciones en que se trabaja, son bastante precarios, por decir lo menos. Otro aspecto relevante y discutible es la disolución de la Comisión Consultiva de Pueblos Andinos,  Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA y la Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía; quedando ahora como único órgano consultivo reconocido por el Ministerio a la Comisión Consultiva  Nacional de Cultura.

¿HAY INTERES EN PROMOVER LAS INDUSTRIAS CULTURALES?

Para quienes no conocen cómo funcionan las cosas en la administración pública y específicamente un ministerio, todos estos cambios pueden parecer puramente burocráticos y que afectan exclusivamente a quienes trabajan en él. No obstante, y  como he mencionado anteriormente, ello tiene consecuencias en cuanto a cuotas de poder, ámbito de funciones, representación y recursos al interior de la institución. Por de pronto, las Industrias Culturales y Artes han pasado de significar el 20 al 14% dentro de las direcciones generales del Ministerio, y de ser un tercio a un quinto dentro del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; lo que tendrá repercusiones en el reparto presupuestal, que siempre favoreció el ámbito patrimonial, y cuya diferencia seguramente se agudizará en los próximos años.

Pero el asunto no se limita a la nueva estructura, pues cuando uno revisa las funciones que se asignan a la DGIA en este ROF descubre, entre otras cosas, que ya no puede expedir resoluciones, que es un decreto con valor legal en su nivel, como si se precisaba en el anterior ROF, reduciéndose la autoridad y alcance de la Dirección General a emitir “declaratorias de interés cultural, auspicios nominales y cartas de presentación”, como gustan decir los burócratas, “en el ámbito de su competencia”. También se incluye como una nueva atribución, el gestionar la programación artística de los eventos a realizarse en el Gran Teatro Nacional, lo que finalmente va a depender, en gran parte, de quienes tengan a su cargo la administración del mismo.

Más crítico es el caso de la novísima Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (cuyas ilegibles siglas son DAFNM) que en varias funciones reemplaza a la DIC. Y es que si se habla del Audiovisual y la Fonografía esto debe traducirse en cosas concretas sobre las cuales legislar, como el cine, televisión o radio, para empezar, y como sucede, por ejemplo, con las leyes del audiovisual que han sido promulgadas en Argentina, Uruguay, Ecuador o Brasil. Nada de eso se menciona en las 14 funciones señaladas en el nuevo ROF, todas extremadamente vagas y generales, como vago y general es el concepto de “nuevos medios” que se supone se refiere a las plataformas digitales y tecnológicas, pero que dicho de esa manera puede prestarse a diversas interpretaciones y alcances. Tal vez por eso, por ejemplo, no escuchamos ningún pronunciamiento del Ministerio de Cultura frente al reclamo hace algunas semanas de los músicos para que algunas radios cumplan con la Ley de Radiodifusión en cuanto a la cuota de programación nacional que deben tener diariamente. Y es que el Estado debe actuar en el día a día, e involucrarse con los agentes culturales y el respeto a la Ley, no quedarse en sus propias acciones o los homenajes, que por muy sentidos que sean, no solucionan las problemáticas de fondo de su sector.  

Resulta curioso, por demás, que la única mención que se hace en las funciones a la palabra “cinematografía”, tal vez porque no quieren verse involucrados con los bulliciosos cineastas,  es cuando se refiere a la necesidad de preservar el patrimonio audiovisual, pero olvidando que si se trata de una dirección de fonografía, se debería alentar también la recopilación y preservación del patrimonio musical y sonoro, así como de los “nuevos medios”, que dentro de poco ya serán viejos. Y ni que decir respecto la Ley vigente de Cinematografía, la 26370 y su modificatoria de la Ley 29919, cuya mención se omite en todo el texto, así como la responsabilidad de su ejecución, que antes correspondía a la DIC por herencia del fenecido CONACINE.

La otra nueva dirección, la del Libro y la Lectura (que sería algo así como DLYL), parece por una parte querer prolongar las acciones que vino realizando el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y que en determinados aspectos ahora resultan superpuestos o en competencia a otras instancias del Estado como el Plan Lector del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Bibliotecas y la Casa de la Literatura. Y eso porque la dirección debió proponerse centralmente al impulso de la Industria Editorial en general, lo que abarca otros tipos de publicaciones e impresos (historietas, afiches, revistas), además de por supuesto el libro tradicional y digital, que como en el caso del cine, tiene también su ley específica, la 28086, de Democratización del Libro y Fomento a la Lectura, que requiere también su puesta al día de cara al mercado librero.

Por otro lado, llama también la atención que la anterior Dirección de Arte y Acceso a la Cultura se haya quedado simplemente como Dirección de Arte,  lo que resulta contradictorio con la idea de proyección a la comunidad y trabajo con las organizaciones de base que se promueve a través del programa Puntos de Cultura, y que debió ameritar una dirección específica para abordarlo y consolidarlo, quedando la otra para estimular, con mayor vigor y alcance, las artes y los artistas a nivel nacional.

Sin embargo lo más preocupante de todo es que pareciera no haber consciencia clara en las autoridades del Ministerio de Cultura respecto al rol y la importancia de las Industrias Culturales, tanto como valor económico como social e identitario, a pesar que en sus propios Lineamientos se declara que “las industrias culturales son un agente clave en la construcción de ciudadanía y, por tanto, requieren el diseño y puesta en práctica de estrategias para que los medios masivos de comunicación difundan contenidos que promuevan valores democráticos y que no discriminen a ninguna de las identidades o grupos culturales existentes en el país.” No se entiende de otra manera porque, a diferencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela, que tienen direcciones, oficinas y dependencias muy activas en el campo de las industrias culturales, aquí buscamos más bien desdibujarlas, reduciendo su aspecto productivo y de intervención con políticas públicas en defensa de la producción nacional en mercados concentrados y oligopólicos, en contravención de lo manifestado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en el 2005 por la UNESCO y ratificada por Perú con la Resolución Legislativa Nº 28835. Por eso era importante que se desdoblara la DGIA, a fin de poder abordar con mayor autoridad, profundidad, personal y por supuesto presupuesto, la acción en el campo de las diferentes industrias culturales, más allá incluso del audiovisual, fonografía, editorial o “nuevos medios”, incorporando el diseño o la producción escénica como propone el Mercado de las Industrias Culturales de Argentina (MICA) u otras expresiones que se cuentan dentro de las llamadas Industrias Creativas según la UNESCO. Y por el lado de las artes, con toda su complejidad y diversidad, tanto clásica como moderna, occidental, oriental o nativa, en sus diferentes expresiones y tendencias, y sin dejar de lado a los artistas y gestores profesionales, como a las organizaciones e individuos que desarrollan el arte desde su comunidad o barrio, como elemento de transformación social.

En suma y a pesar de lo dicho y declarado por el Ministro, el nuevo ROF demuestra que no hay una efectiva intención ni propósito de las máximas autoridades del sector, y del gobierno en su conjunto, por promover las Industrias Culturales y ponerla al mismo nivel que las otras áreas de la institución, lo que parece retrotraernos al esquema del viejo INC patrimonialista, más aún cuando otra área, como la de interculturalidad, se ve atada de manos por la poca convicción  del Ejecutivo por llevar adelante la Consulta Previa, que sigue siendo uno de sus mandatos principales de acuerdo al ROF y en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo lógico sería que si administrativamente se refuerza el área del Patrimonio Cultural, esta debería tener mayor celo en el cuidado del mismo, que se encuentra diseminado a lo largo de todo el país, pero paradójicamente esta norma se da en momentos que el Ministerio de Cultura es seriamente cuestionado por colectivos ciudadanos al avalar la dación del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que “facilita” la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) valiéndose del procedimiento del silencio administrativo, con el objeto de “promover las inversiones” en todo el país.  Es decir, se amplía una función que, sin embargo, en la práctica concreta declina sus competencias sobre lo porvenir y descubrir frente a las necesidades de las grandes empresas y el poder político, limitándose a la conservación de lo existente, mientras el presupuesto alcance y la “Marca Perú” lo pueda celebrar.

Y es que de cultura nadie se muere, como dijo un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas hace un tiempo, y es verdad, pero tampoco se vive, por lo menos en el Perú, como pueden dar testimonio muchísimos artistas, gestores y productores culturales nacionales, que esperaban tener en el Ministerio a quien lo represente, acompañe y defienda al más alto nivel, pero que cada vez lo ven más ancho y ajeno, parafraseando el título de la gran novela de Ciro Alegría.           

Política Cultural y Política de Estado

Christian Wiener

El lunes 28 de enero el Ministerio de Cultura presentó en sociedad una versión preliminar de los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016. En primer lugar,  hay que saludar la iniciativa de poner en blanco y negro y para la discusión abierta del sector, este documento subdivido en siete grandes directrices, que abarca en líneas generales los espacios organizativos y ámbitos de influencia que ocupa actualmente el Ministerio. Es cierto que no es el primer esfuerzo en el país, y desde el propio Estado, por promover y sistematizar el debate sobre la política cultural, y el documento se cuida en precisar que se ha tenido en cuenta varios otros producidos sobre el mismo tema en la última década (y que están mencionados en la página 30).

No obstante, siendo justos, debió incluirse también una mención a quienes elaboraron este texto, que tuvo a Víctor Vich como organizador de su estructura básica y redactor de un primer borrador, que luego fue enriquecido con los aportes, comentarios, sugerencias y críticas de los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Cultura, tanto de Lima como las sedes regionales, y presupongo además, con la participación de académicos y gestores y actores culturales consultados por la Alta Dirección. Todo ello, sin negar que se trate de un texto institucional y asumido como tal por el Ministerio y sus responsables, pero no estaba de más la mención, en aras de la transparencia, y reconocimiento a quienes trabajaron en este documento.

CULTURA SIN POLITICA

El Perú es un país de cultura milenaria, con imponentes vestigios arqueológicos que hasta ahora causan la admiración de los visitantes. Sin embargo, el tema de la cultura apenas si ha tenido un mínimo interés por parte del Estado desde los tiempos de la independencia, al punto que alguna vez un conocido artista declaró a una revista local que, a su criterio, la mejor política cultural “era la que no existía”. Más que una boutade, o mero reflejo de la ideología del Consenso de Washington aplicada a la cultura, lo que estas declaraciones delatan es el desencanto y frustración de la gran mayoría de nuestros agentes culturales frente a un Estado que apenas si ha considerado a la cultura, ya ni siquiera como última rueda del coche, y cuyo olvido e indiferencia a nuestras diversas expresiones artísticas y culturales es proverbial. Es significativo que la cultura no forme  parte del Acuerdo Nacional y tiene una relevancia mínima en el texto constitucional, más allá de frases hechas y conceptos “políticamente correctos” pero sin mayor ejecutoria ni direccionalidad.  

La creación del Ministerio de Cultura el 2010, reclamada por gran parte de los artistas y gestores culturales, representa un paso importante en cuanto a empoderamiento institucional del sector, pero no se puede obviar que su creación se debió más a la voluntad presidencial, que a un proceso político desde la sociedad civil como ha sucedido en otros países donde también existe. Ahí está el caso colombiano, donde la movilización y debate de los sectores culturales se tradujo en una Ley General de Cultura, cuya promulgación dio origen al Ministerio en 1997. En Perú se puso, en cambio, la carreta delante de los bueyes, creando la institucionalidad burocrática sin haber definido primero los lineamientos básicos de política cultural del Estado. De resultas de lo anterior, que el Ministerio de Cultura devino en la práctica en un Instituto Nacional de Cultura (INC) ampliado y con más personal y obligaciones, pero con la misma partida presupuestal porque para calmar a los críticos, se trató de vender el discurso demagógico que no iba a representar más gasto al erario público.

Los partidos políticos le dan escasa importancia al tema cultural, y cuando hablan de ello, no escapan de los lugares comunes y una visión superficial, casi de adorno, pero no sustantiva ni clara dentro de los planes de gobierno. El partido nacionalista no es una excepción, y ni en su voluminoso y abandonado programa de “La gran transformación” y mucho menos en la más escueta “Hoja de ruta”, hay la menor mención a política cultural desde el Estado. Asimismo en los mensajes presidenciales de fiestas patrias del Presidente Humala, donde debe resumir lo hecho y señalar las líneas centrales por desarrollar en el año siguiente, ha brillado por su ausencia el tema cultural, a no ser por algunas menciones generales, y el siempre polémico tema de la Consulta Previa, cuyo alcance es transversal a diversos sectores. Por ende, quienes asumen el encargo de la cartera,  deben aprender a guiarse más por la intuición y lo ya avanzado aquí o en otras latitudes, antes que explorar nuevas vías de lo mucho por hacer en esta área en el territorio nacional, y la forma como interviene con otros sectores productivos e institucionales del país

Precisando, además, que si la cultura, como dice en el texto “es un bien público y un derecho de los ciudadanos”, no es lo mismo el ámbito y diseño de una Política Cultural amplia, diversa y democrática desde el Estado “buscando generar mejores condiciones para el libre desarrollo de la producción cultural” en los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, y otra, el señalamiento de un plan de acción, con iniciativas y  actividades culturales concretas, impulsadas y desarrolladas por el Estado, sea central, regional o local.  

  

Al respecto, el documento plantea que las políticas culturales deben trabajar sobre dos campos centrales: “buscando intervenir en el estilo de vida de los ciudadanos” y al mismo tiempo “promover la mayor democratización de los objetos y las prácticas culturales existentes”.  Estos elementos, siendo importantes, resultan insuficientes, ya que se deja de lado la dimensión histórica de la cultura y como esta forma parte indesligable de lo que entendemos como nación, partiendo del concepto de “comunidad imaginada”, es decir construcción social y cultural, de Benedict Anderson. En esta medida, las políticas culturales, en tanto políticas públicas, son acciones centrales en la configuración de la nación, no como un todo homogéneo sino más bien en su pluralidad y heterogeneidad. Por ejemplo, en el documento sobre Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia, se menciona que “las políticas culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad” Esto resulta muy relevante ante el incesante proceso de la globalización y la conformación de culturas globales que interactúan con culturas nacionales y regionales, frente a las cuales la Política Cultural debe asegurar que la necesaria integración cultural al mundo, no termine ahogando o subsumiendo lo nacional y local. 

¿Cuál es el ámbito de la cultura en el país?  De la lectura del documento pareciera entenderse que se limita a lo que se encuentra administrativamente adscrito o incorporado al Ministerio y no es así. Hay sectores conexos que en algunos casos debería poder discutirse su pertinencia al sector, como es el caso de los artesanos, hasta el momento en el dominio del MINCETUR, a no ser lo que tienen que ver con la tradición que forma parte del Patrimonio Inmaterial. Pero se deja de lado que la artesanía es parte relevante de las Industrias Culturales, no solo para el mercado externo sino el interno. En cuanto al turismo, ciertamente que también es otra Industria Cultural (como la propia Gastronomía) pero dado el desarrollo, peso y poder que dispone, creo que sería riesgoso por el momento –desde mi punto de vista- una fusión o integración de sectores,  ya que me temo terminaríamos subsumidos por la dinámica mercantil de ese sector. No obstante ello, es importante articular una política común entre cultura y turismo, que priorice a la primera, por ejemplo a nivel patrimonial, ya que de otra manera, la segunda podría quedarse en poco tiempo sin sus principales atractivos. Otro espacio clave en referencia al sector, es todo lo que se refiere a Derechos de Autor y Propiedad intelectual, que actualmente depende de INDECOPI, que está íntimamente relacionado con el trabajo de los artistas y gestores, y que cobra una relevancia  de primer orden con los desafíos de la nuevas tecnologías y las regulaciones legales al respecto, incluyendo los convenios y tratados internacionales como las negociaciones del Transpacífico (TPP) en la que viene participando el Perú.

CULTURA SIN PRESUPUESTO    

Por todo lo anterior, lo primero que habría que preguntarse en referencia a estos Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 es cuál es su correspondencia con  la política general del Estado, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, ya que de otra manera mucho de lo que se dice en el documento corre el riesgo de quedarse en deseos muy bien intencionados pero sin concreción práctica.  

Empecemos por el tema presupuestal: el sector cultura debe contar con financiamiento adecuado y una partida presupuestal que permita atender las demandas, más allá de las exigencias tradicionales del INC,  enfrentando las nuevas tareas y retos que se impone como Ministerio. La UNESCO plantea destinar el 1% del Presupuesto General de la República a Cultura, pero mientras se busca llegar a ese ideal, se debe disponer de recursos públicos más significativos que los actuales, si se quiere realmente empezar una gran transformación de la sociedad y sus valores. Esto no puede depender de la buena voluntad de quien ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas, sino de una política gubernamental en su conjunto, que sea permanente y consistente. Urge sensibilizar a los funcionarios del MEF sobre el rol de la cultura, al tiempo de visibilizar  a la sociedad que no se trata de un gasto sino una inversión, que genera un importante movimiento económico y social,  con impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales.  

Es muy importante que parte de la inversión en cultura se destine a la infraestructura cultural en el país, tan escasa como poco desarrollada. Inversión que debe ser también manejada de forma transparente y pensando más en la funcionalidad y accesibilidad de los espacios al público antes que en arquitecturas barrocas y dilapidadoras de recursos, promovidas más a la honra de autoridades que para un uso cultural y ciudadano adecuado. En ese sentido, el modelo de las Casa de Cultura o Centro Cultural, que reúna de manera conjunta a biblioteca, auditorios, salas de cine, de conferencias, galerías y museos, y anfiteatro; podría ser el ideal a promover a nivel nacional como espacio de encuentro e irradiación cultural diversa, si el área física y la disponibilidad económica lo permiten.  

El MEF y la tecnocracia a cargo de los temas macroeconómicos y fiscales, tiene que ser consciente, además, que no puede seguir oponiéndose a los estímulos tributarios, exoneraciones, subsidios específicos y/o otros instrumentos impositivos y parafiscales regulados, porque de otra manera no se va a poder promover de manera efectiva un sector tradicionalmente relegado del reparto económico como el cultural. Esos instrumentos sirvieron para impulsar a sectores como el turismo, la educación, o la agroexportación en el país, y han tenido grandes resultados en países como Argentina, Colombia y Brasil para promover diversos campos de la cultura.

Otra fuente importante de financiamiento es el fomento de la inversión privada en cultura a través de mecanismos como el mecenazgo, que no debe buscar suplantar ni encubrir la obligación del Estado en este rubro, auspiciando el involucramiento del sector privado con el campo cultural. La inversión privada puede apoyar trabajos de rescate y puesta en valor del patrimonio, el patrocinio y reconocimiento de la creación artística, la producción y circulación de bienes y servicios culturales y las buenas practicas ciudadanas, entre otros asuntos, tomando como base las experiencias exitosas de Estados Unidos, México, Brasil y Chile al respecto, con un acceso abierto e inclusivo a los interesados (evitando circunscribirse a los proyectos “sin fines de lucro” o “solo comerciales”, porque eso termina limitando el estímulo a lo puramente benéfico y simbólico de una parte, o al cálculo de la rentabilidad y marketing de otra).

En cuanto a lo legislativo, más que una agenda de propuestas para los diversos sectores y áreas de la cultura, muchas veces desconectada e inconexa entre sí, lo que urge es dotarnos de un marco general sobre la cultura en su conjunto, algo así como la citada Ley General de Cultura de Colombia, donde se definen los conceptos básicos y rol del Estado en este campo, así como los diversos elementos que la constituyen y participan de ella, en concordancia con los acuerdos y convenios internacionales suscritos sobre cultura por el Perú. Esta norma, que como decíamos, debió anteceder a la creación del propio Ministerio, serviría también de paraguas y delimitación del ámbito legal, político, económico, social y cultural para los diversos sectores involucrados en la institución como el patrimonial, las industrias culturales o las practicas interculturales, para las cuales les correspondería, en cada caso, sus normas específicas, como desarrollo y precisión de la legislación central.

La legislación sobre cultura debe tender a la institucionalidad del sector, muchas veces dominado por la informalidad, el “amiguismo” y las influencias sociales, inevitable en un mundo tan pequeño y endogámico, donde todos se conocen de alguna manera entre sí. Por eso es tan importante que todos los procesos sean abiertos y transparentes, en igualdad de condiciones para todos, y donde las ayudas se canalicen a quienes lo necesitan o lo ameritan, porque si queremos fomentar en la sociedad una cultura de buenas prácticas culturales, debemos empezar por aplicarlas en casa.

Todas estas acciones, si bien deben ser promovidas y encabezadas por el Ministerio de Cultura, su alcance involucra a todo el Estado y la sociedad en su conjunto, y por eso es tan importante que las definiciones y acciones sean asumidas por el conjunto, para que los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 no se queden solo en el papel. En siguientes post me referiré a la perspectiva intercultural, la defensa del patrimonio, el estímulo a las industrias culturales y las artes, y el rol de los medios de comunicación en la promoción cultural, señalados en el documento.