El juego del monopolio

Por Christian Wiener Fresco

La reciente adquisición del 54% de las acciones del Grupo de la Empresa Periodística Nacional (EPENSA) por parte del Grupo El Comercio, viene provocando inquietud y malestar en la competencia periodística, sectores políticos y empresariales, y buena parte de la opinión pública. Y es que como ha sido señalado, con esta operación financiera, el grupo que lidera el viejo diario fundado en 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, y que luego fue adquirido por la familia Miró Quesada, pasa a controlar el 78% del total de la venta de diarios en el país, adquiriendo una posición de dominio casi monopólico en el mercado de la prensa escrita peruana.   

La concentración de medios pone en riesgo la pluralidad informativa, ya bastante disminuida

por el predominio monocorde de una posición ideológica en la prensa nacional, amenazando la independencia de los periodistas y “opinologos” (Ollanta dixit) que osen disentir del todopoderoso consorcio, y reduciendo drásticamente las opciones de acceso diferenciado para el gran público. Las implicancias del monopolio afecta también el manejo publicitario, que restringiría a un solo cliente la oferta de avisaje disponible, y le daría a sus directivos un gran poder de decisión (y veto) no solo en el campo político sino en (casi) todas las áreas, con todos los peligros y arbitrariedades que eso puede conllevar.

Sin embargo, y con todo lo preocupante que resulta esta movida, no es la única expresión de la creciente concentración de medios en el Perú. En la radio, por ejemplo, se han consolidado en esta década  los conglomerados del Grupo RPP  y la Corporación Radial del Perú que controlan en conjunto más del 60% del mercado de la radiodifusión en Lima (repartiéndose cerca del 80% de la torta publicitaria) 

Pero lo más grave se presenta en el campo de la televisión, donde a pesar de la precariedad de la mayoría de gestiones empresariales (con “broadcasters” descendientes de quienes se vendieron a Montesinos en los tiempos de Fujimori, o de administraciones poco claras que se cocinaron en los años posteriores) fueron beneficiados, gracias a la generosidad del ex ministro aprista  Enrique Cornejo, con la repartija de frecuencias para la televisión digital, a fin de consolidar y ampliar su actual dominio del espectro televisivo, todavía analógico.

Un proceso manejado con el mayor de los secretismos, sin ponerse a licitación pública la asignación,  como correspondía, y con el subterfugio eufemístico de “decisiones técnicas” (como la incorporación de la alta definición), cuando en realidad eran políticas, si es que no tenían también otras motivaciones.

Todo lo contrario de lo que se ha llevado a cabo en otras países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Uruguay o Venezuela, donde la discusión sobre el cambio a la televisión digital no se ha limitado solo al aspecto tecnológico entre especialistas, sino motivó un amplio debate político y social, con participación de la ciudadanía,  sobre el rol de los medios ante la posibilidad de apertura de más y mejores alternativas televisivas que ofrece este nuevo sistema. Como se decía en Brasil, no se trata de “más canales para O’Globo” (en referencia a la poderosa red mediática brasileña) sino de “más canales para competir con O’Globo”. Por esa razón, se promueve en estos países, además de los existentes, la incorporación de canales comunitarios, cooperativos y regionales para democratizar de manera efectiva la pantalla.

Estos debates también se han dado, con sus particulares características, en Europa, Japón, Canadá y hasta en los Estados Unidos,  donde una población activa y vigilante ha presionado a los congresistas para que resistan el lobby de las grandes empresas televisivas y publicitarias.

Pero en el Perú, el tema viene pasando casi desapercibido, porque ni a los medios beneficiados (entre los cuales también se encuentra el Grupo El Comercio) ni a los políticos, sea por conveniencia o temor, les conviene alterar el statu quo vigente. Y la inconsecuencia empieza por el propio Ejecutivo y su bancada legislativa, ya que en su plan de gobierno prometió una ley que estableciera “la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital”,garantizando una “distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”. En dos años de gobierno, empero, ni siquiera se ha hecho el intento de revisar lo actuado por su antecesor en ese campo.

Hay que recordar, finalmente, que la propia Constitución prescribe en su artículo 61 que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento,directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

La gran pregunta es ¿y quién le pone el cascabel al gato (del despensero)?

PD.- Esta semana ingresa a cartelera dos películas peruanas diferentes y exigentes, "El espacio entre las cosas" de Raúl del Busto y "Chicama" de Omar Forero, que recomendamos, no solo por su nacionalidad sino por su calidad y audacia para proponer otro tipo de cine en el país. Vayan a verla pronto, porque difícilmente duraran mucho en cartelera. Después no nos quejemos por la calidad de nuestras películas, o que estas tengan que buscar coartadas fáciles para llegar al público.

Con la música a la radio

Por Christian Wiener Fresco

Hace algunos días conversaba en un taxi sobre la proyecto para fijar un porcentaje mínimo de música peruana en las estaciones de radio. Mientras yo defendía la iniciativa, arguyendo la discriminación de nuestros artistas frente a los extranjeros, el chofer me insistía que no le parecía necesaria la iniciativa porque “las radios” pasaban harta música nacional. Y como evidencia de su afirmación, subió el volumen de la cumbia que estaba escuchando desde una emisora local.

La reacción de mi interlocutor es un buen ejemplo de como las percepciones al vuelo nos pueden llevar a conclusiones engañosas.  Porque efectivamente, si tomamos como referente a estaciones como “Fiesta”, “Karibeña” o “Radio Q”, cuya programación se centra en géneros como la cumbia peruana y la música andina, nadie podría sindicarlas de marginar a los artistas nacionales, ya que entre el 70 y 90% de su programa diario está dedicada a las obras de ellos. Pero la realidad cambia si revisamos emisoras como “Studio 92”, “Okey”, “Viva FM”, entre otras dedicadas al rock y la música contemporánea, donde la participación de los artistas nacionales no supera ni el 4% del total emitido por día, en el mejor de los casos.

Este es el fundamento de la iniciativa legislativa del congresista Sergio Tejada y otros parlamentarios del nacionalismo, con el Proyecto de Ley de “Promoción de la Música Nacional”. El mismo establece porcentajes mínimos de difusión de música nacional, así como de contenido indígena en la radiodifusión sonora que utiliza el espectro radioeléctrico de la nación. Esos porcentajes, denominados cuotas,  se determinarán de forma diferenciada para la radio comercial, educativa y comunitaria, así como para aquella estatal o pública.

De esta manera, en la radio comercial el porcentaje establecido es no menos del 35% de música nacional difundida diariamente entre las 6.00 y las 24.00 horas. Asimismo, en las zonas donde habitan pueblos indígenas, no menos del 10% de la programación diaria debe estar dedicada a música con contenidos indígenas. En las radios educativas, el porcentaje se eleva a 45% de música nacional y en la radio comunitaria se fija en 35%. Finalmente en las estaciones estatales o públicas el porcentaje será de 50% como mínimo. En todos los casos, no menos del 50% del total de material difundido en la cuota debe ser nuevo, es decir que no tenga más de 3 años de antigüedad.

La propuesta de Tejada, quien en su juventud fue guitarrista de la banda rock "Insecto Urbano”, recoge en gran parte la iniciativa de músicos y videocliperos,  lanzada a principios de este año, quienes hartos que sus obras sean discriminadas en géneros como el rock o el pop por las radios locales, demandaron la difusión de más música nacional y nueva en estos medios. Entre los promotores se encuentran Walter Cobos, Percy Céspedez, Alexei Vásquez y Piero Campaña, que impulsan el colectivo de nombre “Haz que suene tu música Perú”.

En realidad, el Proyecto de Ley no sería necesario si todos los medios cumplieran con las leyes vigentes, tanto la de Radiodifusión (28278) que establece en su octava disposición complementaria un porcentaje de producción nacional mínima del 30%en la programación diaria de los medios radiales y televisivos; así como la Ley del Artista e Interprete (28131), que en el artículo 45 dice que se debe destinar “no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folcor, música nacional y series y programas relacionados con la historia, literatura,cultura o realidad nacional peruana”.

Lamentablemente y como sucede con muchas otras leyes y normas, esas disposiciones se quedaron en lo declarativo, al no existir un ente que supervise su aplicación, pueda aplicar sanción, y en el reglamento se explicite los montos y penas estipuladas para los infractores. Lo que nos lleva a que más importante que una ley es su aplicación, porque la primera puede estar llena de buenas intenciones y propósitos, pero solo lo segunda asegura su ejecución y resultados, más allá de las presiones.

Que existen presiones en contra, qué duda cabe. Ahí está la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que a través de su vocero, el ex ministro Alfredo Ferrero, expresó su oposición al proyecto en defensa del sacrosanto libre mercado, y agregando, desdeñosamente, que en el Perú “no hay calidad musical”. También se opone el congresista Alberto Beingolea, señalando que “no hay derecho a que empresas privadas se les obligue a hacer su negocio de una manera determinada”.   

Lo que parecen olvidar estos objetores es que el espectro de radiodifusión donde operan las estaciones de radio y TV es propiedad pública, y que el Estado tiene el derecho de cautelar la presencia de un mínimo de producción nacional, en todos los géneros y estilos, en su uso por los operadores privados. Asimismo, evitar la discriminación de la música nacional, y en especial de los jóvenes y noveles creadores, es parte de las obligaciones de entidades como el Ministerio de Cultura, que tiene un novísima Dirección de Fonografía. Por último, la normano contravine acuerdos comerciales como los TLC u otros, porque se ajusta a las prácticas internacionales de “excepción cultural” que aplican otros países en defensa de sus industrias culturales para no ser vistas como mercancías, como  Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Francia e Italia; entre otros.

Por tanto, el proyecto merece todo nuestro respaldo y apoyo, y solo una atingencia o añadido, ya que estamos en la era del audiovisual, y que gran parte de la música pasa hoy también por la televisión: ¿por qué no se incluye a la pantalla chica también en el alcance de la propuesta? Digo, es un decir, como decía el poeta.