La (des) gracia de una pensión

Por Christian Wiener Fresco

Los pedidos públicos de dos conocidas figuras artísticas, Pedro Suárez Vertiz y Eva Ayllon, para que les concedan Pensiones de Gracia, volvieron a poner en la discusión pública la pertinencia o no de concederla.

La Pensión de Gracia, según lo establecido por la Ley 27747, aprobada en el gobierno de Toledo; es un beneficio del Estado para cualquier persona que haya realizado una labor que se considere de “trascendencia nacional en beneficio del país”.

Actualmente, los trámites y requerimientos para que una persona pueda acceder a ella son de lo más engorrosos y dilatados.  Se inicia con la presentación de una solicitud al Ministerio de su sector, adjuntando el currículo documentado de su labor y merecimientos. Se verifica que el solicitante no tenga ningún ingreso del Estado (pensionista u otro concepto) y que acredite una situación económica “de necesidad”. Luego se evalúa la trayectoria,  y si esta puede calificarse de “trascendencia nacional”. En paralelo, debe certificarse la existencia de la partida presupuestal necesaria por parte del MEF para solventar el pago de manera permanente.

En caso sea positiva la opinión del sector, el expediente se envía a la Presidencia del Consejo de Ministros para una nueva evaluación por la Comisión Calificadora de Merecimiento de Pensiones de Gracia, conformada por representantes de la PCM, y los ministerios de Economía, Justicia y Relaciones Exteriores.  Ellos determinan la pertinencia de la solicitud como el monto a ser entregado en cada caso, para finalmente elevar un proyecto de Resolución Legislativa que deberá ser aprobado por el pleno del Congreso de la República.

Sin duda, todo un ejemplo en la campaña del “Trámite de más” que estuvo promoviendo la  Presidencia del Consejo de Ministros hace unos meses.

Sin embargo, el problema de fondo es un Estado indolente que obliga a recurrir a este pedido luego de muchos años de trabajo precario, y sometiéndose al vía crucis burocrático y el clientelismo político y mediático, con el añadido del escarnio público, en no pocas oportunidades. No es casualidad que sean más frecuentes estas solicitudes en cultura y deportes, porque desde siempre fueron relegados como prácticas de distracción o “hobbies”, careciendo de políticas laborales y de seguridad social.  

Prueba de ello son los casos de destacados artistas y deportistas en situaciones de indigencia, sin atención médica, o teniendo que mendigar un lugar donde vivir. Y la explicación más socorrida es aquella de la vida bohemia y el despilfarro en los tiempos de bonanza, lo cual no deja de ser cierto, pero omite la responsabilidad de los empresarios y dirigentes que vivieron de su trabajo, así como de quienes desde el poder no se preocuparon por cautelar sus mínimos derechos.

Por esta razón, a fines del 2011 la entonces Ministra de Cultura, Susana Baca, propuso modificar la Ley N° 28131, del artista intérprete y ejecutante, que fue promulgada, tras varias observaciones y recortes por el MEF, en diciembre del 2003. El propósito fundamental era profesionalizar al artista, acabando con la precarización e informalidad del sector, para que puedan ser incluidos en planilla y tener seguro social de forma similar a otros trabajadores temporales como los de construcción civil. 

El otro cambio central fue ampliar el ámbito original de la norma de los actores, músicos, bailarines, intérpretes y técnicos escénicos, a todo el campo de la creación artística, incluyendo dentro de ella a escritores, compositores, artistas plásticos; entre otros.    

Estas reformas, por supuesto, tienen resistencia entre muchos empresarios acostumbrados a hacer y deshacer, desde los pequeños hasta los más poderosos como los televisivos, pero resultan indispensables para que los artistas ya no sean vistos ni tratados de forma abusiva e informal.

Toca ver si el Ministerio de Cultura insiste en la propuesta legal a favor de los artistas, y si en el camino hasta su envío al Congreso de la República y su eventual promulgación, se mantiene el sentido original y las demandas largamente acariciadas por los gremios del sector. De ser así, se habría dado un importante paso para empezar a cambiar un sistema excluyente y perverso con los artistas peruanos, revalorando la actividad y a quienes la hacen posible.

Eso no quiere decir que se elimine la Pensión de Gracia, pero por lo menos se reducirá su exigencia y necesidad, para que pueda aplicarse a quienes realmente lo merecen y necesitan, más allá del padrinazgo político, las buenas relaciones con el poder o el apoyo mediático que disponga.