por Christian Wiener Fresco
Hace
unas semanas se aprobó en la Asamblea Nacional del Ecuador la Ley Orgánica de Comunicaciones, que inmediatamente recibió una andanada de críticas de la
prensa tradicional de ese país y de los grandes medios internacionales. La
reacción no era novedad, pues similares ataques recibieron hace unos años la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, así como propuestas
que en el mismo sentido y propósito se vienen discutiendo en Uruguay,
Bolivia y Brasil.
La
dación de estas leyes en la región, más allá de los deseos de los mandatarios de
turno, responden a un reclamo de vastos sectores ciudadanos por transformar y
ampliar un sistema que debiera ser de servicio público y proyección cultural,
pero que ha devenido, en la mayoría de los casos, en un usufructo puramente
comercial, cuasi oligopólico, y no pocas veces corrupto.
En
nuestro país, los medios agitan cada cierto tiempo el cuco de la expropiación
velasquista de los años 70 para defender la ‘libertad de prensa’ (que en
realidad es de empresa), pero no suelen tener la misma memoria respecto a la
compra corrupta de los medios en los 90 por parte de Fujimori y Montesinos.
Lamentablemente los gobiernos de Paniagua y especialmente Toledo, no tuvieron
las agallas para hacer un parteaguas del tema, poniendo en subasta las
licencias de los medios de comunicación que se habían pervertido en su uso,
prefiriendo negociar con sus herederos y testaferros, y arreglando cambios de
propiedad y manejo de deudas de forma obscura para favorecer la concentración
de poderes mediáticos. Peor aún, el Congreso de esos años sancionó una Ley de Radiodifusión mediatizada, que convirtió al organismo supervisor en meramente
consultivo (CONCORTV), y dejó en manos
de los dueños de los medios la “autorregulación ética”. Y es que como decía un
periodista brasileño, creer que los políticos van a regular los medios es como
pedirles a los drogadictos que dicten normas para el control del narcotráfico.
Ninguno lo hará porque son adictos, y lo peor, es que no son conscientes de
ello.
Volviendo
al caso ecuatoriano, la norma aprobada se ha debatido durante tres años, y está
muy lejos de propiciar la confiscación de los medios existentes o la censura de
contenidos (que está expresamente prohibida), propiciando la democratización y
mejora de las comunicaciones con aportes de académicos, productores, periodistas,
y entidades de la sociedad civil agrupados en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación.
La
nueva Ley promueve la participación plural en la propiedad de los medios, que
se refleja en la distribución de frecuencias de radio y televisión, que se
divide en tres tercios para medios de comunicación comunitarios, de alcance
local y regional; medios de comunicación públicos, y medios de comunicación privados.
Adicionalmente, se prohíbe la propiedad cruzada, es decir que una misma empresa
controle frecuencias de radio, televisión y prensa escrita, y se pone límites
para evitar la concentración de señales por una misma empresa.
De
otro lado, se establece que la publicidad que se difunda en territorio
ecuatoriano a través de medios de comunicación que usen frecuencias nacionales,
deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, buscando
con ello promover la producción local en este rubro. En cuanto a la producción
audiovisual, los medios destinarán de manera progresiva al menos el 40% de su programación total
diaria a contenidos de producción nacional en el horario apto para todo
público. Así mismo, la programación deberá incluir al menos el 10% de
producción nacional independiente (ficción o documental), certificada por el
órgano de fomento del cine y el audiovisual nacional, para estimular el cofinanciamiento
de los canales de TV.
Hay
otros aspectos en la Ley que pueden ser más discutibles, en especial en cuanto
al manejo periodístico y el llamado “linchamiento mediático” a una persona o
institución, que muchos medios que lo ejercen cotidianamente ahora tratan de
fingir que no conocen. Pero estamos
bastante lejos de la “ley mordaza” que nos quieren vender los medios peruanos,
seguramente para curarse en salud.
Sin
embargo, pierdan cuidado, mientras el actual gobierno siga siendo más amigo de
la CONFIEP y los poderes facticos, frente a la mayoría que lo llevó a la
presidencia, una ley como la aprobada en Ecuador o Argentina no se hará
realidad, ni se tocará el oligopolio mediático o propiciará una mejor
televisión, democratizándose el medio en la perspectiva digital, por más que en
el olvidado programa de la Gran Transformación se proponía la “elaboración de una ley de comunicaciones
audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre
distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es
incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad
civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y
recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”.
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