Para reírse de la historia

por Christian Wiener Fresco

La historia es una relación de los hechos del pasado que, por más que se precie de científica, no es infalible y siempre revisable. Por eso los teóricos posmodernos la definían como un “metarrelato” (es decir, un relato más allá del relato); o en otras palabras, una narración que reconstruye una versión o verdad de lo sucedido, apoyada en datos, testimonios y evidencias verificables, pero que no se exime de una interpretación con un determinado sesgo ideológico. De ahí que se hable que muchas veces la historia la escriben “los vencedores”, para referirse a que quienes alcanzan el poder, suelen imponer también su verdad histórica como la única valida; por supuesto,  cuando la tienen (que no es el caso de los que se llaman pragmáticos y acomodaticios, que prefieren la negación de la historia, como sucedía con Fujimori).

Todo esto viene a cuento de “El Perú ja ja”, la obra de teatro dirigida por Roció Tovar y que se vuelve a presentar en la Asociación Cultural Peruano Japonesa.

Según palabras de la directora en una reciente entrevista, la obra es “una magistral (sic.) clase de historia del Perú, en joda”. Dejando de lado el adjetivo, por exagerado y poco modesto, por decir lo menos; lo que es evidente es su intención de revisar, en clave de humor, algunos hechos y relatos más conocidos y reconocibles de nuestra historia oficial.

En principio, no habría nada que objetar a la propuesta, porque si la historia es un relato, como hemos mencionado antes, es perfectamente legítimo desde el arte confrontar y replantear el discurso, y porque no, con las armas del humor y la parodia que puedan poner en cuestión mitos y certidumbres del relato histórico instituido, como lo hicieron, en su momento, los ingleses Monty Python, el norteamericano Mel Brooks  o el propio Quentin Tarantino con los “Bastardos malditos”.

Sin embargo, la propuesta de “Perú ja ja” no busca la sátira punzante de nuestros males históricos, o una interpelación de la historiografía oficial, o cuando menos, una puesta en crisis del relato genérico que define a los peruanos. Nada de eso, la obra se limita a una caricatura bastante burda y superficial de determinados personajes y situaciones de la historia nacional, vistos como cromos intercambiables de un álbum escolar, y con bromas no exentas de alusiones racistas y homofóbicas. Adicionalmente, y como ha sido señalado en las redes sociales, sus datos históricos de base tienen gruesos errores, lo que es lo mínimo que se puede exigir a quien quiera hablar de historia, así sea en plan de joda.

Un ejemplo representativo es el episodio de la batalla de Arica y el sacrificio de Bolognesi y Alfonso Ugarte, donde se quiere presentar al primero como un viejo aburrido y loco, y al segundo, un imberbe y algo amanerado hijito de papa. Detrás del maleteo a esos dos personajes, precisa en su blog Gustavo Faverón, está “la idea vil y baja de que la solidaridad y la voluntad de entregarse por los demás es cosa de "cojudos", desacreditando su acción, con ese tonito cachasiento y alpinchista,  tan común en estos tiempos en ciertos sectores favorecidos de la Lima señorial.

Lo que hace más evidente que la supuesta lectura irreverente de la historia no es tal, o es solo selectiva, es la gruesa omisión de los realmente poderosos en el sainete de Tovar. ¿Por qué no hay mención ni burla de la fuga de Prado, los enriquecidos por el guano, o los grandes señores de la tierra que terminaron colaborando con el enemigo? 

No es mi intención rasgarme las vestiduras, ni investirme de patrioterismo, pero si tenemos que poner en el fiel de la balanza histórica lo que hicieron los líderes políticos y económicos en la guerra con Chile, frente a personajes como Bolognesi, Ugarte o Grau; sin duda que los segundos merecen nuestro mayor reconocimiento, más allá del manoseo de sus figuras por el tradicional discurso castrense y oficial. Más aún, en un país con tan devaluado sentido cívico en su población, después de la devastación educativa del fujimorismo, y con tan pobre nivel de compresión lectora.        

Al final, lo que es claro, es que la opción de la obra es solamente el divertimento fácil y redituable económicamente, no importa cómo y sobre que o quienes lo hagas, lo que parece la moda de estos tiempos de “Marca Perú”

El viejo nuevo cine latinoamericano

Palabras pronunciadas en la presentación del libro "El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica" de Isaac León Frías en la 18º Feria Internacional del Libro de Lima. Una versión resumida del mismo ha aparecido el 24 de junio en la edición de MIÉRCOLES DE POLÍTICA. (Christian Wiener)

Agradezco la invitación de mi amigo y ex profesor, Isaac León Frías, para comentar su última publicación, “El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica” Pero antes de empezar esta presentación en la decimoctava Feria Internacional del Libro de Lima, no puedo dejar de aunarme a las voces de rechazo y protesta por el inmerecido homenaje que esta feria le ha dispensado hace unos días a la señora Martha Meir Miro Quesada Y aunque no quisiera agregar más a lo manifestado en la carta pública, con la que coincido plenamente, no puedo dejar de recordar, dado que vamos a hablar de un libro sobre cine, que hace algunos meses ella publicó un artículo donde, no se si por ignorancia o mala leche, afirma que los cineastas peruanos escabulleron el tema de la violencia y sendero, lo que es totalmente falso, como lo prueba la copiosa filmografía que existe al respecto, y no de ahora sino de los años en que las papas realmente quemaban.

El último libro de Chacho, editado por la Universidad de Lima, es bastante extenso, 473 páginas, que por suerte he podido leer de forma acuciosa en estas semanas porque me encuentro involuntariamente desocupado. Sé que es producto de un largo trabajo, y se nota, buscando revisar de forma exhaustiva y polémica, debatiendo con otros autores, sobre lo que significó este cine en los movidos años 60, que tuvo a sus más conocidos hitos en el “Cinema Novo” brasileño, los documentales cubanos, la urgencia panfletaria de “La hora de los hornos” o el cine “neo indigenista” de Jorge Sanjinés en Bolivia.  

Su acercamiento no es académico, lo que no significa que carezca de basamentos teóricos,  pero privilegia la visión del crítico y ex director de “Hablemos de Cine,” que conoció de primera mano y fue también protagonista de la historia, ya que la práctica y la teoría cinematografía no andaban tan divorciadas en esos años. 

Debo confesar que en un principio temí encontrarme con una versión apóstata o renegada sobre ese cine que se reclamaba revolucionario, urgente o “imperfecto”, porque estos planteamientos, como también sucede en el otro extremo con los convencidos y panegiristas irreductibles, suelen ser reduccionistas y maniqueos, alimentado los prejuicios antes que la reflexión serena y profunda. Algo así como que si de “Los años de la conmoción”, por citar el libro de entrevistas de Chacho editado por la UNAM en 1979, hubiéramos terminado en “Los años de la desilusión”. 

Por suerte, el libro está bastante lejos de quedarse en un ajuste de cuentas y liquidación del pasado que antes había abrazado en buena parte y como mucho otros el propio autor, apuntando más bien, con la distancia que dan los años, a tratar de separar la paja del trigo y revisar en perspectiva, sin ortodoxia ni canon preestablecido, lo que se filmó y escribió en el arco histórico que va desde los inicios de la década del 60 hasta la mitad de los años 70.

Ahora bien ¿existió el “nuevo cine latinoamericano”? ¿y a qué se denominó como tal? Como bien se pregunta Chacho en el libro, es un término demasiado abierto y laxo que puede albergar muchas cosas. Empezando por el arco temporal, puesto no ha faltado quienes siguen utilizándolo más allá de la mitad de los años setenta, que es la fecha de periodificación más común, que también se adopta en el libro que comentamos. Luego, es necesario ir más allá del vago adjetivo “nuevo”, que puede admitir decenas de significados e interpretaciones en contraposición a lo obsoleto, viejo o caduco. Como suele suceder con los movimientos que insurgen contra lo existente, es más fácil definirlos por lo que no son, o a lo que se oponen, que podrían sumar una serie indefinida: el predominio imperial hollywoodense y el cine comercial, las historias, géneros y estereotipos del cine tradicional, las formas industriales establecidas y burocratizadas (donde las había, como en México, Argentina o Brasil), el colonialismo y racismo persistente, la dependencia y el subdesarrollo económico, social y cultural; entre muchos otros lastres de una América en busca, como se repetía en esos años, de su “segunda independencia”. En cambio, cuando tratamos de verlo en positivo, el asunto se hace más difícil de delimitar y borroso para definir, pues existen diferentes maneras y posturas de entender eso que llamamos “nuevo”, así como de procesos que lo sustentan, y de allí la diversidad de voces que se expresan en el mare magnum cinematográfico de esos años.          

Eso nos lleva a una primera constatación, y es que el llamado “nuevo cine latinoamericano” fue en realidad más un membrete antes que un todo homogéneo. Seña de identidad de cineastas de la región unidos por cierta contemporaneidad generacional, entendiendo este último término en la acepción de Tito Flores Galindo, cuando recordaba el proverbio árabe de que los hombres se parecen más a sus amigos que a sus padres, y que lo definía como “el peculiar encuentro entre determinados acontecimientos y vivencias, por un lado, y proyectos y actitudes que cohesionan a un grupo de coetáneos”. Los proyectos y actitudes fueron en este caso la común reivindicación de una modernidad fílmica, así como la ideología popular o de izquierda –que iba desde un progresismo nacionalista hasta los radicalismos más extremos-. Sin embargo, de allí a perfilar un todo homogéneo del cine latinoamericano hay mucho trecho, y solo podría ser fruto de ciertas generalizaciones biempensantes de la intelectualidad estadounidense y europea, porque las realidades, desarrollos y propuestas estéticas difirieron entre los países latinoamericanos. Es más, y sin que hayan desaparecido ni mucho menos las diferencias en la región, se puede decir no obstante que en el presente, con leyes e institutos de cine y plataformas de coproducción como IBERMEDIA, existe algo más de homogeneidad entre nuestros cinematografías que en las décadas del 60 y 70.       

Otra comprobación clara es que no siempre los textos o manifiestos de los cineastas, por más lúcidos o apasionados que sean, se corresponden a sus propuestas cinematográficas, por lo que se debe estar más atento a lo filmado que a lo escrito o dicho, así sea en tono altisonante o sentencioso. Eso vale tanto para las tesis del Tercer Cine, esbozadas por el Grupo Cine Liberación, como las del Dogma 95, 26 años después; que comparten de alguna manera un cierto carácter normativo y valga la redundancia en este caso, “dogmático”; lo que de entrada nos hace desconfiar de su eficacia y durabilidad más allá de lo propagandístico, como efectivamente sucedió, porque fueron tan enfáticas y rutilantes como efímeras.       

Por supuesto que el valor de una película, que le permite superar la prueba del tiempo, radica principalmente en su propuesta estética y originalidad, más allá del argumento, en muchos casos coyuntural. Y personalmente creo que buena parte de ese cine latinoamericano, de ficción y documental, que se produjo en esos años, más allá de excesos y radicalismos a veces más retóricos que reales, vale por lo que significó como propuesta renovadora y de modernidad lingüística del cine en muchos aspectos antes que por su supuesta corrección política, que podría haber sido muy importante en esos años pero ahora queda solo como un dato. Recuerdo, y aquí quiero contar una pequeña anécdota personal, que cuando descubrí que existía eso que llamaríamos el “otro cine” en el cineclub del Ministerio de Trabajo a mis tempranos 12 o 13 años –y una de las ventajas de esa sala es que no había censura por edad- una de las primeras películas que tuve oportunidad de ver fue “Dios y el Diablo en la Tierra del Sol” de GlauberRocha. Y recuerdo hasta ahora mi deslumbramiento, a pesar de que no había entendido casi nada de la película, y desconocía totalmente todo el mundo mitológico de los cangaceiros y los santones en el “sertao” brasileño, pero esas imágenes, el sonido y la fuerza que trasmitían se me quedaron impregnadas, al punto que he vuelto a ver decenas de veces el filme, con otros ojos y mayor conocimiento, y sigue siendo para mí una de las mayores obras de todos los tiempos en el cine latinoamericano. Como también me sucede con “Memorias del subdesarrollo” de Tomás Gutiérrez Alea o  “El dependiente” de Leonardo Favio, que en registros y opciones diferentes (como dice Chacho, uno en el canon del NCL y otro más bien excluido, a pesar de ser producido en esos años) mantienen, empero, su vigencia, al igual que otros muchos títulos más.  

Ahora bien, cuando digo que las historias no es lo esencial ni lo que perdurará de este cine, no significa desconocer lo que estas películas trajeron de novedoso en este campo también, como el protagonismo popular despojado de la mirada paternalista y bienhechora, el desnudamiento de los mecanismos del poder y la política, o la revisión de la historia no siempre desde el lado de los vencedores. Pero es cierto que también hubo temas apenas entrevistos, como la condición de la mujer y el machismo realmente existente (presente en las cubanas “Lucía” o “De cierta manera”), el aborto, la delincuencia, las drogas y el alcohol,  o el homosexualismo, que fue en general un tabú en la región hasta fines de los años 80 y principios de los 90. También, hay que decirlo, el escaso uso del humor y la cultura popular, salvo contadas excepciones, porque tal vez no era políticamente correcto salirse de la mirada seria y solemne de la acuciante realidad latinoamericana.

En su tesis, publicada como libro y titulada  “El cine de la marginalidad, realismo sucio y violencia urbana”, el ecuatoriano Christian León Mantilla ensaya la hipótesis de un nuevo movimiento o corriente del cine latinoamericano en la segunda mitad de los 90 y principios del 2000, que respondería al declive de algunos postulados básicos del  NCL como la crisis de los proyectos de cultura e identidad nacional, la globalización y el desmantelamiento de los estados nación, y el replanteamiento de la posmodernidad cinematográfica con las nuevas tecnologías y soportes para la grabación y difusión audiovisual. En ese contexto es que surgirían películas como las del colombiano Víctor Gaviria (“Rodrigo D”, “La vendedora de rosas”) o las primeras de Adrián Caetano (“Pizza, birra y Faso”, “Un oso rojo”). Un cine que aborda la violencia urbana, la marginalidad social y el desarraigo identitario, con un lenguaje visual desenfadado, que en España se conoce como “realismo sucio” y el autor lo denomina “cine de la marginalidad”.

¿Pero existe o existió de verdad ese cine, o fue uno de tantos rótulos que desde la crítica o la academia se suelen motejar para tratar de englobar y definir algo en la región? Tal vez, como el mucho más aceptado título del NCL, es importante no quedarse en los clichés y las verdades irrefutables cuando se habla de algo tan amplio y complejo como el cine, evitando aferrarse a conceptos y dogmas como el del propio “cine de autor” que dominó también el ambiente cinematográfico y cultural en esos años.

Antes de terminar quiero hacer referencia a un detalle relevante para nosotros, y es porque el llamado NCL no tuvo mucho eco o representatividad en el Perú de esa época. Es cierto que como menciona el libro, puede hablarse genéricamente del cine de Armando Robles Godoy como expresión de la modernidad europea (Resnais entre otros) trasplantada de forma muy personal y sui generis a nuestra realidad, o con una carga más ideológica, los trabajos que al amparo de SINAMOS realizaran Nora de Izcue y Federico García, así como el grupo Liberación sin rodeos, ya fuera del Estado, entre unos pocos. Pero en realidad fue mínimo y casi inexistente en ese mapa regional. Y no porque no hubieran seguidores, por lo menos teóricamente, como fue la revista “Hablemos de Cine” que le dedicó numerosas ediciones a las películas y realizadores que casi no se veían en el país, incluso con algunas caratulas que hoy día llamarían la atención por su provocación o fealdad, como aquella con un pie baleado, no recuerdo en este momento de que película. Si nos quisiéramos poner historiadores y sociológicos diríamos que tal vez fue por la prematura cancelación del foco guerrillero del MIR, la aparición del gobierno reformista de Velasco, o la poca articulación entre el cine y la ciencias sociales, la necesidad de construir un soporte industrial, etc. Sin embargo, yo me inclino a pensar que se debió a que no hubo, de forma personal y vocacional, un cineasta que pudiera y quisiera asumir esas banderas fílmicas en esos tiempos, a la manera de un Sanjinés, Littin, Handler, Alvarez: por citar solo algunos nombres.

Finalmente de todo esto y mucho más se refiere “El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica”, y como he dicho, y por suerte, Chacho no se queda en el recuento ni rehúye la polémica, la que ojalá fructifique más allá de la academia, porque buena falta nos hace repensar ese cine como el actual. Y solo una atingencia, que espero Chacho no la tome a mal, y es que tal vez abusa en algunos momentos en su afán de explicar y recalcar ideas y decisiones, lo que creo que era innecesario y me hacía recordar un poco sus clases en la universidad, con sus circunloquios alrededor de algunos conceptos.                

Sin duda que esos años revueltos en todo el continente, y buena parte del mundo, con sus excesos y limitaciones, permitieron remover muchas cosas, quebrando el ‘establishment’ imperante, proponiendo nuevos caminos y transformaciones en la sociedad, la gente y la cultura, no siempre claros ni definidos, pero si diferentes. Algo de ese sentimiento me quedo con la historia que nos cuenta el  libro sobre el NCL, con sus aciertos y excesos, como también me quedo viendo recientemente “Desde el lado del corazón”, el sentido documental de Pancho Adrianzén sobre la izquierda peruana del 60 y 70, donde más allá de si pudo hacerse mejor las cosas en esos años, y la autocrítica todavía pendiente, lo importante es que se hizo, y con ello empezaron a cambiar las cosas en el país y el mundo.

Radiografía de la Feria del Libro

Desde 1996, en el mes de julio, la Cámara Peruana del Libro ha venido impulsando la Feria Internacional del Libro de Lima, la misma que ha tenido una historia trashumante,  primero en la desaparecida Feria del Hogar o del Pacífico, en el distrito de San Miguel; luego se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Centro Comercial Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco, del 2005 al 2008. El año 2009, la FIL-Lima se trasladó al vértice del Museo de la Nación, donde ahora se ubica el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, y a partir del 2010, se celebra en el Parque Matamula, hoy de los Próceres, lotizado por el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma.

Esta Feria se planteó desde un principio en grande, con invitados extranjeros, y representaciones por países, presentaciones de libros, y actividades culturales paralelas (conferencias, proyecciones, actuaciones), un poco siguiendo el ejemplo de las más importantes ferias del libro de la región, que se realizan en Guadalajara, Buenos Aires o Bogotá. Sin embargo, la Cámara Peruana del Libro no ha estimulado la formación de mercados editoriales internacionales, con compra y venta de derechos, asociaciones para ediciones multinacionales, exportaciones de libros peruanos, entre otras acciones que si se promueven en las trastiendas de las mencionadas ferias.

La Feria Internacional del Libro de Lima comenzó a crecer y hacerse más visible desde el año 2004, luego que entrara en vigencia la Ley 28086, de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, y su reglamento respectivo. Esta norma, impulsada por las empresas editoriales, da estímulos como la exoneración del impuesto a la renta a la importación y venta de libros y productos editoriales afines en el país, y el reintegro tributario sobre el IGV en su comercialización. Ambas medidas resultaron un bálsamo para una industria bastante golpeada y con un mercado disminuido de forma dramática en los últimos años, aunque sus beneficios alcanzaron principalmente a las empresas editoriales más fuertes y consolidadas, que eran las que podían acceder al reintegro, dado el volumen de sus tirajes. Paradójicamente, o tal vez no tanto, fueron editoriales extranjeras como Planeta, Alfaguara, Norma o Santillana; algunas de las que más lo han aprovechado, así como los importadores de publicaciones españolas, colombianas, mejicanas o argentinas.

LOS QUE SOBRAN

Quienes quedaron fuera del baile son los editores chicos o independientes, que publican ediciones de bajo tiraje en géneros poco comerciales como la poesía, ensayos, narrativa, comics; y que privilegian autores noveles, escasamente promocionados o no pertenecientes al círculo más conocido de la movida literaria limeña. No obstante, varios de ellos han logrado salir adelante y posicionar la calidad de sus libros y sus sellos editoriales en el cerrado mercado librero. Si bien esta producción editorial no alcanza todavía en el Perú los niveles que, por ejemplo, se exhibe en Argentina o Chile, constituye el segmento más estimulante y promisorio de esta industria cultural.

Estos son algunos de los principales problemas que se presentan en el campo editorial nacional, y que rara vez se ventilan en las ferias del libro, así como tampoco las muchas veces  tirantes relaciones entre autores y editores, los porcentajes onerosos que las librerías imponen a las editoriales chicas, las dificultades para acceder al padrinazgo de la escasa prensa interesada en el tema, los cambios de las nuevas tecnologías y los e-books en las formas de comercialización y consumo de los libros y, por supuesto, la piratería, pero no solo para combatirla desde el punto de vista represivo sino ampliando el minúsculo mercado local.

Es de esperar que la creación de la Dirección del Libro y la Lectura en el Ministerio de Cultura sirva para que el Estado pueda tener una presencia más activa y reguladora en esta área, como se da en Argentina, México, Colombia, Chile o Brasil, que cuentan con pujantes industrias editoriales, que exhiben altos índices de consumo interno y exportación, lo que el Perú todavía se encuentra muy lejos de lograr.  

CÁMARA Y POLÍTICA     

La Cámara Peruana del Libro fue creada en 1946 y se presenta como una Asociación gremial y cultural de derecho privado y sin fines de lucro, que está integrada por más de 110 socios, entre empresas editoriales, editoriales universitarias, distribuidores de libros y libreros. En su actual directorio figura como vicepresidente el representante de la Editorial Planeta, y como presidente el dueño de las Librerías Crisol, James Jaime Carbajal. Este último, conocido también como “piñita”, formó parte del equipo de los publicistas Oscar Dufour y Daniel Borobio, así como del gabinete de Joy Way durante el gobierno de Fujimori. Luego reapareció en el gobierno de Toledo relacionado con César Almeida, que fuera jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, y denunciado por un testigo como el portador de una coima  en el caso Bavaria. 

Más tarde incursionó en el cine como  socio de Hernán Garrido Lecca en la productora Alpamayo que realizó filmes animados y “La gran sangre” para finalmente aparecer como el propietario nacional de la marca Crisol, en una empresa que tiene como socios al ex ministro aprista José Antonio Chang y se presume también, al propio Alan García. También sería propietario de la editorial Titanium que, oh casualidad, ha editado los últimos libros de García Pérez (que dicen que sustentan sus boyantes ingresos).

LIBROS POLÉMICOS

Quien se encarga de toda la organización de la Feria Internacional del Libro es la directora cultural de la Cámara, la poeta Doris Moromisato. Ella es responsable de sus aciertos y desaciertos, con sus innegables logros y avances en cuanto a convocatoria de participantes y de público cada año, así como  de discutibles decisiones y reconocimientos, que comprometen seriamente el prestigio del evento.

Así por ejemplo, en la edición de este año, que es número 18, uno de los libros presentados será el del cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz, con “Yo Pedro”, lo que originó no pocas críticas y burlas en las redes ante las afirmaciones del artista que solo había leído un libro en su vida. Sin embargo PSV no ha sido la única figura controversial, pues hace dos años, similares y hasta peores comentarios trajo la presencia del argentino Luis Corbacho en la feria, cuyo único mérito era ser ex pareja de Jaime Bayly,  y contar los chismes de su relación.

LA ZARINA

Pero lo que ha incendiado la pradera de esta oportunidad es haber incluido, al lado de los homenajes al desaparecido Antonio Cisneros y el todavía activo Marco Martos, un reconocimiento especial a Martha Meier Miro Quesada “por su contribución a la cultura y aliada en el fomento a la lectura a través de El Dominical de El Comercio”.  Los cuestionamientos van desde el amiguismo (MMQ dirigió hace unos años un documental sobre la poeta Moromisato: “Uno más uno… no siempre es dos”) búsqueda de favores con la mandamás de El Comercio, hasta simpatías fujimoristas, dado que ella fue candidata al Congreso en la rereelección del 2000, y es conocida su línea editorial en el diario.

El polémico homenaje  ha motivado una carta de protesta y rechazo de cerca de doscientos escritores e intelectuales peruanos, entre los que se encuentran Diego Trelles, Fernando Ampuero, Gabriela Wiener, Rocio Silva Santisteban, Eloy Jáuregui, Rodolfo Hinostroza, Mario Montalbetti, Peter Elmore, Winston Orrillo, entre otros.

En la otra orilla, el escritor Ivan Thays, sin justificar el acto, planteó que la Cámara, siendo una entidad privada, era libre de realizar homenajes a quien le plazca. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, porque la Cámara se asume como la representación gremial de todo un sector, y en tanto tal, presiona y negocia institucionalmente con el Estado, y la propia Feria cuenta para su realización con el apoyo de los ministerios de cultura, educación y relaciones exteriores. Por tal razón, el reconocimiento deja de ser un asunto privado o personal para convertirse en institucional, comprometiendo de alguna manera a toda la comunidad de escritores y editores en el Perú, estén o no representados en la Cámara.  

LO BUENO

Pero más allá de los discutidos homenajes, en esta versión de 17 días de la Feria Internacional de Libro de Lima participan 170 stands de 21 países, recayendo este año en Puerto Rico ser el invitado de honor, con una numerosa delegación encabezada por el reciente ganador del Premio Rómulo Gallegos 2013, Eduardo Lalo, y presidida por  la escritora Mayra Santos Febres. Otros invitados son de Argentina, donde se destaca el novelista Federico Andahazi y la periodista Mónica Aristain; del Brasil con la escritora Ana Paula Maia y el músico Nei López; de Chile, el poeta Raúl Zurita y el narrador Hernán Rivera Letelier; de Colombia los poetas Juan Manuel Roca y Beatriz Vanegas; de Ecuador la poeta Soledad Córdoba; de Nicaragua, el novelista Sergio Ramírez y de México, el narrador Luis Arturo Ramos, entre muchos invitados internacionales.

Por eso, y a pesar de todo, siempre vale la pena darse un salto para visitar la Feria, y aprovechar las novedades y ofertas, cuando las encuentras.

La (des) gracia de una pensión

Por Christian Wiener Fresco

Los pedidos públicos de dos conocidas figuras artísticas, Pedro Suárez Vertiz y Eva Ayllon, para que les concedan Pensiones de Gracia, volvieron a poner en la discusión pública la pertinencia o no de concederla.

La Pensión de Gracia, según lo establecido por la Ley 27747, aprobada en el gobierno de Toledo; es un beneficio del Estado para cualquier persona que haya realizado una labor que se considere de “trascendencia nacional en beneficio del país”.

Actualmente, los trámites y requerimientos para que una persona pueda acceder a ella son de lo más engorrosos y dilatados.  Se inicia con la presentación de una solicitud al Ministerio de su sector, adjuntando el currículo documentado de su labor y merecimientos. Se verifica que el solicitante no tenga ningún ingreso del Estado (pensionista u otro concepto) y que acredite una situación económica “de necesidad”. Luego se evalúa la trayectoria,  y si esta puede calificarse de “trascendencia nacional”. En paralelo, debe certificarse la existencia de la partida presupuestal necesaria por parte del MEF para solventar el pago de manera permanente.

En caso sea positiva la opinión del sector, el expediente se envía a la Presidencia del Consejo de Ministros para una nueva evaluación por la Comisión Calificadora de Merecimiento de Pensiones de Gracia, conformada por representantes de la PCM, y los ministerios de Economía, Justicia y Relaciones Exteriores.  Ellos determinan la pertinencia de la solicitud como el monto a ser entregado en cada caso, para finalmente elevar un proyecto de Resolución Legislativa que deberá ser aprobado por el pleno del Congreso de la República.

Sin duda, todo un ejemplo en la campaña del “Trámite de más” que estuvo promoviendo la  Presidencia del Consejo de Ministros hace unos meses.

Sin embargo, el problema de fondo es un Estado indolente que obliga a recurrir a este pedido luego de muchos años de trabajo precario, y sometiéndose al vía crucis burocrático y el clientelismo político y mediático, con el añadido del escarnio público, en no pocas oportunidades. No es casualidad que sean más frecuentes estas solicitudes en cultura y deportes, porque desde siempre fueron relegados como prácticas de distracción o “hobbies”, careciendo de políticas laborales y de seguridad social.  

Prueba de ello son los casos de destacados artistas y deportistas en situaciones de indigencia, sin atención médica, o teniendo que mendigar un lugar donde vivir. Y la explicación más socorrida es aquella de la vida bohemia y el despilfarro en los tiempos de bonanza, lo cual no deja de ser cierto, pero omite la responsabilidad de los empresarios y dirigentes que vivieron de su trabajo, así como de quienes desde el poder no se preocuparon por cautelar sus mínimos derechos.

Por esta razón, a fines del 2011 la entonces Ministra de Cultura, Susana Baca, propuso modificar la Ley N° 28131, del artista intérprete y ejecutante, que fue promulgada, tras varias observaciones y recortes por el MEF, en diciembre del 2003. El propósito fundamental era profesionalizar al artista, acabando con la precarización e informalidad del sector, para que puedan ser incluidos en planilla y tener seguro social de forma similar a otros trabajadores temporales como los de construcción civil. 

El otro cambio central fue ampliar el ámbito original de la norma de los actores, músicos, bailarines, intérpretes y técnicos escénicos, a todo el campo de la creación artística, incluyendo dentro de ella a escritores, compositores, artistas plásticos; entre otros.    

Estas reformas, por supuesto, tienen resistencia entre muchos empresarios acostumbrados a hacer y deshacer, desde los pequeños hasta los más poderosos como los televisivos, pero resultan indispensables para que los artistas ya no sean vistos ni tratados de forma abusiva e informal.

Toca ver si el Ministerio de Cultura insiste en la propuesta legal a favor de los artistas, y si en el camino hasta su envío al Congreso de la República y su eventual promulgación, se mantiene el sentido original y las demandas largamente acariciadas por los gremios del sector. De ser así, se habría dado un importante paso para empezar a cambiar un sistema excluyente y perverso con los artistas peruanos, revalorando la actividad y a quienes la hacen posible.

Eso no quiere decir que se elimine la Pensión de Gracia, pero por lo menos se reducirá su exigencia y necesidad, para que pueda aplicarse a quienes realmente lo merecen y necesitan, más allá del padrinazgo político, las buenas relaciones con el poder o el apoyo mediático que disponga. 

Ley de medios a la ecuatoriana

por Christian Wiener Fresco

Hace unas semanas se aprobó en la Asamblea Nacional del Ecuador la Ley Orgánica de Comunicaciones, que inmediatamente recibió una andanada de críticas de la prensa tradicional de ese país y de los grandes medios internacionales. La reacción no era novedad, pues similares ataques recibieron hace unos años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, así como propuestas que en el mismo sentido y propósito se vienen discutiendo en Uruguay, Bolivia  y Brasil.

La dación de estas leyes en la región, más allá de los deseos de los mandatarios de turno, responden a un reclamo de vastos sectores ciudadanos por transformar y ampliar un sistema que debiera ser de servicio público y proyección cultural, pero que ha devenido, en la mayoría de los casos, en un usufructo puramente comercial, cuasi oligopólico, y no pocas veces corrupto.

En nuestro país, los medios agitan cada cierto tiempo el cuco de la expropiación velasquista de los años 70 para defender la ‘libertad de prensa’ (que en realidad es de empresa), pero no suelen tener la misma memoria respecto a la compra corrupta de los medios en los 90 por parte de Fujimori y Montesinos. Lamentablemente los gobiernos de Paniagua y especialmente Toledo, no tuvieron las agallas para hacer un parteaguas del tema, poniendo en subasta las licencias de los medios de comunicación que se habían pervertido en su uso, prefiriendo negociar con sus herederos y testaferros, y arreglando cambios de propiedad y manejo de deudas de forma obscura para favorecer la concentración de poderes mediáticos. Peor aún, el Congreso de esos años sancionó una Ley de Radiodifusión mediatizada, que convirtió al organismo supervisor en meramente consultivo (CONCORTV), y  dejó en manos de los dueños de los medios la “autorregulación ética”. Y es que como decía un periodista brasileño, creer que los políticos van a regular los medios es como pedirles a los drogadictos que dicten normas para el control del narcotráfico. Ninguno lo hará porque son adictos, y lo peor, es que no son conscientes de ello.  

Volviendo al caso ecuatoriano, la norma aprobada se ha debatido durante tres años, y está muy lejos de propiciar la confiscación de los medios existentes o la censura de contenidos (que está expresamente prohibida), propiciando la democratización y mejora de las comunicaciones con aportes de académicos, productores, periodistas, y entidades de la sociedad civil agrupados en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación.

La nueva Ley promueve la participación plural en la propiedad de los medios, que se refleja en la distribución de frecuencias de radio y televisión, que se divide en tres tercios para medios de comunicación comunitarios, de alcance local y regional; medios de comunicación públicos, y medios de comunicación privados. Adicionalmente, se prohíbe la propiedad cruzada, es decir que una misma empresa controle frecuencias de radio, televisión y prensa escrita, y se pone límites para evitar la concentración de señales por una misma empresa. 

De otro lado, se establece que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de medios de comunicación que usen frecuencias nacionales, deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, buscando con ello promover la producción local en este rubro. En cuanto a la producción audiovisual, los medios destinarán de manera progresiva al menos el 40% de su programación total diaria a contenidos de producción nacional en el horario apto para todo público. Así mismo, la programación deberá incluir al menos el 10% de producción nacional independiente (ficción o documental), certificada por el órgano de fomento del cine y el audiovisual nacional, para estimular el cofinanciamiento de los canales de TV.

Hay otros aspectos en la Ley que pueden ser más discutibles, en especial en cuanto al manejo periodístico y el llamado “linchamiento mediático” a una persona o institución, que muchos medios que lo ejercen cotidianamente ahora tratan de fingir que no conocen.  Pero estamos bastante lejos de la “ley mordaza” que nos quieren vender los medios peruanos, seguramente para curarse en salud.

Sin embargo, pierdan cuidado, mientras el actual gobierno siga siendo más amigo de la CONFIEP y los poderes facticos, frente a la mayoría que lo llevó a la presidencia, una ley como la aprobada en Ecuador o Argentina no se hará realidad, ni se tocará el oligopolio mediático o propiciará una mejor televisión, democratizándose el medio en la perspectiva digital, por más que en el olvidado programa de la Gran Transformación se proponía la “elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”.