¿Cine y Mercado, o Mercado del Cine?

por Christian Wiener Fresco

Ponencia presentada al Cuarto Encuentro Nacional de Cultura, realizado en el Museo Metropolitano de Lima, en la Mesa de Políticas Públicas y Cultura del 20 de agosto del 2014.

Una de las políticas públicas en el campo de la cultura más visibles en todo el mundo es la relativa al fomento o promoción de la cinematografía. Hay varios factores que explican esto, como que se trata de una industria costosa y que requiere un sofisticado soporte tecnológico, que al fomentar y democratizar la producción y difusión, se permite el acceso al cine de personas de toda condición y lugar. También que es un arte colectivo, que da trabajo a gran cantidad de personas, estimulando además el desarrollo de servicios conexos y auxiliares, incluido el sector turismo. O que es un poderoso medio de comunicación, factor de entretenimiento y formador de conciencias de la mayor importancia en el siglo XX y XXI. Y más aún, su carácter de importante elemento de identidad y expresión de la diversidad cultural al interior de los países y el mundo. Finalmente, y no menos importante, es que el mercado de la distribución y exhibición comercial cinematográfica no es libre, y se encuentra dominado en casi todo el mundo por el oligopolio de la industria hollywoodense, de lo que el Perú ciertamente no es una excepción.

Sea como sea, lo cierto es que actualmente suman más de 140 los países en el mundo, según datos de la UNESCO, que tienen algún tipo de ley, norma o disposición favorable a su cinematografía, en diversos aspectos y alcances. Así, encontramos desde los que financian directamente desde el Estado toda su producción y exhibición cinematográfica, caso de los países socialistas y algunas naciones islámicas (lo que no evita que por ejemplo en Cuba se esté discutiendo la necesidad de una ley para los realizadores fuera del ICAIC); a otras que promueven con diversas políticas y estímulos fiscales, la inversión privada y la producción propia (o en coproducción con otros países); y las que buscan sostener e impulsar la industria regulando el mercado, o ambas cosas, etc. Incluso hay países de gran producción fílmica, tipo la India con Bollywood –que tiene la mayor cantidad de películas al año- o el propio Estados Unidos, que si bien no impulsan acciones de promoción directas a su cine como en otras partes, no dejan de contar con políticas de Estado, tanto para consumo interno como externo de sus producciones, al mismo tiempo que promueven el mercado libre para las otras naciones. Una muestra de ello es que en todas las negociaciones de comercio internacional donde participa los Estados Unidos, incluido los TLC y ahora el TPP, es infaltable el lobby de la MPPA, el conglomerado de las grandes empresas distribuidoras norteamericanas.

De resultas que las leyes y normas de promoción a los cines nacionales no son la excepción sino más bien la regla habitual en el concierto internacional, abarcando cada año a más países, incluso de incipiente producción, como El Salvador, Panamá o Paraguay en América Latina, que empiezan a tener una presencia internacional gracias a esas políticas. Claro que los incentivos y regulaciones han sido una historia de marchas y contramarchas, al vaivén de las políticas económicas, recursos fiscales y convicciones políticas de los gobernantes de turno, tan volubles como la taquilla del público.     

Se puede concluir entonces que cuando los periodistas neoliberales editorializan enérgicamente contra las leyes de cine y cualquier tipo de participación estatal en la materia, parten del desconocimiento más elemental del fenómeno cinematográfico internacional, aderezado por supuesto con sus prejuicios y anteojeras ideológicas. La prueba más clara de ello la tuvimos en el editorial del 15 de abril del 2013 de “El Comercio”, donde a propósito del éxito comercial de “Asu mare”, se quiso pontificar no solo contra medidas como la “cuota de pantalla” que se venía proponiendo en un proyecto de nueva ley de cine promovido por el Ministerio de Cultura, sino cualquier tipo de proteccionismo al medio, más aún con fondos públicos, los que supuestamente estarían mal usándose para financiar proyectos privados que deberían participar con la suya, y nada más, en el mercado.

Olvidan, por supuesto, que la cuota de pantalla es un mecanismo para asegurar un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, ya que en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en las estaciones de radio y televisión peruanas. Agreguemos que la cuota de pantalla propuesta en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Cultura no se planteaba de forma obligatoria e ineluctable, sino como una posibilidad o potestad de la autoridad de acuerdo a diferentes variables, como el volumen de la producción nacional y la cantidad de espacio que permitan las salas a la difusión de las películas peruanas. Y el porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota era el 20%, que no es una cifra arbitraria, sino que estaba consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se garantiza que hasta ese número nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual. Por ende, no se trataba de imposiciones ni censuras,  ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero  si  abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes bolckbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. La cuota de pantalla, por lo demás, se aplica en países europeos como Francia y España, en Argentina y Brasil y en Corea del Sur, por mencionar solo algunos ejemplos, y en esos países no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

¿Qué otros mecanismos de apoyo o fomento recibe la producción cinematográfica en diferentes lugares? Vemos los casos más comunes:

1. 1.   Subsidio o asignación directa de recursos del presupuesto general, y entrega de premios y ayudas no reembolsables bajo la figura de concursos. Es una de las modalidades más frecuentadas, que se aplica actualmente en el Perú con la ley 26370 y su modificatoria de la 29919. El gran peligro es la fragilidad de su vigencia, sostenible en tiempos de relativa bonanza económica, y dependiente de la voluntad política de los gobernantes y funcionarios de ocasión.
2. 2.    Constitución de un fondo, a través de fideicomiso, con un capital inicial considerable, luego amortizado con los intereses. Es una modalidad desarrollada en Chile y en parte en México, que permite contar con un capital propio y autónomo, pero que requiere de una decisión de inversión inicial del Estado, importante y significativa,  y una manejo financiero prudente y transparente.
3. 3.    Préstamos blandos y créditos  de bajo interés. Es una práctica que puede y de hecho funciona en un contexto de otras ayudas, y con una industria medianamente instalada y un mercado consolidado. Caso contrario, como sucedió en Bolivia, el resultado puede ser catastrófico, ante el poco retorno económico que genera el cine; lo que terminó endeudando a los cineastas y productores.
4. 4.    Creación o derivación de un impuesto, tasa o aporte a un fondo, lo que se aplica en Argentina y Colombia; y que fue propuesto, sin mucho éxito, para ser replicado en el Perú. En su mayoría, estos ingresos provienen de la propia actividad cinematográfica (el boleto de entrada a los cines) y permite una recaudación permanente y sostenible para diversas áreas del cine. Otras modalidades son las que se aplican en el Reino Unido, donde la fuente central de aporte a la cultura en general, incluyendo al cine, es la lotería.
5. 5.    Exoneración de impuestos, total o parcial, en favor de los productores, sea en la etapa de producción o en la exhibición, como permitía la anterior ley de cine de los tiempos de Velasco, la 19327, que aunado con la exhibición obligatoria de cortos y largos, concedía a las empresas productoras, como parte de su ganancia, el monto del impuesto fiscal que renunciaba el Estado del boleto de entrada al cine en favor de ellos.  
6. 6.    Estímulos fiscales a las empresas privadas que aportan en cultura, también conocido como leyes de mecenazgo, que han tenido gran éxito en Brasil, y algo menos en Chile, Colombia y México. Aquí se hace un intercambio de impuestos de las empresas por apoyo a la cultura en diferentes porcentajes y características que sean significativos para el sector audiovisual, sin afectar las arcas del Estado.
7. 7.    Participación  de empresas del Estado y paraestatales en la coproducción y  difusión de películas privadas. Los casos más comunes son las televisoras del Estado, como fueron en Europa la TVE, ZDF, RTF, RAI, antes que llegaran los tiempos de la crisis y las vacas flacas fiscales. En nuestra región estas ayudas, de darse, serian poco significativas por el poco peso y capital que disponen las televisoras públicas.
8. 8.    Fondos no retornables o créditos blandos de procedencia local, que promueven la realización cinematográfica en diversos Estados o regiones de los países, buscando resaltar su identidad regional, como se aplica en Brasil, México o Venezuela. 
9. 9.    Programas de acuerdos regionales, como IBERMEDIA o la RECAM en Mercosur, que integran los capitales de países para financiar proyectos de coproducción y eventualmente distribución de películas entre las naciones miembros.

Como puede colegirse por lo anterior, existen variadas formas de apoyo al cine desde el sector público, que no necesariamente son opuestas entre sí, y que se aplican con intensidades diversas y resultados diferentes a lo largo del mundo. Suele suceder sin embargo, que la tecnocracia económica, enquistada en los ministerios de economía y organismos financieros, es muy reacia al gasto “superfluo” que para ellos supone la cultura, y por eso suelen impedir o boicotear estas iniciativas a favor del cine con los clásicos argumentos de la disciplina fiscal, la supuesta inconstitucionalidad de la asignación, o la simple falta de recursos. Es lo que sucedió recientemente con el MEF, cancelando las propuestas contenidas en el proyecto de la nueva Ley de cine que se discutió en el ministerio de Cultura, por “insalvables diferencias con los criterios de política económica y fiscal” que maneja la todopoderosa institución,  sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 0042-2004-AI/TC) que precisa que la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, y agrega que “el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración”.

Y es que el apoyo a la cultura, y concretamente el cine, no es un asunto “técnico”, ni que se resuelva a nivel de funcionarios de rango medio, por más buena voluntad y entusiasmo que prodiguen. Es esencialmente un asunto de voluntad política de las más altas esferas políticas, de convicción y decisión que los lleva a apostar por el apoyo a esta actividad, independientemente de las motivaciones políticas ulteriores que la motiven. Ha sido el caso de los Kirchner en Argentina, Lula y Rousseff en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile, Vásquez y Mujica en Uruguay, Santos en Colombia Chávez en Venezuela, o Correa en Ecuador; por citar solo algunos ejemplos visibles de mandatarios de la región, de diferentes ideologías, que han apostado a su cine de manera significativa en los últimos años, con un crecimiento espectacular y resultados esplendidos. Pero claro, para ello se requiere de personas con sensibilidad humana y artística, o cuando menos rodeados de asesores que la tengan, medianamente informados sobre la importancia del cine y lo audiovisual en el mundo actual, y que tengan cuando menos alguna noción de política cultural desde el Estado, más allá de los lugares comunes y clichés de seguir considerando la cultura como adorno folklórico y saludo a la bandera en gran parte de los planes de gobierno. 

Ese es justamente uno de los grandes problemas del Perú, país presidencialista por excelencia, pero donde los que han ocupado estos cargos muy poco se han interesado en la cultura y específicamente el apoyo al cine, incluso los que se preciaban de “cultos” y “cosmopolitas”. Y Ollanta Humala no es una excepción, ya que su omisión reiterada de la cultura en sus mensajes anuales es una prueba más de lo poco que le preocupa el tema, más allá de la retórica de ocasión en ceremonias oficiales, que se traduce empero en una nula política cultural propia, por más esfuerzos del Ministerio de Cultura por crear la ficción de su existencia.

Todo eso se traduce en que el Perú, pese a exhibir una boyante economía y que en los últimos tiempos se ha cumplido –luego de mucho tiempo- con asignarse los fondos estipulados en la ley 26370 que permitieron más concursos y premios que años anteriores, se ubique en Sudamérica en quinto lugar en la región en cuanto a la asignación anual de montos de apoyo para su cine (un poco más de 2 millones seiscientos mil dólares), bastante por debajo de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela; y apenas por encima de Uruguay y Ecuador.

En esas circunstancias, cuando se producen fenómenos comerciales con películas realizadas al margen de las ayudas del Estado como “Asu mare” el año pasado o en menor grado “A los 40” este año, que convocan a millones de espectadores, rompiendo el mito de los últimos tiempos de que al público peruano no le gusta su cine; era previsible que se reaviven voces desde la ortodoxia neoliberal para cuestionar el sistema de ayudas público frente al veredicto del sacrosanto mercado.     

Lo que estos sectores no quieren entender es que el cine es mucho más que una mercancía que se oferta en el mercado y se vale del marketing como cualquier otro producto comercial, es también una forma de expresión personal y con un importante valor identitario, por lo que resulta imprescindible que el Estado garantice la pluralidad de sus expresiones. Esta debe incluir a películas de neto corte comercial y fácil empatía con el público masivo hasta, en el otro extremo, las propuestas más herméticas y experimentales, pasando por otras alternativas fílmicas como las obras en competencia en festivales internacionales o el cine regional, por citar dos casos. Si el Estado no tiene una intervención, cuando menos en el incentivo a la producción, lo único que sobreviviría serían las películas abiertamente comerciales por la lógica precisamente de un mercado distorsionado por el monopolio estadounidense y una población con los más bajos índices de comprensión de lectura en el continente. Fíjense que el éxito de las películas antes mencionadas, y algunas otras más, no ha impedido que se sigan presentando en los meses recientes los reiterados conflictos de los productores con los exhibidores nacionales, boicoteando el estreno de sus películas que no se amolden a esa matriz comercial, con mil y un pretextos y argucias que le permiten su situación de poder.

Finalmente todo esto no quiere decir que el fomento público al cine tenga que ser ajeno al mercado, sino todo lo contrario. Por eso la preocupación de garantizar que las películas peruanas puedan acceder a la pantalla, y no excluidas de su propio mercado natural. Pero resultaría insuficiente que el Estado se aboque en exclusivo a una tarea de control y regulación, olvidando sus otras obligaciones de formación de público que nunca ha sido abordadas en el país, al punto que el tema audiovisual, increíblemente en pleno siglo XXI, siga excluido de las currículos escolares, pese al mandato –nunca cumplido ni reglamentado por el MINEDU- de la Ley 26370, salvo en aquellas instituciones privadas que por su propia cuenta se han preocupado en desarrollarlas. Por esta razón fue que a lo largo de todos estos años de intenso debate sobre una nueva ley de cinematografía y el audiovisual insistimos tanto en la necesidad de su integralidad, de ver toda la problemática del sector en su conjunto, como sucede en otros países de la región, y no limitada a la consecución de más recursos para la producción. Eso abarca aspectos como la necesidad de una Cinemateca Nacional, que preserve nuestra memoria audiovisual,; el impulso a la filmación en el país, tanto nacional como metropolitana, con normativas reguladoras que promueven e incentiven, incluso con beneficios fiscales, el trabajo profesional en sus localidades; y el respaldo a la exhibición cultural, enormemente simplificada en estos tiempos de nuevas tecnologías digitales, apoyando tanto actividades y eventos como los festivales y muestras, así como el establecimiento de cineclubs y salas de arte y ensayo, que sean ventanas permanentes para la difusión del cine peruano, latinoamericano e internacional de interés cultural y artístico, y que no tiene, en la mayoría de casos, acceso a los circuitos comerciales de exhibición.

En resumen, una visión de conjunto del cine, que abarque sus necesarias dimensiones comercial, industrial y profesional, que todavía se encuentran por construirse en el país, pero al mismo tiempo también, que no descuide su rol cultural y educativo de primer orden en el mundo de hoy, tan dominado por las imágenes y los sonidos. Más aun y como mencionaba Octavio Getino, en momentos que las nuevas tecnologías nos permiten compartir soportes y plataforma de producción y difusión  en cine, televisión, internet y dispositivos móviles; que deberían facilitar que más gente pueda acceder a los contenidos audiovisuales si se pensara desde el Estado en el bien común, antes que en las ganancias sectoriales y personales “construyendo marcos y ambientes nuevos y propicios para potenciar nuevas dinámicas en materia de educación, comunicación y cultura.

* Versión en vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=RJ8VSMluqQw&feature=youtu.be