El Cine es también Cultura

por Christian Wiener Fresco

Hace algunas semanas el Ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, anunció la disposición de su despacho para que en este gobierno se pueda contar, por fin, con una nueva ley de cinematografía. La noticia fue una grata sorpresa ya que los antecedentes de ortodoxia neoliberal del Presidente y buena parte de su equipo no parecía muy prometedor en ese sentido. Claro que ya sabemos también por experiencias previas que en política del dicho al hecho siempre hay mucho trecho, pero ya es importante y significativo que exista la convicción y voluntad política expresa del Ministro, y buena parte del gabinete, por hacerlo esta vez realidad.

Un buen paso a este fin es que los funcionarios del Ministerio hayan vuelto a convocar a los gremios de cine para retomar el proyecto que se estuvo discutiendo entre el 2011 y 2012, consensuado incluso con las empresas de distribuidores y exhibidores, y que finalmente fue archivado durante la gestión de la ministra Álvarez Calderón ante las previsibles objeciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

 Las observaciones de los tecnócratas del MEF al proyecto de Ley son las conocidas, y que se han repetido en años anteriores: negativa a la creación de un fondo para la actividad cinematográfica (pese a que estaría manejado por el ministerio del sector), y a  la transferencia del actual impuesto municipal a la exhibición comercial de cine para financiarlo. Aducen que ello contravendría  los principios de caja única del Estado y distorsionaría la política tributaria, pero en realidad es una oposición más ideológica que sustentada en hechos, puesto que existen  otros impuestos dirigidos en el país que financian actividades específicas (como al pasaje en avión interno para financiar actividades turísticas) y que no han afectado la caja fiscal, como no sucedería en este caso que apenas representa el 10% del valor del boleto.

Tampoco la medida significaría un aumento de la carga impositiva a la entrada de cine, ya gravada con el IGV, puesto que solo cambiaría de destino el viejo impuesto municipal a los “espectáculos no deportivos”, que  beneficia a los distritos donde hay salas de cine (hoy casi siempre en un Mall) y que en total debe sumar alrededor de 40 millones de soles al año.

Lo que se busca en realidad es que, como en otras legislaciones, sea la propia actividad cinematográfica comercial la que financie al cine nacional, como es el caso de la exitosa normativa colombiana, promulgada hace 13 años luego de un largo y paciente trabajo de acuerdo entre las partes, e insospechable de intervencionismo estatal. Los resultados de este apoyo están a la vista para quien quiera informarse.

¿Y por qué la necesidad de una nueva legislación y diferentes ingresos a la normativa existente en el Perú? Porque la actual Ley, la 26370, dada en los años de Fujimori se ha revelado con el tiempo insuficiente, incompleta y extremadamente precaria, ya que depende del erario público, siempre esquivo e incierto, aunque en los últimos años, luego de la aprobación el 2012 de la modificatoria 29919, se ha venido cumpliendo con asignar el respectivo presupuesto ascendente a 2008 UIT, luego de más de veinte años de incumplimiento.  

El otro punto que encendió las alarmas de la fanaticada neoliberal en medios fue plantear la aplicación, no obligatoria, de la cuota de pantalla, amparado en la cláusula de excepción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que permite a los peruanos poder fijar hasta un máximo de 20% del total de las funciones de cine al año a la producción nacional. Como se ve, con esta medida preventiva no se infringe ninguna ley sino, otra vez, principios de supuesto libre mercado, ya que en realidad no estamos en este caso ante un mercado libre y perfecto, más bien monopolizado por la oferta hollywoodense, lo que ha provocado la exclusión reiterada del cine peruano no comercial de sus propias pantallas, como muchos cineastas desde hace años lo pueden atestiguar.

Tal vez el temor de fondo que no explicitan los empresarios del sector y sus defensores es que se empodere una autoridad cinematográfica que no signifique intervencionismo pero si supervisión de su actividad y, lo más importante, que defienda los intereses del cine peruano de todos los géneros y procedencia frente a la competencia exterior, y los intentos por excluirla de su llegada al público en condiciones similares al resto de la producción mundial.  

El patito feo

Ahora bien, desde un inicio, cuando se empezó a discutir la necesidad de una nueva legislación para el cine peruano, pareció claro para los representantes de los gremios que no se trataba solo de asegurar más presupuesto para producir películas, que también nos dotemos de una norma integral, ya que el cine o audiovisual en estos tiempos digitales, es una problemática amplia y compleja, que abarca muchos más aspectos que el fondo económico y como repartirlo. Al fin y al cabo esto fue parte de la intensa polémica que rodeo a la fallida “Ley Raffo” en los años 2009 y 2010, y que dividió al gremio.

Sin embargo, por lo que parece, el documento final que el Ministerio de Cultura viene discutiendo con los cineastas ha eliminado o reducido a lo meramente declarativo una serie de aspectos que el proyecto de ley desde un principio contempló como parte fundamental de una visión en conjunto e integral de la cinematografía.

Uno de esos aspectos es el referido a la “Comisión Fílmica”, para estimular y promover la producción extranjera en el país, no exclusivamente de documentales, sino filmes de ficción, series de televisión, etc., aprovechando nuestra rica y diversa geografía y espacios monumentales. Se ha dicho que ello interferiría con la labor de Promperú, pero lo cierto es que en casi diez años que se viene hablando  y postergando el tema, esa dependencia no ha avanzado nada, ni ha propuesto ningún beneficio para atraer a los inversionistas de afuera, por lo que seguimos a la zaga de otros países de la región mucho más dinámicos y propositivos al respecto (Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Panamá, Venezuela, Cuba). Con ello, cabe anotar, se daría además oportunidades y empleo a los técnicos y jóvenes para incorporarse a la producción internacional.

Pero la mayor omisión es lo concerniente a la creación de la Cinemateca Nacional, que hasta ahora el Perú carece, convertida en un archivo como el que actualmente existe, sin mayores atribuciones ni posibilidades para su delicada y esencial labor de rescate, recuperación, mantenimiento, catalogación, preservación y eventualmente restauración y difusión de las obras audiovisuales nacionales y extranjeras. Todo lo cual requiere de infraestructura adecuada, personal técnico calificado y un presupuesto nada desdeñable. Justamente el año pasado me toco hacer unestudio para el Ministerio de Cultura sobre este tema, analizando las diversasexperiencias de otros países, y la importancia y necesidad de la misma comotarea central del Estado en la defensa y conservación de nuestro amplio patrimoniocultural (lo que no excluye a instituciones privadas, sin que ello signifique renunciar a la obligación del Ministerio de Cultura al respecto).

La trayectoria previa de la Biblioteca Nacional en este campo se ha revelado insuficiente e insatisfactoria, pese a los equipos técnicos que dispone, por lo que se necesita un organismo aparte y especializado, como sucede en el caso del Archivo General de la Nación, para no hablar del ejemplo de otros países.  

Otro asunto preocupante resulta dejar de lado la labor de creación de público de todas las edades y condiciones, indispensable si queremos tener espectadores formados y críticos que puedan apreciar el cine peruano y de otras latitudes de calidad. Es una gran y compleja tarea que abarca la escuela como fuera de ella, con programas de exhibición abierta, foros, talleres, etc.; y donde los colectivos culturales desde la sociedad civil, léase puntos de cultura entre otros,  deben ocupan un rol central (allí podría tener un importante presencia el canal del Estado). No basta con decir que en coordinación con el Ministerio de Educación se propiciará la enseñanza del lenguaje audiovisual y su apreciación crítica  en la educación básica, porque se corre el riesgo de quedar en mero enunciado sin concreción práctica, como ya sucedía en la actual Ley de Cinematografía.

Tal vez estos temas no preocupen demasiado a los gremios de cineastas, comprensiblemente más interesados en disponer de mayores fondos para hacer sus producciones que en otros aspectos de la actividad no tan rentables, pero ¿y el Ministerio de Cultura? ¿No debiera ser su mayor preocupación el promover la preservación del patrimonio y la formación cultural? Es curioso que a este nivel, de alguna manera se repita también el relegamiento de lo cultural, de forma similar a la que actúa el MEF al respecto.

Esperamos que los gremios y el Ministerio recapaciten sobre estos puntos y no lo dejen de lado del trabajo que vienen realizando por mejorar el proyecto y hacerlo lo más viable posible en lo económico, porque es muy importante que se entienda que es necesario avanzar en un proyecto de cine conjunto, que atienda toda la problemática del sector para sacarlo adelante en todos los aspectos (lo que incluye también la descentralización), no olvidando que el cine es arte, negocio, industria, comunicación, identidad, memoria y también cultura.