El juego del monopolio

Por Christian Wiener Fresco

La reciente adquisición del 54% de las acciones del Grupo de la Empresa Periodística Nacional (EPENSA) por parte del Grupo El Comercio, viene provocando inquietud y malestar en la competencia periodística, sectores políticos y empresariales, y buena parte de la opinión pública. Y es que como ha sido señalado, con esta operación financiera, el grupo que lidera el viejo diario fundado en 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, y que luego fue adquirido por la familia Miró Quesada, pasa a controlar el 78% del total de la venta de diarios en el país, adquiriendo una posición de dominio casi monopólico en el mercado de la prensa escrita peruana.   

La concentración de medios pone en riesgo la pluralidad informativa, ya bastante disminuida

por el predominio monocorde de una posición ideológica en la prensa nacional, amenazando la independencia de los periodistas y “opinologos” (Ollanta dixit) que osen disentir del todopoderoso consorcio, y reduciendo drásticamente las opciones de acceso diferenciado para el gran público. Las implicancias del monopolio afecta también el manejo publicitario, que restringiría a un solo cliente la oferta de avisaje disponible, y le daría a sus directivos un gran poder de decisión (y veto) no solo en el campo político sino en (casi) todas las áreas, con todos los peligros y arbitrariedades que eso puede conllevar.

Sin embargo, y con todo lo preocupante que resulta esta movida, no es la única expresión de la creciente concentración de medios en el Perú. En la radio, por ejemplo, se han consolidado en esta década  los conglomerados del Grupo RPP  y la Corporación Radial del Perú que controlan en conjunto más del 60% del mercado de la radiodifusión en Lima (repartiéndose cerca del 80% de la torta publicitaria) 

Pero lo más grave se presenta en el campo de la televisión, donde a pesar de la precariedad de la mayoría de gestiones empresariales (con “broadcasters” descendientes de quienes se vendieron a Montesinos en los tiempos de Fujimori, o de administraciones poco claras que se cocinaron en los años posteriores) fueron beneficiados, gracias a la generosidad del ex ministro aprista  Enrique Cornejo, con la repartija de frecuencias para la televisión digital, a fin de consolidar y ampliar su actual dominio del espectro televisivo, todavía analógico.

Un proceso manejado con el mayor de los secretismos, sin ponerse a licitación pública la asignación,  como correspondía, y con el subterfugio eufemístico de “decisiones técnicas” (como la incorporación de la alta definición), cuando en realidad eran políticas, si es que no tenían también otras motivaciones.

Todo lo contrario de lo que se ha llevado a cabo en otras países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Uruguay o Venezuela, donde la discusión sobre el cambio a la televisión digital no se ha limitado solo al aspecto tecnológico entre especialistas, sino motivó un amplio debate político y social, con participación de la ciudadanía,  sobre el rol de los medios ante la posibilidad de apertura de más y mejores alternativas televisivas que ofrece este nuevo sistema. Como se decía en Brasil, no se trata de “más canales para O’Globo” (en referencia a la poderosa red mediática brasileña) sino de “más canales para competir con O’Globo”. Por esa razón, se promueve en estos países, además de los existentes, la incorporación de canales comunitarios, cooperativos y regionales para democratizar de manera efectiva la pantalla.

Estos debates también se han dado, con sus particulares características, en Europa, Japón, Canadá y hasta en los Estados Unidos,  donde una población activa y vigilante ha presionado a los congresistas para que resistan el lobby de las grandes empresas televisivas y publicitarias.

Pero en el Perú, el tema viene pasando casi desapercibido, porque ni a los medios beneficiados (entre los cuales también se encuentra el Grupo El Comercio) ni a los políticos, sea por conveniencia o temor, les conviene alterar el statu quo vigente. Y la inconsecuencia empieza por el propio Ejecutivo y su bancada legislativa, ya que en su plan de gobierno prometió una ley que estableciera “la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital”,garantizando una “distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”. En dos años de gobierno, empero, ni siquiera se ha hecho el intento de revisar lo actuado por su antecesor en ese campo.

Hay que recordar, finalmente, que la propia Constitución prescribe en su artículo 61 que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento,directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

La gran pregunta es ¿y quién le pone el cascabel al gato (del despensero)?

PD.- Esta semana ingresa a cartelera dos películas peruanas diferentes y exigentes, "El espacio entre las cosas" de Raúl del Busto y "Chicama" de Omar Forero, que recomendamos, no solo por su nacionalidad sino por su calidad y audacia para proponer otro tipo de cine en el país. Vayan a verla pronto, porque difícilmente duraran mucho en cartelera. Después no nos quejemos por la calidad de nuestras películas, o que estas tengan que buscar coartadas fáciles para llegar al público.