Pantalla a cuentagotas

por Christian Wiener Fresco

Mi amigo Fernando Vivas quiere ser irónico con el cine nacional, pero termina deslizando afirmaciones discutibles. En una reciente nota en El Comercio, a propósito de la feliz coincidencia de varias películas peruanas en la cartelera comercial, ironiza que el crecimiento de la producción nacional podría llevar a que sean las empresas de Hollywood las que terminen pidiendo una cuota de pantalla para proteger a sus blockbusters de cientos de millones de dólares. 

Sin embargo, este momento excepcional que vive la producción nacional, y en buena hora, es un espejismo que responde a una coincidencia de factores pero que nada garantiza su continuidad. Es decir, por un lado tenemos producciones financiadas por los concursos del Ministerio de Cultura en los últimos años, que llegan en diferentes ritmos a su estreno, al lado de películas realizadas con capital propio y con puntería comercial, buscando emular los éxitos que en su momento cosecharon “Asu Mare” y “Cementerio general”.  Ello ha sido posible, mal que bien, gracias a que el Estado, luego de muchos años, recién ha comenzado a cumplir con sus obligaciones de entregar todos los fondos que mandaba la ley de cine. De otro lado, las mayores facilidades económicas y de producción que brindan las nuevas tecnologías digitales, tanto para la realización como ahora la exhibición; y también, por supuesto, la envidiable respuesta comercial que tuvieron algunos títulos peruanos en los últimos años.  

¿Ese es todo el cine peruano? Ciertamente no, medir todo el cine peruano solo por el filtro de la cartelera comercial es dejar de lado una vasta e importante producción de cineastas independientes, experimentales y/o marginales, que difunden sus obras en los pocos circuitos alternativos y festivales existentes. Asimismo los cineastas regionales, algunos de los cuales han llegado a las salas de cine en su región u otros lugares, pero la gran mayoría siguen produciendo y exhibiendo en pequeños espacios y auditorios improvisados. ¡Puede decirse entonces alegremente que todo el cine peruano tiene acceso a la pantalla nacional?

Pero lo más peligroso es confundir el espejismo con la realidad, olvidando que el Perú ha sido históricamente un país con épocas de bonanza y recursos, para luego tener grandes caídas y crisis económica. ¿Qué pasará entonces con la ley y el presupuesto para los concursos? Y para los que piensen que somos ‘noicos’ con el tema, vean lo que ha sucedido en España con los subsidios para el cine en el régimen del PP.  Por eso los cineastas han buscado una nueva ley de cine que permita que la actividad viva del cine mismo, y no del presupuesto, para poder garantizar su continuidad. Pero el MEF una y otra vez se ha opuesto a esta iniciativa, y no hay signos de que vaya a cambiar de opinión en los próximos días. Es decir el tema no es solo, como dice el artículo, “aumentar premios y compartir incentivos con todos los estamentos de la industria, incluidos exhibidores y distribuidores”; sino como hacer viable una legislación con futuro, que permita una visión integral de todo el cine, no solo en lo comercial sino también en lo cultural, y asegure posibilidades iguales para todas las películas nacionales.

Por cierto que es una excelente noticia que haya bastante producción en el país, lo que da empleo y experticia a técnicos, actores y realizadores, que es la base de la creación de cualquier industria, y que se tenga una diversidad de expresiones, porque este pequeño “boom” se asienta principalmente en nuevos nombres y propuestas y no en los cuatro o cinco que antes monopolizaban la imagen del cine nacional.  También es muy saludable que poco a poco el público vaya quebrando sus prejuicios y resquemores frente a las películas nacionales, aunque ciertamente sería bueno pensar también en la ampliación del mercado al exterior, ya que el nuestro resulta insuficiente, y la coincidencia de películas como ahora, termina en la mayoría de casos restando antes que sumando espectadores. Y coincido con Fernando que una excelente salida sería la televisión, por lo que futuras normas e incentivos deberían considerar apoyos a la producción en ficción para la pantalla chica, en la medida que la mayoría de los canales han renunciado a realizarla por comodidad y tacañería.  

En lo que si discrepo con él es en su afirmación de “no estar por la cuota de pantalla, porque busca, ingenuamente, dictar el gusto del público. Y porque, además, la cantidad de estrenos permitirá a los cineastas locales negociar en mejores condiciones con las salas.”  Por supuesto que tiene todo el derecho a estar de acuerdo o no con la llamada cuota de pantalla, pero no a tergiversarla, puesto que ella no busca “dictar el gusto del público” como dirían los liberales extremos, sino regular un mercado monopólico y dar oportunidades a que las cinematografías locales puedan acceder a sus pantallas. Y eso lo conoce muy bien Fernando, porque en la legislación de la radiodifusión peruana ya existen cuotas para la producción nacional del 30%, que ni siquiera todas las emisoras las cumplen (de allí el proyecto del congresista Tejada para lograr que las emisoras nacionales de rock cumplan la norma) y que en ningún caso han impuesto “un gusto al público”. En el caso del cine, por si no lo recuerda, la propuesta planteada por el proyecto de nueva ley contemplaba hasta un 20% para las cintas nacionales, lo que además ya estaba consagrado en el propio TLC con los Estados Unidos.       

Si ahora el cine peruano cubre o supera coyunturalmente ese porcentaje, enhorabuena, pero no nos dejemos engatusar por lo que los aficionados a la encuesta suelen llamar la “fotografía del momento”, y veamos mejor la película completa hasta los créditos finales.    

La tremenda corte mediática

Por Christian Wiener Fresco

Los medios de comunicación y periodísticos gustan de calificarse, pomposamente, de “cuarto poder”, en referencia a su innegable peso social y político, más aún en una sociedad fragmentada y tan poco institucionalizada como la peruana.  Parece sin embargo que ese título no le bastara a ciertos medios y periodistas, que no dudan en autonombrarse también en representación de los otros poderes del Estado, léase Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esas atribuciones, sin duda, la más peligrosa es la Judicial, que es cuando los medios se invisten de fiscales y jueces para acusar, procesar y condenar sin mayores tramites a cualquier persona, conocida o no, que tiene la poca fortuna de caer bajo sus fauces carroñeras y su linchamiento mediático.

El último de los casos es el de Eva Bracamonte, que sin pruebas ni razones más que el odio enfermizo de su hermano, estimulado por la gran mayoría de los medios televisivos e impresos que lo convirtieron en uno de sus mimados invitados, terminó purgando carcelería, condenada a 20 años y acusada de ser la presunta autora intelectual del asesinato de su madre. Sentencia que finalmente fue revertida por la Corte Suprema, ordenando un nuevo juicio en vez de archivarlo como correspondía, entre otras razones esgrimidas por el juez, por su “repercusión mediática”.   

Otro sonado caso es el de Rosario Ponce, perseguida y acosada durante años para culparla de la desaparición de su novio, Ciro Castillo Rojo, en el Colca arequipeño. El padre de la víctima, convertido en cancerbero implacable de la muchacha, fue el caserito de la prensa de los diversos colores que alimentaba el morbo con dosis de melodrama, sazonado con teorías y especulaciones conspirativas, cada una más estrafalaria que otra, hasta que finalmente la falta de pruebas y el sentido común obligó a la fiscalía a desestimar la absurda acusación, para desesperación de quien parecía no tener escrúpulos para usar su tragedia personal, transformándola en trampolín político. 

Estas son las figuras más emblemáticas  que sufrieron en los últimos tiempos el acoso de la jauría periodística, pero no parecen ser las únicas, ahí están también, por si no se recuerda, Abencia Meza y Guiliana Llamoja, entre otras que ilustraron los tabloides con más avidez y persistencia  que en los propios expedientes policiales y judiciales.

En todos los ejemplos mencionados coinciden que las sindicadas eran mujeres independientes, desafiantes y de sexualidad libre, lo que pareció desatar todos los prejuicios y resquemores de una prensa que se precia de liberal y moderna, pero que en realidad es de moral conservadora y ultramontana.

Uno se podría preguntar, además, porque la cacería implacable que descargaron los medios durante tanto tiempo contra ellas, no se aplica con la misma severidad a los integrantes de la barra brava, presuntos responsables de la muerte del joven Walter Oyarce en el estadio Monumental, los efectivos policiales implicados en sospechosas muertes en las comisarías, o el obispo sospechoso de pedofilia retirado por el Vaticano.  Para no hablar de los escándalos en el ámbito político, donde cada medio destaca lo que le interesa o conviene a sus fines  y odios selectivos, silenciando o minimizando lo que se relaciona a los políticos de su simpatía. 

El asunto de fondo, a fin de cuentas, es que nadie ha nombrado a los medios y periodistas como los grandes decidores sobre la inocencia o culpabilidad de la gente en su corte mediática. Nadie les niega el derecho a investigar,  informar y hacer el seguimiento de los hechos de resonancia pública, pero de allí a montar campañas de verdadera cacería de brujas, difamando a diestra y siniestra por ganar más puntos de rating  o  alzar su tiraje diario, hay la abismal distancia entre la práctica periodística seria y responsable, o la degradación del oficio al nivel de la calumnia y la mentira.

Finalmente, si los medios se reclaman el “cuarto poder”, deberían someterse, como todos los otros poderes, al permanente escrutinio público, dando cuenta a la ciudadanía de sus acciones y no, como ahora, valiéndose de argumentos que pretextan una sacrosanta libertad de prensa, que les permite atacar y difamar honras de manera impune porque vende y eso, en última instancia, parece ser lo único que importa en los tiempos que corren.     

El valor del cinismo

Por Christian Wiener Fresco

¿Hasta dónde puede envilecerse la televisión en el Perú? Se pensaba que luego de la degradante experiencia fujimorista, con la línea de los canales vendidos al gobierno de turno, y la proliferación de los programas telebasura, no se podía caer más bajo;  pero nos equivocamos, siempre se puede descender más en el amarillaje, la chabacanería y el uso más ruin de un medio de  comunicación.

El mejor ejemplo de lo que decimos es “El valor de la verdad”, el programa de Frecuencia

Latina y conducido por Beto Ortíz, que ya va por su segunda temporada en el aire.

En la primera temporada, como se recordará, el objetivo fue ventilar las intimidades de los anónimos, los aspirantes a los 15 minutos de fama en la vida que decía Andy Warhol, dispuestos a revelar cualquier cosa con tal de alzarse con el premio monetario y la momentánea celebridad pública. Pero quiso el destino que las cosas se salieran del libreto, con el asesinato de una de sus concursantes, que aunque trataron de limpiarse de responsabilidades, igual terminó salpicándolos.

Por esa razón, en la segunda temporada optaron por convocar a personalidades conocidas, lo que incluyó a representantes de lo más impresentable de la clase política (Kenji Fujimori, Rómulo León) en operación de lavado y reencauche de sus trayectorias e imágenes; y luego, a lo más graneado de la farándula limeña, aquella que cotidianamente airea su vida y miserias en la prensa de cincuenta céntimos y los programas de chismes. En estos últimos casos, las “revelaciones” de los invitados al programa actúan como caja de resonancia para nuevos escándalos y comidilla en los medios, que fagocitan de su presencia en las portadas, alimentando las cortinas de humo que alimentan su rating y tiraje.       

Desde el momento que la “verdad” se convierte en un valor y se quiere hacer show con la supuesta sinceridad de la gente, estamos ante un grave problema de inversión de valores, convirtiendo lo que debiera ser un tema de conciencia personal en asunto mercantil, para medir cuanto estas dispuesto a confesar en público con tal de ganarse un dinero extra o reubicarse en el espacio mediático. Nada hay sincero en el formato del programa – como tampoco lo hubo en los “talk shows” de la inefable Laura Bozzo- desde el aparato seudo científico que certifica las respuestas, hasta las motivaciones de los concursantes y obviamente la del conductor, convertido por cuenta propia en gran juez de una verdad que la maneja a discreción.

En realidad, más que la “verdad”, con todo lo discutible que es ese concepto y su alcance, lo que el programa estimula es el valor del cinismo, convertido en santo y seña de una sociedad consumista e individualista que se cree por encima de las reglas de los demás y capaz de transgredirlas porque no cree en ellas. Sin embargo, y como ha sido señalado por Juan Carlos Ubilluz[1], tomando como referencia los textos de Lacan y Zizek,  “el individualismo posmoderno produce una personalidad pendiente de la aprobación de los demás”.

Y claro, en un país que ha procreado a personajes campeones del cinismo y la autocomplacencia narcisista como Montesinos, Fujimori, García, Castañeda y un largo etcétera; no es extraño que la verdad tenga un valor tan degradado y se pueda banalizar para colocarse al precio del mejor postor.

En todo caso, si el show debe continuar, esperamos que en la tercera temporada se presente un verdadera sinceramiento del medio, y que los primeros que empiecen a desfilar por el set sean, aparte del controvertido animador, los ejecutivos y “broadcasters” televisivos, anteriores y actuales, para que nos empiecen a contar toda la verdad de cómo llegaron a controlar los principales medios vendidos a la corrupción.

Tal vez así empezaremos a creer que hay algo de verdad en el negocio de la televisión peruana.             

 

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[1] Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea.  Juan Carlos Ubilluz Raygada. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2006.  

El juego del monopolio

Por Christian Wiener Fresco

La reciente adquisición del 54% de las acciones del Grupo de la Empresa Periodística Nacional (EPENSA) por parte del Grupo El Comercio, viene provocando inquietud y malestar en la competencia periodística, sectores políticos y empresariales, y buena parte de la opinión pública. Y es que como ha sido señalado, con esta operación financiera, el grupo que lidera el viejo diario fundado en 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, y que luego fue adquirido por la familia Miró Quesada, pasa a controlar el 78% del total de la venta de diarios en el país, adquiriendo una posición de dominio casi monopólico en el mercado de la prensa escrita peruana.   

La concentración de medios pone en riesgo la pluralidad informativa, ya bastante disminuida

por el predominio monocorde de una posición ideológica en la prensa nacional, amenazando la independencia de los periodistas y “opinologos” (Ollanta dixit) que osen disentir del todopoderoso consorcio, y reduciendo drásticamente las opciones de acceso diferenciado para el gran público. Las implicancias del monopolio afecta también el manejo publicitario, que restringiría a un solo cliente la oferta de avisaje disponible, y le daría a sus directivos un gran poder de decisión (y veto) no solo en el campo político sino en (casi) todas las áreas, con todos los peligros y arbitrariedades que eso puede conllevar.

Sin embargo, y con todo lo preocupante que resulta esta movida, no es la única expresión de la creciente concentración de medios en el Perú. En la radio, por ejemplo, se han consolidado en esta década  los conglomerados del Grupo RPP  y la Corporación Radial del Perú que controlan en conjunto más del 60% del mercado de la radiodifusión en Lima (repartiéndose cerca del 80% de la torta publicitaria) 

Pero lo más grave se presenta en el campo de la televisión, donde a pesar de la precariedad de la mayoría de gestiones empresariales (con “broadcasters” descendientes de quienes se vendieron a Montesinos en los tiempos de Fujimori, o de administraciones poco claras que se cocinaron en los años posteriores) fueron beneficiados, gracias a la generosidad del ex ministro aprista  Enrique Cornejo, con la repartija de frecuencias para la televisión digital, a fin de consolidar y ampliar su actual dominio del espectro televisivo, todavía analógico.

Un proceso manejado con el mayor de los secretismos, sin ponerse a licitación pública la asignación,  como correspondía, y con el subterfugio eufemístico de “decisiones técnicas” (como la incorporación de la alta definición), cuando en realidad eran políticas, si es que no tenían también otras motivaciones.

Todo lo contrario de lo que se ha llevado a cabo en otras países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Uruguay o Venezuela, donde la discusión sobre el cambio a la televisión digital no se ha limitado solo al aspecto tecnológico entre especialistas, sino motivó un amplio debate político y social, con participación de la ciudadanía,  sobre el rol de los medios ante la posibilidad de apertura de más y mejores alternativas televisivas que ofrece este nuevo sistema. Como se decía en Brasil, no se trata de “más canales para O’Globo” (en referencia a la poderosa red mediática brasileña) sino de “más canales para competir con O’Globo”. Por esa razón, se promueve en estos países, además de los existentes, la incorporación de canales comunitarios, cooperativos y regionales para democratizar de manera efectiva la pantalla.

Estos debates también se han dado, con sus particulares características, en Europa, Japón, Canadá y hasta en los Estados Unidos,  donde una población activa y vigilante ha presionado a los congresistas para que resistan el lobby de las grandes empresas televisivas y publicitarias.

Pero en el Perú, el tema viene pasando casi desapercibido, porque ni a los medios beneficiados (entre los cuales también se encuentra el Grupo El Comercio) ni a los políticos, sea por conveniencia o temor, les conviene alterar el statu quo vigente. Y la inconsecuencia empieza por el propio Ejecutivo y su bancada legislativa, ya que en su plan de gobierno prometió una ley que estableciera “la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital”,garantizando una “distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”. En dos años de gobierno, empero, ni siquiera se ha hecho el intento de revisar lo actuado por su antecesor en ese campo.

Hay que recordar, finalmente, que la propia Constitución prescribe en su artículo 61 que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento,directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

La gran pregunta es ¿y quién le pone el cascabel al gato (del despensero)?

PD.- Esta semana ingresa a cartelera dos películas peruanas diferentes y exigentes, "El espacio entre las cosas" de Raúl del Busto y "Chicama" de Omar Forero, que recomendamos, no solo por su nacionalidad sino por su calidad y audacia para proponer otro tipo de cine en el país. Vayan a verla pronto, porque difícilmente duraran mucho en cartelera. Después no nos quejemos por la calidad de nuestras películas, o que estas tengan que buscar coartadas fáciles para llegar al público.

Con la música a la radio

Por Christian Wiener Fresco

Hace algunos días conversaba en un taxi sobre la proyecto para fijar un porcentaje mínimo de música peruana en las estaciones de radio. Mientras yo defendía la iniciativa, arguyendo la discriminación de nuestros artistas frente a los extranjeros, el chofer me insistía que no le parecía necesaria la iniciativa porque “las radios” pasaban harta música nacional. Y como evidencia de su afirmación, subió el volumen de la cumbia que estaba escuchando desde una emisora local.

La reacción de mi interlocutor es un buen ejemplo de como las percepciones al vuelo nos pueden llevar a conclusiones engañosas.  Porque efectivamente, si tomamos como referente a estaciones como “Fiesta”, “Karibeña” o “Radio Q”, cuya programación se centra en géneros como la cumbia peruana y la música andina, nadie podría sindicarlas de marginar a los artistas nacionales, ya que entre el 70 y 90% de su programa diario está dedicada a las obras de ellos. Pero la realidad cambia si revisamos emisoras como “Studio 92”, “Okey”, “Viva FM”, entre otras dedicadas al rock y la música contemporánea, donde la participación de los artistas nacionales no supera ni el 4% del total emitido por día, en el mejor de los casos.

Este es el fundamento de la iniciativa legislativa del congresista Sergio Tejada y otros parlamentarios del nacionalismo, con el Proyecto de Ley de “Promoción de la Música Nacional”. El mismo establece porcentajes mínimos de difusión de música nacional, así como de contenido indígena en la radiodifusión sonora que utiliza el espectro radioeléctrico de la nación. Esos porcentajes, denominados cuotas,  se determinarán de forma diferenciada para la radio comercial, educativa y comunitaria, así como para aquella estatal o pública.

De esta manera, en la radio comercial el porcentaje establecido es no menos del 35% de música nacional difundida diariamente entre las 6.00 y las 24.00 horas. Asimismo, en las zonas donde habitan pueblos indígenas, no menos del 10% de la programación diaria debe estar dedicada a música con contenidos indígenas. En las radios educativas, el porcentaje se eleva a 45% de música nacional y en la radio comunitaria se fija en 35%. Finalmente en las estaciones estatales o públicas el porcentaje será de 50% como mínimo. En todos los casos, no menos del 50% del total de material difundido en la cuota debe ser nuevo, es decir que no tenga más de 3 años de antigüedad.

La propuesta de Tejada, quien en su juventud fue guitarrista de la banda rock "Insecto Urbano”, recoge en gran parte la iniciativa de músicos y videocliperos,  lanzada a principios de este año, quienes hartos que sus obras sean discriminadas en géneros como el rock o el pop por las radios locales, demandaron la difusión de más música nacional y nueva en estos medios. Entre los promotores se encuentran Walter Cobos, Percy Céspedez, Alexei Vásquez y Piero Campaña, que impulsan el colectivo de nombre “Haz que suene tu música Perú”.

En realidad, el Proyecto de Ley no sería necesario si todos los medios cumplieran con las leyes vigentes, tanto la de Radiodifusión (28278) que establece en su octava disposición complementaria un porcentaje de producción nacional mínima del 30%en la programación diaria de los medios radiales y televisivos; así como la Ley del Artista e Interprete (28131), que en el artículo 45 dice que se debe destinar “no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folcor, música nacional y series y programas relacionados con la historia, literatura,cultura o realidad nacional peruana”.

Lamentablemente y como sucede con muchas otras leyes y normas, esas disposiciones se quedaron en lo declarativo, al no existir un ente que supervise su aplicación, pueda aplicar sanción, y en el reglamento se explicite los montos y penas estipuladas para los infractores. Lo que nos lleva a que más importante que una ley es su aplicación, porque la primera puede estar llena de buenas intenciones y propósitos, pero solo lo segunda asegura su ejecución y resultados, más allá de las presiones.

Que existen presiones en contra, qué duda cabe. Ahí está la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que a través de su vocero, el ex ministro Alfredo Ferrero, expresó su oposición al proyecto en defensa del sacrosanto libre mercado, y agregando, desdeñosamente, que en el Perú “no hay calidad musical”. También se opone el congresista Alberto Beingolea, señalando que “no hay derecho a que empresas privadas se les obligue a hacer su negocio de una manera determinada”.   

Lo que parecen olvidar estos objetores es que el espectro de radiodifusión donde operan las estaciones de radio y TV es propiedad pública, y que el Estado tiene el derecho de cautelar la presencia de un mínimo de producción nacional, en todos los géneros y estilos, en su uso por los operadores privados. Asimismo, evitar la discriminación de la música nacional, y en especial de los jóvenes y noveles creadores, es parte de las obligaciones de entidades como el Ministerio de Cultura, que tiene un novísima Dirección de Fonografía. Por último, la normano contravine acuerdos comerciales como los TLC u otros, porque se ajusta a las prácticas internacionales de “excepción cultural” que aplican otros países en defensa de sus industrias culturales para no ser vistas como mercancías, como  Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Francia e Italia; entre otros.

Por tanto, el proyecto merece todo nuestro respaldo y apoyo, y solo una atingencia o añadido, ya que estamos en la era del audiovisual, y que gran parte de la música pasa hoy también por la televisión: ¿por qué no se incluye a la pantalla chica también en el alcance de la propuesta? Digo, es un decir, como decía el poeta.

En blanco y negro o a todo color

Por Christian Wiener Fresco

El otro día ingrese al  portal web de Tondero films y representaciones; y me percaté que en la galería de fotos de sus representados, entre los que se incluyen decenas de actores, actrices, conductores y cantantes; no se encontraba ninguno de rasgos indígenas o afroamericanos. 

En realidad este hecho no debería llamarnos la atención, ya que desde hace mucho tiempo en la televisión, publicidad e incluso buen parte del cine y el teatro peruano, es casi inexistente la presencia de otras personas que no correspondan al fenotipo blanco occidental,  como si fuéramos, al decir de Jorge Bruce, un país escandinavo. Lo que sorprende sí, es que el portal al que aludimos sea de la empresa que produjo el gran éxito comercial de “Asu Mare”, que supuestamente promovía el ascenso y la inclusión social y es producto de bandera de la “Marca Perú”.

Se cree equivocadamente que solo existe racismo cuando se hace ostensible y grosero, caso de algunos personajes cómicos, programas de concursos o en coyunturas especiales, cuando las pasiones se crispan, como las elecciones, pero se olvida que tan o más discriminatorio es la invisibilización de los otros, la negación de su presencia, que se encuentra tan acendrada en la ideología de las mayorías que casi no lo perciben o les parece natural. Muy significativo fue al respecto la airada reacción de ciertas elites al proyecto fotográfico de Daniela Ortiz, con escenas cotidianas de familias pudientes que descubrían a escondidas la presencia de 97 empleadas domésticas, convertidas en adornos y fondo de las imágenes.

Nadie duda que los mensajes racistas, machistas y de exclusión social sean práctica cotidiana en los medios de comunicación consumidos por millones de peruanos.  Sin embargo no existe sanciones  porque la actual Ley de Radiodifusión deja en manos de los dueños de los medios la “autorregulación”, que es una farsa conocida y admitida.

Es insólito que mientras un local púbico puede ser cerrado por prácticas que se consideren racistas y discriminatorias, ello no se aplica a los medios de comunicación, que pueden insultar y burlarse impunemente y no reciben mayor sanción que la social (tenemos el triste privilegio que un periodista peruano ganó el premio ‘al artículo más racista del año’ de una organización internacional que defiende a las organizaciones indígenas). Y si alguna autoridad osa siquiera cuestionar a un medio, estos inmediatamente reaccionan en conjunto, alegando un supuesto atentando a la libertad de expresión, que en realidad no es más que libertad de empresa.

Cuando se habla de la crisis de nuestro sistema educativo se suele soslayar el rol de los medios de comunicación en la formación de valores y prácticas ciudadanas y de una conciencia intercultural. Y no porque creamos a estas alturas en teorías como la de la aguja hipodérmica o de la influencia directa de los medios en el comportamiento humano, descartadas por su determinismo y unidireccionalidad; lo que no significa, empero, obviar el peso de los mensajes mediáticos en el menú cotidiano, más aún en niños y jóvenes que conviven con ellos y lo reproducen como algo “normal no más”.  

Urge por tanto poner en evidencia la continuidad del mensaje racista en nuestra sociedad, y vale los esfuerzos de denuncia en las redes de colectivos y personas que son cada vez menos tolerantes frente a la discriminación. Pero con todo, es insuficiente, correspondiendo al Estado, y en particular al Ministerio de Cultura, encabezar una campaña por visibilizar nuestra diversidad cultural, no sólo desde la comida, el folklore o la vestimenta; sino en la persona humana y su relación intercultural. Esa que suele olvidarse en los castings y promociones de las empresas exitosas, porque del dicho al hecho, hay casi siempre mucho trecho.

Ley de medios a la ecuatoriana

por Christian Wiener Fresco

Hace unas semanas se aprobó en la Asamblea Nacional del Ecuador la Ley Orgánica de Comunicaciones, que inmediatamente recibió una andanada de críticas de la prensa tradicional de ese país y de los grandes medios internacionales. La reacción no era novedad, pues similares ataques recibieron hace unos años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, así como propuestas que en el mismo sentido y propósito se vienen discutiendo en Uruguay, Bolivia  y Brasil.

La dación de estas leyes en la región, más allá de los deseos de los mandatarios de turno, responden a un reclamo de vastos sectores ciudadanos por transformar y ampliar un sistema que debiera ser de servicio público y proyección cultural, pero que ha devenido, en la mayoría de los casos, en un usufructo puramente comercial, cuasi oligopólico, y no pocas veces corrupto.

En nuestro país, los medios agitan cada cierto tiempo el cuco de la expropiación velasquista de los años 70 para defender la ‘libertad de prensa’ (que en realidad es de empresa), pero no suelen tener la misma memoria respecto a la compra corrupta de los medios en los 90 por parte de Fujimori y Montesinos. Lamentablemente los gobiernos de Paniagua y especialmente Toledo, no tuvieron las agallas para hacer un parteaguas del tema, poniendo en subasta las licencias de los medios de comunicación que se habían pervertido en su uso, prefiriendo negociar con sus herederos y testaferros, y arreglando cambios de propiedad y manejo de deudas de forma obscura para favorecer la concentración de poderes mediáticos. Peor aún, el Congreso de esos años sancionó una Ley de Radiodifusión mediatizada, que convirtió al organismo supervisor en meramente consultivo (CONCORTV), y  dejó en manos de los dueños de los medios la “autorregulación ética”. Y es que como decía un periodista brasileño, creer que los políticos van a regular los medios es como pedirles a los drogadictos que dicten normas para el control del narcotráfico. Ninguno lo hará porque son adictos, y lo peor, es que no son conscientes de ello.  

Volviendo al caso ecuatoriano, la norma aprobada se ha debatido durante tres años, y está muy lejos de propiciar la confiscación de los medios existentes o la censura de contenidos (que está expresamente prohibida), propiciando la democratización y mejora de las comunicaciones con aportes de académicos, productores, periodistas, y entidades de la sociedad civil agrupados en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación.

La nueva Ley promueve la participación plural en la propiedad de los medios, que se refleja en la distribución de frecuencias de radio y televisión, que se divide en tres tercios para medios de comunicación comunitarios, de alcance local y regional; medios de comunicación públicos, y medios de comunicación privados. Adicionalmente, se prohíbe la propiedad cruzada, es decir que una misma empresa controle frecuencias de radio, televisión y prensa escrita, y se pone límites para evitar la concentración de señales por una misma empresa. 

De otro lado, se establece que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de medios de comunicación que usen frecuencias nacionales, deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, buscando con ello promover la producción local en este rubro. En cuanto a la producción audiovisual, los medios destinarán de manera progresiva al menos el 40% de su programación total diaria a contenidos de producción nacional en el horario apto para todo público. Así mismo, la programación deberá incluir al menos el 10% de producción nacional independiente (ficción o documental), certificada por el órgano de fomento del cine y el audiovisual nacional, para estimular el cofinanciamiento de los canales de TV.

Hay otros aspectos en la Ley que pueden ser más discutibles, en especial en cuanto al manejo periodístico y el llamado “linchamiento mediático” a una persona o institución, que muchos medios que lo ejercen cotidianamente ahora tratan de fingir que no conocen.  Pero estamos bastante lejos de la “ley mordaza” que nos quieren vender los medios peruanos, seguramente para curarse en salud.

Sin embargo, pierdan cuidado, mientras el actual gobierno siga siendo más amigo de la CONFIEP y los poderes facticos, frente a la mayoría que lo llevó a la presidencia, una ley como la aprobada en Ecuador o Argentina no se hará realidad, ni se tocará el oligopolio mediático o propiciará una mejor televisión, democratizándose el medio en la perspectiva digital, por más que en el olvidado programa de la Gran Transformación se proponía la “elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”.