Nuevo ROF y vuelta al INC

Por Christian Wiener F.

El 21 de junio se hizo público un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº05-2013-MC suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Cultura. El ROF es un documento de gestión de la administración pública indispensable, y que da lugar a otros instrumentos como el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Manual de Procedimientos (MAPRO); los mismos que se encuentran pendientes de ser aprobados en el sector cultura.

De todos ellos, el ROF es el más importante porque sirve para fijar la estructura interna, organigrama y unidades operativas de la institución con sus respectivas funciones, relaciones y atribuciones, en correspondencia a su norma de creación y los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo y la Alta Dirección del Ministerio en este caso. La estructura importa en una institución pública o privada no solo por razones administrativas sino que define pesos y prioridades de las instancias y unidades a nivel de toda la institución, lo que va a traducirse en presupuesto, personal y capacidad de decisión, entre otros asuntos centrales.

El anterior ROF del Ministerio de Cultura fue aprobado el 14 de mayo del 2011, por Decreto Supremo Nº 001-2011-MC. Este documento dio de alguna manera forma orgánica al recién creado Ministerio y formado sobre la base del antiguo Instituto Nacional de Cultura (INC), con la fusión por absorción del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), y la adscripción de  la Biblioteca Nacional del Perú, Archivo General de la Nación, Academia Peruana de la Lengua Quechua y el Instituto de Radio y Televisión Peruana (IRTP), que posteriormente fue transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Este primer ROF tuvo las limitaciones entendibles de una institución en formación, que buscaba superar el esquema INC que se había mantenido vigente en el Estado durante 41 años, buscando ponerse a tono con los modelos y características de los Ministerios de Cultura que se han ido creando en la región en los últimos años (ver más al respecto el “El Estado de la cultura”). El INC tuvo desde sus inicios, y se fue asentando más en el tiempo, un fuerte sesgo patrimonialista, dejando en un plano subalterno el fomento a la cultura viva y las artes, dentro de los que se incluían los elencos nacionales como la Orquesta Sinfónica Nacional. Al crearse por Ley Nº 29565 en julio del 2010 el Ministerio de Cultura, la institución se agrupó en dos viceministerios: de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de un lado y de Interculturalidad por el otro. De esta manera se buscaba, cuando menos nominalmente, hacer equivalentes al trabajo por el Patrimonio Cultural con el de las Industrias Culturales, e incorporar como una tarea básica el novedoso concepto de opción intercultural que como dice en los Lineamientos de Política Cultural del Ministerio, “propone generar un trato horizontal entre las distintas culturas sobre la base del diálogo, en el marco de nuevos circuitos de intercambio cultural”.      

Para este fin se crearon en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales tres direcciones generales: Patrimonio Cultural, Fiscalización y Control y de Industrias Culturales y Artes, cada una con sus respectivas direcciones de línea, que en el caso de la última la conformaban la Dirección de Industrias Culturales, Dirección de Artes y Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales. Y el Viceministerio de Interculturalidad se conformó a su vez de dos direcciones generales: de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos y de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales, con sus respectivas direcciones. Aparte de lo señalado, el Ministerio, como todos los otros, se compone de un cuerpo de asesores, y una frondosa estructura administrativa cuya máxima autoridad es el Secretario General.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN

A poco de empezar a andar el Ministerio se comenzó a evidenciar que la estructura del ROF inicial tenía varios problemas y omisiones, que se iban agravando con la ampliación del ámbito cultural que el Ministerio fue asumiendo con el paso del tiempo, lo que chocaba a veces con superposición de funciones, indefinición de otras, sobrecarga de tareas y, casi siempre, escasez de presupuesto. Por esta razón, desde principios del 2012 se fue elaborando y discutiendo una propuesta de nuevo ROF para el Ministerio, recogiéndose las sugerencias y opiniones de quienes formaban parte de sus diversas instancias.    

Al respecto, el propio Ministro Luis Peirano adelantó inicialmente la posible creación de un tercer viceministerio, en este caso de Industrias Culturales, para reforzar uno de los tres sectores vertebrales que componen el Ministerio. Se puede revisar, por ejemplo, estas tres entrevistas del 2012 al Ministro donde reitera la importancia de las Industrias Culturales y las Artes en el sector:

La posibilidad de ampliar a tres viceministerios fue pronto descartada porque implicaba cambios en la Ley de creación del Ministerio a ser aprobado por el Congreso de la República, lo que podría resultar bastante largo y engorroso. A cambio de ello se propuso la división de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA) en dos direcciones generales, una de Industrias Culturales y otra de Arte, con sus respectivas unidades de línea, que serían, en la primera: de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, de la Industria Fonográfica, y de la Industria Editorial; y en la otra, de Fomento a las Artes, de Acceso a la Cultura y de Elencos Nacionales, respectivamente. Asimismo en el mismo viceministerio se preveía la creación de una Dirección General de Museos, tomando como base la Dirección de Museos y Bienes Muebles que existía dentro de Patrimonio General.

Finalmente, el día del solsticio de invierno apareció el nuevo ROF y, ¡oh sorpresa!, el lado patrimonial creció de dos a cuatro direcciones generales: Patrimonio Cultural, Patrimonio Arqueológico Inmueble, Museos y Defensa del Patrimonio Cultural, mientras permanece como una sola la DGIA, esta vez con cuatro direcciones a su cargo: del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, del Libro y la Lectura, de Arte y de Elencos Nacionales. A su vez, en el Viceministerio de Interculturalidad se mantienen las dos direcciones generales, aunque con otros nombres: Derechos de los Pueblos Indígenas y de Ciudadanía Intercultural.

Hay otros aspectos que contiene el nuevo ROF, algunos positivos como la constitución de las Direcciones Desconcentradas de Cultura en reemplazo de las Direcciones Regionales de Cultura que sustituyeron a su vez a las filiales departamentales del INC, y que deben contener cada una subdirecciones desconcentradas de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio; Industrias Culturales y Artes, e Interculturalidad. El asunto es saber si se va a traducir también en más presupuesto y autonomía para las direcciones regionales, pues en varias de ellas el personal que se cuenta en este momento, y las condiciones en que se trabaja, son bastante precarios, por decir lo menos. Otro aspecto relevante y discutible es la disolución de la Comisión Consultiva de Pueblos Andinos,  Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA y la Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía; quedando ahora como único órgano consultivo reconocido por el Ministerio a la Comisión Consultiva  Nacional de Cultura.

¿HAY INTERES EN PROMOVER LAS INDUSTRIAS CULTURALES?

Para quienes no conocen cómo funcionan las cosas en la administración pública y específicamente un ministerio, todos estos cambios pueden parecer puramente burocráticos y que afectan exclusivamente a quienes trabajan en él. No obstante, y  como he mencionado anteriormente, ello tiene consecuencias en cuanto a cuotas de poder, ámbito de funciones, representación y recursos al interior de la institución. Por de pronto, las Industrias Culturales y Artes han pasado de significar el 20 al 14% dentro de las direcciones generales del Ministerio, y de ser un tercio a un quinto dentro del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; lo que tendrá repercusiones en el reparto presupuestal, que siempre favoreció el ámbito patrimonial, y cuya diferencia seguramente se agudizará en los próximos años.

Pero el asunto no se limita a la nueva estructura, pues cuando uno revisa las funciones que se asignan a la DGIA en este ROF descubre, entre otras cosas, que ya no puede expedir resoluciones, que es un decreto con valor legal en su nivel, como si se precisaba en el anterior ROF, reduciéndose la autoridad y alcance de la Dirección General a emitir “declaratorias de interés cultural, auspicios nominales y cartas de presentación”, como gustan decir los burócratas, “en el ámbito de su competencia”. También se incluye como una nueva atribución, el gestionar la programación artística de los eventos a realizarse en el Gran Teatro Nacional, lo que finalmente va a depender, en gran parte, de quienes tengan a su cargo la administración del mismo.

Más crítico es el caso de la novísima Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (cuyas ilegibles siglas son DAFNM) que en varias funciones reemplaza a la DIC. Y es que si se habla del Audiovisual y la Fonografía esto debe traducirse en cosas concretas sobre las cuales legislar, como el cine, televisión o radio, para empezar, y como sucede, por ejemplo, con las leyes del audiovisual que han sido promulgadas en Argentina, Uruguay, Ecuador o Brasil. Nada de eso se menciona en las 14 funciones señaladas en el nuevo ROF, todas extremadamente vagas y generales, como vago y general es el concepto de “nuevos medios” que se supone se refiere a las plataformas digitales y tecnológicas, pero que dicho de esa manera puede prestarse a diversas interpretaciones y alcances. Tal vez por eso, por ejemplo, no escuchamos ningún pronunciamiento del Ministerio de Cultura frente al reclamo hace algunas semanas de los músicos para que algunas radios cumplan con la Ley de Radiodifusión en cuanto a la cuota de programación nacional que deben tener diariamente. Y es que el Estado debe actuar en el día a día, e involucrarse con los agentes culturales y el respeto a la Ley, no quedarse en sus propias acciones o los homenajes, que por muy sentidos que sean, no solucionan las problemáticas de fondo de su sector.  

Resulta curioso, por demás, que la única mención que se hace en las funciones a la palabra “cinematografía”, tal vez porque no quieren verse involucrados con los bulliciosos cineastas,  es cuando se refiere a la necesidad de preservar el patrimonio audiovisual, pero olvidando que si se trata de una dirección de fonografía, se debería alentar también la recopilación y preservación del patrimonio musical y sonoro, así como de los “nuevos medios”, que dentro de poco ya serán viejos. Y ni que decir respecto la Ley vigente de Cinematografía, la 26370 y su modificatoria de la Ley 29919, cuya mención se omite en todo el texto, así como la responsabilidad de su ejecución, que antes correspondía a la DIC por herencia del fenecido CONACINE.

La otra nueva dirección, la del Libro y la Lectura (que sería algo así como DLYL), parece por una parte querer prolongar las acciones que vino realizando el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (PROMOLIBRO) y que en determinados aspectos ahora resultan superpuestos o en competencia a otras instancias del Estado como el Plan Lector del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Bibliotecas y la Casa de la Literatura. Y eso porque la dirección debió proponerse centralmente al impulso de la Industria Editorial en general, lo que abarca otros tipos de publicaciones e impresos (historietas, afiches, revistas), además de por supuesto el libro tradicional y digital, que como en el caso del cine, tiene también su ley específica, la 28086, de Democratización del Libro y Fomento a la Lectura, que requiere también su puesta al día de cara al mercado librero.

Por otro lado, llama también la atención que la anterior Dirección de Arte y Acceso a la Cultura se haya quedado simplemente como Dirección de Arte,  lo que resulta contradictorio con la idea de proyección a la comunidad y trabajo con las organizaciones de base que se promueve a través del programa Puntos de Cultura, y que debió ameritar una dirección específica para abordarlo y consolidarlo, quedando la otra para estimular, con mayor vigor y alcance, las artes y los artistas a nivel nacional.

Sin embargo lo más preocupante de todo es que pareciera no haber consciencia clara en las autoridades del Ministerio de Cultura respecto al rol y la importancia de las Industrias Culturales, tanto como valor económico como social e identitario, a pesar que en sus propios Lineamientos se declara que “las industrias culturales son un agente clave en la construcción de ciudadanía y, por tanto, requieren el diseño y puesta en práctica de estrategias para que los medios masivos de comunicación difundan contenidos que promuevan valores democráticos y que no discriminen a ninguna de las identidades o grupos culturales existentes en el país.” No se entiende de otra manera porque, a diferencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela, que tienen direcciones, oficinas y dependencias muy activas en el campo de las industrias culturales, aquí buscamos más bien desdibujarlas, reduciendo su aspecto productivo y de intervención con políticas públicas en defensa de la producción nacional en mercados concentrados y oligopólicos, en contravención de lo manifestado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en el 2005 por la UNESCO y ratificada por Perú con la Resolución Legislativa Nº 28835. Por eso era importante que se desdoblara la DGIA, a fin de poder abordar con mayor autoridad, profundidad, personal y por supuesto presupuesto, la acción en el campo de las diferentes industrias culturales, más allá incluso del audiovisual, fonografía, editorial o “nuevos medios”, incorporando el diseño o la producción escénica como propone el Mercado de las Industrias Culturales de Argentina (MICA) u otras expresiones que se cuentan dentro de las llamadas Industrias Creativas según la UNESCO. Y por el lado de las artes, con toda su complejidad y diversidad, tanto clásica como moderna, occidental, oriental o nativa, en sus diferentes expresiones y tendencias, y sin dejar de lado a los artistas y gestores profesionales, como a las organizaciones e individuos que desarrollan el arte desde su comunidad o barrio, como elemento de transformación social.

En suma y a pesar de lo dicho y declarado por el Ministro, el nuevo ROF demuestra que no hay una efectiva intención ni propósito de las máximas autoridades del sector, y del gobierno en su conjunto, por promover las Industrias Culturales y ponerla al mismo nivel que las otras áreas de la institución, lo que parece retrotraernos al esquema del viejo INC patrimonialista, más aún cuando otra área, como la de interculturalidad, se ve atada de manos por la poca convicción  del Ejecutivo por llevar adelante la Consulta Previa, que sigue siendo uno de sus mandatos principales de acuerdo al ROF y en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo lógico sería que si administrativamente se refuerza el área del Patrimonio Cultural, esta debería tener mayor celo en el cuidado del mismo, que se encuentra diseminado a lo largo de todo el país, pero paradójicamente esta norma se da en momentos que el Ministerio de Cultura es seriamente cuestionado por colectivos ciudadanos al avalar la dación del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que “facilita” la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) valiéndose del procedimiento del silencio administrativo, con el objeto de “promover las inversiones” en todo el país.  Es decir, se amplía una función que, sin embargo, en la práctica concreta declina sus competencias sobre lo porvenir y descubrir frente a las necesidades de las grandes empresas y el poder político, limitándose a la conservación de lo existente, mientras el presupuesto alcance y la “Marca Perú” lo pueda celebrar.

Y es que de cultura nadie se muere, como dijo un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas hace un tiempo, y es verdad, pero tampoco se vive, por lo menos en el Perú, como pueden dar testimonio muchísimos artistas, gestores y productores culturales nacionales, que esperaban tener en el Ministerio a quien lo represente, acompañe y defienda al más alto nivel, pero que cada vez lo ven más ancho y ajeno, parafraseando el título de la gran novela de Ciro Alegría.           

En la Diversidad esta el gusto y el disgusto

Por Christian Wiener

 Prosiguiendo con los apuntes sobre los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 presentado recientemente por el Ministerio de Cultura, haremos referencia en esta oportunidad a lo indicado en el texto en varios de sus acápites (o lineamientos de trabajo) que definen algunas líneas matrices del pensamiento y accionar de la institución rectora de la cultura en el país.  

En primer lugar se define la opción intercultural como rectora del accionar del ministerio y el Estado en su conjunto,  porque sus implicancias atraviesan de forma transversal  a toda la sociedad: “la meta hacia una sociedad intercultural implica tanto inclusión social como la construcción de nuevas relaciones que respeten y valoren las diferencias culturales sin soslayar el destino mestizo integrador de nuestra nacionalidad”, se señala en el documento.  El problema, claro está, es como se traduce los conceptos y declaraciones en políticas concretas. Por  ejemplo, en cuanto al proceso de la controvertida Ley de Consulta Previa existe el legítimo derecho a preguntarse hasta qué punto ha sido llevado adelante por el gobierno porque cree efectivamente en ella, y no solo para cumplir el Convenio 169 de la OIT, y evitar las demandas de las comunidades indígenas y nativas que ayudaron al encumbramiento del actual gobierno,  y que no admiten una nueva traición a sus legítimos derechos. La impresión general es que nuestras autoridades arrastran los pies en este tema porque saben que es terreno minado, tanto por los requerimientos económicos y empresariales como por las presiones de las diversas etnias y comunidades, muchas de las cuales ocupan ancestralmente territorios ambicionados por los extractores nacionales y extranjeros.    

Es cierto que aquí la primera responsabilidad le cabe al Ministerio de Energía y Minas, que sigue siendo, como otras carteras, una entidad capturada por el capital, nada imparcial y sólo preocupada en lotizar el territorio nacional al mejor postor, aun contra las promesas electorales del actual presidente. En tal circunstancia, le cabe al Ministerio de Cultura representar y dar voz y presencia a las comunidades originarias en el gobierno, como lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente en la defensa medioambiental o Agricultura en cuanto al uso del agua; pero todo ello se desdibuja cuando se quiere reducir la llamada “conflictividad social” a factores externos (“agitadores antimineros”), invisibilizando a las comunidades y pueblos directamente involucrados, en vez de generar un diálogo intercultural, que no solo respete sino promueva la diversidad cultural en sus diferentes aspectos y alcances.       

Por tanto, la Consulta Previa no debe ser vista  como un obligado referéndum para garantizar inversiones (que ni siquiera es vinculante), en función a la Base de Datos de Pueblos Indígenas que viene elaborando el Viceministerio de Interculturalidad, sino como un principio y derecho intercultural básico de todas las poblaciones del país, para decidir de manera efectiva y no simbólica, sobre su suelo, subsuelo, cultura y opción de desarrollo. Y si las empresas y el Estado consideran prioritaria una concesión, y que no va a afectar ni a la naturaleza ni los modos de producción tradicionales en la zona, pues que se den el trabajo, con sus recursos, para disuadir y convencer a la población directamente involucrada, antes que demonizarla o incluso reprimirla, como en más de una ocasión ha sucedido. La Consulta Previa debería  ser el principio de toda democracia real y de una sociedad que promueve como uno de ejes rectores la interculturalidad, por esa razón, y más allá del  “realpolitik”, debería aplicarse a diferentes ámbitos y espacios del quehacer público, como el legislativo, para que las leyes sean producto del conocimiento y consenso de los directamente implicados y no  resultado de lobbies y presiones políticas y económicas a favor de los intereses más poderosos.   

LA IMAGEN DEL OTRO

En general, preocupa saber cómo se concretan las políticas interculturales enunciadas en el documento y cuáles son sus mecanismos de ejecución pública, porque se podría estar corriendo el riesgo de quedar en una noción abstracta y poco funcional como sucede en cierta medida en Bolivia con el Viceministerio de Descolonización dentro del Ministerio de las Culturas.

Una incidencia fundamental es, por supuesto, el plano educativo, y me refiero con ello no solo lo que se da dentro de la escuela sino fuera de ella, donde la cultura es factor central tanto a nivel de discurso como de relaciones interpersonales y comunitarias. Y un rol esencial le cabe en este tema a los medios de comunicación, que no pueden continuar como territorios donde “todo vale”, sin una incidencia social y cultural relevante. La pervivencia de mensajes racistas, machistas y de exclusión social sigue siendo práctica cotidiana en la publicidad, programas y noticieros consumidos por millones de peruanos por radio, televisión y prensa escrita, más aún en circunstancias críticas como los procesos electorales.  Frente a ello, la reacción de las autoridades gubernamentales ha sido muy tenue, porque la Ley de Radiodifusión deja en manos de los dueños de los medios la “autorregulación”, que es cada vez más una farsa, y se teme la reacciones invocando la libertad de prensa (que es más libertad de empresa) frente a una supuesta intromisión estatal.

Es curioso como el fantasma de la intervención estatista de Velasco hace casi 40 años pervive en el imaginario de muchos –alimentado por los medios- mientras la vergonzosa compra de los empresarios en el gobierno de Fujimori hace 12 años, que envileció a los medios como nunca antes en el país, se enfoca solo desde el punto de vista policiaco y judicial,  diluyéndose e incluso perdonando socialmente a sus responsables, porque muchos de sus allegados, testaferros y caras visibles siguen al mando de los medios o en la conducción de sus principales programas. Por ese motivo, paradójicamente, mientras un local púbico puede ser cerrado por prácticas que se consideren racistas y discriminatorias, ello no se aplica a los medios de comunicación, que pueden agredir impunemente (tenemos el triste privilegio que un periodista peruano ganó el premio ‘al artículo más racista del año’ de una organización internacional que defiende a las organizaciones indígenas).

Pero el discurso excluyente y discriminador no se limita solo a los casos extremos y ofensivos, ni es exclusividad de ciertas figuras mediáticas, sino que esta interiorizado en nuestras acciones cotidianas, incluso en el propio quehacer cultural del Estado y la propia comunidad artística. El artista Jorge Miyagui  me hacía notar que conceptos como “artesanía” o “arte popular” en oposición al “arte tradicional” es una forma de perpetuar una visión colonialista que termina marginando a las primeras frente a  la última, como si fueran expresiones inferiores y menos validas, lo que nos retrotrae a la polémica de 1976 por el Premio de Cultura al maestro  Joaquín López Antay ; o como la llamada “danza contemporánea” es vista desde los parámetros eurocéntricos y no se considera al Huaylas, Huayno o Festejo como parte de ella. Discriminación que no es solo conceptual, porque se reproduce en la institucionalidad artística oficial, sea en sus espacios culturales, centros de formación, prensa especializada, reconocimientos, etc. Otro ejemplo pertinente es el del cine regional, que durante varios años fue visto solo como fenómeno antropológico mientras el otro cine, de la capital, si merecía la atención crítica y estética especializada.

En ese sentido, la “producción de una nueva ‘narrativa’ sobre la nación” que debe ser acompañada por el Ministerio de Cultura, debe partir por preguntarse quienes serían los posibles destinatarios de este discurso y en qué contexto se presenta, para evitar la esquizofrenia entre el discurso de la cultura de la entidad oficial y el que producen otros sectores del mismo Estado. Al Ministerio de Cultura le corresponde encabezar la campaña para empoderar una política cultural amplia e inclusiva de manera general en la sociedad, empezando por el propio Estado, para que este, desde las más altas instancias hasta los niveles más pequeños de la administración pública, unifique criterios básicos sobre la misma y sus implicancias sociales, políticas y culturales. La cultura como agente de ciudadanía solo se empezará a forjar en la medida que todos, del Presidente al último concejal, entienda que la cultura es algo más que prácticas y actividades vistosas que supuestamente acompañan los “temas serios”, y que se encuentra anclada en nuestro imaginario y actuar cotidiano, por lo que la política cultural pública debe incidir en ella,  para construir una sociedad más plural, democrática y solidaria.   

CULTURA  DESCENTRADA

La descentralización debe ser también uno de los vectores básicos de la Política Cultural, pero esta debe traducirse en transferencia efectiva de funciones, facultades y recursos a las Direcciones Regionales de Cultura, así como capacitación y experticia en el manejo de la cosa pública, para evitar los problemas y limitaciones del proceso de regionalización impulsado en el país en los últimos años; así como un manejo digitado desde el centralismo sempiterno del Perú.

La articulación del Ministerio de Cultura, como organismo rector de la cultura en el país, con los gobiernos regionales –a donde deberán integrarse las DRC- y las direcciones y gerencias de los gobiernos locales es imprescindible, no solo en el rol de asesor y/o capacitador en gestión y políticas públicas en cultura, sino para consolidar criterios y prácticas comunes en esta área, respetando las diferencias culturales y de trabajo en cada lugar. Un elemento fundamental son los recursos económicos que se requieren para impulsar el trabajo cultural en las regiones y distritos, por lo que debería flexibilizarse el uso de los fondos del canon y otros ingresos extraordinarios que se recaudan en buena parte del país (incluido el FONCOMUN) para poder canalizar parte del dinero para el sector cultural, tanto en obras de infraestructura y preservación del patrimonio, como en la promoción de la actividad y desarrollo de la misma.  Esto debiera ir acompañado de una legislación que propicie y favorezca este uso de manera responsable y transparente, evitando los amiguismos y clientelismos, y que se traduzcan en proyectos serios y sustentables, para no repetir la experiencia de las bibliotecas municipales, establecidas como obligación en la Ley Municipal, pero que cuando existen, en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos mínimos como institución, para no hablar de sus inexistentes políticas culturales.

En cuanto a la política sobre patrimonio es muy positivo que se valore su uso por la ciudadanía, que “refuerce identidades locales y que llegue a insertarse creativamente en distintas políticas de desarrollo económico y social”; buscando que su gestión no sea privatizada ni genere exclusión de un bien común de la nación y sus ciudadanos. Pero, otra vez, ¿cómo se colige esta legítima y muy justa exigencia con las demandas e imperativos de la promoción turística? Ahí están los reiterados casos de conflictos por el manejo de bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO, caso Machu Picchu, o la política con los artistas, que muchas veces se ven obligados a desnaturalizar sus obras o producirlas en serie por las exigencias del mercado turístico nacional e internacional, más aún cuando se encuentran amenazados por la competencia china, que como sucede en el sector textil, es capaz de ingresar a precios dumping y con productos a escala gigantesca, distorsionando por completo el mercado. Afrontar estos retos exige algo más que una mayor coordinación del Ministerio de Cultura con el MINCETUR, el MEF o el Ministerio de la Producción, que responden a una lógica diferente y hasta opuesta a la de Cultura en cuanto a prioridades sobre inversión económica y protección cultural, requiriéndose una definición por parte del Estado sobre las competencias de cada sector, y cuál debe ser el rol y rumbo que el país establece en este tema.

Sería bueno resaltar y relievar la importancia que desde el Estado se reconozca y promueva la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que está relacionado con la tradición vigente de la población, y nuestra diversa y compleja identidad popular, “desfolklorizándola”, no en el sentido de negar la riqueza expresiva y valor histórico de sus manifestaciones, pero respetando –sin caer en el purismo- su autenticidad, sin los imperativos comerciales o de otra índole que la puedan deformar o deslegitimar.  Otro patrimonio igualmente importante por rescatar y poner en valor es el documentario, tanto a nivel bibliográfico como de imágenes y audiovisual, porque la memoria de los siglos XIX y especialmente XX y XXI se encuentra principalmente en esos soportes, y no puede ser que se esté perdiendo irremediablemente por el desconocimiento e indiferencia de sus propietarios, y la poca atención de las autoridades al respecto.     

Antes de concluir esta segunda entrega, me parece necesario señalar algo en  referencia a la gestión internacional de la cultura. Es claro que cada vez crece más la importancia de la cultura en el contexto de la globalización, ya sea a través de la diplomacia y las relaciones con los otros países o por su incidencia en los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales, la participación en los organismos regionales y mundiales o las interacciones con la cooperación internacional. Se trata de una política que interactúa con otros sectores, particularmente con la política exterior del país, y que por tanto tiene que estar articulada con esos sectores para posicionar la cultura nacional, con su rica diversidad, en la esfera mundial. Lamentablemente, muchas veces las Embajadas del Perú en el extranjero, y sus representaciones diplomáticas en el campo cultural, actúan por su cuenta, respondiendo más a iniciativas personales que a una propuesta concordada con las autoridades de cultura, lo que también se ha presentado con entidades como PROMPERÚ.

La Política Cultural debe tener en cuenta también a los cientos de miles de compatriotas a lo largo del mundo, y que de manera espontánea han mantenido los vínculos culturales con el país, empezando por el muy exitoso boom de la gastronomía, pero sin agotarse ni mucho menos en ese campo Los convenios, tratados y acuerdos internacionales deberían incidir en reforzar políticas comunes en campos como el combate al tráfico ilícito de bienes patrimoniales y la protección, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio nacional, así como garantizar la  libre y equitativa circulación e intercambio de bienes y productos culturales, y de los artistas. Y es que la cultura, insisto, no puede ser un agregado vistoso del discurso o imagen del país, sino un actor central en su definición y estrategia, acorde a los postulados y lineamientos básicos que plantea el Ministerio de Cultura.