2019, año de urgencias y emergencias

Por Christian Wiener Fresco 

El final del año es momento del balance, y el agitado 2019 en el campo cinematográfico peruano sin duda quedará marcado por el tema de la urgencia, porque fue precisamente por un Decreto de Urgencia del Ejecutivo, apurado aún más por la intempestiva renuncia del ministro Petrozzi a la cartera de Cultura, que finalmente salió a luz este decreto de promoción a la cinematografía nacional como pobre corolario del largo proceso por una Ley de Cine.

No deja de ser significativo que, ahora sí, no pocos cineastas y hasta funcionarios reconozcan que lo aprobado es una norma incompleta, con una serie de vacíos, para no hablar de contradicciones, y que se debe impulsar nuevas leyes  de los otros temas pendientes para mejorarla, como si la agenda del país tuviera que pasar por estar discutiendo y sancionando agregados y complementos a la Ley de Cine de forma permanente.   

Lo que sí ha quedado claro es cuál era la urgencia de un importante sector de cineastas, especialmente productores, con los responsables de la DAFO del Ministerio de Cultura: obtener más recursos para los concursos (o en todo caso consolidarlos, porque buena parte de esos dineros ya se cuentan desde hace dos años con la ampliación presupuestal) y poder ampliar las fuentes def inanciación con la exoneración tributaria a los aportantes a la producción, lo que al final quedó bastante restringido porque el MEF se opuso. Fuera de eso, y algunas modificaciones puntuales, no hay ningún cambio significativo y urgente en un decreto que en gran medida, es una continuidad de la Ley anterior.

Eso no quiere decir que el cine peruano no tenga urgencias, por supuesto que sí, pero que no fueron atendidas por el Decreto Petrozzi de promoción cinematográfica. La primera de ellas, y la más evidente es la de la exhibición en salas de cine, vistos los incidentes reiterados de varios estrenos peruanos este año, dónde se estrenaron en salas comerciales 34 películas, condenadas varias de ellas acompetir entre sí, carentes de promoción, en horarios infames, y sin posibilidades de continuidad aun cuando la obra hubiera cubierto un importante porcentaje de espectadores. No se quiso incorporar la cuota de pantalla, pese a que el propio TLC con los Estados Unidos permite limitar hasta un 20% de producción nacional en la difusión de los productos audiovisuales, ni el mínimo de mantenimiento, que asegure la continuidad de una película en una sala si cubre un porcentaje de espectadores previamente acordado. La única propuesta es establecer la obligatoriedad de un contrato previo entre exhibidores y productores y distribuidores, desconociendo que en el libre mercado no se puede imponer contratos a nadie, y que estos, además, no están sujetos a ninguna sanción, fuera de los engorrosos procedimientos judiciales en la instancia civil. De paso, no parece haber ningún balance serio y con relación costo-beneficio sobre la asignación de fondos para la distribución que ha venido entregado el Ministerio, ahora incluso sin previo concurso, y si resulta la más efectiva forma de promover el cine peruano en salas.

Otro tema de enorme urgencia y más bien emergencia es el del rescate,  restauración, preservación y difusión de nuestra memoria audiovisual, que ha avanzado estos años con pies de plomo y casi a regañadientes por el Estado, pese a que debiera ser una de las preocupaciones fundamentales para el sector. Como se evidenció este año con los archivos deteriorados de lo que fuera la Cinemateca Universitaria en la Universidad Agraria de La Molina, es cada vez más imprescindible la creación de la Cinemateca Peruana, pero la decisión se sigue postergando buscando subterfugios como ponerle el nombre a los archivos existentes y desperdigados del Ministerio de Cultura (sin dotarlos de presupuesto ni autonomía) al tiempo que la Dirección Desconcertada del mismo ministerio enCusco hace un evento internacional para lanzar, sin mayor claridad de objetivos y alcance, una Cinemateca en la ciudad imperial, como estaba establecido en un Decreto Supremo del año anterior que lo califica como obra emblemática. Casi podría decirse que la primera urgencia es que se pongan de acuerdo a nivel gubernamental, y definan una política clara al respecto, antes que se siga perdiendo nuestra memoria audiovisual.

Una tercera urgencia es la de la educación cinematográfica, y si bien es cierto el DU lo menciona en términos más o menos parecidos a los que se consignaba en la Ley 26370, y que nunca fueron efectivos, nada hay que garantice que en este caso si se haga realidad la tan necesaria formación audiovisual en la educación básica, si el Ministerio de Educación no se involucra al respecto, dejando muchas dudas que su titular no firmara el mencionado decreto. Lo de una Escuela superior del cine y el audiovisual de carácter público, tan demandado por muchos, sigue como otra tarea pendiente de la que no se mencionada nada.

Por cierto que no es menos prioritario, y urgente la demanda de las trabajadoras y trabajadores del medio, que lejos de ser atendidas, han visto disminuidos sus pocos derechos consignados en la Ley 26370 (heredado de los tiempos del decreto de Velasco, la 19327) en relación a los porcentajes mínimos de trabajadores artistas y técnicos nacionales en las producciones peruanas, y la cantidad de remuneración propo0rcional que debían percibir, donde claramente se retrocede, disque en función de “internacionalizar” la producción y abrirla a las coproducciones, como si estas antes no se dieran. Curiosamente esta lógica no se aplica a la promoción de la producción extranjera en el país, con la incorporación de técnicos y artistas nacionales vía Film Commission, donde uno de los reparos es que podría encarecer el mercado laboral nacional. Tampoco se toma en cuenta, como bien señala el Sindicato, una política de género como se viene impulsando en otras cinematografías, y que atienda las evidentes diferencias, como en su momento se hizo con los realizadores noveles y regionales, respectivamente.

De último, no era menos importante propiciar la mayor transparencia en la asignación de los más de veinte millones de recursos públicos, pero no obstante ello el DU concentra todavía más las decisiones en los funcionarios del Ministerio de Cultura, incluso casi al mismo nivel del propio ministro como se explicita en el texto, con la capacidad de decidir casi a dedo la entrega de una parte de esos recursos, lo que se presta a muchas arbitrariedades y manejos oscuros, como ya se han venido advirtiendo sin que se presente una aclaración contundente, ante la negativa de  responder en la redes adoptada por los funcionarios. Parece olvidarse que en el Estado los cargos nunca son eternos, y que mañana o más tarde pueden llegar personas que abusen de las prerrogativas que la propia legislación le faculta. Por eso siempre hay que ponerle límites al poder, en vez de ampliarlo.   

Hay pues, urgencias y emergencias como dirían los médicos y la OMS. Lo aprobado en el DU correspondería a lo primero, ya que no había riesgo de muerte, no así en los otros casos, donde muchas cosas pueden perderse inexorablemente, empezando por nuestra memoria.