Con mi ortodoxia no te metas

por Christian Wiener Fresco

Era más que previsible que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se opusieran a la cesión de parte del impuesto municipal para la constitución de un fondo de la cinematografía peruana. como se preveía inicialmente en el proyecto de nueva ley de cine elaborado por el Ministerio de Cultura y los gremios. Cualquiera que ha seguido el largo periplo de los cineastas por una nueva ley en los últimos 16 años, sabe que uno de los más grandes escollos para el cambio de la situación delcine peruano provino siempre del MEF, reacios a dar los recursos necesarios para las actividades culturales, y negándose a toda iniciativa que signifique una mínima autonomía económica.

Pero cuando los funcionarios del Ministerio de Cultura presentaron su proyecto inicial legislativo en mayo pasado, parecían muy seguros que esta vez el gobierno le darían por fin luz verde a la propuesta de quedarse con el 50% del actual impuesto municipal para el fondo, y lo restante iría en beneficio de las empresas exhibidoras, con una disminución de su carga impositiva. Todo al parecer fue más deseo que realidad, porque en Economía volvieron a decir no a esta vía, proponiendo en su reemplazo un incremento presupuestal de los 2008 que se entrega con la ley 26370 a 6000 UIT, sin fondo y nada de autonomía.   

La idea de obtener recursos para la cinematografía nacional de parte del tributo a las entradas de las salas de cine  se aplica en diferentes partes del mundo, tomando como base el precepto de “el cine financia al cine”; es decir que sea la propia actividad –dominada por el oligopolio hollywoodense- la que contribuya a sostener la producción local y otros aspectos relacionados con el mundo audiovisual.  Este modelo fue adoptado en Argentina durante el gobierno de Menem, que añadió también un aporte del servicio de cable y la publicidad televisiva, todo lo cual generó un fondo realmente significativo que ha estado en la base del gran impulso y éxitos que el cine de ese país vivió en los últimos veinte años.  Otro caso significativo es el de Colombia, que durante el gobierno de Uribe sancionó la actual ley de cine, también muy exitosa y reconocida, cuyos recursos principales provienen de un viejo tributo a las salas –de la época de la guerra con Perú, a inicios de la década del treinta- destinado ahora para el fondo que apoya múltiples actividades relacionadas con el cine, además de la producción. También en Brasil y Venezuela una parte del tributo a las entradas de cine y otros servicios audiovisuales se destinan a fomentar su cinematografía, y de manera similar se viene discutiendo en Ecuador. 

El cine peruano tampoco ha sido ajeno a este tributo. En 1962, en el segundo gobierno de Prado se promulgó la Ley 13936 que liberaba de todo impuesto a las salas cinematográficas que exhibieran películas peruanas de largometraje, concediendo esos ingresos a las empresas productoras nacionales. Una versión mejorada fue la propuesta por el decreto ley 19327 del gobierno militar de Velasco que extendía parte de esa exoneración tributaria a la exhibición de cortometrajes, beneficiando con un tanto por ciento de ese tributo a quienes realizaron estas obras que durante veinte años sustentó gran parte de la producción nacional. Fue recién con la derogatoria de esta última ley con Fujimori y la dación posterior de la 26370, que nos rige hasta hoy en día, que el impuesto municipal salió del radar, aunque no del interés, del sector.

Hay que recordar que durante muchos años el impuesto municipal fue el único tributo al que estaba sujeto el negocio cinematográfico. Eso explicaba que las autoridades ediles cumplieran una serie de acciones de control como la aplicación de la restricción para menores determinadas por los organismos de supervigilancia, la limpieza y cuidado de las salas, y hasta la calidad de las proyecciones, teniendo para tal efecto un grupo de butacas reservadas para los empleados municipales en cada sala.  Pero la crisis de las salas tradicionales de exhibición, y la transformación del negocio en las multisalas ubicadas en centros comerciales comenzó a hacer irrelevante y hasta obsoleta la presencia municipal, al desaparecer la calificación de las películas, y la posibilidad de sanción a una sala por cualquier afectación al espectador corresponder a INDECOPI. En palabras de abogado: “la generación de externalidades negativas que afectaban a las municipalidades y que sustentaban la existencia de un impuesto de esta naturaleza no se da en la actualidad”. En los 90 las salas fueron gravadas con el IGV –con lo que contaban con dos tributos- y el del municipio se redujo al 10%, que a pesar de varios intentos por reducirlo, reconvertirlo o  eliminarlo, sigue allí para beneficio de un puñado de distritos (algo así como el 2.5% de todas las municipalidades del país) donde hay salas de cine.

Este tributo, que se denomina impuesto a los espectáculos públicos no deportivos y que supuestamente se dirige a todo evento público en un lugar cerrado hoy solo se sigue aplicando para el caso de los cines (que ya cumplen con otros pagos de ley a los municipios como cualquier negocio), las carreras de caballos y los espectáculos taurinos, ya que han sido exonerados del mismo los espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y circo; así como los conciertos de música en general, incluidos los de grandes bandas y estrellas internacionales. 

¿Estas exoneraciones han puesto en crisis a las arcas municipales? Por supuesto que no, así como tampoco lo haría que el impuesto municipal –que al fin y al cabo es muy pequeño y repartido- se dedique a otros fines. En todo caso, si el MEF quisiera realmente impulsar el cine peruano sin afectar a las municipalidades, pudo haber transferido el monto que piensa dar de manera directa para el cine al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), la misma que podría destinarse en mayor cantidad a los distritos con menos recursos y posibilidades que aquellos que disponen de salas de cine que le rinden dinero fácil. 

Todo lo cual confirma que la oposición de los funcionarios del MEF a permitir la creación del fondo con parte del impuesto municipal no tiene ninguna motivación técnica o de preocupación por las municipalidades, sino estrictamente ideológica. No es cierto, como quieren decir sus representantes legales, que va contra la ley eso de crear fondos y destinar parte de los tributos a otros fines. Es lo que se llama ingreso parafiscal, que está perfectamente legitimado por el  artículo 74 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2004 que establece que “el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.” Fondos con tributos parafiscales hay varios vigentes en la actualidad, como el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional que se financia con un tributo en los pasajes de avión para vuelos nacionales,  el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) con un porcentaje del monto anual de facturación de los servicios portadores de comunicación, o el Fondo de Compensación Social Eléctrica, también con un recargo en la facturación por este servicio, entre otros ejemplos. Y recordemos asimismo la Ley Nº 27153, que recaba recursos directos de los juegos de casino y tragamonedas para financiar actividades del Instituto Peruano del Deporte (algo similar a lo que sucede en la patria del liberalismo, el Reino Unido, donde la cultura se gestiona con fondos de la loteria nacional)

La verdadera razón entonces porque se han opuesto y oponen a esta posibilidad los funcionarios del MEF es por puro dogmatismo neoliberal,  para que no se establezca precedente, y cunda el posible ejemplo en otros sectores. Hace unos años, cuando se discutía el anterior proyecto de cine, una alta funcionaria de ese portafolio admitió que su oposición a esta medida era más de principios que legal o siquiera técnica, por su negativa a lo que llamaba impuestos dirigidos. Y reconoció que si una autoridad superior a ellos establecía su aplicación, solo les quedaba acatarla como ha sido con otras medidas. El problema es que esa autoridad con pantalones y visión de cultura no la hemos tenido ni la tenemos en el poder, y esa es la causa porque estamos como estamos. Por eso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sin una voluntad política al más alto nivel, la cultura seguirá siendo la última rueda del coche.

En buena cuenta, y por defender su ortodoxia de libre mercado y no intervención estatal, los aprendices de “Chicago Boys” han terminado proponiendo triplicar el presupuesto del sector con dinero de las arcas fiscales, lo que en principio puede sonar atractivo pero ya sabemos que es enormemente frágil y va a depender de su buena voluntad y la disponibilidad de dineros cada año, porque la propia experiencia de la actual ley lo ha demostrado, se puede incumplir esta asignación y no pasa nada. Lo más paradójico es la furibunda reacción de sus mismos colegas ideológicos en los medios, recordando las siempre incumplidas urgencias presupuestarias en el país, y la falta de dinero para apoyar a otras actividades, incluso culturales, y de las que ahora recién se acuerdan. Todo sea por la ortodoxia.   

El Cine es también Cultura

por Christian Wiener Fresco

Hace algunas semanas el Ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, anunció la disposición de su despacho para que en este gobierno se pueda contar, por fin, con una nueva ley de cinematografía. La noticia fue una grata sorpresa ya que los antecedentes de ortodoxia neoliberal del Presidente y buena parte de su equipo no parecía muy prometedor en ese sentido. Claro que ya sabemos también por experiencias previas que en política del dicho al hecho siempre hay mucho trecho, pero ya es importante y significativo que exista la convicción y voluntad política expresa del Ministro, y buena parte del gabinete, por hacerlo esta vez realidad.

Un buen paso a este fin es que los funcionarios del Ministerio hayan vuelto a convocar a los gremios de cine para retomar el proyecto que se estuvo discutiendo entre el 2011 y 2012, consensuado incluso con las empresas de distribuidores y exhibidores, y que finalmente fue archivado durante la gestión de la ministra Álvarez Calderón ante las previsibles objeciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

 Las observaciones de los tecnócratas del MEF al proyecto de Ley son las conocidas, y que se han repetido en años anteriores: negativa a la creación de un fondo para la actividad cinematográfica (pese a que estaría manejado por el ministerio del sector), y a  la transferencia del actual impuesto municipal a la exhibición comercial de cine para financiarlo. Aducen que ello contravendría  los principios de caja única del Estado y distorsionaría la política tributaria, pero en realidad es una oposición más ideológica que sustentada en hechos, puesto que existen  otros impuestos dirigidos en el país que financian actividades específicas (como al pasaje en avión interno para financiar actividades turísticas) y que no han afectado la caja fiscal, como no sucedería en este caso que apenas representa el 10% del valor del boleto.

Tampoco la medida significaría un aumento de la carga impositiva a la entrada de cine, ya gravada con el IGV, puesto que solo cambiaría de destino el viejo impuesto municipal a los “espectáculos no deportivos”, que  beneficia a los distritos donde hay salas de cine (hoy casi siempre en un Mall) y que en total debe sumar alrededor de 40 millones de soles al año.

Lo que se busca en realidad es que, como en otras legislaciones, sea la propia actividad cinematográfica comercial la que financie al cine nacional, como es el caso de la exitosa normativa colombiana, promulgada hace 13 años luego de un largo y paciente trabajo de acuerdo entre las partes, e insospechable de intervencionismo estatal. Los resultados de este apoyo están a la vista para quien quiera informarse.

¿Y por qué la necesidad de una nueva legislación y diferentes ingresos a la normativa existente en el Perú? Porque la actual Ley, la 26370, dada en los años de Fujimori se ha revelado con el tiempo insuficiente, incompleta y extremadamente precaria, ya que depende del erario público, siempre esquivo e incierto, aunque en los últimos años, luego de la aprobación el 2012 de la modificatoria 29919, se ha venido cumpliendo con asignar el respectivo presupuesto ascendente a 2008 UIT, luego de más de veinte años de incumplimiento.  

El otro punto que encendió las alarmas de la fanaticada neoliberal en medios fue plantear la aplicación, no obligatoria, de la cuota de pantalla, amparado en la cláusula de excepción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que permite a los peruanos poder fijar hasta un máximo de 20% del total de las funciones de cine al año a la producción nacional. Como se ve, con esta medida preventiva no se infringe ninguna ley sino, otra vez, principios de supuesto libre mercado, ya que en realidad no estamos en este caso ante un mercado libre y perfecto, más bien monopolizado por la oferta hollywoodense, lo que ha provocado la exclusión reiterada del cine peruano no comercial de sus propias pantallas, como muchos cineastas desde hace años lo pueden atestiguar.

Tal vez el temor de fondo que no explicitan los empresarios del sector y sus defensores es que se empodere una autoridad cinematográfica que no signifique intervencionismo pero si supervisión de su actividad y, lo más importante, que defienda los intereses del cine peruano de todos los géneros y procedencia frente a la competencia exterior, y los intentos por excluirla de su llegada al público en condiciones similares al resto de la producción mundial.  

El patito feo

Ahora bien, desde un inicio, cuando se empezó a discutir la necesidad de una nueva legislación para el cine peruano, pareció claro para los representantes de los gremios que no se trataba solo de asegurar más presupuesto para producir películas, que también nos dotemos de una norma integral, ya que el cine o audiovisual en estos tiempos digitales, es una problemática amplia y compleja, que abarca muchos más aspectos que el fondo económico y como repartirlo. Al fin y al cabo esto fue parte de la intensa polémica que rodeo a la fallida “Ley Raffo” en los años 2009 y 2010, y que dividió al gremio.

Sin embargo, por lo que parece, el documento final que el Ministerio de Cultura viene discutiendo con los cineastas ha eliminado o reducido a lo meramente declarativo una serie de aspectos que el proyecto de ley desde un principio contempló como parte fundamental de una visión en conjunto e integral de la cinematografía.

Uno de esos aspectos es el referido a la “Comisión Fílmica”, para estimular y promover la producción extranjera en el país, no exclusivamente de documentales, sino filmes de ficción, series de televisión, etc., aprovechando nuestra rica y diversa geografía y espacios monumentales. Se ha dicho que ello interferiría con la labor de Promperú, pero lo cierto es que en casi diez años que se viene hablando  y postergando el tema, esa dependencia no ha avanzado nada, ni ha propuesto ningún beneficio para atraer a los inversionistas de afuera, por lo que seguimos a la zaga de otros países de la región mucho más dinámicos y propositivos al respecto (Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Panamá, Venezuela, Cuba). Con ello, cabe anotar, se daría además oportunidades y empleo a los técnicos y jóvenes para incorporarse a la producción internacional.

Pero la mayor omisión es lo concerniente a la creación de la Cinemateca Nacional, que hasta ahora el Perú carece, convertida en un archivo como el que actualmente existe, sin mayores atribuciones ni posibilidades para su delicada y esencial labor de rescate, recuperación, mantenimiento, catalogación, preservación y eventualmente restauración y difusión de las obras audiovisuales nacionales y extranjeras. Todo lo cual requiere de infraestructura adecuada, personal técnico calificado y un presupuesto nada desdeñable. Justamente el año pasado me toco hacer unestudio para el Ministerio de Cultura sobre este tema, analizando las diversasexperiencias de otros países, y la importancia y necesidad de la misma comotarea central del Estado en la defensa y conservación de nuestro amplio patrimoniocultural (lo que no excluye a instituciones privadas, sin que ello signifique renunciar a la obligación del Ministerio de Cultura al respecto).

La trayectoria previa de la Biblioteca Nacional en este campo se ha revelado insuficiente e insatisfactoria, pese a los equipos técnicos que dispone, por lo que se necesita un organismo aparte y especializado, como sucede en el caso del Archivo General de la Nación, para no hablar del ejemplo de otros países.  

Otro asunto preocupante resulta dejar de lado la labor de creación de público de todas las edades y condiciones, indispensable si queremos tener espectadores formados y críticos que puedan apreciar el cine peruano y de otras latitudes de calidad. Es una gran y compleja tarea que abarca la escuela como fuera de ella, con programas de exhibición abierta, foros, talleres, etc.; y donde los colectivos culturales desde la sociedad civil, léase puntos de cultura entre otros,  deben ocupan un rol central (allí podría tener un importante presencia el canal del Estado). No basta con decir que en coordinación con el Ministerio de Educación se propiciará la enseñanza del lenguaje audiovisual y su apreciación crítica  en la educación básica, porque se corre el riesgo de quedar en mero enunciado sin concreción práctica, como ya sucedía en la actual Ley de Cinematografía.

Tal vez estos temas no preocupen demasiado a los gremios de cineastas, comprensiblemente más interesados en disponer de mayores fondos para hacer sus producciones que en otros aspectos de la actividad no tan rentables, pero ¿y el Ministerio de Cultura? ¿No debiera ser su mayor preocupación el promover la preservación del patrimonio y la formación cultural? Es curioso que a este nivel, de alguna manera se repita también el relegamiento de lo cultural, de forma similar a la que actúa el MEF al respecto.

Esperamos que los gremios y el Ministerio recapaciten sobre estos puntos y no lo dejen de lado del trabajo que vienen realizando por mejorar el proyecto y hacerlo lo más viable posible en lo económico, porque es muy importante que se entienda que es necesario avanzar en un proyecto de cine conjunto, que atienda toda la problemática del sector para sacarlo adelante en todos los aspectos (lo que incluye también la descentralización), no olvidando que el cine es arte, negocio, industria, comunicación, identidad, memoria y también cultura.