JDC y el Cine

por Christian Wiener

La muerte de Javier Diez Canseco, como suele suceder, ha motivado  muchas notas, la mayoría sentidas y sinceras de sus camaradas de siempre, amigos y gente de la calle, que vio en su trayectoria y consecuencia, no solo un ejemplo de política honesta, sino de vida, tan infrecuente en estos tiempos de crisis moral en el país. Pero claro, no faltaron también los falsetes hipócritas, que a última hora derramaron lágrimas de cocodrilo para ser “políticamente correctos” aunque antes despotricaban de  él, y los otros, los “miserables de siempre”, incapaces siquiera de elevarse más allá del sótano de su resentimiento.  

No es mi intención hacer una semblanza más de Javier, creo que muchos, mejor informados, la han hecho y seguirán haciéndolas en el curso de los próximos días, aunque el juicio final lo dará la historia, esa a la que ingresó por la puerta grande, y sin pedir permiso.

Quiero en estas breves líneas, empero, recordar una faceta tal vez menos conocida, pero no por ella sin importancia, de los múltiples intereses, compromisos y luchas que emprendió  JDC en su vida pública y privada, su pasión por la cultura y dentro de ella, el cine. Amaba, en general, la buena música, el teatro, la plástica y la literatura, y su acercamiento a estas expresiones nunca fue elitista o académico, sino de quien es sensible al arte y la belleza, sin prejuicios ni poses. Pero su predilección personal era el cine, y por eso confeso más de una vez, que si no se hubiera dedicado a la política le habría gustado ser cineasta.

Tuve oportunidad de conversar más de una vez sobre cine, y no fue sorpresa conocer su especial afición por el cine italiano de los años 60 y 70, películas de raigambre popular y sentido humano como “Los compañeros” de Monicelli, “En nombre del pueblo italiano” de Risi, “Nos habíamos amado tanto” de Scola o “Novecento” de Bertolucci, que marcaron a más de una generación. Pero su conocimiento y gustos se extendían a cintas francesas, rusas, suecas, japonesas, norteamericanas y latinoamericanas, especialmente de ese nuevo cine que surgió en la convulsión política de los años 60 (recuerdo sus entusiastas comentarios de “Los inundados” de Birri o “Memorias del subdesarrollo” de Gutiérrez Alea). No tenía, ni aspiraba, a la erudición del crítico ni la memoria del cinéfilo, pero si expresaba en sus gustos esa empatía con lo social y humano que era consustancial a su persona. Y lo mejor es que era abierto a la experimentación y las vanguardias, lejos, por suerte, de cualquier espíritu dogmático y panfletario que no faltaba en la izquierda peruana y mundial.

Sin embargo, su interés no se limitaba sólo a ser un espectador. Me llamo la atención descubrir más de una vez sus conocimientos de la técnica cinematográfica y de su preocupación por los cambios tecnológicos que vivía el medio. Eso lo hizo acercarse y entender a quienes hacen cine en el país, labrando una amistad con muchos de ellos que conocían también de sus interés sincero por el tema. Por esa razón, en su paso en el Congreso no dudo en impulsar y apoyar siempre los proyectos legales para el cine peruano, y sin buscar –a diferencia de otros- ninguna figuración o réditos políticos por este servicio, como gustaba llamarlo.  

Voy a referirme a dos oportunidades en que me tocó ser testigo de ello. La primera fue a finales de 1991, cuando formaba parte de su equipo de asesores del Senado de la República. Pedro Francke ha recordado que en esos días de vértigo trabajábamos en su oficina duro y parejo para revisar al andanada de decretos legislativos que el gobierno de Fujimori y Montesinos habían promulgado amparado en una delegación de facultades que el supuestamente obstruccionista Congreso de entonces (fue el año anterior al 5 de abril), le había concedido. En medio de la revisión de decenas de normas legales privatistas y neoliberales, así como de militarización del país –y yo no soy, ni tengo formación abogadil- una tarde acudieron al despacho de Javier una delegación de la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP) presidida en ese entonces por Nelson García. Me toco atenderlos, y ellos me informaron sobre la gran preocupación en el gremio por una medida tributaria que había pasado desapercibida pero que estaba causando graves estragos en la producción, especialmente de cortometrajes.

Resultaba que según el Decreto Ley 19327 (vigente todavía en ese momento) los cortometrajes nacionales calificados por una Comisión podían acceder a la exhibición obligatoria en las salas de cine de todo el país, beneficiándose los productores de esas películas con un 25% del total del impuesto municipal (que significada el 35% del valor del boleto). A fines de 1990, sin embargo, había salido escondido en la Ley de Financiamiento que este impuesto a los espectáculos públicos no deportivos se reducía al 10%, con lo que la caída de los ingresos para el cine peruano era brutal, más aún en un momento de grave crisis económica y cierre masivo de salas de exhibición cinematográfica. Los cineastas me confesaron que habían hablado con varios parlamentarios, que le aseguraron atender su reclamo, pero como sucede muchas veces, no habían hecho mucho por concretarlo.  

Pues bien, me anime a plantearle el tema a Javier en medio de la revisión de la abultada propuesta legislativa fujimorista, esperando que tal vez me recrimine por proponerle eso, habiendo tantos problemas de mayor importancia en ese momento.  Pero para mi sorpresa, me pregunto detalles sobre la propuesta y luego me pidió que redacte un breve  proyecto de texto para modificar esta disposición. Así fue y a los pocos días me dijo tarea cumplida, indicándome que salude a los amigos cineastas, porque en la Ley de Financiamiento de ese año salió un breve dispositivo que modificaba el articulado de la 19327 para que los cortometrajes percibieran el 75% del impuesto municipal. Lástima que esta norma tuvo breve vigencia, porque el 24 de diciembre del 92, Fujimori y su ministro Boloña derogaron los principales artículos de la 19327, pero en ese corto tiempo permitió un reflotamiento de la producción de cortos, que fue casi como el último suspiro de una época en el cine peruano. Fue también mi primera oportunidad en que aborde la legislación cinematográfica, descubriendo su necesidad e impacto en la actividad.

La segunda experiencia es más reciente, el año pasado cuando me desempeñaba todavía en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Fue el 23 de agosto, en una sesión del Pleno del Congreso donde se encontraba como primer punto de la agenda el proyecto de modificación de la Ley de Cinematografía 26370, que fue promulgada en el gobierno de Fujimori. Este proyecto nos urgía que fuera aprobado, porque del mismo dependía la realización de los concursos ese año y el uso del presupuesto que por primera vez, correspondía a lo que mandaba el texto de la Ley. El proyecto enviado por el Ejecutivo tenía el sello de urgente, pero ni aun así, logramos colocarlo para la discusión legislativa en la primera legislatura, en gran parte por los obstáculos y afán de figuración del entonces Presidente de la Comisión de Cultura. Lo cierto es que finalmente el proyecto empezó a debatirse, luego de una desabrida presentación del nuevo Presidente de la Comisión de Cultura, de donde había salido el texto modificatorio. Fue en ese momento que estando en el hemiciclo, y después de haber conversado con algunos congresistas oficialistas, divise a Javier que para entonces ya había formado filas aparte con el grupo del Frente Amplio. Allí fue que me acerqué, y le explique de la manera más rápida y sucinta, cuál era el propósito del proyecto y los puntos a modificar. Sobre esto último,  el principal era que en la propuesta del Ejecutivo, el MEF le había quitado la mención explícita al monto del presupuesto anual que estaba en la Ley original, y que por eso era importante restituir las 2008 UIT como mínimo, para que en el futuro no se valieran de esa indefinición los funcionarios del MEF para darnos menos recursos. Y aprovechamos para hablar de la situación del cine nacional y la propuesta de nueva Ley que se estaba trabajando en el Ministerio, comprometiéndose para empujarla apenas llegara al Congreso.

Luego de eso tuvo una de esas claras y brillantes intervenciones que acostumbraba en el Congreso -como puede verse en el vídeo adjunto de la sesión del Pleno desde el minuto 13.30.-,  que ayudó, de manera gravitante, a la aprobación, por unanimidad, de este proyecto que finalmente devino en la Ley 29919.  

Ahora que ya no sé encuentra, ¡cuánta falta nos va a hacer!. Estoy convencido que si se hubiera podido contar con su presencia en el Congreso cuando se debatían en los años 2009 y 2010, dos propuestas de ley de cine, muy posiblemente no habría escalado el conflicto entre los gremios, y muchos cineastas no hubiesen abrazado, aunque sea momentáneamente, una propuesta que podría hipotecar nuestro cine al negocio trasnacional. Y es que si bien Javier, en muchos aspectos, evito quedarse estancado en los clichés y el dogma, adecuándose a los cambios y los nuevos tiempos, siempre supo mantenerse firme en los principios de base y una moral intransigente. Por eso, ahora el mejor homenaje que podemos brindarle a su memoria y ejecutoria es que los cineastas, unidos por sobre las diferencias y personalismos, retomemos la lucha en común por una Ley de Cine digna, soberana, integral y para todos, para poder echar al vuelo nuestra imaginación y esperanza como soñaba y luchaba día a día Javier Diez Canseco. 

¿La Ley de Cine está en la agenda?

Por Christian Wiener

“Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados”.  

· Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de UNESCO, artículo 9.

Hace algunos días, representantes de diferentes gremios cinematográficos hicieron pública una carta dirigida al Ministro de Cultura, donde le solicitaban que a un año de haber culminado sus labores el Grupo de Trabajo convocado para elaborar el proyecto de una nueva ley de cinematografía,  se informará públicamente del estado actual del anteproyecto, para conocer la versión definitiva sobre la propuesta por parte del Ministerio de Cultura. 

Es bueno recordar que el Grupo de Trabajo estaba integrado por representantes de la Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú (ACRIP), la Asociación de Documentalistas del Perú (ADP), la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), el Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú (SAIP) y la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), que a invitación de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes y la Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, participaron en un esfuerzo conjunto de casi seis meses por sacar adelante un texto consensuado que plantee un nuevo derrotero para el cine nacional.

A la espera de la anunciada respuesta del Ministerio de Cultura y la definitiva publicación del anteproyecto, luego de su revisión por las diversas instancias de esa institución, me permito alcanzar algunos conceptos de porque, en forma y fondo, es muy importante y rescatable la experiencia de este anteproyecto de Ley.

TRABAJO CONJUNTO

Lo primero que hay que resaltar es la labor en común de los diversos gremios de cineastas durante todo este tiempo, teniendo en cuenta los recelos y resquemores luego de la malhadada experiencia de la llamada “Ley Raffo” en el Congreso durante el gobierno pasado. No fue un acuerdo fácil, porque todos los grupos debieron ceder en sus diferentes posiciones e intereses, acercándose a consolidar una propuesta común y satisfactoria para el conjunto de los integrantes del Grupo de Trabajo, y al mismo tiempo viable, en consonancia con las legislaciones cinematográficas de otros países de la región.

Durante todo ese tiempo, el equipo revisó las leyes de cine iberoamericanas, y sus diversos mecanismos de promoción, regulación y gestión que disponen, escuchando el testimonio de productores y especialistas de otros países. Asimismo, se mantuvieron reuniones con representantes de organismos del Estado peruano, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), además del propio Ministerio de Cultura, que sirvieron para aterrizar una propuesta más ajustada a la normativa legal vigente en el país y de manejo más práctico, a pesar de las previsibles reticencias en ciertos asuntos de algunos funcionarios públicos formados en el discurso del ‘laissez faire, laissez passer’ del Estado peruano en los últimos años.  

Así, el 5 de marzo fue prepublicado en la web del Ministerio de Cultura el anteproyecto de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano, el mismo que originalmente constaba de una amplia exposición de motivos, y un texto legal que se subdivide en seis títulos, cincuenta y un artículos, siete disposiciones complementarias, y dos disposiciones transitorias, dos derogatorias y dos finales.

Luego de publicado el proyecto, se recogieron alcances e iniciativas por el correo, publicándose notas a favor y en contra en los medios y la web. Estas últimas fueron  de abogados, economistas y periodistas neoliberales, para quienes temas como la generación de un fondo de financiamiento estatal o la llamada ‘cuota de pantalla’ les sonaban a sacrilegios y herejías a su ortodoxa fe en el mercado. Pero las objeciones más importantes vinieron, como era de esperarse, de los representantes de las empresas exhibidoras y distribuidoras de cine, quienes alegaron que algunas de las proposiciones del anteproyecto resultaban discriminatorias e intervencionistas en sus boyantes negocios. Por esta razón, se produjeron en el Ministerio de Cultura varias reuniones con ambos gremios y sus abogados, a fin de concordar puntos de vista en diversos aspectos, limándose algunos y quedando otros donde, pese al esfuerzo de acercamiento de ambas partes, las posiciones resultaban irreconciliables. Esto último, dicho sea de paso, refuta el argumento de quienes afirmaron que no se convocó a esos sectores, que indudablemente forman parte de la cadena productiva del cine peruano, aunque algunas de sus empresas respondan más a intereses trasnacionales.

Terminado este proceso, el anteproyecto y las observaciones y sugerencias recibidas, incluidas las que demandaban la incorporación de un régimen de sanciones en el texto legal, pasaron a ser evaluadas por diversas instancias del Ministerio de Cultura hasta el presente, esperándose que el texto resultante respete el espíritu de trabajo democrático y consensual como se llevó adelante este proceso con los gremios participantes, inusual en la administración pública y el propio ámbito legislativo. 

UNA PROPUESTA INTEGRAL

El primer artículo del Anteproyecto de Ley es una declaración de principios que resume todo el sentido del texto, manifestando que:

“El Estado Peruano reconoce la importancia fundamental de la cinematografía y el audiovisual para el desarrollo de la cultura y la creación de la identidad nacional, en su diversidad. Por lo tanto, proclama el Derecho al cine propio como un derecho inalienable de sus ciudadanos, y que consiste en garantizar la libertad de cada uno de ellos para crear, realizar, producir y difundir obras cinematográficas y audiovisuales en cualquier medio o sistema, creado o por crearse. Con este fin, el Estado establece políticas culturales para el desarrollo y promoción de este arte e industria a nivel nacional e internacional.”

Con ello se reafirma el concepto del cine como industria cultural, en sus dimensiones tanto comercial como cultural, fijando el deber del Estado de establecer políticas que permitan el acceso de los ciudadanos a este arte y medio de expresión, tanto a nivel de la creación y producción como de la difusión. Esto está amparado en la Constitución Política, como en la Convención por la Diversidad Cultural propiciada por la UNESCO el 2005, y suscrito por decenas de países, entre los cuales se encuentra el Perú, donde se reconoce que los Estados pueden adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de sus expresiones culturales, promoviendo sus industrias culturales para tener un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales.

En este sentido, el anteproyecto de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano se propone como una visión integral y amplía de la cinematografía peruana, a diferencia de la ley vigente así como de los últimos proyectos de modificación discutidos en el Legislativo, abarcando este medio en sus múltiples dimensiones: expresión artística, medio de comunicación, patrimonio cultural, proceso industrial, actividad comercial, elemento de identidad local y nacional, entre otros. Para este propósito, el anteproyecto consta de cinco propuestas centrales:

     

1.- Ampliar el ámbito promocional, ya no sólo a través de concursos con premios no reembolsables, sino con préstamos, créditos fiscales, exoneraciones, adelantos y otros mecanismos de apoyo económico a diversos proyectos, etapas e instancias del quehacer cinematográfico, que abarque el campo cultural como comercial, incluyendo toda la cadena productiva desde la creación hasta la infraestructura para la exhibición y la proyección al extranjero, buscando generar una sinergia de capital con la inversión privada y otras fuentes de financiamiento nacionales (a nivel local o regional) o internacionales. Para este fin, se requiere que la Ley no dependa, como hasta ahora, del presupuesto central del Estado, siempre precario e incierto, sino que sus recursos provengan como en otras legislaciones, de la propia actividad cinematográfica, en este caso principalmente vía la reducción a cero del actual impuesto a  los espectáculos públicos no deportivos aplicado al boleto cinematográfico, creándose en su reemplazo un Impuesto Extraordinario para la Promoción del Cine Peruano, del diez por ciento del valor de la entrada a una función de cine, que será consignado en el boleto y formará parte de la base imponible del Impuesto General a las Ventas, y cuya recaudación será destinada para el Fondo para la Promoción, Preservación y Desarrollo de la Cinematografía Nacional. Quienes arguyen que esto es inconstitucional, deberían revisar la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 0042-2004-AI/TC) que precisa que la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, y agrega que “el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración”. De esta manera, se podrá contar con un capital de cerca de treinta millones de soles al año (según cifras de las empresas exhibidoras) para estimular en conjunto a toda la actividad audiovisual, las mismas que están en el promedio de lo que mueve anualmente la Ley de cine en Colombia y Chile, y muy por debajo de las cifras de México, Argentina y Brasil.

2.- Un segundo aspecto está referido al acceso al mercado, porque de nada sirven que se produzcan más películas en el país si ellas no llegan a su destinatario natural que es el público peruano. Para este fin se proponen varias medidas, una de las cuales es la potestad de aplicar la ‘cuota de pantalla’ teniendo en cuenta “la infraestructura de las salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año” no pudiendo superar esta cuota el 20%, que es un porcentaje expresamente señalado en el Anexo 2 de las Medidas Disconformes sobre Inversiones y Comercio Transfronterizo del Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos. Ya en otro post me he referido a la “cuota de pantalla”de forma amplia y porque es necesaria en un mercado tan desigual y controlado por una sola oferta comercial, lo que ya se aplica en otros países y se busca ampliar a otros,  y en un artículo del blog de Ricardo Bedoya se consignan argumentos bastante solidos al respecto. Sin embargo esta medida no es la única consignada en el anteproyecto sobre este asunto, ya que se complementa con el ‘mínimo de mantenimiento’, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores preestablecido en una pantalla durante una semana, no sea retirada arbitrariamente de cartelera por presión de los “blockbusters” y los tanques de Hollywood, como habitualmente sucede hasta el presente. Por otro lado, y para promover la difusión de nuestra cinematografía, las empresas de producción, distribución y exhibición nacionales, que obtengan mejor rendimiento comercial en la difusión de obras cinematográficas peruanas, podrán recibir estímulos pecuniarios; extendiéndose estos beneficios a las asociaciones e instituciones dedicadas a exhibir audiovisuales. Por último, se ha buscado formalizar y recuperar el rol del Estado en el negocio cinematográfico, totalmente desregulado desde la década de los 90, estableciendo un registro de todas las obras estrenadas en el país, e información estadística periódica de la actividad comercial, imprescindible para operar en ella, evitar la piratería y evaluar el impacto de las políticas públicas en el sector. Como parte de ello, y como sucede en casi todo el mundo, se propuso que  la recomendación de calificación mínima de las obras por franjas de edad debe volver recaer en manos del Estado para que no sea, como en el presente, el gato del despensero de las empresas distribuidoras y exhibidoras los que la apliquen, pensando en su conveniencia comercial antes que en los intereses de los espectadores.  

3.- Otra proposición importante que propone el texto es incentivar un crecimiento del sector como industria sustentable, contando para ello con la participación extranjera a través de una “Comisión Fílmica” que es una institución que en diversas partes del mundo fomenta la filmación en el territorio nacional, promoviendo la imagen del país y sus locaciones naturales y construidas. De esta manera se impulsa, además del turismo y negocios conexos, la industria cinematográfica y audiovisual, ya que se propicia la participación preferente de empresas y técnicos cinematográficos nacionales al lado de los internacionales. Ello sirve también para ordenar el trabajo audiovisual de forma descentralizada, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, para dar seguridades y asegurar el control, vía licencias, de las producciones cinematográficas y audiovisuales para todo medio o formato; evitando que se presenten situaciones que lejos de estimular el rodaje internacional en el Perú, terminen ahuyentándolo. Nuestro país, con su rico patrimonio arqueológico e histórico y sus diversos ecosistemas, es un lugar privilegiado para la realización audiovisual. Sin embargo, al carecer de normas y una instancia que de oportunidades y promueva la producción, pierde muchas posibilidades de inversión, que se desplazan a países vecinos que cuentan con activas Comisiones Fílmicas, tanto nacionales como metropolitanas, con normativas reguladoras que promueven e incentivan, incluso con beneficios fiscales, el trabajo profesional en sus localidades. Lo que se busca con la creación de esta importante instancia promotora y regulatoria, es empezar a revertir esta situación.

4.-  La dimensión cultural de la cinematografía es un elemento esencial del anteproyecto, que está en la base de toda la propuesta, y que permite entender que lo cinematográfico no se limita a la producción de películas, sino que incluye también otros ámbitos conexos y complementarios, que nos dan trascendencia e identidad como nación. Esto abarca, de una parte, la preservación patrimonial, con la constitución de una Cinemateca  Nacional,  como en muchos otros países de América Latina, que rescate la memoria del país y su gente en lo audiovisual. Ya en 1980, la 21º Conferencia General de la UNESCO consideró que las imágenes en movimiento son “una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y debido a su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación”. Y aprueba en esta reunión las ‘Recomendaciones sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento’, invitando a los Estados Miembros, entre los que se encuentra el Perú, a “tomar las medidas necesarias para impedir la pérdida, la eliminación injustificada o el deterioro de cualquiera de los elementos del patrimonio de imagines en movimiento”. De otra parte, se promueve la exhibición cultural, enormemente simplificada en estos tiempos de nuevas tecnologías digitales, apoyando tanto actividades y eventos como los festivales y muestras, así como el establecimiento de cineclubs y salas de arte y ensayo que sean ventanas permanentes para la difusión del cine peruano, latinoamericano e internacional de interés cultural y artístico, y que no tiene, en la mayoría de casos, acceso a los circuitos comerciales de exhibición. Igualmente, y de forma complementaria, estimular estos espacios y otros, para la formación de público en el lenguaje audiovisual y su apreciación crítica, con especial incidencia en niños y jóvenes, y como parte del currículo escolar, esencial en estos tiempos de aplastante predominio de la imagen audiovisual en los diferentes medios. En el anteproyecto también se contempla la permanente capacitación profesional cinematográfica de nivel superior, prestando especial atención a los nuevos realizadores y a los diversos oficios artísticos y técnicos, así como el estímulo a la investigación y el estudio crítico de la cinematografía en toda su diversidad y complejidad, promoviendo la publicación de libros y otros soportes; entre otros campos del quehacer cultural.

5.- Finalmente, y para implementar todo estas propuestas, el anteproyecto propone la creación del Organismo Nacional del Audiovisual y la Cinematografía, denominado PERUCINE, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Cultura. Esta institución contará con personería jurídica de derecho público, gozando de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. La propuesta no busca resucitar al fusionado y discutido Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE) que existió en la ley vigente -incompatible con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158)- puesto que su Consejo Directivo estará integrado por funcionarios designados. Este organismo aspira a funcionar como una institución pública especializada, promotora y reguladora, y presupuestariamente sostenible, que fomente el cine peruano de forma integral, descentralizada y representativa a los ojos del mundo, como el caso del INCAA en Argentina, el ANCINE en Brasil, el IMCINE en México o el CNAC en Venezuela, para citar solo algunos ejemplos de instituciones cinematográficas autónomas y representativas en diversos países de la región. Adicionalmente, operará el Fondo para el Fomento, Promoción, Preservación y Desarrollo de la Cinematografía Nacional, integrado por un Comité Especial mixto, público-privado, presidido por el Presidente de PERUCINE y con representantes de diferentes sectores cinematográficos; para definir las políticas de aplicación y ejecución de sus recursos, de forma abierta y transparente.

Estos son, en resumidas cuentas, las líneas centrales del el anteproyecto de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano que fue consensuado en el Grupo de Trabajo de los gremios cinematográficos con el Ministerio de Cultura, faltando agregar un breve pero contundente artículo para cautelar los derechos de los trabajadores audiovisuales, también la promoción cultural y comercial del cine peruano en el exterior, y otras disposiciones que propician la descentralización en el uso de los recursos en todas las instancias y alcances a que hace referencia el texto.

Resta por conocer ahora los ajustes y modificaciones que propondrá al mismo el Ministerio de Cultura, luego de todo el tiempo que se han tomado para revisarlo, y si implicarán cambios de fondo o solo superficiales al sentido de la propuesta. Confiados en que será lo segundo, habrá que insistir sobre el derrotero posterior de esta proyecto de Ley en el Ejecutivo para que pueda llegar, antes que acabe este gobierno, a ser debatido y eventualmente aprobado por el Legislativo.

El Ministro de Cultura ha manifestado,en reiteradas oportunidades, el interés y compromiso del mandatario por apoyar al cine nacional, señalando expresamente su deseo que las películas peruanas se vean en los multicines en igualdad de condiciones que  las norteamericanas. Y debe reconocerse que en este gobierno se ha cumplido, por primera vez, con asignar la totalidad de los fondos establecidos en la Ley 26370, y que se pudo ‘aggiornar’ la norma legal, con la dación de la Ley 29919, para permitir que los recursos asignados anualmente se puedan aplicar de manera más amplia y diversificada en favor de la producción nacional. Y es que en países poco institucionalizados como los nuestros, el apoyo a la cultura nacional depende mucho de la voluntad política de los gobernantes, y de su convencimiento de la importancia del cine como elemento de identidad, porque apostar por la cultura no es un favor del Estado sino un deber para con la sociedad y sus conciudadanos. Porque  como bien dice en la exposición de motivos del anteproyecto de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano, “la imagen no es un lujo de país rico, es una necesidad de toda nación que pretenda insertarse en el mundo moderno, globalizado e interdependiente de los grandes medios de comunicación.”

Christian Wiener: “El cine peruano no puede reducirse a ‘Asu Mare’ o 'La teta asustada’”.

Respuestas de Christian Wiener Fresco, ex Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, al cuestionario de la revista 'Velaverde'.

El editorial publicado por el diario El Comercio el lunes pasado manifiesta que es absurdo el proteccionismo nacional a la producción cinematográfica, ¿Cuál es tu postura frente a ello?

El editorial de El Comercio tiene el objetivo político de cuestionar cualquier tipo de ayuda o participación del Estado en la economía, arguyendo que el libre mercado garantizaría la eficiencia de su manejo. Sin embargo, la realidad no es tan simple y esquemática, ya que el libre mercado no siempre es tal, en especial en el campo de la cultura, que no se puede regir solo por variables de oferta y demanda, ya que tiene un valor de expresión e identidad que está más allá de lo comercial.  En el campo específico del cine, existe un mercado desigual, dominado por una oferta mayoritaria de un solo país, que distorsiona la libre competencia con la pequeña producción nacional. Por esa razón, no solo en el Perú, sino en gran parte del mundo, existen diversas leyes, normas y acciones de incentivos vía subvenciones, subsidios, tributos o regulaciones de mercado de los estados, para promover su cinematografía, como parte de las industrias culturales, dependiendo sus alcances y características de las orientaciones económicas e ideológicas de cada país. 

Con respecto al suceso comercial de ‘Asu Mare’, este ha sido, a todas luces, excepcional, y no la regla de la exhibición comercial. Basta recordar lo que sucedió el 2011 con el estreno de ‘Las malas intenciones’maltratada por el comercio cinematográfico con horarios anticomerciales, y que gracias al reclamo público en su momento del Ministerio de Cultura, pudo ser restituida su exhibición en condiciones más adecuadas. Y como ese, hay muchos otros casos que los directores y productores locales pueden relatar, desde retiro de afiches, no pase de tráiler hasta cancelación inopinada de funciones o cambio súbitos de los horarios, que no sucede con otras películas.

  

¿Qué es la cuota de pantalla y por qué es necesario que exista una ley que tome en cuenta este concepto? ¿Qué otros factores importantes se han contemplado en el anteproyecto a la ley de cine?

La cuota de pantalla es un mecanismo por el cual se asegura un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en los canales de televisión peruanos, cifra también estipulada para las estaciones radiales. Lo que la propuesta del Ministerio de Cultura, en conjunto con los gremios de cine, planteaba es la posibilidad que la entidad oficial de la cinematografía, “teniendo en cuenta la infraestructura de salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año, podrá fijar anualmente políticas sobre porcentajes mínimos de exhibición de obras cinematográficas peruanas en cualquier medio o sistema correspondiente. Este porcentaje no debe superar el veinte por ciento (20%)  del total de obras exhibidas a nivel comercial en el país durante el mismo período de tiempo.” Como se puede ver, no se plantea la cuota de pantalla de manera obligatoria e ineluctable sino como una posibilidad o potestad de acuerdo a diferentes variables anuales, como el volumen de la producción nacional y la cantidad de espacio que permitan las salas a la difusión de las películas peruanas. Y el porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota es 20%, que no es una cifra arbitraria, sino que esta consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se garantiza que hasta ese número nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual. Pecan de ignorancia todas las voces que hablan que supuestamente la cuota de pantalla “obligaría” a los espectadores peruanos a ver su cine. No, aquí no se trata de imposiciones ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero  si  abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes bolckbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. La cuota de pantalla se aplica en países europeos como Francia y España, en Argentina y Brasil y en Corea del Sur, por mencionar solo algunos ejemplos, y en esos países no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.   

Adicionalmente a la cuota de pantalla, que debe complementarse con el mínimo de mantenimiento, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores en una semana no sea retirada arbitrariamente de cartelera, otros temas que aborda el anteproyecto es la creación de un fondo de financiamiento al cine que no dependa tanto del presupuesto sino de la propia actividad cinematográfica, y que permita abordar la promoción del cine de manera integral, partiendo de lo cultural con la creación de la cinemateca nacional, el fomento a los festivales y cineclubes y la formación de público, e incidiendo también en el impulso a nuevas formas de producción y exhibición, con el desarrollo de la tecnología digital; entre otros puntos esenciales de la propuesta que todavía se encuentra en el Ministerio de Cultura,  a la espera de ser elevada al Legislativo para que pueda hacerse realidad.

¿Es el éxito de la película ‘Asu Mare’ algo que puede favorecer a futuras producciones nacionales de distinto corte? ¿Es correcto afirmar que la producción cinematográfica debe ceñirse a los gustos del público?

El gran éxito de ‘Asu Mare’ debe ser reconocido y felicitado por todo el cine peruano, negarle méritos a su apuesta y resultados sería mezquino. Más allá de sus valores y limitaciones, que los tiene como cualquier película, abre un camino importante para el cine nacional, al reencontrarlo con su público que se creía perdido, derrotando por una vez a los tanques hollywoodenses que dominan la cartelera. En ese sentido, ha tenido mucha mayor fortuna –que no es producto del azar, sino del estudio de mercado- que otras cintas peruanas que también apostaron en los últimos años a lo popular y no lograron sintonizar tan abrumadoramente con el público mayoritario como si ha sucedido en este caso. El peligro es suponer, como en el mencionado artículo de El Comercio, que ya se encontró la fórmula mágica y todo el cine nacional debe reducirse a repetirla. De alguna manera, el éxito de ‘Asu mare’ lo han vivido también otras cinematografías de la región, apoyadas en figuras mediáticas, humor criollo y costumbrista, y en filmes promovidos casi siempre por televisoras comerciales (inexistentes en el caso peruano, donde el gran promotor fue una empresa de cerveza de origen brasileña) pero eso no ha sido óbice para que en esos mismos países se siga promoviendo producciones de otras características y públicos. Y aquí en el Perú, no lo olvidemos, en la década de los 80 y pese a la crisis, y que nuestra población era menor, algunas películas peruanas llegaron a superar más de un millón de espectadores, respaldadas por la exhibición obligatoria que propiciaba la ley de cine vigente en esos años, que se promulgó en el satanizado gobierno militar de Velasco.  

El cine peruano no puede reducirse a ‘Asu Mare’ así como antes no podría encasillarse en los premios de la ‘Teta asustada’. Entre ambos, y a los lados, hay diversidad de  propuestas cinematográficas posibles, como diverso es nuestro país: cine de autor, de género, animado, documental, regional, independiente, experimental, popular, etc. y debe haber campo y posibilidades para todos. Y el financiamiento del Estado debe propiciar esta diversidad y multiplicidad  de forma transparente y abierta, promoviendo simultáneamente mecanismos para la coproducción internacional, y que se complemente con la inversión privada, que espero comience a darse cuenta que apostar al cine no tiene por qué ser dinero perdido.

El gran reto es empezar a construir definitivamente una industria cinematográfica en el país, que consolide un mercado amplio y diverso, y que organice el trabajo en toda la cadena productiva de los diversos agentes locales, incluso con la producción externa (por eso en el anteproyecto de ley de cinematografía se hace hincapié en la llamada “film comisión” que promueva la filmación extranjera en el Perú con técnicos nacionales), y en ese proceso, las producciones nacionales podrán depender cada vez menos, salvo las muy personales y arriesgadas, que también son necesarias, de la subvención estatal sin riesgo, obligándose a buscar y sintonizarse con la gente, que es a fin de cuentas la razón de ser de toda expresión humana. Un buen ejemplo en esa línea es la producción de películas animadas como ‘Los ilusionautas’ o ‘Rodencia y el diente de la princesa’, o las ficciones de la productora Big Bang Films, que con persistencia encomiable vienen apostando a una producción continua, sin dependencia de la financiación estatal, y que no se divorcie  del espectador. Un proyecto tan válido y necesario como los de quienes desarrollan una mirada más personal de nuestra sociedad desde el cine, con obras reconocidas por la calidad y originalidad de sus propuestas en festivales internacionales de la mayor importancia,  -que nos prestigian en el exterior mucho más que los spots edulcorados de la “Marca Perú”- y entre los que se pueden mencionar a jóvenes y talentosos cineastas como Claudia Llosa, Josué Méndez, Rosario García Montero, Héctor Gálvez, los hermanos Daniel y Diego Vega o Adrián Saba, entre otros.     

¿Por qué el peruano no consume cine peruano? ¿Cuál es la importancia de la diversidad temática en el cine nacional? ¿Qué pasa con el cine regional, cómo se sostienen esas películas que no llegan a tener un alcance masivo o que en todo caso se desconoce en la capital?

La primera pregunta es bastante compleja porque tiene varios componentes. Esta por un lado un prejuicio muy difundido y aceptado, sin mayor conocimiento de causa, en contra de las películas peruanas, a veces incluso con argumentos de moralina, como que tendrían muchas lisuras –como si quienes lo vieran no las dijeran- o que había profusión de desnudos, cuando no se refieren a que supuestamente se repiten los temas de terrorismo y delincuencia. Lo que tal vez suceda es que la mayor parte del cine peruano reciente no se ha plegado al discurso exitista que domina a nivel oficial y mediático en este siglo, y a buena parte del público no le agrade verse reflejado en el espejo de nuestras taras y miserias más profundas, como el racismo y la violencia, y por eso prefieran invisibilizarlo. Independientemente de lo anterior, también es cierto que buena parte de la última producción, en especial la realizada con financiamiento público, se ha enfocado de manera prioritaria en los fondos y festivales internacionales, que celebran un cine más hermético y simbólico, lo que aleja a un público en su gran mayoría muy poco formado, para quienes el cine se reduce a efectos especiales y mucho marketing. Agréguese a lo anterior, la campaña franciscana y muchas veces confusa de promoción de las cintas nacionales –aplastadas por los blockbusters internacionales-, la carencia de un “star system” local fuera de la televisión,  la escasa cobertura de los medios y los conflictos con las empresas exhibidoras; entre otras razones que podrían explicar la escasa fortuna de las últimas películas peruanas, con la solitaria excepción de ‘Asu mare’, que ha sido justamente todo lo contrario.  Pero que al público peruano le interesa sus historias lo prueba el mantenimiento de series exitosas en TV como ‘Al fondo hay sitio’, que por supuesto no puede agotar todo nuestro repertorio y diversidad, y por eso es necesario fomentar desde los niños y jóvenes, y en las escuelas y centros culturales, una verdadera formación de público en el lenguaje audiovisual, tan necesaria como el Plan lector.

En cuanto al cine regional, es importante que ya no sea visto como un producto exótico, para notas periodísticas o análisis de los antropólogos, sino como un realidad audiovisual alternativa, que supo construirse por fuera del apoyo estatal, hasta hace poco hipercentralista y restringido a algunos nombres. Es una producción que a pesar de su precariedad presupuestaria y técnica, se insertó con el público de sus regiones, comunicándose con ellos y dándole visibilidad. En los últimos años, el Estado ha venido apoyado crecientemente este cine, dándole mayores recursos para diversos proyectos, que le permitan alcanzar una mayor calidad técnica y dramatúrgica para difundirse en espacios nacionales e internacionales.

En resumidas cuentas, es muy importante y saludable que el cine peruano tenga y genere dinero, como cualquier otra actividad humana, pero no se puede reducir solo a eso, porque no se trata de un producto o servicio como cualquier otro, medible exclusivamente desde una perspectiva contable, olvidando sus dimensiones artísticas, comunicativas, sociales, educacionales y culturales, además de la comercial. La próxima ley de cine debería  garantizar, con el apoyo del Estado y la concurrencia de la inversión privada, la construcción de una cinematografía peruana que integre las diversas facetas de este medio, y que promueva una producción amplia, diversa y plural, de todas las sangres y todas las voces, como es nuestro país y su gente.

Muevan las Industrias Culturales y las Artes

Christian Wiener

Este post culmina un acercamiento crítico inicial a los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 publicado recientemente por el Ministerio de Cultura, y que motivaron los artículos previos Política Cultural y Política de Estado, y En la diversidad está el gusto y el disgusto. Mucho de lo señalado en estos textos fueron alcanzados durante el intercambio de opiniones sobre el borrador de los lineamientos en el Ministerio de Cultura el año pasado, y otros puntos han sido procesados después, con la ventaja de la distancia física y temporal de mi labor en el Estado. Con ello, quiero contribuir en la medida de lo posible al necesario debate sobre Política Cultural en el país,  que sin duda excede al documento, enfocándome en los lineamientos generales señalados y su concreción práctica, antes que en las personas, autoridades y funcionarios, que son importantes, nadie lo duda, pero si queremos institucionalidad en el país, debemos trascenderlas a ellas y sus circunstancias.

En esta oportunidad me referiré a los lineamientos finales, sobre Industrias Culturales y promoción y difusión de las Artes. Hablar de Industrias Culturales es referirse a uno de los sectores más dinámicos y en crecimiento en el campo de la cultura, y que formó parte sustancial de los debates en las negociaciones del TLC, tanto por su implicancia en los temas de Derechos de Autor como en lo referente al acceso a los mercados de bienes y servicios culturales, muchas veces desiguales y excluyentes, manejado por intereses oligopólicos a nivel global. Es así que el sector cultura, conformado por artistas, gestores y funcionarios públicos, bregó y consiguió imponer en los TLC la reserva cultural, entendiendo que la cultura no es una mercancía como cualquier otra, por su carácter identitario colectivo (y por tanto estratégico) buscando preservar, en consonancia con los principios de la UNESCO, espacios a las Políticas Culturales de los Estados en beneficio de la creación, producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios culturales que son resultados de las Industrias Culturales contemporáneas.

Más que en cualquier otro campo de la cultura, en la I.C. la globalización ha tendido a privilegiar los productos de las grandes metrópolis –que vienen muchas veces aparejados con las últimas innovaciones tecnológicas y un apabullante marketing-  en detrimento de los producción nacional (cine, libros, discos) que solo logra acceder a los mercados internacionales e incluso nacionales, en la medida que se sometan e integren a los imperativos globales. Por eso es tan importante empezar por preservar los mercados propios y el acceso igualitario de los productos al público, como paso ineludible para poder proyectarse internacionalmente. Ahí están los casos de Corea del Sur o la Unión Europea, cuyas cuotas de pantalla han permitido el sostenimiento de su cinematografía ante la hegemonía  hollywoodense; o en el campo de la música, las políticas de Brasil o Colombia defendiendo los espacios para sus expresiones locales en los grandes medios de comunicación. Ello no significa cerrarse al mundo ni mucho menos, pero si evitar que la globalización termine negándonos incluso como país, con imágenes y sonidos propios.

Por esta razón fue que en el proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó el año pasado en el Ministerio con todos los gremios de cineastas, se acordó incluir la Cuota de Pantalla y otros mecanismos conexos para garantizar no sólo la producción de películas peruanas, sino su distribución y exhibición en las salas de cine, en igualdad de condiciones que los filmes extranjeros. ¿Se mantendrá esa propuesta en la anunciada nueva Ley que señala el documento, puesto que cuando se habla de ello sólo se menciona “potenciar los concursos” y “capacitación y asesoría” a los cineastas, hechos importantes y necesarios, pero notoriamente insuficientes y limitados si se quiere una Ley de cine de verdad, moderna e integral, además de descentralizada y realmente para todos? Recuérdese que las leyes son ante todo, la expresión de una voluntad política de los gobernantes, por lo que sería importante que la comunidad cinematográfica, cultural y la opinión pública en general, conozcan con  precisión cual es la voluntad política al respecto, no sólo del Ministerio de Cultura sino del gobierno en su conjunto, incluido por supuesto el MEF.

Preocupa asimismo que la difusión del cine nacional se restringa a un espacio ya existente y consolidado –pero pequeño- como la sala “Armando Robles Godoy” en el local del Ministerio de Cultura, y no se ambicione en un mediano plazo la generación de espacios similares en otras zonas de Lima y sobretodo del interior del país, para construir una circuito alternativo frente a la exhibición comercial, no solo para el cine peruano sino el cine cultural de alcance universal.

Caso similar se presenta en la propuesta de revisión de la actual Ley de democratización y fomento a la lectura, donde no se menciona el rol central que debe ocupar el sistema nacional de bibliotecas, y programas de fomento a los libros como por los promovidos por CERLALC,  en la promoción de la lectura, así como la revisión del régimen de beneficios tributarios de la Ley 28086, que no alcanza a las editoriales más pequeñas e “independientes” peruanas, así como la convocatoria periódica a concursos de autores, recopiladores, editores y otros, que ayuden a dinamizar el sector a nivel nacional,  con tiradas masivas y a menor costo, y que han tenido excelentes resultados en países como México, Colombia y Chile, entre otros.    

Siendo un dinámico sector productivo, las I.C. son un potencial de generación de empleos muy importante, diversificado y en no pocos casos, altamente especializado. El Ministerio debe propiciar el emprendimiento  productivo y el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto ampliadas en los últimos años por las nuevas tecnologías, que permiten un acceso mucha mayor y más amplio a la creación y disfrute de mayor cantidad de personas. Las nuevas tecnologías también ponen en cuestión los derechos de propiedad intelectual y de autor establecidos en los marcos de la OMPI y las legislaciones sobre la materia, planteando la revisión de medidas que, buscando cautelar a los creadores, se convierten en muchos casos en restricción para el uso y consumo de la información, de allí que se hable de proyectos contra la libertad en el ciberespacio como la Ley SOPA promovida por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, o las clausulas sobre circulación de contenidos digitales que estaría siendo propuestas para incluirse en el TPP que viene negociando el Perú. Las nuevas tecnologías, como todas, no son neutras, y así como facilitan en líneas generales más accesibilidad a los usuarios, también puede servir para estrechar y condicionar más su consumo, por lo que urge que el debate sobre su uso y posibilidades tome en cuenta también la variable cultural. 

Es innegable que el conocimiento y la información mensurable son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cualquier sector, y si se carece del mismo se anda a ciegas y por mera intuición, sin incidir en los requerimientos realmente significativos. Es cierto que la cultura comporta una fuerte carga subjetiva y del imaginario, difícilmente medible, pero ello no invalida su componente económico y respuesta social que permite mapear, medir y diagnosticar la acción de los grupos culturales y su impacto en variables macroeconómicas claves como el Producto Bruto Interno y la Tasa de Empleo, demostrando que no es tan cierto que el sector sea siempre deficitario y gasto “no redituable”, ya que en muchos casos tiene un comportamiento por encima de otros sectores productivos tradicionales. Para ello es importante acciones como la implementación de registros de artistas y gestores culturales y la constitución de un dinámico Sistema de Información Cultural, que monitoree y renueve constantemente la información del sector, con mayor incidencia en las Industrias Culturales y la medición del consumo a través de las Cuentas Satélites en Cultura, en colaboración con el INEI, que se vienen llevando adelante en Argentina, Colombia y Chile, tomando como base para uniformizar los estándares de medición a la metodología base producida por el Convenio Andrés Bello.

Para este propósito es necesario también recopilar y centralizar la información de diferentes instancias del Estado, muchas veces suelta y desaprovechada, como el reporte del ISBN que maneja la Biblioteca Nacional del Perú, o los estudios de consumo televisivo que lleva adelante CONCORTV, además de los que disponen instituciones privadas y académicas, tanto en Lima como el interior del país. La investigación que debe propiciar el Ministerio de Cultura no se puede limitar al campo económico y estadístico sino debe promover también estudios históricos, arqueológicos, cartográficos, antropológicos, etnográficos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, arquitectónicos, comunicacionales, tecnológicos, legales e interdisciplinarios en general, que profundicen, revisen, cuestionen y debatan sobre la cultura y su expresión en el país, en coordinación permanente con los espacios académicos y centros de investigación, y que las investigaciones y resultados se traduzcan en publicaciones e informes accesibles por vía material o virtual, porque el conocimiento no debe circunscribirse a pocas personas sino de alcance libre para todos.            

De otro lado, las Industrias Culturales no pueden soslayar que uno de sus mercados más importantes son los medios masivos de comunicación, con su enorme influencia y peso social y cultural sobre el conjunto de la población. El Ministerio de Cultura, como organismo rector, no puede ser indiferente a sus contenidos y su relación con las políticas rectoras, sin que ello implique forma alguna de intromisión o censura, porque de nada servirá todo el esfuerzo que se haga, por ejemplo, en campañas públicas para fomentar la lectura o la cultura audiovisual, si se mantiene impertérrita la mediocridad televisiva como modelo cultural masivo. Por esa razón, es importante que el Ministerio forme parte del proceso de reconversión de la televisión y radio digital terrestre, para evitar que se prolongue el control de pocas y poderosas empresas en su manejo, abriendo espacios alternativos a las emisoras comunitarias y ciudadanas, que se han posicionado en el campo de la radio regional, y que podrían acceder a un espectro mucho mayor en todo el país. La otra responsabilidad fundamental del Estado es que se pueda contar por fin con una  televisora que sea realmente pública y no de gobierno, con una programación plural, y que pueda disponer –dadas las mayores frecuencias que abre la digitalización del espectro- de estaciones alternas que no estén sujeta a los imperativos políticos y puedan tener una programación cultural las 24 horas del día, de primerísima calidad y al alcance de todos (como el notable canal “Encuentro” en Argentina).     

TODO ARTE O VOZ GENIAL

El documento señala que para el Ministerio de Cultura todas las artes son fundamentales en el desarrollo de la cultura en el país,  las mismas que no han  recibido un apoyo sostenido por parte del Estado. En ese sentido, resulta importante definir qué política desde el Estado se va a impulsar para su visibilización  y desarrollo, más allá de este importante reconocimiento y porque no decirlo, rectificación histórica. Para tal propósito, una tarea clave es la formación de público, propiciando no solo el acceso mayoritario y disfrute del arte por la mayoría de la población, sino el conocimiento y manejo de sus códigos y herramientas, clásicas y modernas; evitando con ello que su consumo quede, como hasta hoy, circunscrito a pequeñas elites instruidas o conocedoras. Esta labor de formación debe darse tanto dentro como fuera de la escuela; cambiando en el primer caso la visión del arte como elemento accesitario o “adorno culto” para convertirlo en una herramienta de expresión humana trascendente, además de su valor estético; y en las comunidades, articulada a procesos de difusión didáctica, muestras itinerantes y creación propia, en un intercambio cultural que valore y potencie no solo los productos del canon y reconocidos artísticamente, sino el mal llamado “arte popular”, tradicional o moderno, que es tan trascendente y valido como cualquier otro. Esta labor de formación debe incluir la “formación de formadores” que permitan trabajar especialmente con niños y jóvenes, programas lúdicos y participativos que fomenten el aprendizaje teórico y práctico del arte y la cultura en su entorno social.

En cuanto a la Escuelas Superiores de Formación Artística, es lógico que en lo académico sigan dependiendo del Ministerio de Educación, pero ello no debe significar que se encuentren divorciadas del ámbito de la cultura, ya que este sector le debe proveer los contenidos curriculares fundamentales, además de los espacios para la práctica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Es necesario que dentro de los cambios y revalorización de la educación en el país, no se deje de lado a estas escuelas públicas, que siguen atravesando una grave crisis, no solo por magros presupuestos sino por la incuria e indiferencia ancestral de las autoridades. Igualmente, en el caso de los Elencos Nacionales, debe entenderse como una apuesta del Estado a la excelencia artística, no para competir con la iniciativa privada –por lo demás casi inexistente en este campo-, sino para que estas expresiones puedan ser conocidas y disfrutadas por la población en su conjunto, como un derecho inalienable al acceso que deben gozar todas las personas. Puede ser también una excelente herramienta de inclusión social, y de involucramiento a las nuevas generaciones, como lo demuestran experiencias como las Orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, Colombia y Chile. Pero todo ello requiere de una apuesta e inversión constante y sostenible, tanto de parte del tesoro público como de la financiación privada y porque no también, recursos de cooperación internacional.

El Gran Teatro Nacional es un espacio privilegiado que dispone el Ministerio de Cultura para la presentación escénica de primer nivel, y que a pesar del alto costo de su mantenimiento, debe cautelarse en su futura administración mixta, público-privada, que se respete un espacio central y privilegiado para la práctica y presentaciones de los Elencos Nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folklore, entre otros) y con acceso efectivo a públicos diversos, incluso a nivel promocional, para los sectores menos pudientes, además de jóvenes y niños.

Algunas tareas a emprender desde el Ministerio de Cultura en esta área, que no impliquen direccionamiento de la creación artística, es la implementación, a través de convocatorias públicas y transparentes, de fondos concursables, otorgamiento de becas, pasantías y residencias artísticas, apoyo a la movilidad de los artistas y elencos, presentaciones, publicaciones, apoyo promocional, etc. Al respecto, los proyectos de cultura comunitaria, que parten de las experiencias populares en construcción y difusión artística,  son muy importantes y deben ser estimulados, y allí se inscriben experiencias como los Puntos de Cultura o Cultura Viva, que llevan adelante tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyectos que construyen identidades y mejores condiciones de vida entre los ciudadanos, en especial los de condiciones más humildes, pero que no deben ser vistos como “herramientas”, pues lo desnaturalizan, convirtiéndolos  en medios utilitarios al servicios de campañas (por más loables y justas que ellas se presenten) negándoles su condición de arte y expresión cultural propia, tan válida y representativa como cualquier otra.

             

Finalmente, y en referencia a la revisión y reformulación de la actual Ley del Artista, esta debería requerir una atención prioritaria por parte del Ministerio de Cultura y los propios artistas y empresarios, como elemento emblemático del sector, ya que permite calificar a los artistas como profesionales e interlocutores, con igualdad de derechos y deberes laborales y creativos que los demás trabajadores. Y es que la política cultural tiene que empezar desde las personas que hacen cultura, los artistas, y el reconocimiento que se les debe como tales por parte del Estado y la Sociedad, en todo orden de cosas –como la profesión que figura en el DNI, pasaporte o RUC- para dignificar esta actividad y que nunca más una institución, pública o privada, sigan viéndolo como una actividad menor, “hobbie”, o confundan el “amor al arte” con la gratuidad y abuso de los artistas. Porque el verdadero artista es, como escribía Vallejo: “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.”          

En la Diversidad esta el gusto y el disgusto

Por Christian Wiener

 Prosiguiendo con los apuntes sobre los Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016 presentado recientemente por el Ministerio de Cultura, haremos referencia en esta oportunidad a lo indicado en el texto en varios de sus acápites (o lineamientos de trabajo) que definen algunas líneas matrices del pensamiento y accionar de la institución rectora de la cultura en el país.  

En primer lugar se define la opción intercultural como rectora del accionar del ministerio y el Estado en su conjunto,  porque sus implicancias atraviesan de forma transversal  a toda la sociedad: “la meta hacia una sociedad intercultural implica tanto inclusión social como la construcción de nuevas relaciones que respeten y valoren las diferencias culturales sin soslayar el destino mestizo integrador de nuestra nacionalidad”, se señala en el documento.  El problema, claro está, es como se traduce los conceptos y declaraciones en políticas concretas. Por  ejemplo, en cuanto al proceso de la controvertida Ley de Consulta Previa existe el legítimo derecho a preguntarse hasta qué punto ha sido llevado adelante por el gobierno porque cree efectivamente en ella, y no solo para cumplir el Convenio 169 de la OIT, y evitar las demandas de las comunidades indígenas y nativas que ayudaron al encumbramiento del actual gobierno,  y que no admiten una nueva traición a sus legítimos derechos. La impresión general es que nuestras autoridades arrastran los pies en este tema porque saben que es terreno minado, tanto por los requerimientos económicos y empresariales como por las presiones de las diversas etnias y comunidades, muchas de las cuales ocupan ancestralmente territorios ambicionados por los extractores nacionales y extranjeros.    

Es cierto que aquí la primera responsabilidad le cabe al Ministerio de Energía y Minas, que sigue siendo, como otras carteras, una entidad capturada por el capital, nada imparcial y sólo preocupada en lotizar el territorio nacional al mejor postor, aun contra las promesas electorales del actual presidente. En tal circunstancia, le cabe al Ministerio de Cultura representar y dar voz y presencia a las comunidades originarias en el gobierno, como lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente en la defensa medioambiental o Agricultura en cuanto al uso del agua; pero todo ello se desdibuja cuando se quiere reducir la llamada “conflictividad social” a factores externos (“agitadores antimineros”), invisibilizando a las comunidades y pueblos directamente involucrados, en vez de generar un diálogo intercultural, que no solo respete sino promueva la diversidad cultural en sus diferentes aspectos y alcances.       

Por tanto, la Consulta Previa no debe ser vista  como un obligado referéndum para garantizar inversiones (que ni siquiera es vinculante), en función a la Base de Datos de Pueblos Indígenas que viene elaborando el Viceministerio de Interculturalidad, sino como un principio y derecho intercultural básico de todas las poblaciones del país, para decidir de manera efectiva y no simbólica, sobre su suelo, subsuelo, cultura y opción de desarrollo. Y si las empresas y el Estado consideran prioritaria una concesión, y que no va a afectar ni a la naturaleza ni los modos de producción tradicionales en la zona, pues que se den el trabajo, con sus recursos, para disuadir y convencer a la población directamente involucrada, antes que demonizarla o incluso reprimirla, como en más de una ocasión ha sucedido. La Consulta Previa debería  ser el principio de toda democracia real y de una sociedad que promueve como uno de ejes rectores la interculturalidad, por esa razón, y más allá del  “realpolitik”, debería aplicarse a diferentes ámbitos y espacios del quehacer público, como el legislativo, para que las leyes sean producto del conocimiento y consenso de los directamente implicados y no  resultado de lobbies y presiones políticas y económicas a favor de los intereses más poderosos.   

LA IMAGEN DEL OTRO

En general, preocupa saber cómo se concretan las políticas interculturales enunciadas en el documento y cuáles son sus mecanismos de ejecución pública, porque se podría estar corriendo el riesgo de quedar en una noción abstracta y poco funcional como sucede en cierta medida en Bolivia con el Viceministerio de Descolonización dentro del Ministerio de las Culturas.

Una incidencia fundamental es, por supuesto, el plano educativo, y me refiero con ello no solo lo que se da dentro de la escuela sino fuera de ella, donde la cultura es factor central tanto a nivel de discurso como de relaciones interpersonales y comunitarias. Y un rol esencial le cabe en este tema a los medios de comunicación, que no pueden continuar como territorios donde “todo vale”, sin una incidencia social y cultural relevante. La pervivencia de mensajes racistas, machistas y de exclusión social sigue siendo práctica cotidiana en la publicidad, programas y noticieros consumidos por millones de peruanos por radio, televisión y prensa escrita, más aún en circunstancias críticas como los procesos electorales.  Frente a ello, la reacción de las autoridades gubernamentales ha sido muy tenue, porque la Ley de Radiodifusión deja en manos de los dueños de los medios la “autorregulación”, que es cada vez más una farsa, y se teme la reacciones invocando la libertad de prensa (que es más libertad de empresa) frente a una supuesta intromisión estatal.

Es curioso como el fantasma de la intervención estatista de Velasco hace casi 40 años pervive en el imaginario de muchos –alimentado por los medios- mientras la vergonzosa compra de los empresarios en el gobierno de Fujimori hace 12 años, que envileció a los medios como nunca antes en el país, se enfoca solo desde el punto de vista policiaco y judicial,  diluyéndose e incluso perdonando socialmente a sus responsables, porque muchos de sus allegados, testaferros y caras visibles siguen al mando de los medios o en la conducción de sus principales programas. Por ese motivo, paradójicamente, mientras un local púbico puede ser cerrado por prácticas que se consideren racistas y discriminatorias, ello no se aplica a los medios de comunicación, que pueden agredir impunemente (tenemos el triste privilegio que un periodista peruano ganó el premio ‘al artículo más racista del año’ de una organización internacional que defiende a las organizaciones indígenas).

Pero el discurso excluyente y discriminador no se limita solo a los casos extremos y ofensivos, ni es exclusividad de ciertas figuras mediáticas, sino que esta interiorizado en nuestras acciones cotidianas, incluso en el propio quehacer cultural del Estado y la propia comunidad artística. El artista Jorge Miyagui  me hacía notar que conceptos como “artesanía” o “arte popular” en oposición al “arte tradicional” es una forma de perpetuar una visión colonialista que termina marginando a las primeras frente a  la última, como si fueran expresiones inferiores y menos validas, lo que nos retrotrae a la polémica de 1976 por el Premio de Cultura al maestro  Joaquín López Antay ; o como la llamada “danza contemporánea” es vista desde los parámetros eurocéntricos y no se considera al Huaylas, Huayno o Festejo como parte de ella. Discriminación que no es solo conceptual, porque se reproduce en la institucionalidad artística oficial, sea en sus espacios culturales, centros de formación, prensa especializada, reconocimientos, etc. Otro ejemplo pertinente es el del cine regional, que durante varios años fue visto solo como fenómeno antropológico mientras el otro cine, de la capital, si merecía la atención crítica y estética especializada.

En ese sentido, la “producción de una nueva ‘narrativa’ sobre la nación” que debe ser acompañada por el Ministerio de Cultura, debe partir por preguntarse quienes serían los posibles destinatarios de este discurso y en qué contexto se presenta, para evitar la esquizofrenia entre el discurso de la cultura de la entidad oficial y el que producen otros sectores del mismo Estado. Al Ministerio de Cultura le corresponde encabezar la campaña para empoderar una política cultural amplia e inclusiva de manera general en la sociedad, empezando por el propio Estado, para que este, desde las más altas instancias hasta los niveles más pequeños de la administración pública, unifique criterios básicos sobre la misma y sus implicancias sociales, políticas y culturales. La cultura como agente de ciudadanía solo se empezará a forjar en la medida que todos, del Presidente al último concejal, entienda que la cultura es algo más que prácticas y actividades vistosas que supuestamente acompañan los “temas serios”, y que se encuentra anclada en nuestro imaginario y actuar cotidiano, por lo que la política cultural pública debe incidir en ella,  para construir una sociedad más plural, democrática y solidaria.   

CULTURA  DESCENTRADA

La descentralización debe ser también uno de los vectores básicos de la Política Cultural, pero esta debe traducirse en transferencia efectiva de funciones, facultades y recursos a las Direcciones Regionales de Cultura, así como capacitación y experticia en el manejo de la cosa pública, para evitar los problemas y limitaciones del proceso de regionalización impulsado en el país en los últimos años; así como un manejo digitado desde el centralismo sempiterno del Perú.

La articulación del Ministerio de Cultura, como organismo rector de la cultura en el país, con los gobiernos regionales –a donde deberán integrarse las DRC- y las direcciones y gerencias de los gobiernos locales es imprescindible, no solo en el rol de asesor y/o capacitador en gestión y políticas públicas en cultura, sino para consolidar criterios y prácticas comunes en esta área, respetando las diferencias culturales y de trabajo en cada lugar. Un elemento fundamental son los recursos económicos que se requieren para impulsar el trabajo cultural en las regiones y distritos, por lo que debería flexibilizarse el uso de los fondos del canon y otros ingresos extraordinarios que se recaudan en buena parte del país (incluido el FONCOMUN) para poder canalizar parte del dinero para el sector cultural, tanto en obras de infraestructura y preservación del patrimonio, como en la promoción de la actividad y desarrollo de la misma.  Esto debiera ir acompañado de una legislación que propicie y favorezca este uso de manera responsable y transparente, evitando los amiguismos y clientelismos, y que se traduzcan en proyectos serios y sustentables, para no repetir la experiencia de las bibliotecas municipales, establecidas como obligación en la Ley Municipal, pero que cuando existen, en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos mínimos como institución, para no hablar de sus inexistentes políticas culturales.

En cuanto a la política sobre patrimonio es muy positivo que se valore su uso por la ciudadanía, que “refuerce identidades locales y que llegue a insertarse creativamente en distintas políticas de desarrollo económico y social”; buscando que su gestión no sea privatizada ni genere exclusión de un bien común de la nación y sus ciudadanos. Pero, otra vez, ¿cómo se colige esta legítima y muy justa exigencia con las demandas e imperativos de la promoción turística? Ahí están los reiterados casos de conflictos por el manejo de bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO, caso Machu Picchu, o la política con los artistas, que muchas veces se ven obligados a desnaturalizar sus obras o producirlas en serie por las exigencias del mercado turístico nacional e internacional, más aún cuando se encuentran amenazados por la competencia china, que como sucede en el sector textil, es capaz de ingresar a precios dumping y con productos a escala gigantesca, distorsionando por completo el mercado. Afrontar estos retos exige algo más que una mayor coordinación del Ministerio de Cultura con el MINCETUR, el MEF o el Ministerio de la Producción, que responden a una lógica diferente y hasta opuesta a la de Cultura en cuanto a prioridades sobre inversión económica y protección cultural, requiriéndose una definición por parte del Estado sobre las competencias de cada sector, y cuál debe ser el rol y rumbo que el país establece en este tema.

Sería bueno resaltar y relievar la importancia que desde el Estado se reconozca y promueva la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que está relacionado con la tradición vigente de la población, y nuestra diversa y compleja identidad popular, “desfolklorizándola”, no en el sentido de negar la riqueza expresiva y valor histórico de sus manifestaciones, pero respetando –sin caer en el purismo- su autenticidad, sin los imperativos comerciales o de otra índole que la puedan deformar o deslegitimar.  Otro patrimonio igualmente importante por rescatar y poner en valor es el documentario, tanto a nivel bibliográfico como de imágenes y audiovisual, porque la memoria de los siglos XIX y especialmente XX y XXI se encuentra principalmente en esos soportes, y no puede ser que se esté perdiendo irremediablemente por el desconocimiento e indiferencia de sus propietarios, y la poca atención de las autoridades al respecto.     

Antes de concluir esta segunda entrega, me parece necesario señalar algo en  referencia a la gestión internacional de la cultura. Es claro que cada vez crece más la importancia de la cultura en el contexto de la globalización, ya sea a través de la diplomacia y las relaciones con los otros países o por su incidencia en los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales, la participación en los organismos regionales y mundiales o las interacciones con la cooperación internacional. Se trata de una política que interactúa con otros sectores, particularmente con la política exterior del país, y que por tanto tiene que estar articulada con esos sectores para posicionar la cultura nacional, con su rica diversidad, en la esfera mundial. Lamentablemente, muchas veces las Embajadas del Perú en el extranjero, y sus representaciones diplomáticas en el campo cultural, actúan por su cuenta, respondiendo más a iniciativas personales que a una propuesta concordada con las autoridades de cultura, lo que también se ha presentado con entidades como PROMPERÚ.

La Política Cultural debe tener en cuenta también a los cientos de miles de compatriotas a lo largo del mundo, y que de manera espontánea han mantenido los vínculos culturales con el país, empezando por el muy exitoso boom de la gastronomía, pero sin agotarse ni mucho menos en ese campo Los convenios, tratados y acuerdos internacionales deberían incidir en reforzar políticas comunes en campos como el combate al tráfico ilícito de bienes patrimoniales y la protección, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio nacional, así como garantizar la  libre y equitativa circulación e intercambio de bienes y productos culturales, y de los artistas. Y es que la cultura, insisto, no puede ser un agregado vistoso del discurso o imagen del país, sino un actor central en su definición y estrategia, acorde a los postulados y lineamientos básicos que plantea el Ministerio de Cultura.